Europa

Los despropósitos de Vox durante la crisis del coronavirus

Las últimas encuestas de intención de voto realizadas en España coinciden en algo: el partido ultraderechista Vox, que aventajaba hasta hace nada al Partido Popular (PP, principal partido conservador), está perdiendo apoyos tras su paso por la crisis del coronavirus. Así se ha pronunciado el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en el avance de su barómetro de mayo, el sondeo de mayo de Celeste-Tel para eldiario.es y la encuesta de NC Report de abril para el periódico La Razón. Además, Santiago Abascal, líder de Vox, es el político peor valorado.

El papel del partido ultraderechista durante el inicio de la crisis sanitaria en España ha estado marcada por la controversia, el descrédito y el ataque continuo. Su estrategia ha sido la de realizar una oposición agresiva hacia un gobierno que no consideran legítimo ni apropiado.

Aunque es difícil discernir cuál es el principal motivo de esa tendencia a la baja en las encuestas, todo apunta a la radicalización y polarización de un discurso en un momento en que, según el CIS, 9 de cada 10 españoles pide dejar atrás las criticas y buscar la unidad para hacer frente al problema.

Otra cuestión que poner sobre la mesa es que la postura de Vox ha caído en incongruencias constantes y en el uso de bulos para hacer oposición. Amén de protagonizar varias polémicas.

Primeros momentos

La primera mención de Vox sobre el coronavirus aparece el 24 de enero. En su cuenta de Twitter, Rocío Monasterio, diputada de la formación, sugirió que se deberían tomar medidas con la llegada de gente procedente de China. El 30 de enero y el 13 de febrero registraron baterías de preguntas en el Congreso sobre las acciones preventivas con respecto a la pandemia y solicitaron cerrar el espacio aéreo al país asiático, en ese momento, epicentro del virus.

La siguiente aportación sucede justo el día en el que se reportó el primer fallecimiento por coronavirus en España, el 27 de febrero de 2020. Pidieron el cierre del espacio aéreo con Italia, una de las principales zonas de riesgo por aquel entonces y con recomendaciones especiales desde el gobierno, pues el 31 de enero se había reportado el primer caso en el país. Sin embargo, ese hecho no impidió a Javier Ortega Smith, Secretario General de Vox, viajar a Milán y a otras zonas de riesgo en una auténtica gira de la que, de hecho, volvió contagiado del virus.

Vox se echa méritos en el hecho de que ya el 2 de marzo pidió el cierre de las fronteras europeas. La realidad, como registran varios medios, es que el objetivo era impedir la llegada de inmigrantes de Turquía a Grecia. Nada que ver con el coronavirus.

Otra realidad innegable es que, a pesar de que hicieron ruido en redes sociales, criticaron al gobierno por no seguir las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y registraron preguntas en el Congreso, en ninguna de las 107 iniciativas registradas por Vox entre el 1 de enero y el 10 de marzo de 2020 se hace ni una sola referencia al coronavirus o a cuestiones sanitarias.

Por lo tanto, su práctica política fue incoherente con este discurso. Tampoco hay que olvidar que las competencias en materia de Sanidad están delegadas en las comunidades autónomas. Y que, hasta la aprobación del estado de alarma el 14 de marzo, casi ningún gobierno autonómico se preocupó de tomar medidas extraordinarias. De hecho, el día 5 de marzo, la Comunidad de Madrid (gobernada por PP, Ciudadanos y Vox) emitió un comunicado en el que instaba a la población a hacer vida normal. A pesar de las recomendaciones del gobierno.

La cuestión es clara: nadie sabía lo que nos esperaba. Y los actos así lo demuestran.

Vistalegre y el 8M

Vox en Vistalegre el 8M
Javier Ortega Smith y Santiago Abascal en su encuentro en el Palacio de Vistalegre el 8 de marzo de 2020.
Autor: Captura de pantalla realizada el 03/06/2020 a las 9:02h. Fuente: Vox.

El 8 de marzo, como Día Mundial de las Mujeres Trabajadoras, se celebraron multitudinarias manifestaciones en todo el estado. Ese mismo día, Vox celebró en el Palacio de Vistalegre en Madrid un mitin de unas 9.000 personas. Un día antes, había celebrado una asamblea con unas 1.000 personas. En todas ellas, había estado Ortega Smith, con evidentes síntomas de CoVid19 como desvelan numerosas fotografías. Dos días después, el Congreso limitó su actividad parlamentaria para impedir contagios.

