Vox, el autoritarismo como práctica e idea política
A pesar de que Vox se fundó en 2013, no irrumpió con fuerza hasta las elecciones andaluzas del 2 de diciembre de 2018 cuando obtuvo 12 escaños. A partir de ese momento, los focos se situaron sobre el partido de extrema derecha, que desde entonces ha cosechado ciertos éxitos en varios comicios de diferente índole territorial.
Las razones por la cual Vox y otros partidos de extrema derecha tanto en América como en Europa han sufrido un despegue considerable, especialmente teniendo en cuenta el breve intervalo de tiempo en el que ha sucedido, son muchas y variadas, y motivo de análisis en el ámbito social, político, sociológico e incluso psicológico.
Una de esas razones es, sin lugar a dudas, toda una estrategia comunicativa que ha supuesto un auténtico lavado de imagen para un discurso, unas ideas y unas formas de hacer política que se creían superadas, disfrazando una agenda política reaccionaria como algo aceptable, positivo e incluso moderno.
Sin embargo, un análisis minucioso y profundo revelan la realidad: los principios, estrategias e ideas de la extrema derecha apenas han cambiado en un siglo. Esto incluye sus postulados basados en el ultraconservadurismo, el tradicionalismo, el ultranacionalismo… y el autoritarismo.
¿Qué es el autoritarismo?
El autoritarismo no tiene una definición, sino muchas, en función del ámbito de estudio. En general, suele definirse como una imposición de quien ostenta el poder, ya sea una persona, varias o una entidad, que obstaculiza el consenso y la toma de decisiones de forma colectiva.
La Real Academia Española (RAE) distingue dos acepciones:
1. m. Actitud de quien ejerce con exceso su autoridad o abusa de ella.
2. m. Régimen o sistema político caracterizado por el exceso o abuso de autoridad.
A su vez, esta imposición lleva consigo, cuando se trata de la sociedad (o de un grupo amplio), de una restricción de las libertades y de la autonomía personal. En general, también lleva implícita la creación de una jerarquía fuerte y una legitimidad hacia la misma en base a diferentes valores en función del contexto (el liderazgo, la religión, la tradición…).
Por lo tanto, el autoritarismo es la antítesis de la democracia o de libertad, como así lo definió el investigador Giovanni Sartori en La democrazia in 30 lezioni. La Encyclopaedia Britannica se pronuncia de forma similar, describiendo además los regímenes autoritarios como el ejercicio del poder mediante la sumisión, la concentración e imposición de dicho poder en pocas manos, la dificultad o ausencia de alternativa al poder o la ausencia o déficit en la separación de poderes.
Por lo tanto, podría decirse que cualquier decisión, medida, acción o declaración que abogue por reducir la calidad democrática de una organización o de un país, esto es, que reduzca la capacidad de consenso, diálogo, autonomía y toma de decisiones de sus miembros, está incrementando el grado de autoritarismo y, por lo tanto, favoreciendo la imposición de una minoría en detrimento de la mayoría.
Es muy difícil establecer a partir de qué punto una determinada organización o un Estado es autoritario. Normalmente, desde el análisis político y social, se establecen baremos que miden la calidad democrática en base a ciertas variables, pero a partir de cuándo se considera autoritarismo o qué variables incluir o no y qué peso relativo darles es motivo de controversia.
Como ejemplo, está el Democracy Index publicado por el diario The Economist, que mide 60 indicadores que se agrupan en cinco diferentes categorías: proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política.
A partir de ahí, clasifica los Estados en cinco tipos: democracias plenas (Noruega, Islandia, Suecia…), democracias imperfectas (Estados Unidos, Italia, Portugal, Israel…), regímenes híbridos (Turquía, Honduras, Guatemala, Polonia…) y regímenes autoritarios (Rusia, Mali, Zimbabue…).
Sin embargo, este índice ha sido criticado por su falta de transparencia, por su aparente arbitrariedad en algunos puntos y por no tener en cuenta cuestiones que pueden afectar al ejercicio de la libertad y de la democracia.
No obstante, no existe tanta controversia con respecto a definir qué ideas o qué acciones suponen un aumento o una reducción del autoritarismo: toda aquella acción que dificulte la participación en la toma de decisiones, la deliberación, el debate, el consenso… incluso la privación de información, la censura y otras restricciones de las libertades civiles y los derechos fundamentales pueden considerarse un atentado a la calidad democrática.
Las políticas e ideas de Vox basadas en el autoritarismo
Vox, como suele suceder en el lado derecho del espectro político, centra parte de su discurso en el concepto de “libertad”.
Es decir, trata de vender su agenda política como un avance hacia la libertad, mientras tacha de censura, autoritarismo e imposición casi todo aquello que no encaja con su particular visión del mundo y de la sociedad.
Sin embargo, de nuevo, un análisis de sus propuestas, ideas y acción política reflejan precisamente su cercanía y su apoyo a un modelo autoritario de la sociedad.
Para poder establecer este análisis, se puede empezar por su programa electoral o por sus propuestas más difundidas, como las 100 medidas urgentes de Vox para España, una serie de puntos que han supuesto la piedra angular del partido liderado por Santiago Abascal a la hora de presentarse ante el público.
