América Latina

Piñera contra el pueblo chileno

Sebastián Piñera es un empresario y político chileno, militante del Partido Demócrata Cristiano. Es sobrino del presidente de la Conferencia Episcopal de Chile. Y hermano de José Piñera, ex-ministro durante la dictadura de Pinochet. Si bien ahora trata de ofrecer una imagen renovadora y alejada de su pasado dictatorial, sus relaciones con el régimen de Pinochet son más que evidentes.

El partido político de Sebastián Piñera

Piñera es, por segunda vez, presidente del país por el partido de la derecha hegemónica, cristiana y liberal Renovación Nacional (RN), unión de partidos adeptos y colaboradores de la dictadura militar de Augusto Pinochet a finales de los años 80. Su fundador fue Sergio Onofre Jarpa, fallecido el mes pasado, conspirador contra el gobierno del socialista Salvador Allende, ministro durante el régimen de Pinochet y protagonista de la transición. Pertenece a una familia latifundista y comerciante, fiel al espíritu imperialista de derechas.

Entre sus principios vertebradores se encuentra el fortalecimiento de la libertad individual, el apoyo a la economía social de mercado y el rechazo al comunismo y a los modelos socialistas, culpados de generar pobreza. Su postura ideológica oficial afirma luchar por la tradición y unidad nacional y la familia como núcleo central de la sociedad.

A su vez, entre sus postulados económicos, se puede leer “principios de propiedad privada, libertad de emprendimiento e igualdad de oportunidades, para participar en toda actividad económica, prohibiéndose al Estado discriminar arbitrariamente«.

En su conformación e inmersos en el proceso plebiscitario de 1988, fuertes divisiones internas confrontaban a partidarios del sistema de Pinochet con críticos a la situación social y la conducción económica. La mayoría de militantes del partido votaron NO a la continuidad de la dictadura, no obstante, la dirección del partido optó por el Sí a Pinochet.

La política de RN pasaría a ser establecer constantes coaliciones con la Unión Demócrata Independiente (UDI) y otros partidos, con el objetivo de representar una unión sólida de la derecha chilena.

Un joven Piñera, perteneciente por entonces a la llamada patrulla juvenil, protagonizó el cambio de la directiva fundacional del partido. Aunque consiguió su pre-candidatura para las elecciones de 1993, finalmente fue truncada por el escándalo de las escuchas del Piñeragate.

De cara a las elecciones municipales de 1996, Renovación Nacional, junto a Unión Demócrata Independiente, conformaron la coalición Unión por Chile con el objetivo de conformar un bloque de derechas, alcanzando un 36,68% de representación. Lo mismo ocurrió en las elecciones parlamentarias del año siguiente, con un resultado casi idéntico.

Durante el período de esta coalición de la derecha (2000-2009), Renovación Nacional ha tenido 5 presidentes, dentro de los cuales se encuentra Piñera, que consiguió pasar a segunda vuelta junto a Michelle Bachelet, del Partido Socialista, ya en las elecciones presidenciales de 2005.

El Mandatario presenció acompañado de ministros y autoridades la Revista Naval Bicentenario a bordo del Buque Escuela Esmeralda. En la oportunidad destacó la presentación, felicitando a las Fuerzas Armadas y Aérea “por la magnífica y formidable demostración de profesionalismo, de amor por la patria y de compromiso con su misión que hoy día hemos podido presenciar. Fecha 	20 de septiembre de 2010, 16:10
Piñera en la Revista Naval Bicentenario a bordo del Buque Escuela Esmeralda con Eduardo Gordon, Comandante de los Carabineros de Chile (izquierda) y Juan Miguel Puente (el segundo por la derecha), 2010. Autor: tu Foto con el Presidente, 20 de septiembre de 2010. Fuente: Revista Naval Bicentenario, bajo licencia CC BY 2.0.

Finalmente, en 2010 Piñera se convirtió en el primer presidente de la derecha chilena tras el retorno a la democracia en 1989.

