La crisis de Ucrania: el paraíso de las milicias neonazis
En las últimas semanas, medio mundo está pendiente del conflicto entre Rusia y la OTAN, la alianza militar liderada por Estados Unidos a la que pertenecen casi todos los países de Europa. Un conflicto que tiene como centro neurálgico Ucrania, un estado que hace fronterizo entre ambos. Esto ha supuesto, por lo tanto, un choque frontal entre la Unión Europea y Rusia que se ha traducido en la movilización de tropas, entre otras polémicas decisiones, resucitando en España el «No a la Guerra» que se agitó cuando José María Aznar formaba parte del llamado «Trío de las Azores».
Los dos lados de este conflicto se señalan mutuamente por lo que consideran una violación de su soberanía y una amenaza a la integridad de su población y de sus intereses, con un grave intercambio de acusaciones.
Por un lado, la OTAN busca incorporar a Ucrania a su alianza, considerando que este país tiene todo el derecho del mundo a hacerlo; por otro lado, el gobierno del Kremlin, liderado por el veterano Vladimir Putin, considera que ubicar tropas militares a las puertas de su casa es una amenaza directa a su país.
Así, el órdago lanzado por Putin es claro: quiere que la presencia militar de la OTAN retroceda a la situación de 1997, esto es, antes de que los países del este exsoviéticos se unieran a la Alianza Atlántica (Polonia, Hungría, República Checa, Bulgaria, Estonia, Lituania, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia).
Para sostener su posición, el gobierno ruso cita el acuerdo sostenido entre George Bush y Mijaíl Gorbachov en 1990: a cambio de permitir la reunificación de Alemania, el entonces presidente estadounidense acordó que no incorporaría a la OTAN países de la antigua esfera soviética (pertenecientes al extinto Pacto de Varsovia).
Como dicho pacto nunca se puso por escrito y EEUU negaba la mayor, en 1997, Bill Clinton y Boris Yeltsin firmaron el Acta Fundacional Rusia-OTAN, donde se comprometieron a no colocar tropas en los países anteriormente mencionados.
Este pacto tampoco ha llegado a cumplirse. Con el tiempo, el conflicto político, económico y militar ha vuelto, con intereses en juego para los dos bandos, trayendo recuerdos de la extinta Guerra Fría y colocando a Europa al borde del conflicto militar, al menos aparentemente.
Mientras los grandes medios de comunicación de ambos bandos alerta del peligro que supone el otro y se preparan para justificar cualquier postura, lo cierto es que las maniobras militares ya se están dando en uno y otro lado de la frontera. En España, las protestas inundaron las redes sociales cuando el gobierno movilizó la fragata Blas de Lezo con 200 efectivos a bordo, una movilización que ha continuado y que continuará, previsiblemente. Mientras, fuentes afirman que cerca de Ucrania, el gobierno ruso habría movilizado entre 100.000 y 150.000 efectivos, lo que consideran, de hecho, el principal desencadenante de la crisis.
Las cifras ylos datos sobre estas maniobras siguen actualmente en disputa, con varias versiones y bailes estadísticos.
Sin embargo, mientras la mayoría de analistas y expertos se dedica a buscar argumentos para ver quién está sosteniendo la posición más lógica, son pocas las personas que analizan cómo la extrema derecha y, más concretamente, grupos neonazis, están teniendo un papel crucial en el conflicto desde hace años. Y cómo han encontrado en Ucrania un campo donde dar rienda suelta a sus retrógradas ideas.
Antecedentes históricos
Las relaciones entre Ucrania y Rusia están trufadas de complejas inercias políticas, económicas y sociales al ser Ucrania un espacio fronterizo entre lo que son, prácticamente, dos mundos diferentes. Este contraste se refleja en el propio país, que presenta una gran diversidad de ideas, pensamientos y minorías étnicas.
Se calcula que hay unos 15 grupos étnicos más o menos predominantes, entre rusos, ucranianos, tártaros, bielorrusos, húngaros, moldavos, gitanos y un largo etcétera. Como tal, la historia de Ucrania ha estado dominada por el conflicto, incluyendo limpiezas y persecuciones étnicas.
Los grupos étnicos rusos constituyen el 25% del total de la población y se agrupan principalmente en el este del país, siendo amplia mayoría en la región de Crimea, una pequeña península ubicada al sureste. Esto es importante entenderlo porque, como suele suceder, el hecho de que la cultura y la lengua predominante de las regiones más al este hablen ruso como lengua materna y al oeste hablen ucraniano, va a ser una variable determinante en los conflictos futuros.
El 24 de agosto de 1991, declaró su independencia en el marco de la disolución de la Unión Soviética (URSS), a la que había pertenecido desde 1917. Tras pasar varias penurias económicas, tanto en los años 90, como tras la crisis financiera global de 2008, la consolidación del país como Estado soberano parecía fuera de toda duda a pesar de ser señalado como una democracia fallida por su falta de elementos democráticos.
La Revolución Naranja: el choque de dos modelos de país
Para el año 2010, se convocaron elecciones generales donde estaban en juego dos modelos, dos formas de entender Ucrania muy diferentes. Por un lado, estaba Patria, coalición que sostenía la candidatura de Yulia Tymoshenko, gran empresaria del sector del gas.
Patria, coalición construida en 1999 (si bien sus orígenes se remontan a 1995) a partir de una serie de formaciones políticas mayoritariamente de derechas nacionalistas ucranianas, defendía el acercamiento a Europa y alejarse de la esfera rusa.
La influencia de los movimientos ultranacionalistas de extrema derecha ucranianos es evidente, ya que, en el conjunto de formaciones políticas que formarán parte de este bloque se encontraba el Partido Nacional Socialista de Ucrania.
Este partido se formó en 1991 por antiguos veteranos de la Guerra de Afganistán y destacaban por sus manifestaciones violentas, su anticomunismo y por su rechazo a Rusia, entre otras ideas neofascistas. Tuvieron su brazo armado a partir de 2005, el grupo paramilitar Patriotas de Ucrania, que popularizaron el uso del Wolfangel como símbolo de la ultraderecha ucraniana.
Ese mismo año, en un intento por limpiar su imagen, se cambiaron su nombre a Svoboda, y dirigieron su estrategia hacia la cuestión electoral. Esto provocó que, en 2007, Patriotas de Ucrania se alejara de su partido original (en 2014, se integrarían en Batallón Azov, otro grupo ultranacionalista). Asimismo, rechazarían todas las acusaciones de racismo, antisemitismo y “rusofobia”.
Se consideran herederos de Stephan Bandera, líder de una de las facciones de la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN), grupo fascista histórico de Ucrania de largo recorrido del cual se hablará más adelante. Svoboda se integraría en el bloque opositor apoyando a Patria a partir de 2012.
Mantiene contactos con Jobbik (Hungría), el Partido Nacional Británico (BNP) y el Movimiento Social Llama Tricolor (Italia), así como una fuerte integración en congregaciones ortodoxas ucranianas y en la Iglesia Católica Griega.
Por otro lado, se encontraba la candidatura de Victor Yanukovic, el Partido del Renacimiento Regional de Ucrania (llamado simplemente Partido de las Regiones), donde confluyeron formaciones políticas muy diferentes: desde el Partido Laborista (socialdemócrata) hasta el Partido Republicano (nacionalista conservador).