También de los discursos y de las declaraciones públicas de Vox se puede deducir este mismo autoritarismo.
Ultranacionalismo al servicio del autoritarismo
Los primeros puntos de su programa marco de cien puntos, bajo el apartado de “ESPAÑA, UNIDAD Y SOBERANÍA” ya suponen un serio coqueteo con el autoritarismo.
En los tres primeros, propone la “suspensión de la autonomía catalana hasta la derrota sin paliativos del golpismo”, la “ilegalización de partidos, asociaciones y ONGs que persigan la destrucción de la unidad territorial”, y elevar las penas por “las ofensas y ultrajes a España”.
En las dos primeras propuestas, lo que Vox propone es limitar los derechos de aquellas personas que proponen una organización administrativa, política y económica del Estado de un territorio de manera independiente al resto. Al respecto, llegó a presentar una ley al Congreso en noviembre de 2020, que fue ampliamente rechazada.
Suspender la autonomía implica retirar la capacidad de decisión política de dicho territorio, mientras que prohibir organizaciones por querer ejercer la soberanía de un territorio de manera independiente atenta seriamente contra la libertades fundamentales.
Por otro lado, cuando habla de “derrota sin paliativos del golpismo”, podría traducirse con “derrotar al movimiento independentista catalán”. Las últimas elecciones catalanas, las fuerzas políticas independentistas superaron el 50% del voto por primera vez.
Esto quiere decir que Vox no solo podría estar llamando “golpista” a más de la mitad de las personas que acudieron a las urnas, sino que plantea una restricción muy grave de sus derechos y de sus ideas. Cuando habla de “derrota”, habla “sin paliativos” de renunciar al diálogo y al consenso.
Y en cuanto a elevar las penas o castigar las injurias al himno o a la bandera, atentan también contra derechos fundamentales, concretamente contra la libertad de expresión. Así lo dictaminó en 2009 la propia Audiencia Nacional.
Por último, en el punto 6, propone “un solo gobierno y un solo parlamento para toda España”. Esto significaría la supresión de todos los gobiernos autonómicos de facto no solo en el plano legislativo, sino también en el ejecutivo.
Es decir, Vox propone que todas las decisiones legislativas y ejecutivas se den en Madrid, y no solo que no existan parlamentos autonómicos, sino tampoco gobiernos autónomos de cada territorio. Esto catapultaría al Estado a un nivel de centralización que solo ha tenido durante el régimen franquista o, en todo caso, durante ciertas épocas del absolutismo monárquico.
En la práctica, esta centralización en la toma de decisiones supondría una merma en los derechos y en la calidad democrática, donde un reducido grupo de personas podría tomar decisiones en todas las instancias territoriales, lo que se traduce en un aumento claro del autoritarismo.
Afortunadamente, esta propuesta contraviene los aspectos fundamentales de la Constitución Española de 1978 (Artículos del 137 al 158, es decir, un total de 22 artículos).
Inmigrantes, ciudadanos de segunda
La política migratoria de los partidos ultraderechistas a menudo contraviene seriamente los derechos fundamentales y, de hecho, llevarla a cabo suele ser anticonstitucional o vulnerar tratados de la Unión Europea (UE).
Es el caso de Vox cuando propone “deportación de los inmigrantes que estén de forma legal en el territorio español pero hayan reincidido en la comisión de delitos leves o hayan cometido algún delito grave”.
Las penas por la comisión de delitos, leves o graves, no pueden entrar en conflicto contra los derechos fundamentales, con la excepción de las medidas penales encaminadas a su reinserción, lo que implica la restricción de movilidad y de libertad. Además, estas penas deben de establecerse con arreglo a la ley y al Derecho y, por lo tanto, deben ser iguales para toda la ciudadanía.
Por lo tanto, la deportación de una persona inmigrante que se encuentre en un país de forma perfectamente legal por la comisión de delitos, contraviene seriamente sus derechos y lo sitúa por debajo del resto de personas que residen en el país. Además, un delito debe juzgarse según la legislación del lugar en el que lo cometes.
Reservar un castigo “especial” para las personas foráneas implica una merma en su capacidad de desenvolverse en sociedad en igualdad de condiciones, lo que implicaría a aproximadamente el 10% de la población en el caso de España.
Al respecto, únicamente existe una excepción, en el artículo 89 del Código Penal, tras una reforma de 2015, en la cual en penas de cárcel superiores a un año, se sustituirá a decisión judicial y de dicha pena por la revocación del permiso de residencia (lo que implica de facto la expulsión del país) de manera temporal.
No obstante, en el propio Código Penal se establece que se tendrán en cuenta otros factores, como “a la vista de las circunstancias del hecho y las personales del autor, en particular su arraigo en España, la expulsión resulte desproporcionada” o por delitos muy graves que impliquen más de cinco años de prisión.
Es decir, el Código Penal plantea la expulsión como una cuestión temporal y en base a la proporcionalidad del delito y a las circunstancias personales del delincuente.