Es interesante señalar el viraje hacia la derecha en la línea ideológica del Renovación Nacional durante su oposición al siguiente gobierno, liderado por la socialdemócrata Michelle Bachelet. Dentro de este período se observan sucesos como la supuesta participación del diputado y ex-militar Rosauro Martínez en los asesinatos de tres integrantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR).

Durante el Congreso de 2014, RN decide retirar toda referencia al Golpe de Estado de 1973 en su declaración de principios, cosa que no puede afirmarse a día de hoy tras las últimas polémicas de miembros aún pinochetistas dentro del partido, como la diputada Camila Flores.

Sebastián Piñera vuelve a convertirse en presidente de Chile en las elecciones presidenciales de 2017 con el 54,58% de los votos.

El primer bastión de la Escuela de Chicago

Otra característica imprescindible a tratar dentro de la línea ideológica de Renovación Nacional es la asunción de doctrinas económicas neoliberales, tan presentes en la derecha contemporánea latinoamericana.

Tras la llegada de la democracia en 1989, Chile optó por un modelo de libre mercado y apertura económica basado en dichas doctrinas, llegando a convertirse en el país considerado más neoliberal de Latinoamérica desde las últimas décadas. Sin embargo, esto vino aparejado a un aumento considerable de desigualdad social.

El llamado “milagro chileno” referido a la potente evolución de su economía nacional a partir de los años 70 junto a Pinochet, va directamente ligado a la Escuela de Chicago, también conocida como los Chicago Boys, uno de los grupos más representativos de la doctrina neoliberal. Así, discípulos directos del economista Milton Friedman fueron incorporados al equipo económico del dictador. Nombres como Sergio de Castro, Sergio de la Cuadra, Rolf Lüders o Álvaro Bardón figuran entre ellos. Este vínculo tan estrecho en la Escuela de Chicago y Chile nace en los años 50, cuando la Universidad Católica de Chile firma un convenio con ésta. Convencidos de que el modelo de Allende no sobreviviría, empezaron a desarrollar su propio modelo. Tras el golpe de Estado del 73, el propio Pinochet los elige para liderar la economía del país.

Fundamentalmente, el modelo de la Escuela de Chicago se basaba en su oposición al keynesianismo y a la intervención estatal en la economía. Apostaban por la privatización y concesión privada, la desregulación del mercado, la eliminación de subsidios sociales y la reducción de la burocracia. La aparición de las Crisis del Petróleo de 1973 y 1979 fueron aprovechadas por estos grupos de economistas para tirar por tierra el keynesianismo.

A pesar de las declaraciones del propio Piñera donde afirma no reconocer un gobierno militar como de su preferencia, no parece mera casualidad ver el tan frecuente matrimonio entre ultraliberalismo económico con modelos políticos autoritarios. Observable en el Sur Latinoamericano a lo largo de la década de los 70 (véase las dictaduras en Bolivia, Uruguay y Argentina o Paraguay) en Turquía o de nuevo en Brasil con el actual gobierno de Bolsonaro como parte del llamado Plan Cóndor, donde Estados Unidos se apoyó en élites económicas para sostener gobiernos dictatoriales y así imponer su política neoliberal y frenar alternativas izquierdistas.

Por último, aunque la corrupción no es patrimonio de la derecha, en este tipo de partidos a menudo se vuelve estructural. Apoyado por élites económicas y grandes empresas, establecen redes clientelares que favorecen acciones ajenas o sorteadoras de las regulaciones políticas y económicas de los estadosl. A pesar de decirse fuertes defensores del Estado de Derecho, la práctica no siempre camina de la mano.

Numerosos han sido estos casos dentro del partido de Piñera, que salieron a la luz desbordados ya en su primera legislatura. Escándalos como el Caso Chispas, el Parque Tantauco, las acciones de las aerolíneas LAN, el Caso Publicam, la minera Isla Riesco… junto a incontables conflictos de interés dentro de su cartilla ministerial, paraísos fiscales y patrimonios no declarados.