Yanukovic fue juzgado desde el inicio de su carrera política por sus orígenes. Nacido en Donetsk, región de habla rusa, de orígenes humildes y con un pasado criminal (principalmente por robos en su juventud), estaba a favor de un modelo de país descentralizado y del desarrollo del regionalismo y el autonomismo.
Por contra, el modelo de Tymoshenko, era la de desarrollar un país centralizado y con la mirada puesta en Europa. Ella, de origen pudiente, siempre señaló el pasado de Yanukovic como un lastre, llegando a proponer prohibir que personas con antecedentes pudieran acceder a la presidencia en 2007.
Este conflicto entre modelos era casi una repetición de lo vivido en 2004, una contienda electoral donde el rival de Yanukovic fue Viktor Yushchenko, de la coalición Nuestra Ucrania, miembro observador del Partido Popular Europeo, donde formaba parte el Congreso de Nacionalistas Ucranianos, un partido político de extrema derecha surgido tras la división de la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN) en dos facciones enfrentadas (OUN-M y OUN-B, esta última es la que se refundaría con el nombre de Congreso de Nacionalistas Ucranianos).
Formada en Austria en 1929, la OUN fue una organización fascista considerada el antecedente de prácticamente todos los grupos de extrema derecha ultranacionalistas de hoy en día en Ucrania. En 1942 formaron el Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) que, aunque se enfrentó a los nazis en la Segunda Guerra Mundial por la independencia de Ucrania, concentró sus esfuerzos en la lucha anticomunista y antisemita. De hecho, cuando la Alemania Nazi invadió Ucrania para hacer frente a la URSS, la UPA los acogió en un primer momento como libertadores, tanto por el deseo de buena parte de la población ucraniana por ser una nación independiente, como por sus ideas reaccionarias.
En este sentido, según el historiador Israel Gutman (Enciclopedia del Holocausto, 1990), la UPA participó abiertamente en progromos y persecuciones de población judía. Es habitual que grupos neonazis, como la Unión Nacional Ucraniana (UNU), muestre su adhesión al UPA y hagan concentraciones en su honor. Tras la independencia de Ucrania, los declararon veteranos de guerra y los elevaron prácticamente a estatus de héroes, lo que continúa generando debates y protestas, especialmente desde sectores antifascistas, antirracistas y de izquierdas.
En 2004, la victoria de Yanukovic desencadenó una serie de protestas y huelgas conocidas como la Revolución Naranja, que llevó a la repetición electoral donde ganó esta vez Yuschenko. El clima de polarización y de crispación en un país en plena construcción donde las garantías democráticas eran cuestionables era patente. Durante estas protestas, ya se evidenciaron injerencias extranjeras, especialmente acerca de la financiación de las campañas de Yuhschenko y Tymoshenko.
De hecho, Yúshchenko sufrió un envenenamiento por dioxina que le desfiguró la cara para siempre, y todavía no se sabe quién fue el autor, aunque la mayoría de pruebas apuntan a que entró en su organismo a través del arroz ingerido durante una cena con el director de la agencia de inteligencia ucraniana, el SBU, cuya lealtad ha sido cuestionada por varios medios y expertos. Otros apuntan directamente al Kremlin.
Una investigación del New York Times concluyó que, tras las protestas, hubo un papel determinante, de hecho, de los servicios de seguridad secretos de Ucrania tanto por su apoyo a la oposición como por sus conexiones con clases altas y grandes empresarios. Dieron a entender que buena parte de los cuerpos de seguridad del gobierno, entonces en manos de Yanukovic, no le obedecieron por su rechazo a él. Está probado que avisaron a la oposición de los movimientos de las autoridades.
La relación entre los servicios secretos de Ucrania y grupos neonazis parece demostrada hoy en día, con varias conexiones difíciles de desacreditar, si bien también se ha señalado que, en sus inicios, parte del SBU mantenía también contacto con sectores del Kremlin como resultado de haber pertenecido a la URSS antes de la independencia.
Por lo tanto, existe una clara línea que une al fascismo histórico ucraniano, los intereses de los servicios secretos y de los movimientos nacionalistas, y los actuales partidos de extrema derecha de Ucrania.
Existen pruebas fundamentadas de que todos ellos han abogado por el modelo de país representado por Yuschenko en 2004 y por Tymoshenko en 2010 (centralista, atlantista y europeísta) y que han tenido un papel destacado en acciones directas a pie de calle.
Como nota curiosidad, Yushchenko rindió homenaje a Stephan Bandera, el histórico líder fascista mencionado anteriormente, decisión condenada por la Unión Europea, Rusia, Polonia y organizaciones judías, y finalmente revocada en 2011. Pese a todo, Yushchenko siempre era destacado en los principales medios occidentales como una persona moderada que buscaba un equilibrio en sus relaciones entre Europa y Rusia, y que no se doblegaba ni ante uno ni ante otro.
Desde los grupos opositores a él, argumentaron incluso que la Revolución Naranja fue organizada por organizaciones neofascistas y ultranacionalistas ucranianas, e incluso con la CIA de por medio. Su argumento era que, a pesar de que entonces estos grupos, así como personas ucranianas estadounidenses, eran marginales, su presencia en estas manifestaciones era muy destacada. El propio Valdimir Putin dio apoyo a estas teorías.
Sin embargo, desde el otro lado, señalaron que hubo fraude electoral. El principal argumento fue que las encuestas daban ganador a Yushchenko por un 11% de diferencia, mientras que Yanukovic ganó por un 3% más que su rival.
Tres años después de la victoria de Yuschenko, esta vez en unas elecciones consideradas justas y libres por la comunidad internacional, George W. Bush acudió a Ucrania para formalizar la solicitud de ingreso del país en la OTAN.
“Euromaidán”
Los tiempos finales del gobierno de Yushchenko se caracterizaron por un tira y afloja por los precios del gas. Esto se debe a que el suministro de gas a Europa desde Rusia y desde otros países asiáticos pasa por Ucrania, un hecho que ha sido fuente de disputa desde hace años y que se encuentra de fondo en los muchos conflictos geopolíticos de la región. El gobierno ruso siempre ha buscado mantener su influencia en Ucrania y ha usado este hecho en favor suyo como una variable dentro de las negociaciones diplomáticas con otros países y organizaciones.
Así, la campaña electoral de 2010 reunió de nuevo todos estos elementos. En la primera vuelta, Yanukovich obtuvo el 35,32% de los votos, mientras que Tymoshenko se quedó en el 25,05%.
En la segunda vuelta, el partido ultraderechista Svoboda, después de ofrecer una lista de 20 demandas a Tymoshenko, pidió el voto para su candidatura. Más tarde, se integraría en su bloque parlamentario.
Viktor Yuhschenko, que apenas obtuvo un 5,85%, vio descender su popularidad de manera vertiginosa, y su imagen nunca se recuperó. No pidió el voto para ninguna de las dos candidaturas en la segunda vuelta.
La mayoría de partidos de izquierdas apoyaron a Yanukovich por considerarlo más moderado que Tymoshenko y por apoyo a un modelo de Estado federal. Por otro lado, estos partidos, especialmente el Partido Comunista de Ucrania (heredero del Partido Comunista de la RRS de Ucrania), han sido acusados de mantener posturas prorrusas y antieuropeas, y por “traidores” por parte del nacionalismo ucraniano. Por su parte, el Partido Comunista suele defenderse señalando las relaciones de los movimientos nacionalistas con el fascismo. Estas acusaciones por parte de los movimientos nacionalistas le costaría caro al partido más adelante.