Vox va en la misma línea en el punto 20 del mismo apartado, que implica la posibilidad de perder la nacionalidad por realizar “actividades que van contra la soberanía, seguridad o independencia nacional”.
¿Significa eso que una persona inmigrante que ha obtenido la nacionalidad, si participa en un movimiento independentista o pita al himno de España en un partido de fútbol, se arriesga a perder la nacionalidad y, por lo tanto, a ser deportado? Al menos esto puede deducirse de las propuestas de Vox.
De igual forma, la manera que propone Vox de luchar contra el fundamentalismo islámico destaca también por ser impositiva, exigiendo cierre de mezquitas y lugares de culto en función del tipo de fe que se profese.
No obstante, destaca el punto 25, sobre “exigir a los responsables de la religión islámica en España una absoluta colaboración en la detención de radicales”. Por profesar un cargo en una determinada institución religiosa, no se tiene por qué colaborar más o menos que cualquier otra persona en una investigación policial.
Las causas que obligan a la colaboración están estipuladas y son ajenas, por una cuestión de protección de derechos, a las creencias religiosas y a la pertenencia o no a una institución, salvo en las excepciones contempladas por la ley.
Seguidamente, en el punto 59 en el apartado de “SALUD”, Vox no solo propone que la cobertura sanitaria deje de ser universal para las personas migrantes en situación irregular, sino que propone también un “copago para todos los residentes legales que no tengan un mínimo de 10 años de permanencia”.
Es decir, las personas con residencia legal se convierten, de nuevo, en ciudadanas de segunda al exigirles una obligación que no se les exige al resto para acceder a un servicio público que están pagando igual que el resto.
Por último, en el punto 92, Vox propone eliminar lo que denomina “privilegios penitenciarios”, esto es, la posibilidad de tener una retribución económica y de cotizar a la seguridad social por hacer determinadas tareas, a “los presos condenados por terrorismo y a inmigrantes ilegales”, equiparando de forma bastante clara los crímenes por terrorismo con el hecho de estar en situación irregular en un país extranjero.
A todo esto se le suma la continua campaña de criminalización de Vox a las personas migrantes, como sucede con los menores extranjeros no acompañados, protagonizando y difundiendo diferentes bulos, mentiras y “fake news” en el típico discurso xenófobo de la extrema derecha contra las personas extranjeras, especialmente las que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad.
La reducción o eliminación de los espacios de debate
En la sección dedicada a los asuntos económicos, Vox justifica en la supuesta necesidad de reducir el gasto público, la eliminación de organismos públicos que el partido de extrema derecha considera duplicidades o innecesarios.
En este punto, pone de ejemplo las televisiones autonómicas, defensores del pueblo, Consejos Consultivos, Agencias Meteorológicas… que describe como “estructuras paralelas al Estado”, cuando en realidad quiere decir “estructuras que distribuyen el poder del Estado”.
Amén de que muchas de estas estructuras no implican excesivo gasto al no suponer una remuneración para el personal dedicado, y aunque es cierto que a menudo algunas se han utilizado mal o han supuesto duplicidades (de facto, porque sobre el papel no pueden existir), lo que Vox plantea en realidad es una reducción de los espacios de expresión y de debate de la sociedad.
Es decir, Vox no solo plantea reducir las cámaras representativas a su máxima expresión, sino eliminar también todo rastro de estructura pública orientada a facilitar los derechos de la gente que facilitan la participación, la difusión de rasgos culturales propios, etc..
Esto se traduciría en una reducción de la calidad democrática y, por lo tanto, es una medida más propia de un Estado basado en el autoritarismo.
Es más, la creación de estos organismos está amparada en la propia legislación al extender el derecho constitucional a la participación política (Art. 23) y a la creación de espacios donde exista diversidad lingüística, cultural y de ideas.
Por mucho que se justifique la eliminación de estas estructuras en un supuesto ahorro económico, el objetivo en realidad es otro. No tendría sentido que como ejemplos se pusieran los consejos consultivos o los defensores del pueblo, que acarrean un gasto prácticamente nulo a las administraciones públicas.
En la misma línea se pronuncia en el punto 36 cuando sugiere la fusión de ayuntamientos, lo que se traduce, una vez más, en la eliminación de parlamentos, así como en la reducción de escaños locales, lo que implica a su vez una reducción de la proporcionalidad y la representatividad de las opciones políticas.
Por último, en el punto 93 en la sección “JUSTICIA INDEPENDIENTE Y EFICAZ” propone la eliminación del Tribunal Constitucional (TC), que en más de una ocasión ha paralizado leyes que contravenían derechos constitucionales, o ha avalado leyes como la Ley Integral contra la Violencia de Género (LIVG) a pesar de las mentiras vertidas por ciertos sectores conservadores.
Es curioso cuanto menos que, quien se arroga el apelativo de “constitucionalista”, persiga la eliminación del TC o proponga tantas propuestas anticonstitucionales. Y es curioso que Vox fundamente estas medida en el ahorro económico y, sin embargo, no proponga una reducción salarial de los cargos públicos electos.
