El control social mediante el terror y el abuso de autoridad en España

Artículo original de Eulixe: Un informe arroja luz sobre el control social mediante el terror y el abuso de autoridad por parte del Estado español

El pasado 23 de junio, la Comisión de Valoración para el reconocimiento y reparación de las víctimas de «vulneraciones de derechos humanos en el contexto de violencia de motivación política» en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999 presentó su primer informe desde que se constituyera el 10 de julio de 2018 en el Parlamento de Gasteiz. En el mismo se recogen 35 expedientes ya resueltos, pero aún están por delante cerca de un millar de casos. En el informe se alude a un “clima de arbitrariedad y control social mediante el terror y el abuso de autoridad”. Por otro lado, los investigadores han constatado también, “la repetición de un patrón frecuente de omisión del deber de investigar adecuadamente las violaciones de derechos humanos alegadas por varías de las víctimas” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Aunque a muchos les cueste reconocerlo o admitirlo aun teniendo las pruebas delante, miles de habitantes del País Vasco han sido víctimas de la vulneración de los derechos humanos más básicos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tanto en la dictadura como ya en democracia.

Testimonios del terror y del abuso de autoridad

Cargas policiales en la Escola Ramón Llull durante el Referéndum 1-O en Barcelona, catalogadas de abuso de autoridad. Autor: Jaime Alekos, 01/10/2017. Fuente: YouTube (CC BY 2.0)
Cargas policiales en la Escola Ramón Llull durante el Referéndum 1-O en Barcelona, catalogadas de abuso de autoridad. Autor: Jaime Alekos, 01/10/2017. Fuente: YouTube (CC BY 2.0)

Testimonios inundados por el horror dan fe de prácticas sistematizadas que tenían como objetivo neutralizar en vida a los elementos considerados “subversivos” o considerados una «amenaza» para la seguridad nacional mediante el terror y la violencia. En los casos más extremos, el ensañamiento era tal que las victimas perdían su vida en manos de sus verdugos, que operaban bajo el amparo del Estado español.

“En una detención, ataron al detenido a una litera y fue golpeado con una especie de fusta o látigo que los propios guardias civiles denominaban ‘picha de toro’, hasta que ambas plantas de los pies terminaron completamente moradas. También relata que le introdujeron la cabeza en el váter, tirando de la bomba, que le colocaron una almohada en la cara y le pisaban hasta hacerle sangrar de la nariz, que le colgaron de una ventana, que le apagaron cigarrillos en los brazos, que le quemaron la oreja con una cerilla, que fue golpeado con los codos en la espalda, y que también recibió golpes de barra de unos 15 centímetros de diámetro tanto en la espalda como en las nalgas, extremo que él asocia con una rotura de coxis. También recuerda la presencia, en las dependencias, de un perro grande al que le llamaban Pelusa. Les daba más miedo que ellos todavía”.

Me hicieron literalmente de todo. Salí muy deteriorado, tanto que hasta el juez me pregunto: ‘Qué te han hecho chaval?’. Pero me mandó a prisión sin investigar nada”.

“En mis dos detenciones se repitieron insultos y amenazas machistas: ‘Eres una puta terrorista que te has metido en ETA para follar’. Me abren los pantalones y me dicen que me van a violar y que me van a hacer un hijo policía; simultáneamente, uno de ellos también se abre los suyos. Grito. Me insultan de todo. Me baja la regla, no me dan papel, y así durante tres días”.

Estos son algunos de los testimonios reales de los primeros 35 casos de víctimas de violencia policial recogidos en el primer informe anual de la Comisión de Valoración para el reconocimiento y reparación de este colectivo de personas que sufrieron “vulneraciones de derechos humanos en el contexto de violencia de motivación política” en la CAV entre 1978 y 1999. Fue presentado este miércoles por Juana Balmaseda y Jon Miren Landa en la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia del Parlamento de Gasteiz.

Según afirman ciertas fuentes, la Comisión de Valoración ha recibido ya las solicitudes de 1.017 víctimas de violencia ejercida por el Estado, y durante este año se han analizado un total de 55 expedientes, de los que ya se han resuelto 35. De los 55 casos analizados cinco son de 1985 y dos de 1978 y el resto son de la dictadura o de la Transición.

Muchas de las víctimas de los expedientes analizados hasta la fecha no tenían ninguna afiliación política, y en otros casos existía una vinculación con organizaciones políticas y sindicales. Concretamente, de 55 expedientes, 26 no tenían afiliación política alguna. 12 víctimas guardan relación con miembros de alguna de las facciones de ETA.

En concreto, tres son de la organización antes de las escisiones, dos de ETA militar y otros tantos de la rama político militar, uno de la sexta asamblea (LKI) y uno de la quinta asamblea, además de otras tres personas. Hay víctimas pertenecientes a CCOO, COA, ELA, PNV, LAIA, EMK, PCE o de las Juventudes Obreras Cristianas.

Las conclusiones del informe sobre el abuso de autoridad

En cuanto a los perpetradores, en 33 casos eran agentes de la Guardia Civil, en 16 de la Policía estatal, en cuatro de ambos cuerpos, y uno procedía de un “grupo incontrolado”. Además, en un caso, no se ha podido precisar el causante de la vulneración de derechos humanos.