Finalmente, Yanukovich ganó las elecciones con un 51,84% de los votos contra 48,16% de su rival. Los observadores internacionales calificaron los comicios de justos y libres, al contrario de lo que había pasado en 2004. Además, esta vez, parece que las encuestas sí que coincidieron mejor con los resultados finales. El mapa electoral reflejó, además que, aunque la polarización del país era real, especialmente comparando los alrededores de Lviv con las zonas más rusófilas, en realidad el voto a Yanukovich era más bien diverso.
Pero ni Thymoshenko ni los sectores más nacionalistas aceptaron este resultado, bajo nuevas acusaciones de fraude, presentando un recurso ante la justicia para impugnar las elecciones. Aunque más tarde lo retiró alegando que la justicia no estaba siendo imparcial, la cámara legislativa tuvo que hacerle una moción de censura porque se negó a facilitar la investidura de Yanukovich.
Esto da una idea de la crispación y la división que se vivía en ese momento en el país, alentada por los sectores afines a Thymoshenko, que iniciaron a partir de ese momento una campaña de desgaste hacia el nuevo gobierno.
Poco después, en 2011, fue arrestada por corrupción, y condenada a final de año a 7 años de prisión y 3 años de inhabilitación. La justicia ucraniana consideró que había abusado de su poder para realizar tratos de favor en la firma de tratados económicos con Rusia. No en vano, ella era una multimillonaria debido a sus negocios en el sector del gas. Thymoshenko siempre defendió que había sido tratada injustamente y alentó protestas en favor de su liberación, incluyendo una huelga de hambre. Las potencias europeas defendieron su versión, manteniendo que Yanukovich tenía presos políticos.
En 2012, las negociaciones entre Ucrania y la Unión Europea para la incorporación del país estaban cada vez más tensas. Uno de los motivos es que, entre las exigencias de la UE, estaba la liberación de Thymoshenko. No obstante, el país aprobó varias reformas para poder entrar en la UE.
El punto clave llegó en noviembre de 2013, cuando el gobierno de Yanukovich suspendió la firma del Acuerdo de Libre Comercio con UE y el proceso de incorporación a la Unión, pues el gobierno consideraba que era económicamente desfavorable para el país. Y es que, las promesas de financiación del país mediante préstamos (a través del Banco Mundial principalmente) portaban exigencias políticas, sociales y económicas a Ucrania, una política bastante habitual de este organismo. Sin embargo, el gobierno ruso ofrecía acuerdos más favorables. Este detonante fue aprovechado por sectores descontentos con el gobierno para convocar protestas en la plaza Maidán.
Sobre este suceso hay dos posiciones enfrentadas.
Por un lado, los partidarios de las protestas y los opositores al gobierno de Yanukovich argumentan que éste se estaba alejando de Europa a propósito para acercarse a Rusia, afirmando que el gobierno de Putin era antidemocrático, tirano e imperialista (aludiendo a la antigua URSS) y que la modernización de Ucrania como una democracia liberal pasaba por mirar a Europa. Además, señalaron que Yanukovich era un déspota y su gobierno autoritario, corrupto y vendido a los intereses de Rusia, que iba a romper con la modernización del país y llevarlo a un pasado desastroso.
Los principales medios de comunicación occidentales sostuvieron esta versión, total o parcialmente, tratando las protestas, bautizadas como “Euromaidán” (Europlaza, en castellano), como una revolución contra un régimen opresor en la búsqueda de una mayor democracia. El Parlamento Europeo pidió también apoyo para los manifestantes.
Hay bastante consenso en que, en un primer momento, al menos durante las primeras semanas y meses, se transmitió la idea de que estas protestas eran una especie de réplica de las que se llevaban viviendo a nivel mundial a consecuencia de la crisis económica de 2008 (como el 15-M en España, por ejemplo).
Por otro lado, la otra postura enfrentada es que las protestas del «Euromaidán» estuvieron alentadas por las potencias occidentales por intereses geoestratégicos, y que fueron gestadas y organizadas por grupos de extrema derecha, neonazis y neofascistas desde el primer momento, que ya habían declarado su adhesión a la oposición política. Está constatado que muchos medios occidentales no mencionaron esta última cuestión, o lo hicieron de forma cosmética.
El debate sigue hoy en día, especialmente ante las encuestas que se han ido desarrollando sobre la amplia polarización en Ucrania en el debate sobre la adhesión a la UE.
Sin embargo, parece bastante probado que las protestas del “Euromaidán” estuvieron gestadas por grupos neonazis, especialmente Svoboda (y su rama paramilitar, C14, fundada en 2010 y que en 2014 se separó de su grupo originario) y Sector Derecho, una plataforma paramiliar que reunió a varios grupos de extrema derecha (White Hammer, Asamblea Social Nacional Ucraniana, Tridente y otros), siendo su origen también antiguos veteranos de la UPA. Su lema es «¡Dios!¡Ucrania!¡Libertad!». Esta última sería una de las más relevantes en la organización y participación de las protestas.
Las protestas derivaron en amplios disturbios con un uso inusitado de la violencia y donde los grupos manifestantes ocuparon la plaza de Kiev durante meses. La implicación de la extrema derecha ucraniana en el “Euromaidán” fue tan clara que diferentes medios importantes (BBC, Reuters, The Wall Street Journal…) advirtieron sobre su protagonismo en los disturbios.
Muchos medios españoles, hasta los de editorial más conservadora, también terminaron por reflejar en sus reportajes el papel protagonista de estos grupos. En El Confidencial, realizaron una entrevista a Artyom Skoropadsky, Dmytro Yarosh y otros líderes de Sector Derecho, y describieron cómo Svoboda y otros grupos habían aumentado su presencia y popularidad a raíz de las protestas del «Euromaidán».
La violencia derivó en centenares de personas fallecidas y heridas, donde los opositores criticaron la represión y abuso policial, mientras el Gobierno señalaba que simplemente se estaba defendiendo de lo que consideraba terrorismo por parte de los protestantes.
Independientemente de quién tuviera más argumentos en este choque de relatos, lo cierto es que Sector Derecho, que obtuvo mucha fuerza en estas concentraciones, alentó el uso de la violencia mediante cócteles molotov y otras armas improvisadas. Varios reportajes pudieron documentar la fabricación de armamento casero en las barricadas, incluyendo catapultas. También se ocupó la sede del partido de Yanukovich por la fuerza, entre otros edificios oficiales.
Durante el transcurso de estas protestas, grupos de extrema derecha de fuera del país se alinearon con sus intereses, evidenciando las conexiones internacionales de Svoboda, C14, Sector Derecho o Batallón Azov. Grupos neofascistas españoles entraron en contacto con la ultraderecha ucraniana, tal y como evidencia el informe De los neocón a los neonazis de la Fundación Rosa Luxemburgo. Por ejemplo, en 2013, el ya extinto Movimiento Social Republicano (MSR) mantuvo reuniones y celebró actos con miembros de Svoboda; Hogar Social Madrid, en 2015, acogió en un acto a miembros de Sector Derecho.
