FerrerasGate: qué hacer ante las cloacas mediáticas

Hace aproximadamente diez días el periódico de investigación Crónica Libre publicó unos audios grabados presuntamente por el excomisario Villarejo. En ellos, aparecían conversando en tono jocoso junto al policía corrupto el directivo de Atresmedia Mauricio Casals y Antonio García Ferreras, director de La Sexta, motivo por el cual el caso ha recibido el nombre de FerrerasGate.

La información filtrada pone en evidencia que se produjeron y se difundieron en distintos medios fake news sobre Podemos a conciencia de que lo eran. En este caso, la noticia falsa se refería a una cuenta bancaría que Pablo Iglesias supuestamente habría tenido en las Granadinas para recibir dinero del Gobierno venezolano.

La gravedad del asunto no radica exclusivamente en la comisión de un presunto delito por parte de los implicados, quizá lo es todavía más la complicidad de distintos medios que dieron cobertura a un contenido que a todas luces parecía falso y que ahora se mantienen en silencio.

FerrerasGate: Las tres posibilidades de actuación

Si el diagnóstico parece claro y no genera ningún debate entre quienes luchan por materializar el derecho a una información veraz y de calidad, no ocurre lo mismo al hablar de cómo se debe actuar ante esta situación. Así, durante la semana pasada quedaron definidas tres posturas al respecto:

La primera de ellas fue la defendida por personas como el periodista de La Vanguardia Pedro Vallín, quien señaló en redes sociales un supuesto cambio de estrategia de Podemos en relación con los grandes conglomerados mediáticos, dado que, según su posición, antes intentaba aprovecharse del poder de los medios mientras que ahora solo “lloraba fuerte”, a pesar de afirmar que tenía razón en las críticas (pero que eso no es suficiente).

Estas declaraciones despertaron el enfado de muchos usuarios de Twitter, quienes afearon al periodista no tener en cuenta el contexto que provoca el cambio de postura de Podemos, que no es otro que el de conocer a ciencia cierta que se fabricaron y difundieron bulos para intentar acabar con ellos. Es decir, que existía una clara intencionalidad con el objetivo de influir en los resultados electorales.

Aunque sin causar tanto revuelo, también ha mantenido esta postura el doctorando en Sociología Manuel Romero, quien coordina el Instituto de Estudios Culturales y Cambio Social (IECCS), un think thank que en los últimos años ha ido ganando reconocimiento en el espectro progresista. En su artículo Escapar nunca fue una opción, publicado en el periódico Público, defiende que abandonar las tertulias televisivas, incluida la de Ferreras, es un error.

La tesis que sostiene es que el espacio mediático es siempre un lugar de disputa ideológica en el que se debe estar para intentar conquistar el ‘sentido común’ de la ciudadanía, y más en un contexto en el que las ideas progresistas se encuentran en retroceso.

Así, llega a afirmar que “la integridad de un proyecto político o cultural no puede medirse por la ausencia de participación en circuitos trucados del régimen del 78, sino a pesar de hacerlo”. Su posicionamiento es el de tener presencia en todas las grandes tertulias del país manteniendo una postura crítica que permita denunciar su corrupción y malas prácticas al tiempo que intenta construir un modelo alternativo.

En este sentido, termina su artículo señalando que, mientras no exista una alternativa real y efectiva para la transmisión de ideas progresistas, “todos los espacios de intervención en los que podamos estar son pocos para denunciar y transformar la esfera pública”.

La segunda postura es la mantenida por el equipo del periódico El Salto, quienes decidieron en su Asamblea que su coordinador de la sección de Economía, Yago Álvarez, dejara de participar en Al Rojo Vivo, la tertulia política que dirige Ferreras y desde la que se dio cobertura a la información falsa de la cuenta bancaria de Iglesias en 2016. En el escrito en el que hacen público esta decisión afirman que “la medida se ha acordado atendiendo a dos factores contradictorios entre sí”.

Un primer elemento a tener en cuenta es la visibilidad. Los medios humildes que no cuentan con la financiación y el apoyo del poder económico no tienen garantizada su supervivencia en el tiempo. En este contexto, participar en espacios mainstream te pone bajo el foco y le da una mayor proyección a tu discurso y a tu periódico, lo cual se debe valorar tanto desde el punto de vista ideológico como desde el económico.