En cuanto a los hechos, según subrayan ciertas fuentes, en 11 casos las víctimas fallecieron, en dos resultaron heridas de bala y en uno se produjeron lesiones provocadas por pelotas de goma. Por otro lado, también se han examinado 36 casos por torturas y malos tratos y cinco por “otras lesiones”.

Al respecto, los expertos han advertido de la constatación de un cierto patrón de actuación en graves casos de tortura y malos tratos, “por las técnicas empleadas y su etimología criminal: la bolsa, la bañera, golpes, el ‘pato’, la ‘rueda’, humillaciones constantes, privación sistemática del sueño, clima de terror ambiental, amenazas a extender la acción a familiares, y exposición de gritos de terceros reales o grabados”.

En el informe se subraya que existía un clima de arbitrariedad y control social mediante el terror y el abuso de autoridad”, particularmente en zonas de Bizkaia y se alude al caso de “una veintena de personas que fueron introducidas en un autobús de línea de madrugada para ser conducidas al cuartel de la Guardia Civil de Bermeo”. Una persona fue “detenida y maltratada” hasta en diez ocasiones y hay más ejemplos con cinco arrestos. Se destaca también el “componente añadido de humillación por razones de género” a mujeres.

Los investigadores han constatado también, la repetición de un patrón frecuente de omisión del deber de investigar adecuadamente las violaciones de derechos humanos alegadas por varías de las víctimas” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En el informe se detalla que, “en los casos hasta ahora revisados, las diligencias de investigación, cuando las hay, son superficiales y desenfocadas”.

Se denuncia que se no se han investigado muchos casos o que en algunos otros casos las investigaciones han sido “radicalmente ineficaces” estando muy lejos de los “estándares de un Estado democrático o de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

La actitud de la Fiscalía y de la judicatura, connivente con el poder policial, no es la de velar por las garantías o la legalidad, sino más bien la de convalidar las actuaciones o simplemente dar curso a las detenciones, ordenar el envío a prisión, aunque luego no hubiera causa alguna y siguieran sobreseimientos de las causas. La evidencia de malos tratos cuando comparecían ante el juez nunca llevaba a reprochar ese hecho, a reconocerlo, menos a investigarlo o castigarlo – Fragmento del texto recogido por Naiz.eus

La comisión de valoración también ha emitido recomendaciones. Entre la misma destaca, según ciertas fuentes, la apuesta por la ampliación del objeto de la Ley 12/2016, aprobada para reconocer a víctimas de “determinadas” violaciones de derechos humanos:

Esta Comisión manifiesta la pertinencia, conveniencia y necesidad de extender en un futuro su ámbito de actuación a otras violaciones diferentes a las relativas a la vida o a la integridad y por un espacio temporal más dilatado. Todo ello, en justicia y en consonancia con el principio de progresividad que conlleva la permanente búsqueda de la ampliación de la protección según el derecho internacional de los derechos humanos – Fragmento del texto recogido por Naiz.eus

También se pide la celebración de un acto institucional (las víctimas serán homenajeadas este sábado), es decir, un acto público de reconocimiento; y reclama al Ejecutivo vasco la realización de una campaña pública específica sobre el contenido de la ley, sus objetivos y sus logros, “dirigida a potenciales víctimas y potenciales peticionarios informando sobre el procedimiento a seguir y alertando sobre la inminente proximidad del cierre del plazo de presentación de solicitudes (el próximo mes de diciembre)». Añaden que «convendría que fuera una campaña sostenida en un periodo de tiempo suficiente para que cale en la sociedad”.

El miembro de la Comisión de Valoración Jon Miren Landa ha subrayado que las víctimas de la violencia estatal buscan un reconocimiento y que la sociedad sepa lo que ha ocurrido, “porque ellos ya saben lo que pasó y sus victimarios también”. Ha afirmado que el “necesario debate democrático sobre este tema debe estar presidido por la cautela y una mirada por-víctima para evitar la revictimización de las personas que han acudido a la Comisión, que llevan demasiados años arrastrando el olvido, la falta de reconocimiento e incluso, en muchos casos, una injusta estigmatización y la negación de su existencia”.

Los escalofriantes datos del conflicto vasco

Cartel en apoyo a la banda terrorista ETA. Autor: Ukberri.net, 27/09/2011. Fuente: Flickr (CC BY 2.0)
Cartel en apoyo a la banda terrorista ETA. Autor: Ukberri.net, 27/09/2011. Fuente: Flickr (CC BY 2.0)

Aunque muchos pretendan construir un discurso donde “toda la culpa la tiene ETA”, el escalofriante balance de víctimas muestra que el «conflicto vasco» es un conflicto donde hay numerosos actores que han vulnerado los derechos humanos con el pretexto de combatir el terrorismo. El Estado español, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la extrema derecha han tenido un papel crucial que en muchas ocasiones es minimizado o directamente “olvidado”.