Pese a que Vox no había hecho nada para minimizar los contagios, ni a nivel de partido, ni desde sus gobiernos autonómicos, ni a nivel personal, criticó duramente al gobierno por permitir las marchas del 8 de marzo.

No obstante, no lo hizo precisamente hasta el día 10, cuando su Secretario General dio positivo en la enfermedad y cuando algunas delegaciones europeas afearon a España el haber permitido las protestas. De hecho, el 27 de febrero Vox pedía una “manifestación alternativa” a la ya tradicional de todos los años. El mismo 8 de marzo, Vox arremetió duramente contra la manifestación. Pero ni rastro de críticas por permitir las protestas por la crisis sanitaria mundial.

En un intento por dar coherencia a su discurso, desde Vox admitieron el error de haber celebrado su mitin en Vistalegre, pero culparon al gobierno de no haber prohibido que se reunieran.

A pesar de que ya hay estudios que dicen que las protestas no fueron el desencadenante de la crisis del coronavirus en España y que, de hecho, el virus ya circulaba por el país sin ser detectado desde febrero (reportándose la primera muerte real el 13 de ese mismo mes), el 8M se ha convertido en la principal diana de Vox.

A esto se le añadieron diferentes polémicas protagonizadas por Ortega Smith, como el haber ido al hospital con su madre (que es población de riesgo), haber salido a la calle a hacer deporte o haber declarado que sus “anticuerpos españoles” vencerían “al maldito virus chino”, provocando una reprimenda de China por su desafortunado comentario.

Postura sobre el confinamiento

Vox en el Congreso el 9 de abril de 2020
Santiago Abascal, líder de Vox, en una intervención en el Congreso de los Diputados el 9 de abril de 2020 argumentando su no apoyo a la prórroga
del estado de alarma. Autor: Captura de pantalla realizada el 03/06/2020 a las 9:21h. Fuente: La Moncloa TV

El día 10 de marzo, Vox solicitó que se implantara el estado de alarma y adoptara diferentes medidas higiénico-sanitarias para frenar el coronavirus. Además, acusó al gobierno de ocultar información sobre la situación y de haber estado pidiendo a la gente que no se preocupara pudiendo haber adoptado antes medidas de confinamiento, como en el caso de las protestas del 8M.

Se ha demostrado, en cambio, que desde los gobiernos regionales en los que Vox es parte (con la excepción de Murcia) no sólo se siguieron estas mismas directrices, sino que no asumieron ninguna medida preventiva hasta el día 12 ó 13 de marzo, como la inmensa mayoría de ejecutivos autonómicos.

Las autonomías pueden restringir la movilidad, por ejemplo, mediante el cierre de centros escolares o parte de la actividad económica, como de hecho demostraron esos días. De la misma forma, se podían haber puesto trabas a la multitud de eventos multitudinarios que se celebraron los días anteriores. Pero nadie hizo nada. Destacar el papel del gobierno de la Comunidad de Madrid (en manos de PP, Ciudadanos y Vox) quien, hasta última hora, se mostró radicalmente en contra de cerrar las fronteras de la región y de impedir la libre circulación de la gente a pesar de que acumulaba un porcentaje importante de los casos de coronavirus.

Ya desde la puesta en marcha del estado de alarma el 14 de marzo en todo el territorio del estado y la asunción de drásticas medidas preventivas, Santiago Abascal declaró su apoyo y su grupo parlamentario dio el voto favorable. No obstante, tan sólo dos días después, Vox registró una serie de medidas contra el coronavirus que incluía flexibilizar las normas adoptadas en los comercios para que pudieran retomar su actividad. Medidas que iban en la misma línea de gobiernos como el de Trump, Bolsonaro o Boris Johnson de no poner trabas a la economía y dejar que el virus circulase con cierta libertad.

A partir del 18 y 19 de marzo, el discurso de Vox empezó a cambiar y se tornó progresivamente más agresivo. El culmen llegó el día 31 de marzo. Cuando casi toda la oposición pedía en bloque al gobierno medidas más restrictivas en el plano económico por el aumento de los contagios y fallecimientos por coronavirus, Vox evitó este debate y directamente pidió la dimisión todo el ejecutivo y la creación de un gobierno de “emergencia nacional”. En su intervención, se mostrarían una vez más en contra de poner trabas a la economía.

