Vox y su financiación: autoritarismo, irregularidades y afiliados fantasma
Uno de los datos sobre la financiación de Vox es que, en el año 2019, obtuvo mayores ingresos por vías privadas que PP, PSOE, Ciudadanos, ERC, PdCat y PNV juntos, con un total de 1.564.000 euros en contraste con la suma de todos los anteriores que apenas superaba el millón, una cifra que había triplicado a la de 2018, cuando dio el salto institucional en Andalucía que catapultó a la formación de extrema derecha y a su líder, Santiago Abascal, a la arena política del momento.
La situación actual no parece especialmente favorable para el partido ultraderechista. Actualmente, las tensiones entre Abascal, y de una de los pesos pesados, miembro del núcleo duro, Macarena Olona, ha traído a debate en la opinión pública la supuesta unidad de Vox.
Sin embargo, las luchas por el poder, los cambios estatutarios, las amonestaciones, las tensiones internas, incluso el paso por juzgados de algunos representantes autonómicos y provinciales del partido ha sido una tónica general desde su propia génesis. Y es que, tal y como muchos antiguos militantes y cargos denuncian, el Vox funcionaría de forma bastante autoritaria y como un lucrativo negocio para sus líderes, y gracias a una ingente cantidad de financiación privada, aunque también pública.
Pero para entender los entresijos de la financiación de Vox, es preciso hacer un repaso breve repaso histórico.
El nacimiento de Vox
Vox nació en 2013 a partir de militantes díscolos del Partido Popular (PP), como Santiago Abascal o Alejo Vidal-Quadras, por lo que la mayoría de analistas políticos consideran al partido de extrema derecha como una escisión del mismo.
Sin embargo, la gestación de la organización comenzó bastante antes, con la creación del think tank DENAES, Fundación para la Defensa de la Nación Española, donde un grupo de intelectuales y ex dirigentes y militantes del PP, tras la crisis de 2008 y las desavenencias con el principal partido conservador español, decidieron fundar su propio espacio discursivo, de debate y reflexión. En sus inicios, el think tank contaba con personalidades de reconocido prestigio en España como el filósofo Gustavo Bueno, el historiador Adolfo Presgo de Oliver o Jon Juaristi, escritor, ensayista y traductor de euskera-español.
La fundación nació alrededor de la figura de Alejo Vidal-Quadras, ex dirigente valenciano del Partido Popular. Pronto, una figura más joven y ambiciosa, Santiago Abascal Conde, del PP de Euskadi, comenzó a ganar relevancia. La idea de la creación de un nuevo partido político, comenzó a ganar preponderancia, especialmente tras las desavenencias entre los sectores más conservadores de la derecha española en temas tan delicados para el espacio político como la ley del aborto o el matrimonio homosexual.
Si bien las formaciones de extrema derecha a escala global se beneficiaron tanto de la crisis de 2008 como de la crisis de refugiados provocada por la Guerra Civil de Siria en 2015, España tuvo su propio contexto que propició, de algún modo, el auge de Vox: el referéndum de autodeterminación de Catalunya del 1 de octubre 2017, en cuyo juicio a sus líderes el partido de extrema derecha se presentó como acusación popular.
En un principio, el nuevo partido iba a estar pilotado por Vidal-Quadras. De hecho, fue el candidato a las elecciones europeas de 2014, los primeros comicios a los que se presentó Vox. Pero, tras una serie de afortunados desencuentros, el nuevo capitán del barco ultraconservador sería finalmente Abascal en septiembre de ese mismo año, elegido por un 91% de la militancia.
El joven partido nació con una vocación regeneradora de la democracia en España, en la que hizo especial énfasis, además de en la unidad de España. El contexto en el que nació es importante para entender estos primeros pasos de Vox, en los que se enfocó en presentarse como una opción alternativa al bipartidismo PP-PSOE para regenerar el sistema democrático español. Ya en sus primeros estatutos, que han ido cambiando a lo largo de estos nueve años, y en su manifiesto fundacional, Vox incluía una agenda de renovación de la vida política, de forma muy similar a partidos como Ciudadanos o UPyD.
Entre las medidas de regeneración política que proponía el partido estaban la reforma de la Ley de Partidos «que asegure su funcionamiento democrático y la transparencia de sus fuentes de financiación«, o una ley electoral «que garantice el vínculo directo entre gobernantes y gobernados y acabe con las listas cerradas y bloqueadas que perpetúan el poder de las cúpulas partidistas». Vox se comprometía a que todos sus candidatos y cargos orgánicos sean elegidos por sus afiliados en elecciones primarias y que rindan cuenta de forma periódica ante ellos. En esos momentos, esas propuestas no eran muy diferentes incluso de formaciones políticas como Podemos.