Mencionar también que mientras las políticas neoliberales son abandonadas progresivamente por muchos de estos países tras la crisis de deuda externa de los años 80, como ocurre con Argentina y Uruguay, en Chile prosigue como si nada.

El pueblo chileno toma el metro, y las calles

Protestas en 2011 que ya pedían una nueva Constitución.
Protestas en Chile exigiendo una nueva Constitución, 2011. Autor: Rafael Edwards, 18 de agosto de 2011. Fuente: Flickr, bajo licencia CC BY-NC 2.0.

El 19 de octubre de 2019, Piñera decreta el Estado de Emergencia en las regiones de Santiago y Chacabuco. ¿La causa? El levantamiento popular aparentemente ante el incremento de los pasajes del transporte público.

Esa misma tarde la mayor parte de las redes de metro tuvieron que ser suspendidas a raíz de las manifestaciones. Esa misma noche fue el detonante de múltiples disturbios a lo largo de todo el país. Éstas pasaron a generalizarse y perpetuarse por todo el territorio nacional, con graves escenarios en Valparaíso y Concepción en forma de incendios y saqueos.

Seguidamente, cientos de estudiantes llevaron a cabo acciones de evasión masiva, contagiándose a distintos sectores de la sociedad. Comenzaron los enfrentamientos de la población con los Carabineros y fue el 18 de octubre, con la suspensión de diversas Redes de Metro, que el ministro del Interior Andrés Chadwick interpuso querellas contra quienes hubieran cometido daños hacia las infraestructuras públicas. Esta revuelta chilena, iniciada en el pasado octubre, ha sido denominada la Revolución de los 30 Pesos, precisamente porque el detonante fue este aumento de las tarifas de la Red de Metro de la capital de 10 a 30 pesos.

Aún en este escenario, Piñera añade el toque de queda como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Dicho contexto está siendo favorable al ejercicio de abusos y excesos por parte de las fuerzas del orden, es decir, Fuerzas Armadas y Carabineros, entre ellos torturas y vejaciones.

De manera reiterada y normalizada durante el transcurso de manifestaciones, los cuerpos del orden empleaban disparos, gases lacrimógenos y camiones de agua a presión denominados popularmente guanacos. En algunas ocasiones incluso ha sido empleado el uso de francotiradores sobre edificios emblemáticos.

Esto ha sido reportado debido al alto número de denuncias civiles, las grabaciones en diversas redes sociales, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la Alta Comisionada de la ONU (Michelle Bachelet, también ex-presidente chilena), Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exigiendo siempre diálogo entre las partes del actual y latente conflicto.

Durante el primer mes de protestas, donde se observó el pico de escalada del conflicto, fueron registrados más de 5.000 personas detenidas, casi 2.000 heridas y más de 20 muertes. Como dato curioso, Chile es el país donde ha sido registrado el mayor número de mutilaciones oculares por parte de las fuerzas del orden provocado por el uso de balines y perdigones. Esto ha sido denunciado en numerosas ocasiones a través del INDH como una grave violación de los derechos humanos.

El confinamiento por CoVid19 en Chile se suma como otro de los testigos de la desigualdad de recursos. La suspensión de actividades como el comercio y la construcción están recayendo sobre los sectores más precarizados de la población. Diversas declaraciones a los medios señalan que gran parte de la ciudadanía chilena está sobreviviendo afinada en la escasez. Se calcula que hay 20.000 familias en situación de pobreza extrema, pertenecientes sobre todo a comunas como El Bosque.

El mismo día que las protestas se iniciaban, Piñera era receptor de una acusación constitucional, con el fin de acabar con su segundo mandato, firmada con 10 diputados y diputadas. Finalmente fue rechazada por la Cámara de los Diputados.