El veto parental como forma de autoritarismo
La restricción de la pluralidad de ideas, ya sea en forma de censura o de manipulación ejercida desde los puestos de poder, suponen también una forma de autoritarismo, ya que afectan directamente al debate, al intercambio de opiniones y al consenso.
Lo que Vox llama “PIN Parental”, descrito en el punto 63 de su programa marco y que ha sido llevado a los parlamentos autonómicos, exigido como moneda de cambio para pactos de gobierno y que de hecho se aplica en la Región de Murcia.
Vox vende su propuesta haciendo alusión a la libertad de los padres de poder elegir qué materias complementarias se imparten a sus hijos. Sin embargo, en la práctica, supone una censura al derecho de los menores de edad a recibir enseñanza en igualdad y en derechos humanos, más allá de las materias estrictamente curriculares.
Probablemente nadie tacharía de falta de libertad la obligación de que el alumnado estudie matemáticas o lengua castellana, pero por algún motivo, cuando se trata de enseñanzas básicas de derechos humanos, la extrema derecha está muy interesada en facilitar ese veto.
El motivo es claro y se fundamenta en el autoritarismo.
Ataques al colectivo LGTB y a las leyes igualitarias
El apartado “VIDA Y FAMILIA” reúne una serie de propuestas en las que se promueve una visión única de lo que constituye lo que es una familia y donde se contravienen derechos reconocidos actualmente.
En el punto 71, cuando pide “una ley orgánica de protección de la familia natural que la reconozca como institución anterior al Estado”, hace referencia a la definición de familia tal y como se entiende desde el punto de vista tradicionalista: matrimonio entre una mujer y un hombre que tiene descendencia biológica.
¿Qué significaría proteger este modelo de familia mediante una ley orgánica y protegerlo como si se tratara de una institución pública? Que las familias con esta configuración tendrían más derechos que otras, es decir, que las familias monoparentales, las que tengan hijos en adopción o las parejas homosexuales.
Esto mismo puede deducirse de una entrevista de Santiago Abascal en el programa El Hormiguero, donde, en octubre de 2019, defendió que era preferible que la adopción fuera ejercida por una pareja heterosexual y, si no es posible, entonces ya se podría optar por una homosexual.
Además, se entiende que esta preferencia por la protección de la “familia natural” generaría otro tipo de discriminaciones a las familias que estén conformadas por personas del mismo sexo.
Tampoco es de extrañar esta declaración, ya que el propio Santiago Abascal dijo públicamente en una entrevista que el matrimonio homosexual no puede aplicarse a parejas del mismo sexo, sino que lo correcto sería establecer una unión civil, aplicable a cualquiera, incluyendo a dos hermanas viudas.
De la misma forma, Vox ha perseguido y protestado de manera enérgica contra todas las legislaciones orientadas a corregir las desigualdades estructurales que sufren por ejemplo las mujeres y las propias personas LGTB o para garantizarles derechos fundamentales, como la Ley Integral contra la Violencia de Género (LIVG) o la ley del aborto (punto 70 y 74 del programa marco, respectivamente) o contra las leyes de protección al colectivo LGTB.
Por ejemplo, en el programa electoral que presentaron para las elecciones municipales de 2019 para la Comunidad de Madrid, propusieron derogar artículos de la Ley 2/2016 de marzo y de la ley 3/2016 de julio. Son las dos únicas leyes en materia de igualdad LGTB de Madrid.
De la ley contra la LGTBIfobia querían derogar la protección de los jóvenes LGTB, las medidas que evitan la discriminación en el empleo o el apoyo a fechas conmemorativas, como ya adelantaron con su propuesta de llevar el Orgullo a la Casa de Campo. Y de la ley específica para personas trans, proponían acabar con medidas contra la transfobia o LGTBIfobia en general.
En Castilla y León, Vox ayudó a tumbar el proyecto de Ley LGTB y presentaron uno alternativo recortando un 20% del mismo. Concretamente, eliminaron cuestiones referentes a la protección de los derechos de las personas transexuales y a la educación.
Ángeles Criado, diputada de Vox en las Cortes Valencianas, pidió en 2019 informes penales y datos personales de los colectivos LGTB que trabajan con menores. Ángeles declaró que “nos preocupa en manos de quién dejamos nuestros pequeños y el adoctrinamiento al que puedan haber sido sometidos.”. En este mismo sentido se pronunció Rocío Monasterio en Madrid.
En Murcia, Vox pidió en varias ocasiones revisar la ley que protege al colectivo LGTB argumentando una supuesta inseguridad jurídica. Previamente, en su programa electoral para las elecciones de 2019, pidieron su derogación.
Destacar también cómo Lucía Cuín, una concejala de Vox de Torremolinos, fue expulsada del partido por poner una bandera LGTB en su balcón.
Las restricciones en derechos y la oposición a la corrección de desigualdades materiales suponen una merma a la calidad democrática que facilita, mediante la imposición ideológica y de una única forma de entender lo que es una familia o lo que son los roles de género, el autoritarismo.
Autoritarismo a través del orden
En los Estados de Derecho, el sistema penal se entiende como una medida de reinserción y no tanto como un método de castigo.