El papel de la extrema derecha en el «Euromaidán» fue también objeto de varios reportajes. Uno especialmente interesante fue realizado por la BBC, que alertaba del peligro de dar rienda suelta a este tipo de grupos, con ideas totalmente contrarias a los derechos humanos.
Finalmente, el 21 de febrero, tras un día especialmente violento conocido como el Jueves Negro, Yanukovich llegó a un acuerdo con la oposición para convocar elecciones anticipadas, formar un gobierno de coalición y aprobar una reforma de la Constitución, tras reunirse con una delegación europea. Aprovechando que el presidente estaba fuera de Kiev, los grupos opositores ocuparon las instituciones, acusándole de haber huido para no ratificar estos acuerdos.
El «Euromaidán» finalizó con unas 100 personas fallecidas y 2.500 heridas, según reporta Amnistía Internacional, sin calcular las consecuencias más allá de las propias protestas.
El Partido de las Regiones expulsó a Yanukovich y la cámara legislativa procedió a su destitución, aprobando un nuevo gobierno formado por la oposición y liderado por Oleksander Turchínov, del bloque de Thymosenko. Ésta, fue liberada y anunció que se presentaría a las próximas elecciones.
Sin embargo, el conflicto acababa de comenzar.
La crisis de Crimea
La toma del poder por la fuerza de los promotores del «Euromaidán» tuvo varias repercusiones inmediatas. Por un lado, un bando celebró la victoria de la democracia sobre la tiranía, denunciando la «huida y dejación de funciones» del presidente, y anunciando la vuelta a los cauces de la modernización del país.
Por otro lado, incluyendo al gobierno ruso, sostuvieron la tesis de que la destitución no había sido legal, ya que no se habían respetado los procesos constitucionales, incluso denunciando que el partido de Yunikovich pudo ser coaccionado por la situación para no ser apartado también por la fuerza (hay que tener en cuenta que el Partido de las Regiones era en sí mismo una agrupación de varias fuerzas políticas). Además, denunciaron que había sido un golpe de Estado en confluencia con injerencias extranjeras.
Todo esto provocó que la crispación y la división social aumentara, especialmente en las regiones más al este de Ucrania, como Crimea y Donbass. En marzo, por ejemplo, se filtró un audio de Thymosenko llamando a la «limpieza étnica» de los 8 millones de rusos en Ucrania. Se filtró también otro audio de la jefa de la diplomacia extranjera donde se insinuaba que la oposición habría contratado a francotiradores mercenarios para disparar a policías y protestantes con el objetivo de avivar la llama del conflicto. El tema de quién financió a esos francotiradores sigue en disputa, si bien, numerosos testigos aseguran que vieron a manifestantes de ultraderecha portar armas de gran calibre.
También se derogaron leyes que favorecían la protección de la cultura y la lengua propias de las minorías étnicas que, tal y como se ha comentado anteriormente, hay más de 15 en el país.
El parlamento ucraniano también decretó orden de busca y captura contra Yunikovich y el Turchínov asumió el mando de las Fuerzas Armadas, en ese momento bastante pobres y desgastadas.
Diferentes medios e investigadores también advirtieron de que los grupos de extrema derecha y opositores que tomaron el poder habían estado regados por dinero estadounidense. Así lo concluyó una investigación del instituto canadiense Global Research y del que se hicieron eco diferentes medios. Expertos como el politólogo y periodista Ingo Niebel afirmaron que la Fundación Nacional por la Democracia (NED), que traspasó cientos de miles de dólares a organizaciones ucranianas, está vinculada a la CIA.
Una de las asociaciones que habría recibido dinero es la Ukranian Youth Association, fundada en 1925 por un excombatiente que trató de frenar la Revolución Bolchevique de 1917.
Sobre la financiación de los grupos neonazis, otro señalado fue el senador del Partido Republicano John McCain y la Fundación Adenauer. De hecho, McCain se encontró con Oleh Tiahnybok, líder de Svoboda, y ambos manifestaron públicamente su apoyo mutuo. La fotografía de ambos recorre hoy las principales redes sociales. El apoyo de los dos partidos principales de Estados Unidos a las protestas fue, por otro lado, bastante unánime.
El periodista Roberto Centeno, bastante poco sospechoso de ser partidario de Rusia, fue así de contundente: «La UE está utilizando criminalmente nuestro dinero para proteger los intereses alemanes y franceses, que han comprado Ucrania a precios de miseria y para mantener en el poder a los golpistas». Otros periodistas e investigadores en derecha radical también han destacado el papel de las potencias occidentales a la hora de, como mínimo, permitir que los grupos neonazis tuvieran un papel destacado en las protestas.
Una de las primeras cosas que hizo también el nuevo gobierno fue pedir el rescate al Fondo Monetario Internacional (FMI), concretamente, unos 25.000 millones de euros, para evitar la bancarrota. «No tenemos más remedio que adoptar medidas extraordinariamente impopulares», justificó el gobierno. Tanto el FMI, como el Banco Europeo, como la Comisión Europea (en España llamados «la troika europea»), tenían mala fama en parte de la población por presionar a los países para la adopción de medidas económicas neoliberales a cambio de sus rescates económicos (recortes presupuestarios, privatización de servicios públicos…).
Grecia fue un ejemplo de esto, lo que para parte importante de la población, entre economistas y activistas, implicaba una pérdida importante de la soberanía.
Otro punto de inflexión fue cuando el nuevo gobierno puso su punto de mira sobre los partidos de izquierda. Debido a la aprobación de un reglamento mediante el cual el parlamento podía expulsar a cualquier diputado siempre y cuando la decisión fuera aprobada por más de 150 escaños, aprobó en una sesión a puerta cerrada la expulsión de los 32 diputados del Partido Comunista. También se consumó la aprobación del servicio militar obligatorio.
Esta campaña culminaría en diciembre con la prohibición de toda simbología comunista en Ucrania, lo que permitió la apertura de numerosos procesos judiciales y la persecución contra el partido y contra toda publicación de ideología marxista. Desde entonces, el PCU no participa en ningún proceso electoral. El argumento sostenido por el gobierno fue la acusación de colaboración con milicias insurgentes separatistas y por «traición».
Su líder, Petro Simonenko, que llegó a formar parte de una declaración conjunta en 2002 con Yuhschenko y Tymoshenko (entre otros líderes) para asumir varios compromisos en favor del país, ha negado siempre estas acusaciones.
Con todo este polvorín, las tensiones en las zonas de mayoría étnica rusa, amén de las que mayoritariamente apoyaban a Yunikovich, crecieron de forma exponencial, donde estallaron manifestaciones contra el nuevo gobierno. Crimea anunció un referéndum de autodeterminación para el 30 de marzo. Paralelamente, dos grupos armados opositores al nuevo gobierno ocuparon dos aeropuertos, uno militar y otro civil, incluyendo el de Sebastopol, lo que fue tildado por el gobierno de «invasión rusa», lo que negó el gobierno ruso y también un portavoz de estos grupos. La ocupación se produjo de forma pacífica.
De nuevo, diplomáticos europeos e incluso el Consejo de Seguridad de la ONU intentaron intervenir, pidiendo la solución por la vía pacífica y el respeto a la integridad territorial de Ucrania.