Sin embargo, esta careta poco a poco fue cayendo, a medida que el partido se transformaba en lo que es actualmente. Como ya se ha comentado, los estatutos de Vox han ido cambiando periódicamente. En la asamblea del 23 de febrero de 2019, Vox eliminó las elecciones primarias para elegir cargos dentro del partido.
Como consecuencia, los afiliados aún tenían el derecho a votar, pero solo a sus comités provinciales. No podían votar a sus representantes a nivel estatal y, por supuesto, no podían elegir o refrendar a su líder. Con este cambio en los estatutos se blindó a los representantes de su Comité Nacional Ejecutivo, el núcleo duro para todos conocido como Santiago Abascal, el matrimonio Espinosa de los Monteros, Ortega Smith, y la que ya no está, por el momento, Macarena Olona.
Con el cambio en los estatutos, las delegaciones provinciales (porque recordemos que Vox no tiene delegaciones autonómicas) solo tienen derecho a votar a sus líderes, si estos tienen, al menos, 500 miembros en aval y un respaldo del 10% de la financiación de los miembros del partido. Es importante apuntar que, tras los cambios de los estatutos, el Comité Nacional Ejecutivo puede vetar a las listas provinciales, o elegir un nuevo candidato, como fue el caso de las elecciones en Castilla y León o en Andalucía. Además, es importante apuntar que a partir de 2019 la financiación está completamente centralizada, las cuentas son manejadas por el liderazgo central, lo que ha dejado a los líderes provinciales sin autonomía financiera (Barrio et al., 2021).
Los cambios en los estatus y la lucha por la financiación
Tras los cambios en los estatutos y las trabas impuestas por el Comité Ejecutivo Nacional para los futuros representantes provinciales por el partido, se sucedieron numerosas denuncias por presunto fraude en Granada, Jaén y Murcia. En Granada, por ejemplo, el juez anuló cautelarmente las primarias de Vox en la provincia en el año 2021; y, en Murcia, el juez finalmente terminó dándole la razón a los denunciantes, lo que ha permitido que, al menos dos de los diputados de la Asamblea de Murcia pudieran ejercer en su escaño aun siendo vetados por el partido a nivel nacional.
En 2021, Abascal sustituyó los comités provinciales, que eran el último reducto democrático del partido, para sustituirlos por delegados nombrados a dedo por el Comité Nacional, de esta forma, centralizaba la toma de decisión y podía controlar todo el territorio a través de sus hombres de confianza.
En la asamblea extraordinaria de abril del 2022, Abascal volvió a cambiar los estatutos, en esta ocasión, se acababan las elecciones internas dentro del partido. Con esta última vuelta de hoja acabaría con las disonancias que existían entre los distintos representantes en el territorio español. Sin embargo, con Macarena Olona encontraría el líder un duro hueso que volvería a poner en tela de juicio la supuesta unidad del partido.
Tras los escándalos y pugnas en los juzgados por el control de los comités provinciales, pugnas que no han abierto cabeceros en prensa, los comités provinciales se vaciaron de cualquier poder real ya que carecen de autonomía económica (Barrio et al., 2021). Como recuerda Miguel González, las cuotas mensuales de los afiliados de Vox se ingresan directamente en una cuenta del BBVA a nombre de la dirección central, y solo si dona voluntariamente una aportación suplementaria, la diferencia va a financiar los gastos de la provincia.
Estas cuentas secundarias de donaciones voluntarias de los afiliados tampoco están gestionadas por los representantes provinciales, que solo pueden hacer ingresos pero no reintegros, es decir, no pueden retirar dinero sin ser aprobado por la tesorería central del partido.
Vox Sociedad Anónima, S.A.
Miguel González, en su libro El negocio del patriotismo español. VOX S.A., utiliza la expresión “empresa altamente rentable” para referirse a VOX. Las cuentas del partido en 2019 arrojaban un beneficio de 5.257.526 euros, un aumento de más del 500% sobre el superávit en 2018. González además, asegura que el partido ha multiplicado por 16 sus ayudas públicas pasando de 613.575 a 9.937.942 euros. De los 9 millones, algo más de 5,7 millones corresponden a subvenciones electorales. La financiación del Estado pasó a suponer de un 28% total de los beneficios a un 60%. La cuentas de Vox parecen completamente saneadas, no tienen créditos bancarios y solo debe dinero a sus proveedores, “como sociedad, tienen un envidiable nivel de solvencia y ratio de endeudamiento”.