En cuanto a los niveles de aprobación del presidente calculados por la encuesta Cadem, Piñera está batiendo récords de rechazo. En octubre de 2019 obtuvo el porcentaje más bajo que un presidente chileno ha tenido desde el retorno a la democracia, un 14%. Sin embargo, el 16 de enero de 2020, alcanzaba la cifra más baja de aprobación de ningún presidente chileno: 6%. El 12 de enero la encuesta Ipsos posicionaba a Piñera como el 4º presidente peor calificado de Latinoamérica, sólo por delante de Jair Bolsonaro.

A pesar de que las protestas y manifestaciones han reducido su intensidad, éstas se siguen sucediendo. Y todavía por un marcado uso de la represión policial.

La cuestión es que todo este estallido social y descontento no puede explicarse únicamente por la subida del precio del transporte. Aparentemente, éste sólo fue el detonante. Existen, por lo tanto, otras preocupaciones detrás.

El alto coste de la vida es una de ellas. Ciudades como Santiago, producto del llamado Estado subsidiario característico de modelos neoliberales, donde éste no cuenta con un peso fundamental en intervención social y es el sector privado el que regula la seguridad social, es muy representativo de lo que cuesta pasar el día a día. Chile en su conjunto es considerado el 61º país más caro del mundo, el segundo de Sur América tras Uruguay (datos del Banco Central chileno).

El nivel de endeudamiento de la población es otra de las grandes preocupaciones. En 2018 el 34% de la ciudadanía fue catalogada como morosa (4,6 millones de personas). Esto es debido precisamente al coste de la vivienda, el consumo y la educación.

Las bajas pensiones, el incremento del precio en tratamientos de salud y el descrédito acumulado del actual gobierno se suman al malestar.

Es decir, existe un malestar general en la población chilena especialmente agravado por los niveles de desigualdad social. Esto se refleja por ejemplo en el Coeficiente de Gini (a día de hoy 0,44), que coloca a Chile en el 13º país con más desigualdad del globo, el segundo con la mayor brecha entre ricos y pobres de la OCDE, sólo detrás de México.

En esta línea, podíamos escuchar por ejemplo al presidente del Senado Jaime Quintana la mañana del 20 de octubre comentar que no sólo se trataba del transporte público, sino también la electricidad, el agua, los servicios básicos, las pensiones, la imposibilidad de transformaciones sistémicas, entre otras.

Es decir, lo que se esconde de fondo en esta oleada de descontento es una amplia y generalizada desigualdad junto a muy pocas perspectivas de solucionarse.

A raíz de los primeros días de revuelta, el presidente Piñera anunciaba el 22 de octubre una serie de medidas bajo el nombre de Nueva Agenda Social. Dentro de la misma, encontramos promesas dirigidas a reformas para reducir la desigualdad y tratar de sofocar las revueltas. Sin embargo, esta agenda ha recibido múltiples oposiciones, incluso por parte del oficialismo, tildadas de insuficientes, superficiales y favorecedoras de los sectores privados.

Mencionar también que, en el hilo de estas protestas, las redes sociales de la mano de celebridades chilenas como Mon Laferte y Álex Anwandter durante la celebración de los Grammy, están sirviendo de propagación, coordinación y solidaridad a lo largo del mundo. Ya se vio este mismo fenómeno en Puerto Rico, Sudán, Hong Kong, Argelia, Líbano o Irak también a partir de la segunda mitad de 2019. Otro motivo por el cual las herramientas digitales se hacen imprescindibles en la política contemporánea, especialmente cuando a raíz del coronavirus la presencia en las calles no está permitida.

Protestas en Santiago de Chile, 7 de febrero de 2020, por Davinia Pérez
Protestas en Santiago de Chile, 2020. Autora: Davinia Pérez, 7 de febrero de 2020. Fuente: Propia.

Pinochet a referéndum

Otro motivo de queja, el cual se ha convertido en estandarte de reforma de los actuales movimientos del gobierno, gira entorno a la Constitución. Redactada el 8 de agosto de 1980 durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, un amplio sector de la población nunca la reconoció como legítima. Además el plebiscito en el cual se aprobó estuvo inmerso en numerosas irregularidades.

