Europa

La política fiscal de Ayuso como generadora de desigualdad

La política tributaria debe ser estudiada y analizada por la hacienda pública, puesto que se trata de la principal herramienta a la hora de obtener los ingresos necesarios para sufragar los gastos públicos. En el caso español, la capacidad recaudatoria derivada de los tributos no se encuentra centralizada en un único ente sino que, por el contrario, se encuentra repartida entre las distintas unidades administrativas del territorio.

Las comunidades autónomas, probablemente la unidad territorial más importante del Estado español, poseen autonomía tributaria tanto sobre los tributos propios como sobre los cedidos. Esto significa que tienen amplio margen de actuación para elaborar su propia política tributaria, siempre dentro del marco jurídico que ofrece el Estado tal y como reflejan las leyes que se encargan de regular esta cuestión, siendo la principal la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.

Competencia entre comunidades y ‘dumping fiscal’

Respecto a la autonomía tributaria autonómica, evidentemente ésta responde a la necesidad de descentralización de España por motivos históricos, culturales y económico-productivos, la cual a su vez tiene como fin facilitar la convivencia de las distintas regiones y nacionalidades de del país, reconocidas en la Constitución Española de 1978 y reflejada en los diferentes Estatutos de Autonomía. Siendo esto cierto, la autonomía tributaria de las comunidades autónomas, según cómo sea usada, también puede producir el efecto contrario y ser un elemento de confrontación entre territorios y clases sociales.

Así pues, se debe tener en cuenta que el ejercicio de la autonomía tributaria (y la política fiscal) implica, en el caso de los tributos cedidos, que un mismo tributo sea más elevado o menos dependiendo del lugar de residencia, lo que puede llegar a provocar cambios en la domiciliación de los contribuyentes con el fin de estar en una comunidad que les ofrezca un trato fiscal favorable a sus intereses.

Esto es lo conocido como «votar con los pies», que puede derivarse en lo que se conoce como «dumping fiscal», esto es, que las autonomías compitan entre sí a base de rebajas fiscales, especialmente cuando unas comunidades autónomas puede permitirse tales bajadas y otras no.

Para poder observar si esto se cumple en el caso español, primeramente deberemos estudiar si la autonomía fiscal de las distintas autonomías afecta a la capacidad recaudatoria general de los territorios. Respecto a esta cuestión, el Informe de Capitalidad, Economía del Conocimiento y Competencia Fiscal ofrece información relevante.

Al estudiar sus datos (año 2017), es relevante conocer que en el conjunto del Estado Español no se ingresaron 2.233 millones de euros debido a los cambios en la normativa tributaria impulsados por las distintas regiones. No obstante, la actuación de las distintas administraciones autonómicas no fue toda en la misma dirección, dado que unas (la mayoría) han aumentado su esfuerzo tributario mientras que otras lo han reducido.

Política fiscal: el caso de la Comunidad de Madrid

Sin entrar a analizar en profundidad en los resultados de cada comunidad autónoma, sí que es destacable el comportamiento de Madrid, que dista mucho del que tienen el resto de comunidades de régimen Común. Así, cabe destacar que la Comunidad de Madrid pierde al año más de 4.000 millones de euros por sus modificaciones tributarias, los cuales explican e incluso superan los 2.233 millones de euros que no se ingresan en España al aplicar a los tributos la capacidad normativa de las comunidades autónomas.

Una vez conocidos estos datos, sí que hay razones de fondo para considerar que esta región fundamenta su política tributaria en una disminución sustancial de sus impuestos a raíz de los sucesivos gobiernos que ha tenido en las últimas décadas, del mismo color político desde 1996. Por ejemplo, se calcula que durante el gobierno de Esperanza Aguirre, la Comunidad de Madrid dejó de ingresar unos 53.000 millones de euros desde 2004.

Al respecto de si esta bajada afecta a la relación de la Comunidad de Madrid con el resto de autonomías, sí existen evidencias acerca de que el número de contribuyentes existente en Madrid ha aumentado a medida que se disminuían los tributos. Además, esta bajada provoca la domiciliación en la región de la capital de personas físicas o jurídicas que (mayormente) tendrán un elevado nivel de renta y riqueza, dado que éstas son las que tienen mayores facilidades para «votar con los pies» y las que recibirán las mayores ventajas fiscales tanto en términos absolutos como relativos.

El Panel de Declarantes señala en relación a esta cuestión que el 59’3% de las migraciones del 1% más rico se producen hacia Madrid.

En esta línea, si se produce el cambio de residencia, éste no solo afecta a los ingresos tributarios de la ciudad de llegada, en el caso español principalmente la Comunidad de Madrid, sino que también afecta a las comunidades de origen dado que al perder contribuyentes van a perder bases fiscales y, si no se producen modificaciones, ingresos tributarios.

Como resultado de todo lo expuesto, la progresividad en el Estado Español no es tan pronunciada como quizá se dispuso, dado que la comunidad autónoma de Madrid renuncia en buena parte a ella para atraer capitales mientras que en el resto de regiones y nacionalidades, que por norma general no aplican grandes bajas de impuestos en el ámbito de sus competencias, la progresividad puede estar en riesgo debido a que los contribuyentes con las bases más elevadas tienden a trasladarse a aquellos lugares en los que pueden obtener más beneficios, en este caso Madrid.

Las políticas económicas del gobierno de Ayuso

Finalmente, por lo que hace a la autonomía tributaria de las comunidades autónomas, ya se ha comentado que ésta provoca una disminución de los ingresos públicos principalmente por la acción de la Comunidad Autónoma de Madrid. No obstante, es importante añadir que la bajada en los ingresos públicos tiende a provocar una bajada del gasto público, que de ningún modo afecta igual a todas las personas, dado que son las personas más vulnerables las que más necesitan la intervención del sector público.