Profundizando sobre el libro de referencia, González afila aún más sobre la financiación del partido. La estructura de Vox es aparentemente austera, o al menos lo que se trata de trasladar a la opinión pública. Sin embargo, los gastos se han multiplicado por cinco, de 999.217 euros a 5,2 millones de euros, pero los ingresos se han duplicado. En el informe de gastos del partido, trasladan un gasto de personal que solo supone 1,2 millones de euros, de los que 256.000 euros corresponde a la retribución de Santiago Abascal, Enrique Cábanas Burkhalter, José Hidalgo Serrano y Marcos Cruz Casado. En término brutos, se estaría tratando de alrededor de 64.000 euros por cabeza, sin contar con la retribución de Abascal como diputado y de Cábanas como coordinador del grupo parlamentario.
En cuanto a contratación de personal, González identifica al partido como una Pyme, ya que cuenta con menos de 50 empleados. Sin embargo, el autor añade que la formación cuenta con mucho más personal, que no se contrata con cargo a los fondos del partido, sino “a costa de las instituciones públicas en las que está representado”.
Para aclarar un poco este punto: los diputados o concejales en los ayuntamientos no son quienes contratan al personal, sino que lo decide la dirección nacional, generalmente son puestos de comunicación o asesores. Estos cargos, al estar vinculados a un ayuntamiento o comunidad autónoma se justifican como gasto de personal en el ayuntamiento que se precise, sin embargo, quién realmente contrata a esta figura es el propio partido desde el comité nacional.
Este último entresijo jurídico fue unos de los detonantes que propiciaron la ruptura de Vox en la Asamblea Regional de Murcia “y la expulsión del único concejal del partido con responsabilidades de gobierno en una capital de provincia (Badajoz)”. Los empleados a sueldo en 2020 por el partido ascendía a 61, pero el total de asesores en diputaciones, ayuntamientos, en el Congreso, Senado y Parlamento Europeo supera las 300 personas.
“Como sociedad -término que utiliza González para definir a Vox como una empresa- padece de una acusada macrocefalia: su estructura territorial es muy débil, mientras que el aparato central se hiperdesarrolla a costa de succionar recursos de la periferia”. En 2020, las 52 cuentas corrientes de los comités provinciales sumaban unos 400.000 euros, mientras que la dirección nacional contaba con alrededor de 9 millones.
Donaciones y afiados “fantasma”
Quizás una de las “anécdotas” más interesantes, y que ha pasado desapercibida para la opinión pública, es la que recoge González, en el capítulo Los 7000 afiliados fantasmas de su libro. Como ya se ha discutido, el cambio de estatutos y de elecciones primarias en Vox no solo trajo fuertes tensiones internas que acabaron en juzgados y amonestaciones dentro del partido sino que tuvo un efecto colateral, “hacer aflorar al menos a 7.150 afiliados fantasma, o, lo que es lo mismo, dejar en evidencia que las cuentas de Vox no cuadran”.
Como se ha expuesto con anterioridad, para ser representante de Vox era necesario el aval de 500 miembros del partido y, al menos, contar con un 10% de la financiación de los afiliados. Es aquí donde las cifras no cuadran. Para presentarse a primarias, el Comité Electoral del partido debía resolver y facilitar la cifra de miembros del partido de las 19 provincias que superaran los 500 afiliados.
La suma de todas ellas daba un total de 28,790 afiliados. González argumenta: «En el caso de que las restantes 33 provincias y ciudades autónomas contasen con 499 afiliados cada una sumarían en conjunto un máximo de 16.467. Eso quiere decir que, a 31 de agosto de 2020, la cifra de afiliados de Vox no podía sobrepasar los 45.257 en el mejor de los casos”.
Sin embargo, el partido aseguraba en sus cuentas oficiales de 2020 que tenía 52.407 afiliados a fecha de 1 de enero, y 62.374 el 31 de diciembre.