De igual forma, las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, como es el ejército o los cuerpos de policía, se entienden que existen como método para defender la soberanía y los derechos de las personas ejerciendo un servicio público de atención y cumplimiento de la legislación, que se entiende como fruto de la voluntad popular.
Por supuesto, esto en la práctica no es así. O, al menos, no es así en todo momento. Dado que ningún país democrático lo es a la perfección, los parlamentos no siempre toman decisiones basándose en la voluntad popular, ni siempre la representan, ni siempre se utiliza la autoridad como se debería (si es que existe una forma correcta de ejercer la autoridad).
No obstante, los datos sobre criminalidad y delincuencia han avalado que la mejor forma de lograr una adecuada convivencia social es mediante leyes proporcionales y justas, adoptadas mediante sistemas electorales proporcionales y participativos, con sistemas penales orientados a la reinserción y con servicios públicos fuertes y de calidad en sectores clave como educación o sanidad.
Es decir, mediante el enfoque en los aspectos estructurales y materiales de la población, y no mediante el enfoque en los aspectos punitivos.
Por lo tanto, la calidad democrática de un país es clave para garantizar una adecuada convivencia, amén de otros factores. Al contrario, las medidas orientadas a elevar las penas, perseguir y castigar a delincuentes sin atender a ninguna otra circunstancia y/o aplicar medidas como la cadena perpetua o la pena de muerte, se han demostrado ineficaces, y más un ejercicio de autoritarismo que de efectividad.
Como añadido, todas aquellas leyes o decisiones que otorgan una mayor poder a los cuerpos policiales y a las fuerzas armadas, se consideran una forma de autoritarismo que, de hecho, llevado al extremo da como resultado regímenes dictatoriales militares, como el que hubo en España entre 1939 y 1975 con Francisco Franco, o en Chile entre 1973 y 1990 con Augusto Pinochet.
En el caso de Vox, para una gran variedad de problemas sociales y/o delitos, su propuesta es o bien aumentar las penas (puntos 3, 16, 30, 76, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92) o bien incluso adoptar la cadena perpetua (punto 90).
Por otro lado, en muchos casos, Vox ha llegado a defender la vulneración de los derechos fundamentales generales en nombre de la seguridad, a justificar torturas o abusos policiales, juicios sumarios o consejos de guerra en tiempos de paz. También apoyan una política exterior agresiva.
Paralelamente, defiende mantener la prisión permanente revisable y la suspensión de ciertos derechos de las personas condenadas por terrorismo o por organizar el referéndum de autodeterminación de Catalunya del 1 de octubre.
Además, que Vox apoya parte de su discurso y su acción política en la policía y el ejército es bastante fácil de deducir: ha solicitado en numerosas ocasiones la intervención del ejército, o bien ha reivindicado su papel, para apartar al gobierno actual del poder, para resolver el conflicto social y político con el movimiento independentista catalán o como método para resolver el problema migratorio en Canarias, pidiendo que el ejército enviara “buques” para rodear las islas.
No es de extrañar, de hecho, que entre la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas, Vox sea la fuerza política más votada, y donde las ideas de extrema derecha estén, aparentemente, en expansión.
El discurso como método de autoritarismo
La imposición en un debate o en un intercambio de ideas en los parlamentos y en los espacios políticos aprovechando las posiciones de poder se considera también una forma de autoritarismo.
Amén de todas las medidas orientadas a reducir este debate, el discurso de Vox se centra constantemente en los rivales políticos y en quienes supuestamente provocan los problemas del país, tildándolos de “el otro”, del “enemigo”, del que “quiere romper España” o de los que “pactan para destruir España”.
Es decir, como se ha dicho en numerosos medios y por varios analistas, el discurso de Vox está basado en la antipolítica, esto es, no busca construir consensos y llegar a acuerdos, sino en destruir los consensos y en aplicar falsos dilemas: o estás conmigo o estás contra mí.
En este sentido, y como se ha visto en mítines como en el de Vallecas el mes de abril de 2021, Vox busca generar un conflicto bajo el cual presentarse como víctima, al tiempo que agita un discurso en el que presenta a un gran espectro de personas que no piensan como la formación (independentistas, feministas, progresistas, inmigrantes…) como “enemigos de España”.
En este sentido, han llegado a utilizar el acoso a diferentes personalidades políticas y activistas como estrategia, especialmente en redes sociales, como en el caso de Teruel Existe por su voto favorable al gobierno actual.
Un ejemplo también puede verse en el polémico tuitero Alvise Pérez, que incluso a llegar a publicar fotografías de personalidades públicas durante su vida privada al tiempo que dedicaba adjetivos insultantes y poco respetuosos.
Por otro lado, han vetado de sus comparecencias a un buen número de medios de comunicación, al tiempo que se han apoyado en otros medios favorables para difundir estos discursos de odio mediante mentiras, bulos y “fake news” para generar lo que se conoce como posverdad, una suerte de realidad fabricada sobre la base de la conocida frase “una mentira repetida mil veces se convierte en verdad”, y que a la postre no es más que la manipulación como estrategia política y mediática.