El 6 de abril, varios de sus diputados decidieron desafiar al gobierno rompiendo el confinamiento y acudiendo al hemiciclo, cuando se había pactado limitar las asistencias por seguridad. Ese mismo día, anunció que no volvería a apoyar más prórrogas de las medidas de cuarentena.

El día 9 de abril, el partido comenzaría a votar en contra de todas las prórrogas del estado de alarma, poniendo fin definitivo a la poca colaboración que mantenían con el gobierno. Pese a que personalidades del partido de extrema derecha como Rocío Monasterio asumieron cierto tono conciliador y aceptaban parcialmente las restricciones impuestas para limitar los contagios, a finales del mes de abril comenzaron a oponerse a la cuarentena, desafiando todo criterio científico. Tanto es así, que presentaron un recurso al Tribunal Constitucional por supuestos “abusos” del gobierno durante el estado de alarma, además de otras querellas por diferentes motivos.

La mayor contradicción de todas, no obstante, llegaría el 11 de mayo con la convocatoria por parte de Vox de manifestaciones contra el gobierno, que comenzaron en el madrileño barrio de Salamanca el día 22 del mismo mes hasta extenderse por otras ciudades de España a lo largo de los siguientes días.

En resumen, el partido ultraderechista actuó al mismo tiempo que el gobierno y pidiendo el estado de alarma a la vez que el resto de fuerzas y regiones, sólo para desdecirse progresivamente apenas unos días después. Aunque acusó repetidamente al ejecutivo de Pedro Sánchez de ocultar datos y de mentir, lo cierto es que tenían los mismos datos que el resto y por eso, por ejemplo, varios gobiernos autonómicos actuaron antes, incluyendo el de Murcia en el que este partido gobierna en coalición con PP y Ciudadanos. ¿Cómo se explica que para actuar en esa región tengan competencias y datos suficientes, pero no para actuar en el Congreso o en la Comunidad de Madrid?

Cualquiera diría que Vox sólo buscaba excusas para confrontar al gobierno al tiempo que obedecía los dictados de las grandes empresas siguiendo la misma doctrina de otras fuerzas afines del globo.

Lealtad al gobierno

Tuit de Fernando Martínez Vidal llamando a Pablo Iglesias «hijo de puta».

El inicio de la crisis del coronavirus en España estuvo marcada por un discurso generalizado de unidad y de lealtad al gobierno para afrontar de manera conjunta la crisis.

Aunque esto se ha visto reflejado en la gestión de algunos gobiernos municipales, esta supuesta lealtad se derrumbó apenas unos días después. A partir de los días siguientes a la aprobación del estado de alarma, el discurso de Vox se ha caracterizado progresivamente por enarbolar duras críticas al gobierno, llegando a pedir la dimisión del mismo, presentar varias querellas y solicitar la intervención del ejército.

Desde de la primera semana de abril, Vox se ha negado a apoyar las prórrogas de la cuarentena y las medidas económicas y sociales para paliar el impacto del virus en el país.

Por lo demás, su discurso se ha centrado en lanzar descalificaciones continuas al gobierno, desde las proclamas habituales de tildar al gobierno de dictatorial y «socialcomunista», hasta comparaciones con Stalin y diversas lindezas por el estilo.

En última instancia, se han dedicado a acusar al gobierno de tratar de imponer una “dictadura bolivariana” aprovechando el estado de alarma, así como de reprimir y vulnerar la libertad de expresión y los derechos de reunión y de manifestación. Las acusaciones también se han dirigido hacia la crisis económica y la gestión de la pandemia, calificando al gobierno de “criminal” y “asesino”.

Se hizo un nuevo intento de acercamiento con los Pactos de Reconstrucción de la Moncloa, un espacio común con todos los grupos políticos del Congreso para tratar de llegar a un acuerdo para frenar los efectos del coronavirus. Sin embargo, Vox finalmente se salió el 21 de mayo.

El comportamiento de Vox y del PP como oposición ha llegado incluso a llamar la atención de la prensa internacional, denunciando el uso político que se está haciendo de un problema tan grave.

