Denuncian que Vox silencia a periodistas y medios a golpe de querella
El partido de extrema derecha Vox, ha sido señalado por una estrategia político-judicial para luchar contra periodistas autónomos que se aventuran a arremeter contra la formación o alguno de sus miembros: una campaña de observación y acción basada en llevar a juicio a todos aquellos informadores freelance que se atrevan a ser críticos con el partido de Santiago Abascal. Esta táctica ha sido denunciada por la ONG Reporteros Sin Fronteras en sus últimos informes y con la que la ultraderecha nacional buscaría silenciar, con presuntos vetos, acoso en Internet e intimidaciones, a profesionales que ejercen su derecho a la libertad de expresión.
Y es que, hace unos días, Reporteros Sin Fronteras (RSF) publicó la clasificación de países de todo el mundo con mayor y menor libertad de prensa, situando a España en el puesto número 32 de 180, tres puestos por debajo que el año pasado. La ONG amplió alertando de una “nueva era de polarización, amplificada por el caos informativo”, revelando que la erosión de la libertad es uno de los efectos del “auge de la extrema derecha” de Vox y su campaña contra la libertad de prensa mediante una estrategia basada en estigmatizar a los periodistas «enemigo»’ con el acoso en Internet, intimidación, e incluso el veto a la cobertura de los eventos de su partido.
El presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Nemesio Rodríguez, sostiene que el partido de Abascal sigue la línea de Donald Trump basada en “colocar a la prensa como enemigo con el objetivo de intimidar y silenciar a los periodistas y medios que considera críticos con su política”.
Declaración que se relaciona, según RSF, con «el clima de polarización que persiste, y que incluso se intensifica en la vida política y en el posicionamiento de los medios de comunicación desde la llegada al poder de la coalición de PSOE y Unidas Podemos”. “Está erosionando la confianza de la sociedad en los periodistas y refuerza el discurso de odio contra la prensa», añade la ONG.
Recogiendo voces de periodistas víctimas de Vox
Diario Público, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, habló con varios periodistas autónomos y fuera de los conglomerados mediáticos que, de primera mano, manifiestan haber sufrido la estrategia de silenciación de la formación de extrema derecha.
Entre ellos se encuentra Antonio Maestre, el subdirector del diario independiente La Marea. Ya en 2019, el periodista fue acusado por Vox por calumnias, injurias y delito de odio por una publicación en sus redes sociales personales cuando la formación se abrió hueco en el Parlamento de Andalucía con 12 escaños.
Sin embargo, esta denuncia fue archivada, primero por el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid y luego, por el propio Tribunal Supremo. El poder jurídico desestimó la querella, recordándole a Vox que llamar “fascista” o “nazi» a un partido político está amparado bajo el paraguas de la libertad de expresión.
“Tales expresiones no son imputaciones directas e indubitadas de participación en un delito, son críticas subjetivas a un partido político derivadas de su supuesta ideología que quedan abarcadas por el derecho a la libertad de expresión. No se aprecia que con ello se promueva, incite o fomente el odio contra dicha formación política o contra sus simpatizantes o afiliados”, se recogía en la sentencia.
Acto seguido, ante la negativa del organismo, Vox presentó nuevamente otra querella por expresiones injuriosas y calumniosas contra el partido y sus votantes a través de Twitter que “hoy sigue en proceso”, ha explicado Maestre a Diario Público.
El periodista cuenta la estrategia del partido de Santiago Abascal más allá de los procesos judiciales: “Buscan mantenerte ocupado, meterte miedo, que veas que te están vigilando y tengas más cuidado, para ver si al final te compensa, porque todo esto te consume tiempo y recursos económicos».
Maestre también incide en que el principal objetivo de la formación de extrema derecha con su táctica de querellarse por delito de odio contra sus rivales políticos se ha reflejado en más de un caso y que se trata de “un intento para amedrentar a la prensa y tratar que te autocensures: puedes decidir dejar de escribir sobre ellos porque a lo mejor tus recursos no son suficientes para cubrirte legalmente».
A lo que agregó que se trata de una “presión” a la que es “normal” que muchos periodistas no habituados a estas situaciones no se quieran enfrentar.
Más allá de Antonio Maestre, el 7 de mayo de 2021 también se abrió una causa contra la ministra de Derechos sociales, Ione Belarra, por decir que Vox “se ha quitado la careta” y que es un partido de “nazis ya a cara descubierta” en un mitin de Podemos en la localidad de Collado Villalba en los últimos días de campaña electoral.
Una querella que tampoco ganó la formación de Abascal y en el que los jueces clarificaron que las afirmaciones de la ministra “no son constitutivas de delito de odio” y se recordó que este delito es una herramienta de protección a minorías y grupos discriminados y no a partidos políticos. Como se refleja en el último dictamen del Tribunal Supremo en esta materia en el que se anunció que Twitter actuó correctamente al suspender la cuenta de Vox por un tuit xenófobo.
Asimismo, en octubre de 2021 el Tribunal Supremo rechazó las querellas presentadas por Vox, un sindicato policial y varios colectivos relacionados con la extrema derecha contra el parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique.
En ellas se le acusaba de delito de alteración del orden público y de odio por un tuit sobre la detención y encarcelamiento del rapero catalán Pablo Hasél y las protestas que le siguieron. El poder judicial dictaminó que Echenique tan solo mandaba apoyo a los manifestantes. Se rechazó la delictividad de su tuit afirmando que, acerca de la acusación delito de odio, se trata de un “comportamiento sobre el que no se aporta indicio alguno y que no se infiere sin más del mensaje”.
Tampoco en enero de 2022 el juzgado número 16 de la Audiencia Provincial de Madrid también rechazó la petición de Voz de investigar al exmiembro de Unidas Podemos, Juan Carlos Monedero, por comparar al partido con el nazismo y los sicarios del cártel de Medellín en un vídeo en su cuenta de Twitter. El juzgado archivó el caso clarificando que Monedero no promovió el odio contra la formación de extrema derecha, ni injurió o calumnió al partido.
Vox y su lista negra de medios de comunicación
En línea con erosionar la libertad de expresión recogida en el artículo 20 de la Constitución Española y en el 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Vox cuenta con una «lista negra» de medios de comunicación y periodistas que tienen prohibido el acceso a sus actos o ruedas de prensa. Según reflejó Diario Público en 2020 en una lista avanzada por elDiario.es en ella se incluyen, en el siguiente orden: “Público, Eldiario.es, La Marea, El Plural, Todo es mentira (Cuatro), El Español, El Mundo (salvo a dos periodistas concretos), El País (en términos generales, luego ya iremos viendo), El Intermedio (La Sexta), InfoLibre y Contexto . Esta orden para vetar a las 11 cabeceras y programas viene de la jefa de prensa de la formación, Rosa Cuervas, que además justifica el veto tratando de descalificar a los trabajadores de los medios.
En referencia a esta erosión democrática, el presidente de la FAPE destaca que el veto a medios y periodistas de Vox “es un comportamiento que vulnera el derecho a la información, un derecho constitucional que un partido parlamentario está obligado a defender, en lugar de limitarlo». “Se trata de un atropello al libre ejercicio del periodismo.
Con estos vetos, Vox no solo intenta amedrentar para silenciar a los periodistas, sino que también trata de eludir la rendición de cuentas sobre sus actos y decisiones ante la opinión pública, rendición de cuentas que se hace a través de los medios», añade a Diario Público.