Sin embargo, el referéndum se adelantó al 16 de marzo, celebrándose finalmente, con una victoria del 96,77% a favor de la independencia de Crimea y de la anexión a Rusia. A pesar de que el gobierno ucraniano y los países occidentales y de la UE no reconocieron el resultado, finalmente Crimea se anexionó a Rusia, que desplegó militares sobre el territorio. Los sectores nacionalistas ucranianos siguen señalando esto como una «invasión de Rusia».
El rechazo al referéndum se basó en la ausencia de legitimidad y de amparo legal a la celebración del mismo, es decir, que era ilegal. Por otro lado, todos los partidos políticos de Crimea participaron como observadores, además de observadores internacionales de 21 países, incluyendo Estados Unidos. La Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa (OSCE), a pesar de que fue invitada, declinó la asistencia al considerar que el Parlamento de Crimea no tenía autoridad legal para celebrar el referéndum.
Los observadores que acudieron no pusieron objeciones al desarrollo del mismo. Se ha señalado, no obstante, que aunque existía diversidad de observadores en cuanto a ideologías y organizaciones, varias formaciones políticas de extrema derecha (como Interés Flamenco) que mantienen cercanía con el gobierno de Putin también acudieron. De España fueron dos personas: Enric Ravelló, del ya extinto partido ultraderechista Plataforma per Catalunya (PxC) y Pedro Mouriño, del Partido Popular, cuya empresa trabaja con entidades rusas.
Guerra en Donbass: la institucionalización del nazismo
En este clima, se celebraron las elecciones en mayo. El favorito desde el primer momento fue Petró Poroshenko, antiguo ministro de Yuhschenko, tras haber pasado por el Partido de las Regiones. Como empresario, financió la campaña de Yushchenko, siendo destituido por acusaciones de corrupción. Tras desempeñarse desde 2007 como director del Banco Nacional, fue incorporado al gabinete de Yunikovich en 2012.
La popularidad de Poroshenko se debió a que era percibido como una persona moderada. Favorable a unirse a la Unión Europea, pero no a romper lazos con Rusia, y con la voluntad de resolver los conflictos en el este, ganó las elecciones con el 54,7% de los votos y formó gobierno de coalición con Patria y Partido Radical, junto a otras tres facciones, configurando un nuevo bloque derechista, nacionalista y europeísta.
En 2016 sería salpicado por el escándalo de los Panamá Papers y, en 2017, por los Paradise Papers. A partir de ahí, sucedió escándalo tras escándalo, al tiempo que aumentaba su represión y persecución a periodistas e investigadores anticorrupción. La CBS lo calificó como uno de los gobiernos más corruptos del mundo.
Lo relevante de todo este proceso y en lo que sería conveniente hacer mención dado el poco interés que parece mostrar la prensa, es que la victoria del «Euromaidán» abrió la puerta al abuso de poder y a la institucionalización de los grupos neonazis que participaron en las protestas. Ya en las elecciones, Svoboda obtuvo 6 escaños y Sector Derecho 1, convirtiéndose sus líderes en diputados. Ambos apoyaron el bloque del gobierno de coalición.
Pero lo peor es que fueron integrados en las Fuerzas Armadas y en los cuerpos policiales y utilizados para combatir a las milicias separatistas de Donbass. Ya durante las protestas de la población de estas regiones, de mayoría de etnia rusa, sufrieron la violencia de estos grupos neofascistas.
Y es que, en mayo, 16 ciudades de las regiones de Donetsk y Lugansk, estaban ocupadas por grupos armados que se oponían al nuevo gobierno y a lo que consideraban un golpe de Estado. Estos grupos consiguieron resistir los embistes del ejército ucraniano, que dispararon y usaron armas contra la población. Poco después, en sendos referéndums, estas regiones declararon la independencia de Ucrania, referéndums que intentaron ser obstaculizados por el ejército y milicias armadas favorables al gobierno.
Tanto desde el gobierno de Putin como desde el de Ucrania, intentaron un acercamiento a los grupos separatistas, pero estos decidieron actuar por su cuenta. La propuesta era aplazar el referéndum y celebrarlo más adelante, una vez realizado un alto el fuego por parte de ambos lados. Sin embargo, los sectores insurgentes acusaron al gobierno ucraniano de blanquear a los neonazis de Sector Derecho, quienes protagonizaron atentados, como la destrucción de cientos de miles de papeletas preparadas para el referéndum.
Uno de los puntos clave de este enfrentamiento es la llamada «masacre de Odesa». Se ha mencionado bastante que el país vivía protestas en contra del gobierno, pero también se sucedieron protestas en favor del mismo, especialmente en el este y en el sur. Estas protestas, a menudo chocaron contra otras de signo contrario, provocando altercados.
El primer antecedente en la región de Odesa, al sur, sucedió el 3 de marzo de 2014. Una de estas protestas irrumpió en la sede del gobierno autonómico exigiendo un referéndum de independencia, como los planificados en el este. Más tarde se repitieron en abril, lo que llevó a los sectores favorables al «Euromaidán» a organizar contraprotestas.
El 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajador, una marcha antifascista contra el gobierno coincidió con una acampada para pedir un referéndum acerca de ciertas políticas como la descentralización administrativa, las relaciones diplomáticas con Europa y Rusia y la protección de las lenguas minorizadas. Al día siguiente, esa marcha tuvo un encontronazo con una marcha en favor del gobierno y de la unidad de Ucrania.
Se sucedieron disturbios por buena parte de la ciudad, en la que ambos bandos emplearon la violencia, montando barricadas y se lanzaron armas caseras. Si bien no se sabe exactamente quién empezó, los medios ucranianos reportaron que la primera víctima fue un manifestante nacionalista ucraniano. Cuando las primeras víctimas empezaron a notificarse, los nacionalistas intentaron destruir la acampada, así que los activistas se escondieron en el edificio de la Casa de los Sindicatos.
Ante esto, los manifestantes le prendieron fuego. Murieron quemadas y ahogadas 46 personas. Las autoridades policiales nunca encontraron armas ni signos de defensa por parte de estas víctimas. Como autor del incendio y principales instigadores de la violencia, se encontraban destacados militantes de Sector Derecho. Existen pruebas de que, en redes sociales, sectores neofascistas celebraron lo sucedido en Odesa (y en otras partes de Ucrania).
Y este solo es un ejemplo de un conflicto que dura hasta el día de hoy, donde las autoproclamadas repúblicas han defendido el territorio que reclaman.
Tras el «Euromaidán», Ucrania estaba sumida en una crisis económica importante, con muy pocos efectivos militares e incapaz de gobernar un país que casi parecía más un estado fallido. Debido a ello, se apoyó en Estados Unidos, Europa, la OTAN y en los grupos de extrema derecha que participaron en las protestas favorables al gobierno. Este fue uno de los motivos por los cuales se aprobó el servicio militar obligatorio, por ejemplo.
Uno de los puntos más denunciados es que grupos neonazis como Batallón Azov, Svoboda o Sector Derecho, se han institucionalizado, teniendo no solo diputados, sino también importantes puestos en la policía y en el ejército, siendo utilizados como punta de lanza en los conflictos contra los territorios del este.