Todos estos rasgos, propuestas, ideas, declaraciones… más todo lo que se podrían añadir, son propias del autoritarismo y/o favorecen el autoritarismo al alterar severamente la calidad democrática del país.
El autoritarismo dentro de Vox
Vox ha sido denunciado, criticado y señalado en múltiples ocasiones estos últimos dos años por presiones, mala praxis y comportamiento autoritario a nivel interno dentro de la formación.
Esto ha llevado a problemas con cargos públicos, enfrentamientos, escisiones, fugas y otros conflictos de cariz más turbio que desvelan una auténtica persecución a la disidencia a la línea del partido y el absoluto control por parte de la dirección.
La eliminación de los procesos de primarias
En febrero de 2019, Santiago Abascal presentó a la asamblea del partido una propuesta de modificación del artículo 24 de los Estatutos de Vox donde se eliminaban los procesos de primarias para confeccionar las listas electorales locales y autonómicas.
Bajo la excusa de impedir que se colaran “arribistas” y gente que buscara aprovechar el auge de popularidad de Vox para tener un puesto público, la posibilidad de que la militancia pudiera decidir quiénes confeccionarían las candidaturas fue eliminada.
Así, a partir de febrero, todas las listas electorales debían recibir el visto bueno del Comité Ejecutivo Nacional, es decir, de la dirección central del partido, ha propuesta de los órganos de dirección provinciales y autonómicos.
Por otro lado, el nuevo reglamento interno aprobado estipuló un periodo de nueve meses para los nuevos afiliados, cuya inscripción en Vox puede ser rechazada por la propia dirección.
El desmembramiento de Canarias
Los afiliados de Vox de Santa Cruz de Tenerife y de Vox Las Palmas de Gran Canaria denunciaron en marzo a sus correspondientes ejecutivas, lo que supuesto un sinfín de problemas para la formación.
Ya desde 2019, problemas con los resultados electorales provocaron enfrentamientos internos que desde la dirección central del partido se intentaron solucionar imponiendo diversas gestoras a dedo, pero sin resultado. De hecho, los problemas no habían hecho más que comenzar.
En Santa Cruz de Tenerife, las denuncias contra los dirigentes canarios de Vox se resumen en la «falta de transparencia en las cuentas, opacidad con el merchandising de los productos que se venden en nombre de Vox, incumplimiento flagrante de los estatutos, desavenencias organizativas por aspiraciones personales por el poder, falta de presencia política en el archipiélago respecto a la crisis migratoria, desprecio a los afiliados y simpatizantes, inacción política hacia los ciudadanos, fricciones entre el coordinador regional y las cúpulas de las gestoras, y malestar de delegados insulares, a su vez, contra los dirigentes orgánicos».
Por otro lado, en Vox Las Palmas de Gran Canaria, la militancia expresó idéntico malestar por la falta de transparencia del Comité en Gran Canaria, así como por el escándalo de la querella interpuesta por el exvicesecretario de organización, Israel Salas, contra la actual secretaria insular, María Ángeles Barroso, por acusaciones falsas de «apropiación indebida y calumnias injustas».
Según las denuncias recibidas en la sede de la formación verde, «un vino blanco afrutado sería embotellado por una empresa en esta isla, pero con la etiqueta de Vox, no con la etiqueta de la bodega productora de la denominación de origen con el objetivo de usar este producto vitivinícola, para la actividad comercial del partido».
El Secretario General, Javier Ortega Smith, acudió el 23 y el 24 de marzo a intentar apaciguar los conflictos. Sin embargo, la visita provocó un «gran malestar» entre delegados municipales, afiliados y simpatizantes al no poder acceder al secretario general directamente, «ni siquiera por videoconferencia».
En este sentido, critican que Vox Canarias, «hace lo imposible para que el sector crítico en las islas, no pueda acceder a los cargos nacionales, para informar in situ, de la realidad que atraviesa el partido».
Por el momento, la situación no se ha solucionado.
La dimisión de los 8 concejales en Badajoz
El pasado 6 de abril, 8 miembros de Vox Extremadura abandonaron el partido de extrema derecha por ser “antidemocrático”, “sin principios”, que “somete a los afiliados a técnicas totalitarias, exentas de las mínimas garantías legales exigidas por ley”.
Así lo describieron en un comunicado que hicieron público y en el que dedicaron durísimas críticas a Vox, a sus líderes y a la dirección estatal.
Concretamente, describieron la disciplina interna como “una apisonadora” que se aplica “de manera caprichosa” por parte de la Secretaría General, sin respetar derecho alguno de los afiliados y sin haber garantías de contradicción o defensa, incumpliendo “de manera flagrante la normativa sobre protección de datos de los afiliados”.
Los concejales también afirmaron que Vox es un partido “anticonstitucional” que “no se somete al Estado de Derecho” y que no se considera “afectado por las decisiones judiciales, incumpliendo así el artículo 118 de la Constitución Española, ya que consideran que están por encima de ellas”
Entre ellos se encontraba el que fue candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura, Juan Antonio Morales; el concejal pacense que tuvo que ser readmitido en el partido tras la publicación de una sentencia, Alejandro Vélez; la concejala de Vox en Lobón María Isabel Gragera y los cinco ediles en Guadiana, entre los que se incluye el exalcalde Antonio Pozo.