El segundo elemento a tener en cuenta es la constancia de que Ferreras, director de la Sexta y conductor del programa Al Rojo Vivo, forma parte de las cloacas del Estado. Es difícil para medios y periodistas honrados sentarse en la misma mesa que quien publicó noticias falsas a sabiendas de que lo eran con el objetivo de dañar a Podemos.

Miguel Espinados, en un artículo para CTXT, incidía en esta línea al indicar que, a pesar de la buena voluntad de algunos colaboradores de Ferreras, es imposible no terminar contaminados si se va a su tertulia. Así, según su criterio, “el error es creer que nuestra postura crítica, incluso descreída o cínica, va a funcionar como un cortafuegos que, una vez detecta una amenaza determinada, la neutraliza para siempre. Más bien se parece a un guardián somnoliento al que se la cuelan cada vez que tiene turno de noche”.

Sopesando estos dos elementos, El Salto decidió que la indecencia de lo escuchado en los audios de Ferreras superaba con creces los beneficios que pudiera darle al periódico el programa en materia de visibilidad, por lo que renunciaron Al Rojo Vivo. Una idea presente en este posicionamiento es la de que si todos los profesionales progresistas y honestos se plantaran y decidieran dejar de ir al programa, la audiencia, que es mayoritariamente de izquierdas, castigaría a ARV dejando de verlo y apoyaría más otras iniciativas periodísticas honestas y de calidad. Y algo de razón podrían tener, ya que la audiencia del programa ha bajado considerablemente desde el FerrerasGate.

Finalmente, una tercera postura es la que afirma que no es suficiente con abandonar un programa específico sino que hay que reconocer que todos los grandes medios de comunicación están supeditados al poder económico y la defensa de sus intereses. La consecuencia lógica de este razonamiento es que como los medios de comunicación harán lo que sea (legal o no) para satisfacer a sus propietarios y financiadores, no tiene sentido participar en espacios que no es que defiendan otras ideas, es que tienen la mentira y el sesgo como modus operandi.

Los defensores de esta postura señalan acertadamente que Ferreras no solo es presentador de ARV, también es director de La Sexta. ¿Es creíble que el director de esta cadena solo difundiera esta información en Al Rojo Vivo sin presionar a los otros programas televisivos de la cadena para que hicieran lo mismo o, al menos, siguieran su línea editorial?

Si lo que se pretende es no volver a legitimar a Ferreras y su uso de la mentira, ¿tiene sentido no ir a su programa pero participar en otros programas de la cadena que dirige? A juicio de cada persona la respuesta a estas preguntas, si bien esta postura señala que lo coherente en este caso sería no volver a pisar ningún plató de La Sexta. Y habría que plantearse entonces si extender esta réplica al conglomerado Atresmedia.

Sin embargo, a pesar de que se tomara esta valiente decisión con los respectivos costes que se han explicado más arriba, desde esta perspectiva sería necesario realizar otras preguntas: ¿acaso La Sexta es la única cadena televisiva que ha difundido bulos?¿No actúan de forma similar (se haya hecho público o no) todas las cadenas televisivas de los grandes grupos mediáticos? Es difícil considerar que lo visto estos días sea una excepción respecto a la forma en la que funciona el poder mediático en este país en relación con el resto de poderes. En realidad, es muy probable que esta filtración sea la punta de un iceberg muy grande.

En este sentido, cadenas como Telecinco han actuado de forma similar, intentando sembrar dudas sobre la honestidad o la eficiencia de dirigentes de izquierdas a partir de bulos que no se encargaban de desmentir. El mejor ejemplo que se puede encontrar de esto en la cadena propiedad de Mediaset es El Programa de Ana Rosa, el cual es el más visto de las mañanas junto al de Ferreras. El primero orientado a un público más conservador y el segundo a uno más progresista, pero con los mismos propietarios igualmente multimillonarios y prácticas “periodísticas” similares.

De hecho, La Última Hora, periódico cercano a Podemos, publicó un artículo en el que explicaba uno de los muchos bulos que difundió este programa en la pandemia con el fin de (presuntamente) desgastar al Gobierno, lo que evidenciaría prácticas poco honestas.