En consecuencia, y tratando de recapitular todo lo anterior, se puede concluir que la actual aplicación de la autonomía tributaria de las comunidades autónomas afecta negativamente a la progresividad y provoca una disminución de los ingresos y los gastos públicos. Al respecto de esto último, es relevante repetir que los más beneficiados de la bajada fiscal son los grupos sociales de rentas altas mientras que los más perjudicados por la reducción del gasto público son as rentas más bajas. Así pues, no es descabellado concluir que éstas políticas tienen de facto un marcado carácter regresivo.

Las políticas de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta del gobierno de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular, que se apoya en Vox para poder gobernar, ahondan precisamente en estas cuestiones. Así, la Asamblea de Madrid aprobó recortar en medio punto el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas en todos los tramos, lo que supone dejar de ingresar unos 300 millones de euros y siendo la comunidad con el tipo más pequeño de todo el Estado español (el 8,5%).

También suprimió hasta tres tipos de tasas que suponen el 0,02% de ingresos de toda la región, convirtiéndose en la primera comunidad autónoma que carece de impuestos propios (teniendo únicamente los exigidos por ley). Una de esta tasa era a las máquinas tragaperras que se encuentra en salones de juego y en negocios de hostelería.

Ha anunciado que la bonificación en el impuesto de donaciones y sucesiones entre hermanos pasará del 15% al 25%, y entre tíos y sobrinos del 10% al 20%.

Además, ha intentado ir más allá con la propuesta de una Ley de Defensa de la Autonomía Financiera y Fiscal con la que busca oponerse al gobierno central y a sus medidas encaminadas a acabar con el «dumping fiscal» que está teniendo la oposición de la práctica total de toda la Asamblea de Madrid, desde la extrema derecha hasta la izquierda, cada uno desde sus propios motivos políticos.

Política fiscal, desigualdad y gasto social

La política fiscal en Madrid beneficia en una gran cuantía al 1% de las rentas más altas, que se ahorran hasta 4.500 euros. En cambio, para aquellos madrileños que ganen hasta 12.000 euros (el 30% de la población de la comunidad), se ahorran cero euros; aquellos que ganen entre 12.000 y 30.000 euros (el 40%), se ahorran 5 euros al mes; y los que ganen entre 30.000 y 60.000 euros (el 23%), se ahorran mensualmente 11 euros.

La política fiscal de la Comunidad de Madrid coincide con que es la comunidad autónoma con menor gasto social. El gasto social por habitante se sitúa en 2.200 euros, por debajo de la media del Estado español, que son 2.590 euros, y muy por debajo de Navarra, la comunidad que más invierte, con 3.455 euros.

Así, la comunidad está a la cola en inversión en educación, con 1.301 euros por habitante para 2022, muy por detrás de País Vasco, la que más invierte, con 1.991 euros por habitante. Además, esta inversión se produce principalmente en conciertos educativos, mientras se reduce en la educación pública.

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En cuanto al gasto sanitario, también está a la cola, con 1.274 euros por habitante, muy por debajo de los 1.626 euros de Extremadura, la comunidad que más invierte en sanidad. Además, la mayor parte se lo lleva el sector privado.

Como añadido, este agravio comparativo está directamente relacionado con el abandono de empresas y personas de las comunidades autónomas de alrededor, la llamada «España vaciada», así como el aumento de los precios de compra y alquiler de la vivienda en Madrid y alrededores, directamente relacionado con el incremento de las zonas tensionadas de mayor demanda por este éxodo.

De hecho, Isabel Díaz Ayuso ha recomendado desde su política fiscal a las comunidades autónomas de Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha que copien sus políticas fiscales y que entren en esta competencia económica para evitar el progresivo decrecimiento demográfico y económico de sus territorios. Por contra, se ha señalado que estas políticas, arropadas en la cuestión competencial, ahondan en la desigualdad del país, acapara los recursos de otras comunidades y favorece la pérdida de empleo, servicios y desarrollo del Estado español en su conjunto.

Ayuso obvia el peligro de que las comunidades autónomas compitan entre sí con rebajas fiscales con la consecuente destrucción de servicios sociales y públicos y la protección de las rentas altas, lo que está demostrado que podría perjudicar al Estado en su conjunto. Por no hablar de que esto afecta a la convivencia, la cooperación y el respeto entre las diferentes regiones y nacionalidades del Estado.

La extrema derecha, representada en Vox, que apoya los gobiernos del PP en diferentes comunidades, incluyendo a Ayuso, tampoco propone una política fiscal diferente, sino que precisamente ahonda en los privilegios a las rentas altas. En su conjunto, son políticas que ahondan en la desigualdad y en la pobreza y que atacan los cimientos del Estado social y democrático de Derecho, basado en la justicia social, la protección ambiental, la igualdad y la distribución de la riqueza.

En resumen, la política fiscal de Ayuso no solo no propone salir de la espiral de la receta ultraliberal que ha venido practicando el PP desde 1996 y muy especialmente desde 2003, sino que ahonda todavía más en ella, acrecienta desigualdades y se apoya en un socio de gobierno que aplaude el discurso y la idea de fondo tras esta perversa forma de entender las competencias autonómicas.

Fuentes, enlaces y bibliografía:

– Foto de portada: Isabel Díaz Ayuso. Autor: Comunidad de Madrid, 02/06/2020. Fuente: Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

Tomás Alfonso

Articulista. Activista por el derecho a la vivienda y los servicios públicos. Convencido de que la lucha contra la ultraderecha es condición de posibilidad para una democracia plena.

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