Además, denunciaron haber sido objeto de “técnicas indecentes, como el intento de investigaciones personales, mediante la contratación de detectives privados, con el objeto de hacer público algún aspecto de la vida privada del investigado, y así anularlo políticamente”, en referencia a Vélez, expulsado hasta febrero de 2021.
Por último, también se pronunciaron contra los chiringuitos y las subvenciones públicas a los que “por cálculos electoralistas repiten que renunciarán” puesto que, a la hora de la verdad, no lo cumplen. En su lugar, hay ejemplos como “el chiringuito montado en el Grupo Municipal del Ayuntamiento de Madrid por el secretario general, Javier Ortega Smith, que cuesta más de 600.000 euros al año para pagar a seis asesores y a siete secretarios administrativos… 13 enchufados para asistir a cuatro concejales”, según denunciaron.
El caso de ‘El Francés’
Recientemente, se supo que Vox, según lo desvelado por el periódico El Español, recurrió a Loic Veillard, alias “El Francés”, un ex convicto relacionado con la mafia búlgara conocido por sus peleas callejeras en la ciudad de Madrid allá por los años 80, para buscar pruebas y acusaciones contra miembros incómodos para el partido con el objetivo de expulsarlos.
Vox habría recurrido a él en al menos tres ocasiones: a Cristina Gómez, concejala de Vox en el municipio de Galapagar conocida por participar en las caceroladas contra Pablo Iglesias, a quien habrían acusado de consumir cocaína delante de sus hijos; a su amigo Miguel Abolafía, al que se acusaba también de varias conductas graves; y a Juan Antonio Morales, el que fuera candidato a la presidencia de Extremadura, el cual una agencia de detectives trató de obtener pruebas de que se rodeaba de putas y cocaína.
“El Francés”, fundador de la banda criminal de los años 80 y 90 la Panda del Moco, estuvo implicado en numerosos delitos, como tráfico de drogas, robo con fuerza, posesión ilegal de armas o peleas, entre otros, hasta ser condenado en 1993.
Al parecer, es amigo de Ivo “El Búlgaro”, conocido por su implicación en dos casos: el caso del “Clan de los Búlgaros”, donde la susodicha mafia intentó hacerse con el control de la seguridad de los locales nocturnos de la capital, y en el caso de “Los Rompecostillas” donde, en 2008, estuvo implicado en delitos de secuestro y violencia grave.
Ivo “El Búlgaro”, cuyo nombre real es Beyhan Memzi Rafi, según un artículo publicado por El Mundo, estaría siendo investigado por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev) desde hace al menos un año por tener a sueldo a varios policías locales de Madrid y por “controlar la seguridad” de los bares de copas de la ciudad a través de la mafia búlgara.
“El Francés” y “El Búlgaro” se conocen por residir en Las Matas y, al parecer, al menos en palabras del propio Loic Veillard, es amigo de Victor Manuel Sánchez del Real, fundador y número 3 de Vox.
Aunque éste último lo niega, “El Francés” asegura que recibió las órdenes de Sánchez del Real para interponer la denuncia a la concejala Cristina Gómez y a su amigo Miguel Abolafía junto a José Hidalgo Serrano, quien ostenta el cargo de Jefe de Seguridad en Vox.
Esta denuncia sirvió de excusa a la ejecutiva del partido para expulsarles de manera fulminante. Al parecer, la principal motivación de expulsarlos era por sus polémicas declaraciones en redes sociales y por no plegarse a las órdenes del partido.
En el caso de Juan Antonio Morales, en octubre de 2019, fue “El Francés” quien llamó al detective, presentándose como un intermediario entre Vox y él.
En las grabaciones publicadas por El Español, Loic Veillard pidió a dicho detective que le sacara fotos con “la puta” y “metiéndose coca si es posible” para “sacarle de la política, y más de Vox”. En este caso, el ataque a Morales estaría motivado por no haber obtenido los resultados esperados en las elecciones autonómicas o por discrepancias con la dirección.
Enfrentamientos en Murcia
Tras las elecciones generales de noviembre de 2019, toda la dirección ejecutiva de Vox en Murcia dimitió en bloque, alegando “exceso de trabajo”. En su lugar, la dirección central del partido, como es habitual, nombró a una gestora en su lugar.
En abril de 2020, algunos meses después, Alba Peña, perteneciente a dicha gestora, presentó su dimisión. A través de carta publicada por ElConfidencialDigital, denunció la “destrucción sistemática” del partido: “Llevo ya meses aguantando por compañerismo, y por negarme a aceptar que este proyecto, al que tantas horas robadas a mi familia, tanto esfuerzo, tanta ilusión y tanto dinero me ha costado, se ha convertido en una organización donde al que trabajó con el antiguo Comité Ejecutivo Provincial (vicesecretarios, coordinadores, voluntarios, jóvenes, etc.) se le considera no apto sólo por haberle dedicado lo mismo que yo, tiempo, esfuerzo, dinero e ilusión. Sobre todo si se atreven a dar su opinión, y no han adoptado el ‘sí bwana’ como únicos vocablos”.