Evidentemente, el FerrerasGate impacta más porque todo el mundo ha podido escuchar los audios y, tal y como escribía hace unos días Gerardo Tecé, “no es lo mismo que un titular de prensa te cuente que un oso se ha comido a un hombre que ver a un oso comerse a un hombre”. Siendo esto cierto, ¿alguien puede afirmar que no se difundieron bulos a sabiendas de que lo eran? Se puede ir incluso más allá: ¿no es posible –al igual que en el caso Ferreras- que hubiera conversaciones sobre los bulos, su procedencia y su fabricación? Ciertamente, en la época digital pareciera que lo que no se graba no existe, si bien la posición más prudente en este sentido es la de poner en duda la honestidad del programa.

No obstante, no solo Atresmedia (grupo al que pertenece La Sexta) y Mediaset han difundido información falsa que podía perjudicar a Podemos y posteriormente al Gobierno de coalición PSOE-UP. También lo hicieron otros grandes conglomerados como el grupo PRISA, propietario de –entre otros- la Cadena SER y El País, y posiblemente el grupo mediático que históricamente más ha influido al votante de moderado de izquierdas.

Además, también se debe tener en cuenta que los medios de comunicación mainstream utilizan otras técnicas de manipulación como por ejemplo el establecimiento de los marcos (el tema de debate). En este sentido, no intentan condicionar qué se dice sino de qué habla, los temas de actualidad y la posición general desde la que se abordan.

Así, para esta tercera posición el problema no es Eduardo Inda (primer difusor del bulo) ni tampoco Ferreras. El problema es un entramado mediático, político, económico y judicial que tenía y tiene como fin evitar que se puedan realizar cambios sociales y económicas de corte progresista. Y que explica no solo el FerrerasGate, sino todo tipo de malas prácticas, como el sensacionalismo, el amarillismo, los bulos, las noticias falsas o la connivencia con personalidades y medios de extrema derecha.

En consecuencia, desde esta perspectiva, no se trata de “manzanas podridas” sino de una dinámica que ha sido condición de posibilidad y pilar fundamental del régimen del 78, por lo que no existen motivos de calado que justifiquen la participación de profesionales honestos en una cadena o programa y no en otro.

Es decir, que el problema es el sistema, el funcionamiento y las dinámicas en sí, y no tanto los elementos que la conforman. Por supuesto, esto no significa que no existan programas, equipos, trabajadores y periodistas honestos en estas cadenas. No es cuestión de nombres, sino de la estructura en general que, de hecho, complica la vida a quien quiere hacer bien su trabajo.

¿Qué hacer?

Estos tres posicionamientos sobre cómo se debe actuar en un contexto como el actual se encuentran presentes en estos momentos, por lo que no existe una postura unívoca en los profesionales sobre cuál es la mejor forma de actuar. Cada cual deberá juzgar desde su criterio cómo cree que debe afrontar esta situación, sopesando los pros y contras de su actuación tanto en términos individuales como colectivos.

En cualquier caso, lo que sí es claramente perjudicial para los medios alternativos y los profesionales honestos es criminalizarse y criticarse entre sí por tener posturas distintas sobre qué hacer ante el FerrasGate. Ni los que continúan participando en televisión (incluyendo en Al rojo Vivo) son unos vendidos (existen otros motivos que justifican la asistencia) ni los que deciden dejar de ir al programa de Ferreras, a La Sexta o a los grandes medios en general son unos inocentes.

Simplificar las posturas de profesionales que intentan honestos según sus propios posicionamientos no contribuye a transformar el ecosistema mediático sino a generar tensiones y crispación entre los actores que están llamados a transformarlo. En lugar de eso, resultaría más útil potenciar una actitud cooperativa y colaborativa, centrada no en juzgar sino en entender y apoyar.

Esto, en el corto y medio plazo, serviría para fortalecer la posición relativa de los medios alternativos y, en el largo, para potenciar una transición hacia los mismos que restara poder a los grandes grupos mediáticos. Todo esto debe ir acompañado, evidentemente, de la lucha por una ley de prensa democrática que garantice el derecho institucional a una información veraz y de calidad.