Por ejemplo, el Batallón Azov, integrado como rama paramilitar en 2016 de un grupo ultraderechista más grande, «Cuerpo Nacional», se integró en la Guardia Nacional de Ucrania. El Batallón Azov, que absorbió al grupo Patriotas de Ucrania (vinculado en el pasado a Svoboda), se fundó a su voz en 2014 para hacer frente a los grupos independentistas del Donbass, a modo de milicia paramilitar.
Cuenta con entre 10.000 y 15.000 miembros. En 2020, presentó una nueva organización, Centuria, donde, en un vídeo, llamaba a «aniquilar a los enemigos de Ucrania».
El líder de estos tres grupos es Andriy Biletsky, diputado del parlamento ucraniano y amparado por el gobierno, el cual comenzó militando en el Congreso Nacional de los Ucranianos, luego en Patriotas de Ucrania, más tarde en la Asamblea Social Nacional (por lo que formó parte de Sector Derecho) y, a partir de 2016, de Cuerpo Nacional.
En 2019 fue segundo en la lista electoral en una coalición entre Svoboda, Sector Derecho, la plataforma de Dmytro Yarosh (antiguo líder del brazo militar de Sector Derecho) y su propio partido.
Sector Derecho, también fue utilizado por el gobierno en este sentido, especialmente su rama militar, el Cuerpo de Voluntarios Ucranianos, cuyo comandante era Dmytro Yarosh, más tarde diputado entre 2014 y 2019, también amparado por el gobierno. Participó directamente en batallas en el Donbass, donde destaca la del aeropuerto de Donetsk, tras lo cual, se integró en el ejército ucraniano.
Svoboda, es otro ejemplo en este sentido. De nuevo, su rama militar, C14, que terminó desvinculándose del grupo como se ha adelantado anteriormente, fue utilizada como fuerza de choque en Donbass y se terminó integrando en el cuerpo de policía. En 2018, se vio vinculada en violentos ataques a población de etnia gitana y ha sido señalado por sus ideas supremacistas (con ataques a diversas minorías étnicas), sus ataques a políticos y activistas de izquierdas y por su implicación en el asesinato del periodista Oles Buzina (si bien el caso sigue sin resolverse). Su líder es Evgen Karas, anteriormente vinculado a Svoboda.
Se ha señalado como principal autor de estas decisiones a Arsen Avakov, el ministro del Interior del gobierno, con la implicación del SBU, los servicios secretos de Ucrania.
Dada la crudeza de un conflicto armado con amplias implicaciones políticas, económicas, sociales e históricas, como es la guerra en Donbass, el señalamiento por delitos contra los derechos humanos, como el empleo de cohetes a zonas pobladas, secuestros, torturas y violencia, ha sido documentado e informado por ambas partes, como denuncia Human Right Watch.
Sin embargo, otras organizaciones, medios, investigadores y periodistas han advertido de cómo la institucionalización del nazismo y el fascismo por parte del gobierno ucraniano como método para resolver esta crisis a lo largo de más de cinco años ha derivado en un abuso sistemático de la población, en una persecución a las minorías étnicas, en la destrucción de patrimonio histórico y cultural y en otra serie de crímenes que, más que derivados del conflicto bélico, guardan relación con las ideas supremacistas, antisemitas, racistas, xenófobas y autoritarias de estos grupos de extrema derecha.
Una de las primeras denuncias fuera de la órbita ucraniana ya proceden de 2015 y 2016. El periodista Paul Moreira ofreció una entrevista a La Marea donde ofrece un testimonio en primera persona de parte de estos hechos, y cuyo documental Las máscaras de la revolución, ofrece una visión muy turbia de los sucesos del «Euromaidán». «La democracia ucraniana funciona, hay que decirlo, y se defiende de esos grupos, pero piensa que son milicias de extrema derecha ultranacionalistas que cuentan con varios miles de adeptos y todos están armados, incluso tienen una nueva generación de tanques.», dijo.
En 2018, por ejemplo, la periodista Emma Reverter documentó para elDiario.es cómo las milicias neonazis eran las que «velaban por el orden» en Ucrania, describiendo el funcionamiento del Batallón Azov y de Cuerpo Nacional, y relacionando su uso por parte del gobierno de la mano del ministro del Interior. En el 2019, El País, también documentó la persecución a las minorías lingüísticas y el objetivo del gobierno entonces: una lengua, una iglesia, un ejército.
Esta institucionalización de las milicias neonazis supone otro problema. Y es que, el gobierno de Ucrania, cuando se hizo con el poder tras el «Euromaidán», recibió una generosa ayuda por parte de sus aliados occidentales. Esta ayuda no solo se vio en la venta de armamento militar y en generosas condiciones de financiación económica, sino también en el entrenamiento y preparación de su ejército. Así, se dio la circunstancia de que ciertas organizaciones con apoyo de las potencias occidentales aliadas de Ucrania habían ofrecido entrenamiento militar a neonazis.
De esto alertó en 2018 el periodista Oleksiy Kuzmenko, señalando a la Academia Europea de Seguridad (ESA) y ofreciendo una pormenorizada lista de las personalidades y organizaciones en Ucrania, entre las que estaban tanto entidades gubernamentales como neonazis. Y es que han surgido también otros grupos, satélites de los ya mencionados, que se revisten de apariencia institucional para poder operar con impunidad (Organización Cívica «Defensa y Reconstrucción del País», por ejemplo, que está relacionada con Batallón Azov).
Un informe del Institute for European, Russian and Eurasian Studies (IERES) de la George Washington University, avisaba como la Academia Nacional del Ejército, había sido el lugar principal de entrenamiento de Centuria, la organización creada por el Batallón Azov.
Asimismo, según una investigación publicada recientemente por Yahoo! Noticias, la CIA lleva desde 2015 entrenando a fuerzas militares de élite en Ucrania, y es muy posible que en estos entrenamientos hayan incluido a grupos neonazis. Así lo atestiguan cinco exfuncionarios de inteligencia estadounidense. Como añadido, un reportaje de Jacobin asegura que Estados Unidos habría aprobado un proyecto de ley por parte del Congreso de Estados Unidos que contemplaba un presupuesto de cientos de millones de dólares para apoyo económico y militar en Ucrania, y que incluía deliberadamente al Batallón Azov.
Tanto fue así, que varias asociaciones han protestado por esto. Algunas han pedido explícitamente que se deje de vender armas al país.
Son solo algunos ejemplos de cómo la extrema derecha se ha apoderado con fuerza de una parte de Ucrania, y cómo parece que las potencias aliadas de Ucrania, posiblemente cegadas por sus intereses geopolíticos, han decidido mirar a otro lado, como de hecho ha sucedido tantas veces en la historia. No en vano, el gobierno estadounidense ha organizado, sostenido y apoyado a personas, partidos y gobiernos de extrema derecha desde hace décadas con la connivencia de sus aliados.
La extrema derecha en Donbass
Tanto el gobierno ucraniano como la OSCE (entre otros organismos internacionales) han asegurado que Rusia, a través de varios métodos, ha apoyado a las milicias populares de Donbass, ya sea mediante tropas, armamento, financiación y/o entrenamiento militar, cuestiones confirmadas en parte por miembros de la propia milicia. Esta cuestión ha sido negada por el gobierno ruso, que asegura que las personas que acuden al Donbass a apoyar las repúblicas son voluntarias. Recientemente, han pedido ayuda oficial a Rusia tras la propuesta del partido de Putin de enviar ayuda oficialmente debido a la escalada en el conflicto.
