Se aprueba la Ley de Memoria Democrática con la oposición de la derecha
Con 173 votos a favor, 159 en contra y 14 abstenciones se ha aprobado la Ley de Memoria Democrática tras un tortuoso viaje. Esta ley, que no tenía visos de prosperar, ha podido salir gracias al acuerdo del PSOE con Unidas Podemos y posteriormente con un amplio acuerdo de sus socios de coalición. El voto esencial ha sido el de Bildu quién, tras una última enmienda acordada con Más País, ha sumado sus votos a la reforma.
Esta Ley de Memoria Democrática viene a mejorar la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, creando, ampliando y modificando distintos puntos de la ley que viene a sustituir. Eso sí, por contrapartida, esta ley ha contado de escaso consenso y de una furibunda oposición de la derecha española con el rechazo total por parte de Partido Popular (PP), Vox y Ciudadanos (Cs).
Las tres formaciones han atacado duramente la ley y las dos primeras han acordado eliminarla nada más lleguen al poder. Uno de los puntos principales de ataque de las derecha ha sido el apoyo de Bildu a la ley, lo que ha valido para crear su argumentario de rechazo.
Así las formaciones derechistas han esgrimido que la ley olvida el espíritu de la transición y que ha sido creada por terroristas, centrándose más en el partido de la izquierda arbetzale y su pretendida conexión con la extinta banda terrorista ETA que en el contenido en sí de la nueva norma.
Pero los ataques no han venido solo desde la derecha: también ha sufrido ataques desde un fuego teóricamente más amigo. Y es que el nacionalismo catalán ha rechazado la ley por insuficiente, acusándola de legitimar el franquismo y de aplicar unas medidas que no alcanzan el nivel necesario de compromiso democrático.
Esto se ha visto en el voto negativo de Junts y las CUP, más o menos esperable, pero sobre todo en las sorprendentes abstenciones de ERC que han estado a punto de hacer naufragar la Ley de Memoria Democrática, si bien es cierto que la abstención de su grupo parlamentario no ha impedido de facto la aprobación y han esgrimido varios argumentos, normalmente bastante en la línea del ala más crítica de los apoyos al Gobierno.
Así los votos sobre la Ley de Memoria Democrática han quedado de la manera siguiente: a favor de esta ley el PSOE, Unidas Podemos, PNV, Bildu, PDeCAT, Más País y Compromís; en contra PP, Vox, Ciudadanos, Junts y la CUP y abstenciones ERC y BNG.
Los cambios de la nueva Ley de Memoria Democrática
Con su definitiva aprobación, la ley trae importantes cambios que entran inmediatamente en vigor, aunque otros irán activándose paulatinamente.
Uno de los primeros puntos es la ilegalización del régimen franquista. Esto significa que tanto la dictadura, como sus tribunales y sentencias se consideran ilegales. Pese a esto, no se deroga la Ley de Amnistía de 1977, que ha servido para hacer ininvestigables los crímenes del franquismo, por lo que queda por ver qué efecto tiene exactamente esta ilegalización.
Además la nueva norma supedita al derecho internacional penal en materia de derechos humanos, las actuaciones legales de España.
En segundo lugar, el Estado tendrá un papel activo y obligatorio en la búsqueda de los desaparecidos y represaliados. Actualmente se considera que hay aún 114.000 desaparecidos. Así, la norma establece un mapa con la fosas comunes, creación de censos de víctimas y un banco de ADN. Todo un avance con respecto a la antigua norma que, eso sí, requerirá de las dotaciones y recursos necesarios.
En tercer lugar, se redefinirá el concepto de víctima. Con la nueva Ley de Memoria Democrática se incluye a toda persona que “haya sufrido, individual o colectivamente, daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales, o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales” a causa de la dictadura franquista. De esta manera se reconocerá a las personas homosexuales, guerrillas antifranquistas, represaliados varios, etc., ampliando considerablemente el número de víctimas del régimen reconocidas legalmente.
En cuarto lugar, la norma garantiza el acceso público a los documentos del franquismo, hasta ahora protegidos por la Ley de Secretos Oficiales de 1968 de Francisco Franco. Ahora el acceso a los documentos será libre, gratuito y universal, si bien no afecta a la Iglesia Católica.
En quinto lugar, se crearán lugares para incentivar la memoria democrática. Estos lugares explicarán su creación y función. Solo podrán ser enterrados en ellas víctimas de la guerra. El Valle de los Caídos entra en esta categoría pasando a llamarse Valle de Cuelgamuros. Entre estos lugares también se incluirán el Fuerte de San Cristóbal o el Palacio de la Cumbre de Donostia entre otros.
En sexto lugar, los contenidos de Historia en las distintos grados educativos se actualizarán para hablar de la represión franquista y difundir los valores democráticos. Unas temáticas que, en muchas ocasiones, no se tocaba hasta el bachillerato.
En séptimo lugar, se reconocerá el papel de las mujeres en la Guerra Civil y la dictadura, un episodio que suele ser desconocido, intentando repararse el daño que sufrieron las mujeres por su condición o parentesco.
En octavo lugar y uno de los que ha causado más roces, se encuentra la enmienda de Bildu que pide investigar crímenes más allá de 1978.
De esta forma se investigará los crímenes contra los derechos humanos entre 1978 y 1983 contra gente que luchase “por la consolidación de la democracia”. Aunque a estas víctimas no podrán considerarse víctimas del franquismo.
Estos son los principales cambios de una ley que mejora multitud de puntos de la anterior Ley de Memoria Histórica.
Las derechas y ETA
Si hay un tema que ha dominado la discusión de la ley ha sido sorprendentemente ETA. La banda terrorista disuelta hace más de una década ha copado el centro de las intervenciones de la derecha.
Para esto han creado un argumentario sobre que la ley la ha escrito “el brazo político de una organización terrorista”, refiriéndose a la enmienda de Bildu, obviando que Bildu es una coalición de tres partidos, dos de los cuales lucharon contra ETA mientras asesinaba, o el hecho de que Bildu únicamente ha introducido una enmienda con respecto a la totalidad de la Ley de Memoria Democrática.
Así han intentado renombrarla “ley Bildu” o “ley de memoria totalitaria”.
Para reforzar este enfoque, el Partido Popular se ha entrevistado con las víctimas de ETA en el Congreso este mismo jueves
Sorprende, por otro lado, el nulo nombramiento que han hecho las fuerzas de la derecha sobre las víctimas o represaliados del franquismo, obviando esta realidad. Pese a eso, distintas organizaciones de memoria democrática y represaliados se encontraban en el hemiciclo dando apoyo a la ley.
De hecho, tras el ataque a la ley por el tema de ETA, distintos portavoces de la izquierda han recordado que esta ley no tiene nada que ver con la banda terrorista y que ya existe una ley antiterrorista bastante dura que se encargó de promover y apoyar a las víctimas del terrorismo.
Además, ante las mentiras y falseamiento sobre la Ley de Memoria Democrática, el Ministro de Presidencia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, leyó distintos puntos de la ley para desmentir los bulos.
Pese a no tener consenso, ahora la ley seguirá su trámite hacia el Senado donde se espera su aprobación, quizás con algunas modificaciones.
Director de Al Descubierto. Estudiante de Ciencias Políticas y máster en Política Mediática. Apasionado del estudio y análisis del hecho político, con especial interés en el fenómeno de la extrema derecha, sobre la que llevo formándome desde 2012. Firme defensor de que en política no todo es opinable y los datos, fuentes y teorías de la ciencia social y política deben acompañar cualquier análisis.