Y entender que, al fin y al cabo, como sucede también en el activismo social y político, nadie tiene todas las respuestas ni todas las soluciones. Y que de estas tensiones, ataques y fricciones solo se benefician aquellos que contribuyen precisamente a que todo siga igual.

Notas para una ley de prensa

Con el objetivo de promover el debate sobre qué tipo de ley para qué tipo de medios quiere la mayoría de la ciudadanía, se plantearán a continuación algunas cuestiones que sería necesario abordar:

En primer lugar, un tema que indiscutiblemente se deberá tratar es la propiedad de los medios de comunicación. El oligopolio que existe en España dota de cierta impunidad a estas televisiones dado que no existe una alternativa mainstream a ellas. Por este motivo, una posibilidad sería avanzar hacia leyes que repartieran y/o equilibraran esa propiedad. Por ejemplo, una ley de tercios en la que un tercio de los medios sean propiedad privada, otro tercio propiedad pública y otro propiedad comunitaria.

Además, si se quiere garantizar la pluralidad de la influencia mediática (que es inherente a los medios) se deberá luchar para intentar que éstos puedan competir en una situación de relativa igualdad económica que no conceda a ninguno de ellos una ventaja inicial respecto de los demás. Esto implicaría, además, evitar la concentración de varias cadenas y medios en muy pocas manos, como de hecho ha ido sucediendo en los últimos años, donde conglomerados como el Grupo PLANETA se ha hecho con un control desmesurado del espacio televisivo y radiofónico.

Evidentemente, también es importante reflexionar sobre quiénes pueden financiar un medio de comunicación y quienes no y qué consecuencias tiene sobre la línea editorial de un medio el hecho de que entre sus accionistas se encuentren algunas empresas eléctricas o bancos.

Así, al igual que se le exige al poder político, al poder mediático también hay que reclamarle una mayor transparencia y control democrático, dado que si las televisiones cumplen con una función pública, ésta no puede hacerse de espalda a la ciudadanía. No puede ser que apenas tenga consecuencias difundir un bulo o una mentira de forma intencionada, siempre primando la libertad de expresión.

Otro elemento que debe estar presente en el debate es la urgencia (en un contexto de auge de la extrema derecha) de unos medios de comunicación comprometidos con los valores democráticos y la defensa de los mismos. En consecuencia, los discursos de odio no pueden tener cabida y esto no puede depender del buen criterio editorial, debe ser garantizado por ley.

Finalmente, también se debe legislar para mejorar el acceso a una información de calidad. Evidentemente, cualquier profesional puede equivocarse, pero esto no lo exime de rectificar y, además, de un modo proporcional al error. De hecho, la legislación actual ya obliga a que esto suceda, especialmente en casos donde existe delito de injurias y daños al honor, pero en rara ocasión se cumple.

Otro caso distinto es el de quienes difunden una cantidad de fake news que puede llevar a concluir que tienen una voluntad de engaño o que, en el mejor de los casos, no cumplen con los estándares mínimos necesario para ejercer la profesión. Se debe tener herramientas que obliguen a rectificar proporcionalmente y que puedan castigar a periodistas y medios que de forma clara y reiterada incumplen con su función engañando a la ciudadanía.

Conclusiones sobre el FerrerasGate

Los espacios mediáticos son uno de los terrenos de lucha político-ideológica más fértiles, por lo que siempre es una buena noticia (aunque sea por un mal motivo) que se debata acerca de cuál debe ser la relación que se debe tener con ellos desde una perspectiva emancipadora. Discutir propuestas y posiciones y llegar a acuerdos para impulsar proyectos y fortalecer los existentes es el único camino posible para tratar de generar una alternativa a los medios hegemónicos.

Aunque el FerrerasGate no deja de ser un caso más de todo lo que queda por descubrir que, por lo menos, sea una oportunidad para debatir lo que durante tantos años parecía ser un tema tabú: el poder de los medios de comunicación y cómo hacer que este sirva a los intereses de la mayoría.

FerrerasGate: qué hacer ante las cloacas mediáticas

Tomás Alfonso

Articulista. Activista por el derecho a la vivienda y los servicios públicos. Convencido de que la lucha contra la ultraderecha es condición de posibilidad para una democracia plena.

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