Apoyo a la OMS

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Tedros Adhanom Ghebreyesus en una intervención dirigida a la población brasileña. Autor: Captura de pantalla realizada el 03-06-2020 a las 9:47h.
Fuente: Canal de Vimeo de ONU Brasil.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) es merecedora de críticas por su respuesta tibia ante la pandemia, de eso no cabe la menor duda. Si bien dio varias recomendaciones a los países a partir del 25 de enero para gestionar la crisis sanitaria, para febrero muchas cuestiones no estaban del todo claras, como la limitación de los viajes, el uso de mascarillas u otras. Esto condicionó la respuesta de muchos gobiernos, entre ellos el de España. Por ejemplo, desde la OMS se recomendó no hacer acopio de material si no se presentaban casos para no condicionar la demanda de otros países que lo necesitaran más; o no suspender eventos multitudinarios. De hecho, cuestionó la suspensión del Mobile World Congress el 13 de febrero.

No obstante, ni la OMS ni ningún gobierno del mundo se esperaban una pandemia como esta, la peor desde la gripe española de 1918, además con un virus desconocido.

Pese a todo, la OMS ha ido siendo con el paso de las semanas progresivamente más tajante y firme en sus recomendaciones, especialmente a partir del 11 de marzo cuando el nuevo coronavirus fue declarado pandemia mundial.

Vox criticó desde el principio que el gobierno no siguiera las recomendaciones de esta organización, incluso a pesar de que, según los propios estándares establecidos, España no tenía por qué seguir dichos dictados. Estas críticas fueron un pilar básico del argumentario de Vox hasta el 9 de abril, cuando aseguró que “la dictadura china también ha comprado la OMS”.

Casualmente, justo tres días antes, un representante de la OMS había alabado el trabajo y esfuerzo realizado en España en la gestión de la crisis sanitaria. Pero, además, esta nueva postura coincidía en tiempo y forma con la esgrimida desde la administración de Donald Trump, que acusaba a la organización de mala praxis, opacidad y un sinfín más de despropósitos.

A partir de este punto, a medida que Trump se alineaba en contra de la organización, la postura de Vox seguía la misma estela. El 14 de abril, Estados Unidos suspendió su financiación a la OMS y, el 25 de ese mismo mes, Vox pidió que España hiciera lo mismo. El 19 de mayo, su grupo parlamentario europeo pidió una investigación sobre la entidad. El 29 de mayo, Estados Unidos la abandonó.

Es decir, en apenas un mes, Vox pasó de alabar a la OMS a condenarla firmemente, afín a sus alineaciones políticas internacionales y a sus intereses políticos. No existe actualmente ninguna prueba, más allá de teorías de la conspiración, que sostenga que la organización esté controlada o gobernada por China. De hecho, el país asiático aportaba 10 veces menos recursos económicos que Estados Unidos. Sin embargo, la más que reprobable gestión de Donald Trump por reducir al mínimo las medidas de confinamiento social y que ha convertido a Estados Unidos en el epicentro del coronavirus le ha hecho granjearse las críticas de la OMS, lo que podría explicar este enfrentamiento, lo que le ha valido la condena de internacional.

Sin lugar a dudas, que un partido que pedía unidad y serenidad institucional haya sido luego el que encabece con fuerza la polarización del debate tanto en el Congreso como en la sociedad, llamando a la desobediencia y crispando el ambiente, supone una profunda incongruencia en un lapso de tiempo muy reducido. Tanto es así, que ha recibido críticas incluso desde la propia oposición.

Las residencias de la tercera edad

Descripción 	 Español: versión de la imagen subida por un bot Fecha 	16 de marzo de 2020 Fuente 	El Ayuntamiento habilita IFEMA para acoger a 150 personas sin hogar durante la crisis del coronavirus[1] Autor 	Diario de Madrid
Hospital de campaña en el centro Ifema de Madrid. Autor: Diario de Madrid, 16/03/2020. Fuente: El Ayuntamiento habilita IFEMA para acoger a 150 personas sin hogar durante la crisis del coronavirus, bajo licencia CC BY 4.0..