El informe económico del partido presentaba, al menos, 7.150 afiliados de Vox “fantasma”, aunque la cifra puede ser más abultada, de hasta 13.800 afiliados. El hecho de que el partido asegure tener más afiliados de los que en realidad presuntamente tienen, no es una cuestión menor. Si bien es cierto que para la opinión pública puede servir como el asentamiento de un nuevo partido, solvente, que gana credibilidad para futuros votantes, el problema surge, como recuerda González, cuando esta cifra abultada, no solo obedece a intereses propagandísticos, sino que figura en el informe de auditoría de las cuentas del partido.
Si una parte importante de las cuentas de Vox, es la cuota de sus afiliados, la diferencia de 7.150 afiliados supondría un mínimo de 429.000 euros, si la cuota fuera reducida y un máximo de 772.200 euros, si la cuota fuese ordinaria. Si, además, la cifra se incrementase con una diferencia de 13.800 afiliados, la diferencia supondría de entre 828.000 y 1,4 millones de euros.
Quizás el tema de los afiliados es ya de por sí peliagudo, sin embargo, González va a más. Es interesante apuntar el caso de las donaciones y los ingresos en la caja nacional. Vox en 2019 recibió en donaciones 1,5 millones de euros, superando en recaudación al resto de partidos políticos juntos, incluidos el PP, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Podemos y Ciudadanos, como se ha indicado al inicio.
Ya en 2017, pese a que aún no tenían representación institucional, el partido ya había logrado recoger en donaciones 189.763 euros. Para 2020, el 65,9% de los ingresos totales del partido provenía del erario público. Las donaciones y aportaciones de socios y cargos públicos se redujeron un 90%. “La caída en donaciones privadas coincide con el momento en que Vox empieza a recibir subvenciones públicas y, como consecuencia, tiene que someter sus balances al examen sistemático del Tribunal de Cuentas”.
Ya en 2019, el órgano fiscalizador del Estado propuso la retirada de 72.600 euros al partido por incluir en sus gastos el pago de espacios de propaganda en televisiones privadas, lo que vulneraba la Ley de Partidos. “Fue el único partido penalizado por incurrir en irregularidades en esa campaña”.
La Ley de Financiación de Partidos, como apunta González, permite donaciones individuales de hasta 50.000 euros al año, “con la obligación de identificar a quienes donen más de 25.000 euros”. En 2020, el partido no solo redujo la globalidad de sus donaciones, sino también el importe medio de la cuantía, con 121 donativos de 1.000 euros cada uno.
Por último, en cuanto a financiación se refiere, ya se ha apuntado cómo los ediles de ayuntamientos y representantes de comunidades autónomas no tienen autonomía financiera. González afina aún más este debate. En 2019, Tomás Fernández, el hasta entonces vicesecretario de organización, remitió una circular para todos los concejales del partido en la que les daba instrucciones para que cada asignación pública que se les entrega en su ayuntamiento, se ingresase en una cuenta del banco Bankia, en la que debía de figurar cuatro apoderados: Javier Ortega Smith, el gerente, tesorero y vicesecretario jurídico del partido. “Es decir, la dirección nacional de Vox se apropia de los fondos de las entidades locales y luego paga lo que estima conveniente a sus grupos municipales”.
Como apunta González, la legalidad del proceso resulta “dudosa”. El equipo económico de Vox ideó un nuevo método acorde a la legalidad vigente para que una buena parte de la financiación autonómica y local estuviera destinada a la caja central. Se firmaban convenios en los cuales “los grupos municipales y autonómicos pagaban a su propio partido por los servicios que este les presta. Este sistema generó pagos a la dirección general por un valor de 1.070.214 euros”.
Lo cierto es que los gastos de la directiva central eran cada vez más exorbitados. Ya en 2019, el partido se había mudado de sede hasta en dos ocasiones. En mayo de 2021, Alianza Cívica, una formación política que apuntaba por la regeneración política, al igual que apunta Vox en su Manifiesto Fundacional, denunció ante la Fiscalía en la capital madrileña la supuesta financiación ilegal del partido. “Se denunciaba la supuesta malversación derivada del beneficio personal que habría obtenido unos de sus dirigentes, González Coello de Portugal, por las obras de su sede, el falseamiento de la cifra de afiliados para encubrir donaciones o el fraccionamiento de estas últimas para ocultar su origen y burlar la Ley de Financiación de Partidos. El fiscal, sin embargo, archivó la denuncia al entenderla demasiado genérica«.
Esta denuncia, no obstante, incluía presuntas posibles irregularidades en el merchandising del partido o en la lotería, entre otras cuestiones, que también han sido señaladas por ex militantes de Vox.
