Esto pasa cuando el conflicto jurídico (el conflicto de intereses jurídicos o sociales que hay detrás en cada parte de toda sociedad y que en democracia se debe de llevar democráticamente -valga la redundancia, y que voy a dar por hecho que se comprende-) se centra en la moralidad de cada partido (o asociación privada) y no en el debate de las consecuencias sociales de cada forma diferente de legislar por parte de cada supuesto representante (la representación en el sistema de partidos deja mucho que desear) para con los intereses sociales y que genera siempre un conflicto de intereses desde cada parte del conflicto de intereses jurídico desde las partes representadas (que desde ello viene el nombre de partidos, tomar partido por una parte del conflicto jurídico, y cada una con su literatura o relatos, que por desgracia se ha convertido en meros representantes de asociaciones privadas en donde se ha unido el estado con estas asociaciones privadas generando nuevas aristocracias u oligarquías propiciadas por la no separación de poderes o funciones del estado, por la no separación de votaciones a representantes personales, que no de partidos o de asociaciones privadas, a la incompatibilidad de cargos del estado con otros trabajos privados (como ser gestores de un partido o asociación privada) o la incompatibilidad de desarrollar cargos del estado en poderes o funciones independientes (así ningún cargo del poder legislativo puede estar en ningún cargo del poder ejecutivo o público, a lo mucho algún representante intermediario entre los dos poderes, siendo así el poder ejecutivo el mayor grupo de presión legislativo, pero no teniendo el control del poder legislativo, como tampoco tener la administración del poder judicial).

Tal es así que los medios de comunicación en vez de centrarse en mostrar lo que pasa en el poder o función legislativa y que consecuencias sociales van a tener tales o cuales leyes (tema que por otra parte sería función de todo representante legislativo o jurídico para con su distrito electoral), se centran en chorradas que pasan dentro de los partidos o asociaciones privadas, como si ello fuera el verdadero debate jurídico o legislativo en donde plantear las consecuencias sociales de cada interés jurídico llevado a la forma de la ley.

Como el debate se lleva a niveles personales y partidistas, el debate se centra en moralidades, y no se centra en el verdadero problema, que sería empezar a tratar jurídicamente con las leyes formas de sancionar la corrupción (tal que no sea rentable), de abrir cuentas públicas al público, y gestionar los medios en una administración independiente del poder o función judicial para investigar rápidamente presuntos delitos, lo mismo que sancionar a jueces que cometan errores de negligencia o abusos de poder (da igual que intereses haya detrás).

Todo ello sin perjuicio del tema de no olvidar que claro que siempre hay un conflicto de intereses jurídicos o sociales desde distintas partes de la sociedad y que las leyes de alguna forma siempre van a tomar una parcialidad hacía una de las partes sociales que están en conflicto de intereses sociales o jurídicos o legislativos.

Da igual que sean miembros de Podemos, como da igual que sean miembros del PP, o del PSOE, lo que importa es qué clase de leyes defienden, apoyan, cómo enmiendan que tipo de leyes, derogan, abogan, critican y como en ello o se está representando unas partes u otras dentro del sempiterno conflicto de intereses jurídicos, sociales o legislativos que hay siempre en una sociedad (sin olvidar que también hay abogados que dicen representarte, mientras en bajo cuerda están representando a la otra parte).

El debate no es si Podemos sí o no, o sí Pablo Iglesias sí o no; el debate es si hace falta más contribuciones sociales y empresas públicas rentables para tener más medios en sanidad, educación, en el poder o función judicial (con administración independiente), en transportes, en energías, en telecomunicaciones, en medios de comunicación; y si ellos son mejores que están en manos de gestiones de propiedades públicas o en manos de gestiones de propiedades privadas, y si están en manos de gestiones de propiedades públicas si es mejor o peor que esas gestiones se externalicen tal que la responsabilidad del gestor de lo público sea elegir que a otro se le va externalizar esa gestión.

Perdonad por el tocho, pero igualmente señalar que la gestión privada de lo público es una expresión absurda, porque lo contrario sería la gestión pública de lo público, lo que haría automáticamente público a la persona que estuviera gestionando lo público, lo cual es una sandez. Las gestiones ya sean de propiedades públicas o privadas, son siempre personales. Otro tema es si nos parece bien legislar a favor de que el supuesto gestor de lo público elegido se haga cargo de la gestión o que tenga el poder de poder externalizar la responsabilidad de la gestión, siendo responsable claro de tal elección de externalización de la gestión; como no, otra vez que consecuencias sociales, de convivencia, de acceso a unos mejores servicios, de decisiones que benefician a amiguetes que perjudican en el servicio, mientras se abusa del beneficios salariales de ejecutivos o gestores externos que aumentan el gasto público, tiene tal efecto legal.