Por otro lado, es necesario mencionar que la extrema derecha también está presente tanto en Rusia como en las milicias del Donbass. Aunque el antifascismo ha sido una enseña en buena parte de los grupos armados que defienden las repúblicas, no sería justo decir que el ultranacionalismo y elementos ultraconservadores no tienen cabida.
El propio gobierno de Putin tiene elementos ultraderechistas. No solo se apoya en dos partidos de este signo, como son Rodina y el Partido Liberal-Conservador, sino que mantiene acuerdos y contactos con varios partidos políticos de extrema derecha europeos, como son Agrupación Nacional (Francia), la Liga (Italia) o el Partido de la Libertad (Austria).
Además, el escritor Aleksandr Duguin, teórico del nacionalbolchevismo (corriente que intenta congraciar elementos del fascismo y del marxismo) referente de buena parte de la derecha radical y que se ha recorrido Europa contactando con partidos de la talla de Amanecer Dorado, Movimiento Nacional Búlgaro, Interés Flamenco y un largo etcétera, fue asesor del gobierno de Putin. Conoció también a Steve Bannon, exasesor de la campaña de Donald Trump en 2016. Fundó el Partido Nacional Bolchevique de Rusia junto a Eduard Limónov. En 2002 fundó también el Partido Eurasia.
En general, hay consenso en que las ideas de Duguin se enmarcan en el neofascismo y en la extrema derecha, si bien, adopta una postura «euroasiática», es decir, apuesta por el acercamiento, cooperación y unidad entre Asia y Europa. De la misma forma, la extrema derecha europea se divide también (entre otros puntos) en función de opiniones geoestratégicas. El propio Duguin declaró en 2014 que el conflicto con Ucrania era una oportunidad de crear la «Gran Rusia».
Así, el grupo parlamentario europeo de los Conservadores y Reformistas Europeos (Vox, Hermanos de Italia, Foro de la Democracia, Ley y Justicia…) son «atlantistas», esto es, partidarios del acercamiento a la OTAN y a América; en cambio, Identidad y Democracia, son más rusófilos y fuertemente euroescépticos. Es con partidos políticos de este grupo con el cual Putin ha extendido redes y lazos. Casualmente, la Eurocámara aprobó esta semana un informe donde se denunciaba el rol de Putin en la cooperación con grupos extremistas de derecha.
Como añadido, las políticas del gobierno ruso para con el respeto a los derechos humanos, especialmente con los derechos LGTB o la igualdad entre hombres y mujeres, han sido ampliamente denunciadas, siendo Rusia un país profundamente conservador en comparación a sus vecinos europeos. Los datos de crímenes de odio demuestran, precisamente, la delicada situación de las personas homosexuales, bisexuales y transexuales en un país que le niega sus derechos.
Dado este contexto, encontrar grupos de extrema derecha en el otro lado del conflicto no debería suponer, en realidad, ninguna sorpresa. De hecho, lo primero que hay que preguntarse es, ¿qué postura tiene la ultraderecha rusa con respecto al conflicto de Donbass? Dada la influencia social, política y cultural de las zonas de etnia rusa, es muy probable que su postura sea determinante.
Parece ser que la mayoría de los grupos de extrema derecha rusos apoyan a las repúblicas, pero también hay otros que apoyan el «Euromaidán», no sin antes vivir un fuerte debate que ha sido visible en las redes sociales rusas y que ha provocado momentos tensos en algunas organizaciones hasta el punto de escindirse o desaparecer, como pasó con Democracia Nacional, donde sus miembros dividieron sus apoyos entre los dos bandos; o el grupo el Movimiento Contra la Inmigración ilegal» DPNI y los neonazis de la Unión Eslava de Demuixkin, que siguen divididos.
En este sentido, los grupos de extrema derecha rusos que apoyan y han enviado apoyos a Donbass (o los más importantes al menos) son: las Juventudes Euroasiáticas de Duguin (la organización juvenil del Partido de Eurasia), el Movimiento Imperial Ruso, Sputnik y Progrom, Centuria Negra, Unidad Nacional Rusa bajo el comandante Pavel Gubarev (que ya apoyó a Rusia en la Guerra de Chechenia) y Milicias de Minin y Pozharski. Los más activos son el Movimiento Imperial Ruso y Unidad Nacional Rusa, que además han subido evidente material fotográfico y se sabe que han entrenado a milicias en la zona.
Pavel Gubarev fue más tarde uno de los fundadores de la República Popular de Donestk. Fue su primer presidente del gobierno y creó y organizó la Milicia Popular del Donbass en la región en 2014. Antes de la Unidad Nacional Rusa, militó en los 90 en el Partido Socialista Progresista de Ucrania, descrito como nacionalbolchevique partidario del «eurasianismo». A partir de 2014, creó el partido Nueva Rusia, con la intención de crear un nuevo país resultado de la reunión de las dos repúblicas del Donbass, un experimento puesto en práctica en 2015 que, finalmente, no dio resultado.
Por otro lado, unos pocos grupos de extrema derecha rusos han permanecido del lado del «Euromaidán», como Rrestrukt, que se considera cercano a Sector Derecho.
Las redes de extrema derecha que operan aquí se ven en la tesitura de compartir bando con milicias antifascistas y diversas corrientes ideológicas. Sin embargo, la causa de Donbass encaja con las ínfulas «euroasianistas» de la corriente neofascista de Dugin. En general, estos grupos ultraderechistas comparten tres rasgos: un ultraconservadurismo y tradicionalismo apegado a los valores de la Iglesia Ortodoxa, una fuerte xenofobia y antisemitismo, y un rechazo a Europa, Estados Unidos, la OTAN y todo lo que representa a la sociedad occidental.
Red que, por cierto, no se limita a Rusia y su esfera de influencia. Se ha mencionado anteriormente el informe de la Fundación Rosa Luxemburgo, pero estas redes, evidentemente, tampoco se concentran únicamente en España, sino que llegan hasta Estados Unidos y a otros países. Y es que, los grupos neonazis han utilizado Ucrania como campo para ensayar y entrenar en tácticas de combate, que exportan a otras organizaciones. Así lo han advertido varios analistas y periodistas en los últimos años. Por ejemplo, se sabe que miembros del Movimiento Imperial Ruso viajó a Estados Unidos en 2017 y mantuvieron contactos con el Partido Tradicionalista Obrero de EEUU.
En este sentido, a Ucrania llegaron grupos de ultraderecha extranjeros para apoyar a las repúblicas del Donbass, como es el caso de Acción Serbia, así como un buen número de voluntarios procedentes de Polonia, Hungría o Bulgaria.
El partido italiano Fuerza Nueva, conocidos por asaltar la sede del sindicato mayoritario en 2021 durante una manifestación negacionista de la pandemia, también envió tropas en defensa de las milicias del Donbass, si bien al principio estuvieron del lado de Ucrania. Y es que, la división y el debate entre la extrema derecha sobre qué bando apoyar, se extendió a varios países. La organización neofascista CasaPound, por ejemplo, apoya al gobierno de Ucrania.
Para concluir, es necesario destacar que, aunque es condenable la presencia de grupos de extrema derecha en ambos bandos, la proporción es bastante desigual. El bando nacionalista ucraniano ha construido sus fuerzas armadas, secretas y de seguridad en base a institucionalizar grupos paramilitares muy numerosos con amplio recorrido histórico y herederos del nazismo histórico del país.