Otras fuentes de financiación
Los métodos bajo los cuales ha operado y opera Vox para asegurar su financiación son, al tenor de lo expuesto, más que cuestionables. Una de las mayores pruebas de esto fue cuando WikiLeaks filtró miles de documentos en los que se demostraba como la organización ultracatólica Hazte Oír, pantalla de la secta El Yunque, recibió cuantiosas donaciones privadas. Una asociación precisamente conocida también por impulsar a Vox en sus inicios y por mantener una relación y colaboración estrecha hasta hace bien poco
Además de todo lo anterior, hay que tener presente que Vox funciona más allá del propio partido. En septiembre de 2020, se funda Disenso, un think tank ultraconservador presidido por el propio Santiago Abascal, que a su vez compró La Gaceta para transformarla en La Gaceta de la Iberosfera, el periódico afín al partido.
La fundación, que se dedica a dar charlas, seminarios, conferencias… además de gestionar el periódico, analizando los datos que ellos mismos publican, en 2022 prevén gastar 2,7 millones de euros aproximadamente, de los cuales 112.342 euros provienen de subvenciones públicas y que se han incrementado en un 20%). Subvenciones que gastan, por ejemplo, en propaganda política o en informes negacionistas del cambio climático.
Conclusiones
Vox, que nació como un supuesto partido político que pretendía regenerar la democracia española y presentarse como una formación transparente, democrática y alternativa al bipartidismo, ha resultado ser todo lo contrario. Apenas dos años después de su fundación, Vox se transformó en un aparato señalado por su autoritarismo y por su control férreo por parte de la directiva, hasta el punto que casi la mitad de sus ediles ha abandonado el partido desde 2019. Algunos de ellos han señalado que debían pedir permiso a Madrid incluso para hacer una publicación en redes sociales.
Detrás de esta eliminación progresiva de todo atisbo de «regeneración democrática», además de poder dirigir la organización a voluntad completa de Santiago Abascal, ha sido, según González y otros analistas, el control de la financiación y del funcionamiento orgánico, que sirve más de negocio para su jerarquía que como partido político que busque hacer políticas públicas.
Una disonancia que choca incluso con el discurso de Vox actual, centrado en defender la democracia y la libertad, en realidad no funciona ni de manera democrática, ni de manera libre. La última en señalar esta cuestión ha sido, paradójicamente, Macarena Olona, la que fuera candidata por Vox a las elecciones andaluzas y que ha abierto un frente contra el partido de extrema derecha por este y otros motivos.
Una situación que, viendo el manifiesto fundacional de Vox, da mucho en qué pensar.
“España atraviesa una crisis múltiple y profunda de carácter sistémico que afecta a su economía, a sus instituciones, a su unidad nacional y a su moral colectiva. Los escándalos que se vienen acumulando y que afectan a los principales partidos políticos del país, involucrados en graves casos de corrupción, han sumido a la sociedad española en el desaliento y han suscitado su indignación. (…)
Manifiesto Fundacional de Vox
En el terreno de la calidad de nuestra democracia, el Estado constitucional ha degenerado en Estado de partidos. El vínculo entre representantes y representados es casi inexistente y las listas cerradas y bloqueadas, elaboradas por las cúpulas partidarias, deterioran visiblemente la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y el control de los gobernantes por los gobernados. Un grupo reducido, cooptado y oligárquico de dirigentes de partido maneja a su arbitrio el Estado. La separación de poderes, base de la democracia constitucional, está seriamente dañada. La politización de la Justicia es escandalosa y los dos grandes partidos coinciden en su voluntad de mantenerla.
Los sucesivos cambios de Gobierno no han modificado este decepcionante panorama, sino que lo han agravado, siempre en la dirección del debilitamiento de la cohesión nacional, de la invasión de las instituciones y de la sociedad civil por los partidos y del aumento de la corrupción. VOX considera que ha sonado la hora de emprender una reforma profunda de carácter estructural que afronte de verdad los defectos de un sistema político, jurídico, institucional y económico que está irreversiblemente agotado”.
Articulista. Socióloga mediocre y Politóloga de mercadillo. Doctoranda en la Universidad de la Calle y azote de la academia universitaria. Como trabajadora precaria he sufrido a tu cuñado, a tu prima la moderna del pueblo y a tu colega que pasaba el tiempo en 4Chan y hoy hace guiños a la ultraderecha.