Además, en dicha carta, señaló que “esto, por desgracia, no solo pasa a nivel provincial. Tengo muchos conocidos en el resto del país y cuentan lo mismo. Me duele profundamente. Me tomé en serio lo que decían Abascal y Ortega Smith, que esto era un instrumento al servicio de España, que éramos españoles de a pie, que dábamos un paso al frente para defenderla, pero, por desgracia, la profesionalización del partido significa que, o antepones el ‘sí bwana’ y el hacer el macarra por Twitter, o aplaudir a quien lo haga, o pasas a ser calumniado e insultado sistemáticamente”.
Finalmente, Alba Peña denunció que elevar sus quejas a los órganos del partido ahondó más en sus conflictos con la dirección: “tras meses de elevar por los canales internos acciones no solo injustas, sino inmorales e ilegales, y no haber conseguido ni siquiera una respuesta, y tras recibir calumnias e insultos como parte del CEP anterior de personas que se han dedicado a hacer la vida imposible a compañeros de partido delante del presidente y la secretaria actuales y cientos de afiliados más, he decidido darme de baja del partido”.
Tan solo dos meses después, Vox expulsó a tres de sus cuatro diputados en la Asamblea Regional de Murcia. Al parecer, el Comité de Derechos y Garantías del partido tomó esta decisión debido a que debido a que decidieron sin autorización de la dirección estatal despedir a trabajadores y prohibir el acceso a dicha dirección a las cuentas del grupo.
Autoritarismo en Solidaridad, el sindicato de Vox
El autoritarismo del partido político liderado por Santiago Abascal no termina en la propia formación, sino que se extiende a sus entidades satélite.
En la Asamblea General del sindicato celebrada en diciembre de 2020, se aprobó también que la dirección de su sindicato, Solidaridad, quedara únicamente en control de su líder, y no de los afiliados.
Los Estatutos originales de Solidaridad estipulaban que la composición del Comité de Garantías era votaba por los afiliados (a propuesta del Secretario General) por un plazo de cuatro años. Sin embargo, en dicha asamblea, este punto fue suprimido.
Por lo tanto, este órgano de control queda en manos del Secretario General de Solidaridad, en manos del diputado andaluz y empresario Rodrigo Alonso, quien ya ha nombrado a dedo a los tres miembros de dicho Comité de Garantías
Conclusiones
Por todo lo expuesto, no cabe dudas de que Vox es un partido que apuesta por el autoritarismo, tanto en sus propuestas, como en sus declaraciones, peticiones, acciones e ideas.
A pesar de que en todo momento se escuda en la libertad y en un supuesto bien para “todos los españoles”, la puesta en práctica de sus puntos programáticos, como de hecho ya ha sucedido, supondría un serio retroceso en la calidad democrática que acercaría a España a modelos de gobierno como el de Hungría bajo el mandato de Viktor Orbán, calificado de democracia iliberal o régimen híbrido de gobierno por su erosión de los aspectos democráticos y su ataque a los derechos básicos en los últimos años.
De hecho, en más de una ocasión, Santiago Abascal ha puesto a Orbán como modelo a seguir y ha elogiado su acción de gobierno, por lo que no es de extrañar que también adoptase su autoritarismo manifiesto.
Como añadido, además de su práctica política y de su programa, los altos cargos de Vox, especialmente los de la dirección central, aunque también los dirigentes autonómicos y provinciales, han sido señalados y denunciados por su comportamiento autoritario e impositivo y por su mala praxis.
Además, las garantías de democracia interna se han visto seriamente mermadas a raíz de diferentes cambios llevados a cabo por el partido a iniciativa de la actual dirección encabezada por Santiago Abascal, como la eliminación de las primarias o el control de quién se afilia.
El control de la disidencia interna ha llegado al punto de contar recurrir a detectives privados para fabricar pruebas en contra de afiliados discordantes, incluso contando supuestamente con un ex convicto para llevar a cabo el trabajo sucio.
En consecuencia, Vox ha tenido hasta tres escisiones lideradas por cargos importantes en apenas dos años: España Suma, TÚPatria y Valores, motivadas en buena medida por estas cuestiones, aunque también por su excesivo radicalismo de derechas.
Todo lo anterior aderezado con un discurso legitimado en una falsa rebeldía, la antipolítica y el odio sobre la base de continuas manipulaciones, tergiversaciones, bulos y “fake news”, que lastran el debate político, dificultan el consenso y obstaculizan el libre intercambio de ideas.
No cabe duda, por lo tanto de que Vox, como partido anclado en la extrema derecha, se adhiere al autoritarismo como uno de sus rasgos más identificativos que, si bien no siempre es necesariamente explícito, atraviesa de manera transversal toda su agenda política.
Jefe de Redacción de Al Descubierto. Psicólogo especializado en neuropsicología infantil, recursos humanos, educador social y activista, participando en movimientos sociales y abogando por un mundo igualitario, con justicia social y ambiental. Luchando por utopías.
