Baltasar Garzón fue juzgado sin garantías: el Comité de Derechos Humanos de la ONU pide a España su restitución

Tras 11 años de inhabilitación, una sentencia del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) puede revocar los procesos que inhabilitaron al exjuez Baltasar Garzón.

Entre estos procesos destacan dos: los casos Franquismo y Gürtel. Fue este último por el que el exjuez fue inhabilitado.

El órgano acuerda que los derechos del juez fueron vulnerados al ignorar el artículo 14.1 y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que España suscribió en 1977.

En el caso del artículo 14.1, que garantiza el “acceso a un tribunal independiente e imparcial”, este órgano ha dictaminado que existen pruebas suficientes para entender que Garzón no gozó de este derecho

Así lo corroboran el hecho de que en el tribunal sentenciador que condeno al juez, hubieran dos magistrados que condenaron al exjuez en el caso Gürtel y lo habían enjuiciado en el caso Franquismo. Así el organismo sentencia que ““no se puede concluir, en consecuencia, que dichos tribunales gozaran, para un observador razonable, de la apariencia de imparcialidad necesaria para su enjuiciamiento”.

En relación al artículo 14.5, que dice que “toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”, también acogen la refutación de Garzón.

La razón es que el juez fue directamente juzgado por el Tribunal Supremo, siendo el fallo definitivo e inapelable.

Así el órgano supranacional dictamina que España tiene que “borrar los antecedentes penales” del exjuez y ahora abogado, y de proporcionarle “una compensación adecuada por el daño sufrido”.

La aceptación por parte del gobierno de esta exigencia haría más fácil el retorno de Garzón a la judicatura, cosa que el exjuez ha expresado desde su inhabilitación.

Los hechos que le inhabilitaron

Garzón fue inhabilitado el 9 de febrero de 2012 por el Tribunal Supremo por prevaricación.

La sentencia fue acordada por unanimidad por los siete magistrados del tribunal que juzgaba al entonces juez.

Esta condena vino en relación a la investigación del caso Gürtel, donde Baltasar Garzón ordenó la grabación de las conversaciones en prisión de los cabecillas de la trama Gürtel y sus abogados.

El Tribunal Supremo falló que esta actuación era injusta y restringía el derecho a la defensa de los acusados, dejándoles en un estado de indefensión jurídica.

Así el Supremo, en una sentencia muy dura, igualo las actividades del magistrado a la de regímenes totalitarios al fallar que se puso “todo el proceso penal español (…) al nivel de sistemas políticos y procesales característicos de tiempos ya superados (…) admitiendo prácticas que en los tiempos actuales solo se encuentran en los regímenes totalitarios en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa».

En este orden, se señalo la falta de un proceso con garantía y justicia: «La pretensión legítima del Estado en cuanto a la persecución y sanción de las conductas delictivas solo debe ser satisfecha dentro de los límites en un Estado de Derecho. (…) La búsqueda de la verdad, incluso suponiendo que se alcance, no justifica el empleo de cualquier medio. La justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo Justicia».

El fin del juez Baltasar Garzón y un nuevo principio

Desde su inhabilitación el juez Garzón rechazó la sentencia y declaró que lucharía para su restitución.

Además esta inhabilitación le hacía perder también su plaza en la Audiencia Nacional, teniendo que optar a un nuevo destino en la judicatura.

Pero la carrera de Garzón tras su inhabilitación ha sido verdaderamente exitosa, reconvirtiéndose en un abogado especializado en Derechos Humanos con una enorme proyección internacional.

En 2011 creó la Fundación Internacional Baltasar Garzón, una entidad con jurisdicción universal con sede en España, México, Argentina y Colombia.

Al poco tiempo de su inhabilitación, fue acogido por Cristina Fernández de Kirchner, otorgándole un puesto en la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina. Poco antes de ganar Mauricio Macri las elecciones, el exjuez dimitió y se dedicó de lleno al campo del derecho, con denotado éxito.

De hecho, con el trabajo en su bufet, Ilocad, ha ganado varios millones de euros. Pese a eso, el juez tiene claro que lo suyo no es un caso de dinero: Garzón quiere volver a la judicatura cuanto antes. Eso reduciría en mucho sus ingresos mensuales cosa que no parece importar demasiado a un juez apasionado por la justicia.