A día de hoy, ha sido reformada 41 veces a petición de representantes del Partido Concertación y la izquierda extra-parlamentaria. Esto incluía algunas fórmulas antidemocráticas y la reforma del Senado. A pesar de que la ex-presidenta Michelle Bachelet aspiraba a un proceso constituyente para redactar una nueva carta magna, al final de su mandato éste no llegaba a cumplirse a tiempo.

Por otro lado, a simple vista, la Constitución de 1980 cuenta con el mayor despliegue de derechos individuales de la historia chilena. No es de extrañar, por tanto, que durante la dictadura militar se hiciera uso en diversas ocasiones de un estado de excepción constitucional que permitiera su vulneración.

No obstante, una lectura más conciencuda permite tomar conciencia de que obedecía a un modelo denominado de “Democracia protegida”, con mecanismos que facilitaba reprimir posibles reivindicaciones basadas en la lucha de clases y tener más fácilmente el control y gestión de mecanismos locales.

Otras características criticables de la Carta Magna sería, por un lado, el peso institucional de las Fuerzas Armadas, el Consejo de Seguridad Nacional y la existencia de senadores y cargos a dedo; y, por otro lado, el sistema electoral no era representativo de ciertas minorías y colectivos, subordinados al juego de dos grandes bloques políticos, exigiendo al mismo tiempo grandes mayorías parlamentarias para poder efectuar reformas. En este sentido, se le daba un peso importante a la familia tradicional como gran núcleo central de la sociedad, imposibilitando la adaptación y respeto a la diversidad social.

En resumen, una Constitución que, en apariencia respetuosa de derechos básicos, en el fondo anclada en el pasado y con mecanismos que dificultaban el acoger y evolucionar al lado del pueblo chileno, sus necesidades y sus potenciales reclamaciones. Una Constitución, en definitiva, redactada para servir a las élites económicas y políticas de siempre.

Con todos estos antecedentes, la demanda de modificación integral de la Carta Magna se hace evidente y más viva que nunca. Es, por este motivo, que, el 9 de noviembre de 2019, los 14 partidos opositores al gobierno emitieron una declaración favorable a una asamblea constituyente que estuviera dedicada en su totalidad a la elaboración de una nueva Constitución. Este acuerdo llegó finalmente el 15 de noviembre.

Pese a todo, la propuesta sigue contando con críticas. El Partido Comunista y el Frente Amplio han señalado el tipo de cuórum acordado, la ausencia de una composición paritaria de género, de escaños reservados para pueblos indígenas o de facilidades para la participación de independientes.

El referéndum tenía como fecha el 26 de abril, pero se aplazó al 25 de octubre como consecuencia de la crisis sanitaria. Ésta, entre otros asuntos como la previsible recesión económica del país, no obstante, ponen de nuevo la duda sobre la fecha.

Mientras tanto, el pueblo de chile insiste en sus calles: “Piñera, resistiremos la pandemia sólo para verte caer”.

Protestas en Santiago de Chile, 31 de enero de 2020. Autora. Davinia Pérez
Protestas en Santiago de Chile, 2020. Autora. Davinia Pérez, 31 de enero de 2020. Fuente: Propia.

Fuentes, enlaces y bibliografía:

· Foto destacada: Stencil de Sebastián Piñera como el Joker, pintado fuera de la casa central de la Universidad Católica en Santiago, durante las protestas de 2019. Autor: Warko, 12 de noviembre de 2019, para Wikimedia Commons, bajo licencia CC BY-SA 4.0.
· Documental The Power of Choice: The Life and Ideas of Milton Friedman.

Adrián Juste

Jefe de Redacción de Al Descubierto. Psicólogo especializado en neuropsicología infantil, recursos humanos, educador social y activista, participando en movimientos sociales y abogando por un mundo igualitario, con justicia social y ambiental. Luchando por utopías.

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