Una de las principales víctimas de la pandemia han sido las residencias de gente mayor. El coronavirus ha dejado 19.228 fallecimientos según los datos proporcionados por las comunidades autónomas. La mayoría se han producido en Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Es decir, se corresponden al 71% del total de fallecimientos por CoVid19.

Esta situación ha sido utilizada como arma arrojadiza por parte de Vox (y también del PP) al gobierno de España, hasta el punto de tildar de “asesino de masas” a Pablo Iglesias, encargado de los asuntos sociales del país. O de decir que lo que está pasando en las residencias equivale a una “eutanasia”.

Sin embargo, ya se ha desmentido una y otra vez que la gestión de las residencias es de las comunidades autónomas. Tanto es así, que la Fiscalía General del Estado mantiene 190 diligencias civiles y 171 penales en relación con la gestión de la crisis del coronavirus en las residencias. En la última semana ha cursado once nuevas investigaciones penales (tres en Madrid, tres en Castilla y León; dos en Cataluña; dos en Galicia y una en Castilla-La Mancha) por esta situación.

En el artículo 148 de la Constitución se incluye la asistencia social como una de las competencias cedidas a las comunidades, incluyendo residencias, como así lo reconoció el Tribunal Constitucional. Como tal, hay una ley por cada autonomía. Solo existen dos leyes estatales, pero ninguna alude directamente a la gestión de los centros.

Tanto Vox como el PP se basan en que el 19 de marzo el gobierno asumió la gestión de las residencias como parte de las medidas para hacer frente al coronavirus. No obstante, los decretos aprobados en esta materia no eliminaron las competencias de las autonomías, sino que convirtieron en orden ministerial de obligado cumplimiento unos protocolos aprobados el 5 de marzo. El día 23, no obstante, se aprobó una nueva orden ministerial para asegurar el flujo de información desde las comunidades autónomas al gobierno para comprobar que se ofrecía toda la información disponible.

Por lo demás, el contenido de los decretos en ningún momento privaron a los ejecutivos autonómicos de sus competencias.

Estos protocolos incluían medidas para actuar en caso de que el personal desarrollase síntomas respiratorios así como para pedir a familiares y visitantes que no acudiesen a los centros, limpiar y desinfectar espacios y gestionar los residuos. No obstante, dichas medidas deben cumplirlas los ejecutivos autonómicos, a la par que el gobierno otorga facilidades, como 300 millones de euros en recursos, la disposición de efectivos de la UME para desinfección o la flexibilización de los procedimientos de contratación de personal.

La situación era tan evidente que ha acabado explotándole al gobierno de la Comunidad de Madrid incluso a través de Ciudadanos, en concreto, tras descubrirse que el gobierno autonómico negó la derivación de personas ancianas a hospitales en el peor momento de la pandemia. Esto se suma a varias denuncias presentadas por familiares y personal sanitario contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del PP.

Bulos y Fake News

Como es ya vieja costumbre en los partidos de extrema derecha y, por lo tanto, en Vox, el número de bulos que han hecho circular sobre el coronavirus ha sido considerable. Mencionarlos todos ocuparía demasiado espacio, pero podrían destacarse dos: la fotografía de los féretros de la Gran Vía y el informe de una institución estadística de Australia que calificaba al gobierno de España como el que peor había gestionado la pandemia de todo el mundo.

El 22 de abril, Pablo Casado, líder de PP, citó un informe de una “prestigiosa institución” australiana, el GRID, que supuestamente exponía que España tenía la peor gestión sobre coronavirus. Al día siguiente, se descubrió que dicho informe no decía exactamente eso, ya que situaba la gestión de Estados Unidos todavía peor que la de España. También se reveló que la entidad que estaba detrás del informe no tenía ningún estudio científico ni académico detrás, sino que era el informe de un contable sin ningún tipo de experiencia sanitaria. Debido a esto, fue rápidamente desacreditado, a pesar de que se usó ampliamente desde Vox para atacar al gobierno.

Sin embargo, uno de los momentos más desagradables lo protagonizó la formación ultraderechista al publicar el 6 de abril un montaje de la Gran Vía (una de las principales calles de Madrid) repleta de ataúdes. Vox fue ambiguo al publicar la fotografía sin aclarar la autoría y si era real o no. Esto provocó una enorme indignación en Twitter, incluyendo del autor de la foto original, que pidió a la formación que retirara la imagen. Después de todo el revuelo, finalmente el partido no la eliminó.