El Estado emprendió su propia guerra particular contra ETA y el soberanismo vasco activando para ello todo un arsenal de respuestas represivas y el terrorismo de Estado. Por ello, es muy importante acudir a los datos. Aunque exista una amplia diversidad de fuentes, el análisis efectuado por Eusko Ikaskuntza sirve para conocer lo que ha sucedido en detalle.

Datos de distintas organizaciones armadas vascas y/o kale borroka.

En total, entre 1968 y 2003, ETA asesinó a 815 personas (los datos varían según las fuentes) mediante la ejecución de la lucha armada y el terrorismo. De ellas 339 fueron civiles y 478 miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado. Entre los civiles, 32 eran cargos electos. Entre 2004 y 2011 la organización asesinó a 13 personas más. Se calcula que entre 1968 y 2002, ETA efectuó un total de 3.391 acciones armadas. Por otra parte, desde 1991 a 2003, se efectuaron 3.911 actos de “kale borroka”.

Entre 1968 y 2003, 53 personas fueron secuestradas por la organización (10 de ellas, con resultado de muerte). Según la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), serían 84, contabilizando secuestros con fines no económicos y las 12 a las que ETA (pm) disparó un tiro en la pierna.

Entre 1968 y 2003, 2.367 personas fueron heridas en los atentados que cometió la organización. De ellas, 1.294 han quedado incapacitadas físicamente, de las que 150 están incapacitadas para cualquier trabajo y 41, con gran invalidez; el 44% de las personas heridas por coche bomba están con invalidez permanente.

En el año 2003, al menos mil personas tenían escolta y más de 300 vivían con vigilancia preventiva de la Ertzaintza y la Policía Foral. Según ciertas fuentes, la cifra sería incluso mayor. Además, un número indeterminado de personas abandonaron el País Vasco por miedo a sufrir acciones de ETA.

En lo referente a las libertades civiles, entre 1968 y 2003, se registraron 5.946 sabotajes (desde 1995 a 2002). Se efectuaron un total de 43 atentados de organizaciones armadas vascas y “kale borroka” contra periodistas y medios de comunicación. 3 periodistas o directivos de medios de comunicación fueron asesinados, mientras que dos periodistas recibieron heridas en diversos atentados.

Tanto los cargos del PP como del PSOE fueron objetivos militares de ETA, así como sus sedes políticas. Un número considerable de sus viviendas o vehículos particulares o de sus familiares fueron objeto de ataques. También recibieron ataques, amenazas, sabotajes y acoso formaciones políticas como UPN, PNV, etc.

Datos de distintas fuerzas policiales, grupos ultras o parapoliciales.

Hablando en cifras, entre 1968 y 2003 murieron 75 personas en enfrentamientos armados; entre 67-70 por grupos parapoliciales, 7 por ATE, 26 por el GAL, 32 por BVE y 2 por otros; 24 en altercados con policías y otros casos, 20 en controles de carretera, 35 en manifestaciones o actos de protestas, 5 mediante desapariciones forzadas, 4 en registros de vivienda, 4 en comisaría y 2 fusiladas.

Entre 1977 y 1980 se contabilizaron un total de 587 agresiones y atentados ultraderechistas y parapoliciales. 21 fueron contra sedes políticas. Entre 1968 y 2003, estas fuerzas secuestraron a un total de 8 personas (7 de ellas con resultado de muerte), mientras que el número de secuestros-interrogatorios es indeterminado.

3.959 personas sufrieron, entre 1968 y 2003, heridas por cargas policiales en movilizaciones, más de 200 con herida de bala o pérdida de visión por pelotazos. Alrededor de 19 personas sufrieron también heridas de diversa consideración en controles policiales. Además, un total de 242 personas fueron heridas por las acciones protagonizadas por la extrema derecha.  

Durante el mismo periodo, más de 30.000 personas (de ellas, 8.172 acusadas de ser “miembros de ETA” según Interior) fueron detenidas. 210 solamente en 2003. Del cómputo total, 10.000 se efectuaron en manifestaciones, huelgas, piquetes o asambleas (179 en 2003); 756 por expresión (carteles, pancartas, murales, pintadas…); 546 por “kale borroka» (entre 1996 y 2002) y 300 por insumisión ante el servicio militar.

Durante el franquismo, entre 1968 y 1976, se registraron centenares de denuncias de torturas por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Entre 1977 y 2002 se registraron alrededor de 5.300; 90 en 2003. En total se calcula que 4.770 personas pasaron por la cárcel entre 1977 y 2001.

En lo referente a las libertades civiles, entre 1968 y 2003, se ilegalizaron formaciones como Xaki, Ekin, Jarrai, Haika, Segi, Askatasuna, Batasuna y Udalbiltza. En 2003, había 216 personas en espera de juicio. En total, se anularon 225 candidaturas electorales y se prohibieron sus actos. Se embargaron 220 inmuebles. Se impusieron 1.000 millones en multas contra 2.500 ciudadanos por movilizaciones entre 1994 y 2000. 3 periodistas fueron asesinados por la extrema derecha, mientras que se realizaron 11 atentados contra ciertos medios de comunicación. Se cerraron 3 revistas, 2 periódicos y una radio. Se calcula que, en total, 91 periodistas fueron detenidos por la Policía, procesados o encarcelados.

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