Están en puestos de poder, han sido financiados, ayudados y apoyados por organismos e instituciones internacionales, entrenados con dinero público y se ha denunciado que han cometido una gran cantidad de crímenes, especialmente contra minorías rusas.
Sin embargo, quitando el hecho de que la República de Donetsk y la República de Lugansk son territorios pequeños y con pocos recursos, la presencia de grupúsculos neonazis y de tropas de voluntarios que apoyan a las milicias es bastante irrisoria en comparación. De hecho, las milicias insurgentes contaban con una buena pluralidad de ideologías (ultranacionalistas, socialistas, liberales, religiosos…), y en total serían entre 40.000 y 45.000 efectivos.
En cambio, Ucrania, si bien al principio del conflicto apenas contaba con unos 65.000 efectivos, actualmente cuenta con 250.000 aproximadamente en activo, y si movilizara a la reserva, contaría con cerca de un millón.
Las consecuencias del papel de las milicias neonazis
En 2019, las elecciones las ganó Volodimir Zelenski, una persona joven salida del ámbito mediático del país. Su plataforma política, Servidor del Pueblo, recibe el nombre del mismo programa televisivo que él mismo dirigía. Zelenski, de nuevo, se vendió como una figura moderada que podría encontrar el equilibrio entre un país todavía muy dividido, y su popularidad y alcance mediático lo hizo arrasar con el 73,22% de los votos. Afortunadamente, la extrema derecha no se vio muy respaldada: tan solo quedó Svoboda, con 1 diputado. Por otro lado, ningún partido comunista o socialista pudo participar.
Sin embargo, Zelenski ha respondido más a los intereses europeos y occidentales. De hecho, en su momento, había apoyado el «Euromaidán». Sus pocos intentos por apartar a ciertas personalidades del gobierno le fueron rechazados por el propio parlamento, por lo que la ultraderecha sigue institucionalizada con bastante fuerza.
También anunció en un principio un referéndum para la entrada en la OTAN y en la UE, pero poco después se desdijo y anunció que Ucrania entraría en ambas organizaciones porque, según él, eso es lo que quería el pueblo. Tampoco ha cumplido con las reformas democráticas prometidas.
En un inicio también pareció querer proteger la lengua y la cultura de las minorías rusas, diciendo que no había que atacar a los rusohablantes, pero su posición sobre propuestas concretas ha ido cambiando y siendo un tanto equidistante, sin materializarse en nada claro. Una postura equidistante que mantuvo con Stephan Bandera, diciendo que «entendía que para cierta parte de Ucrania fuera un héroe» pero que «no estaba bien» poner a tantas calles su nombre.
Durante el primer año, también pareció cambiar el enfoque en las relaciones con Rusia y en el conflicto con Donbass. Se reunió con Putin y consiguió llegar a un acuerdo sobre el tránsito del gas y realizar intercambios de prisioneros con las repúblicas, prometiendo algún tipo de reconocimiento jurídico en estas regiones. Sin embargo, poco después estas negociaciones se atascaron.
Definir a Vladimir Putin como a un «enemigo», tampoco ayudó a que su postura fuera vista como moderada respecto al conflicto. Hace pocos meses, acusó a Putin de estar preparando un golpe de Estado en el país.
Un análisis del periodista David Clark en 2021 concluyó que el gobierno de Zelenski estaba dando signos de transitar hacia un modelo más bien autoritario debido a una ley de medios que, a su juicio, favorecía la censura y restringía la libertad de información. También lo acusó de aprovechar su apoyo parlamentario para purgar las administraciones públicas de anteriores miembros del gobierno y colocar a personalidades afines. Por ejemplo, cerró dos televisiones por tener vínculos con Rusia.
Por último, los escándalos de los Panamá Papers de 2021 salpicaron a Zelenski y a varios miembros del gobierno.
El conflicto en Donbass sigue a día de hoy. Uno de los principales problemas reside en que, en 2015, se llegó a un acuerdo denominado Los 13 puntos de Minsk, con el objetivo de llegar a una paz duradera y poner fin a la sangría. Estos puntos incluyen un alto al fuego, retirada de armamento, garantizar ayuda humanitaria, etc. Sin embargo, desde los sectores de las repúblicas no reconocidas de Donbass denuncian un incumplimiento sistemático de estos puntos amparados en lo que el gobierno denomina «acciones antiterroristas».
Es decir, el gobierno ucraniano no ha considerado estos años que esté en una guerra (oficialmente), sino que las ofensivas, defensas y ataques de las milicias del Donbass son, en realidad, ataques terroristas. Las grupos armados que se encuentran del lado del Donbass han sido catalogados por organizaciones terroristas, de hecho. Lo cual es paradójico, porque estos territorios solo pueden defenderse en este conflicto de forma ajena a la legalidad vigente porque la inmensa mayoría de la comunidad internacional no reconoce la soberanía de dichos países.
Por eso, de hecho, una de las posibles soluciones al conflicto, según algunos expertos, podría ser el reconocimiento de esto, pero el gobierno siempre se ha negando amparándose en una hipotética invasión de Rusia, que nunca se ha hecho realidad. Un dato interesante es que tanto Rusia como Europa se han negado en varias ocasiones a reconocer la independencia de estos territorios, a pesar de que llevan años funcionando de facto como Estados independientes.
Mientras los dos bandos, la OTAN por un lado y Rusia por otro, realizan sus maniobras políticas, sociales, económicas, mediáticas y militares, y mientras cada uno esgrime sus razones, argumentos e intereses, las redes de la extrema derecha han encontrado un campo de pruebas perfecto para perfeccionar sus tácticas y su entrenamiento, y para conseguir armas, en buena medida gracias al apoyo de las potencias occidentales, que han preferido priorizar sus intereses geopolíticos a darse cuenta del animal al que estaban alimentando.
“Desde la revolución de Maidan de 2014, el gobierno, el ejército y las fuerzas de seguridad han institucionalizado en sus filas antiguas milicias y batallones de voluntarios vinculados a la ideología neonazi”, dijo Kuzmenko a Newsweek. «Sin la detección de vínculos o puntos de vista extremistas, su integración no ha llevado a la despolitización y/o disolución una vez incorporados dentro del cuerpo más grande de las fuerzas militares y de seguridad del gobierno».
Hoy en día, los datos indican que los grupos, paramilitares y políticos, de extrema derecha, han crecido. Aunque es evidente que esto se debe a una confluencia de factores, como el auge del discurso de la nueva derecha radical y el creciente apoyo popular a formaciones políticas que lo defienden (que responde a su propia casuística), lo cierto es que Ucrania se ha convertido en uno de los puntos irradiadores del neonazismo y, probablemente, en el espejo en el que muchas organizaciones de este tipo de todo el mundo, quieren mirarse.
Fuentes, enlaces y bibliografía:
– Foto de portada: Batallón Azov. Autor: Batallón Azov. Fuente: Twitter (CC BY-SA 4.0)
Jefe de Redacción de Al Descubierto. Psicólogo especializado en neuropsicología infantil, recursos humanos, educador social y activista, participando en movimientos sociales y abogando por un mundo igualitario, con justicia social y ambiental. Luchando por utopías.