El Ingreso Mínimo Vital

En abril uno de los grandes debates fue la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, una renta de entre 461,50 y 1.015 euros para familias con las que se pretende cubrir las necesidades básicas de toda aquella persona sin ingresos o cuyos ingresos estén por debajo de estas cuantías. Se calcula que con un fondo de entre 3.500 y 5.500 millones de euros se podrían ayudar a más de 850.000 hogares españoles. Esto se aprueba en un contexto de crisis económica y social derivada de los efectos de la pandemia.

El debate está servido. No obstante, ante la situación excepcional que se está viviendo, alrededor del 83% de la población parece aceptar esta medida. Además, ciertas personalidades como el Papa Francisco y figuras políticas reconocidas de casi todo el espectro ideológico se han mostrado a favor. Dadas las circunstancias, parece que será apoyada por la gran mayoría del arco parlamentario.

La nota discordante en esto ha sido Vox. El diputado Jorge Buxadé el 17 de abril en un vídeo subido a YouTube calificó la medida de “broma” y “solución venezolana”, llamándola “paguita”. Se suscitó toda una campaña en redes sociales, especialmente en Twitter, con el hastag #DamePaguita donde se atacaba a esta propuesta, a veces con mensajes bastante clasistas. El 22 de abril, la diputada Inés Cañizares tildó la medida de “dádivas propias de regímenes totalitarios”, acusando al gobierno de comprar a la gente con dinero. El 29 de abril, Santiago Abascal, además de llamar a la medida como propia de un régimen totalitario, llamó al Papa “ciudadano Bergoglio”, en lo que se ha interpretado por diferentes medios como una dura crítica al Sumo Pontífice.

Muchas personas, principalmente a través de redes sociales, señalaron en primera instancia la incoherencia de que el discurso tradicional de Vox atacara al sistema de asistencia social del país por enfocarse principalmente en la población inmigrante (cuando no es así) y cuando se propone una ayuda que es claramente en igualdad de condiciones para todo el mundo, se opongan.

Pero la sorpresa vino después cuando Vox declaró el 25 de mayo que no se opondría a esta ayuda… sólo para volver a desdecirse el 1 de junio, argumentando que podría provocar un “efecto llamada” y que es “antinacional”.

¿A qué se deben estos vaivenes? Un análisis probable es que el abrumador apoyo a esta medida que reflejó la encuesta del CIS el 19 de mayo pudo haber hecho variar sus posiciones con respecto a la misma, hasta que han sabido encontrar un relato mejor para volver a mostrarse en contra: la ya tan manida excusa de la inmigración.

No obstante, la incongruencia es clara y refleja que el partido ultraderechista se mueve por intereses ajenos a los de la sociedad.

Los despropósitos de Vox podrían ser recopilándose durante muchos artículos. Solo estos tres últimos meses han variado una y otra vez sus discursos y sus argumentos para favorecer sus intereses, tratando de desgastar al gobierno aprovechando la crisis sanitaria. Pero la gente poco a poco se ha dado cuenta de que no se puede estar a favor del confinamiento y en contra, a favor de la OMS y en contra, a favor de la unidad y en contra.

Al final, parece que estos vaivenes le están pasando factura, como aparentemente y según varios analistas sucedió con Ciudadanos cuando perdió el 40% de su apoyo electoral.

Al fin y al cabo, en un momento como este, el consenso, la diplomacia y el criterio científico deberían estar por encima de todo, tal y como sucede en la mayoría de los países.

Fuentes, enlaces y bibliografía:

– Foto destacada: Fotomontaje realizado y difundido por Vox de una fotografía de la Gran Vía de Madrid, 06/04/2020. Autor de la foto original: Ignacio Pereira. Fuente: Cuenta de Twitter de Vox. Fuente original: Tuit de Ignacio Pereira.

Juan Francisco Albert

Director de Al Descubierto. Estudiante de Ciencias Políticas y máster en Política Mediática. Apasionado del estudio y análisis del hecho político, con especial interés en el fenómeno de la extrema derecha, sobre la que llevo formándome desde 2012. Firme defensor de que en política no todo es opinable y los datos, fuentes y teorías de la ciencia social y política deben acompañar cualquier análisis.

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