Quién es quién en la charla de Vox: infiltración ultraderechista en la policía
El pasado 14 de octubre, el partido ultraderechista Vox de la Comunidad Valenciana organizó unas charlas sobre «seguridad e inmigración» que contó con la participación de la policía. El medio elDiario.es publicó una grabación en la que uno de los ponentes, el Inspector Jefe de la Comisaría Centro de Valencia Ricardo Ferris que, para sorpresa de nadie vertió una serie de manifestaciones racistas y xenófobas en las que conectaba directamente a las personas migrantes con la delincuencia.
Tales afirmaciones ya le han costado el puesto, sin embargo, es necesario ampliar el foco a la charla completa y analizar quiénes estaban ahí y de dónde vienen. Todo ello sin hacer demasiado hincapié en el contenido de la charla, pues es conocido ya de sobra el carácter xenófobo, racista y de odio que impregna todo lo que rodea el discurso político de Vox.
En primer lugar hay que señalar que el acto lo organizan Vox de la Comunidad Valenciana y la Fundación DENAES. El carácter ultraconservador, xenófobo y racista de la formación liderada por Santiago Abascal es de sobra conocida debido a numerosas declaraciones, entrevistas y propuestas, DENAES no es tan conocida.
La Fundación DENAES: el chiringuito de la ultraderecha
Se trata de una fundación creada en 2006 por Santiago Abascal con el nombre Fundación para la Defensa de la Nación Española, herramienta clásica de la derecha española para la cual es necesario un capital mínimo de 30.000 euros ligado a la consecución de los fines de dicha organización.
Sobre el uso de la figura jurídica de «fundación» suele ser más típica del ámbito de la derecha política precisamente por esta necesidad de capital mínimo y por necesitar dotarse de una infraestructura y una inversión para mantenerse, lo que limita seriamente al espectro de la izquierda, que normalmente destaca por tener menos recursos económicos, optando por formas más humildes como la de asociaciones o plataformas sin organización formal, además de por una cuestión ética e ideológica.
Curiosamente las fundaciones han sido utilizadas como pantallas para camuflar pufos varios, corruptelas de todo tipo, o bien como formas de crear puestos de trabajo para afines a través de subvenciones públicas, lo que se conoce coloquialmente como «chiringuito». ¿Quién podría pensar que esta fundación incurriera en esas prácticas?¿Por qué dejar que sobrevuele la desconfianza? Tal y como publicaba El Salto Diario en 2019, la está fundación no es amiga de la transparencia y de la rendición de cuentas y tiene la costumbre de no presentar ni publicar sus cuentas. El propio Santiago Abascal, cuando en sede parlamentaria se le recordó todo lo que cobró de esta fundación sin apenas actividad, reconoció que, efectivamente, se trataba de un «chiringuito».
Las fundaciones, según el artículo 3 de la Ley de Fundaciones de 2002, deben perseguir unos fines de interés general, más o menos definidos, entre los que textualmente cita los derechos humanos, valores cívicos y culturales, los valores democráticos, la tolerancia y un amplio catálogo de otros fines (educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, laborales, etc.) en los que cabe prácticamente todo.
Esta fundación define su actividad como la defensa de una actitud patriótica. Sin embargo, con solo ojear rápidamente su web, podemos comprobar que esa actitud patriótica realmente esconde una actitud racista y xenófoba, contraria a lo que denominan «globalismo» (y que no tiene nada que ver con el fenómeno de la globalización económica), fervientemente nacionalista y, como contrapartida, totalmente contraria a la pluralidad del Estado español.
Así, DENAES sirve como plataforma para llegar allí donde Vox no llega como partido y propagar su discurso de extrema derecha y, a su vez, como plataforma para rellenar los actos con logotipos como forma de reforzar una suerte de falacia de autoridad que termina siendo más una cuestión meramente estética. De hecho, Abascal figura como Secretario dentro de los patronos de la Fundación, mientras que como Presidente está Ricardo Garrudo Cayón, empresario y líder de Vox en Cantabria. Como Vicepresidente está Gustavo Bueno, uno de los referentes filosóficos e ideológicos de Vox.
Leyendo los artículos que se publican, en su mayoría escritos por Emmanuel Martínez Alcocer, autor del sitio web Posmodernia, se puede deducir una total coincidencia con el discurso de extrema derecha patrio: ataques al independentismo, a Podemos, al Gobierno de coalición, etc., a menudo con un tono poco académico, más bien satírico.
Siguiendo lo establecido en la Ley de Asociaciones también de 2002, la disolución de las asociaciones (y también de las fundaciones como forma especial de manifestación del derecho de asociación) solo puede realizarse por los propios asociados o por los jueces cuando éstos determinen que existe asociación ilícita.
¿Cuándo existe asociación ilícita? El Código Penal lo aclara en su artículo 515.4 cuando dice: «Son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración […] Las que fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, situación familiar, enfermedad o discapacidad.»
Más allá de la evidente contradicción entre los fines que la ley establece para las fundaciones y los fines para los que el espacio de ultraderecha utiliza la Fundación DENAES, con el Código Penal en la mano y con las suficientes manifestaciones públicas en las que abiertamente fomentan el odio, podrían situarse presuntamente fuera del marco legal para este tipo de organizaciones.
Algunos ejemplos pueden encontrarse en artículos como La importancia de ser español, donde se afirman cuestiones como que «no es lo mismo un marroquí nacionalizado español que un español de origen marroquí» o que «los solicitantes de origen marroquí […] se han filtrado en partidos políticos, en la administración, y al mismo tiempo, sirven al interés de Marruecos«; o el artículo Franco, Franco, Franco… y más Franco, donde se afirma que «El 18 de julio no fue un golpe militar fascista» o que «su régimen [el de Francisco Franco] tampoco puede definirse como una dictadura«.
Jesús Wolstein, Libertad Digital y EsRadio
En segundo lugar, dentro de este «quién es quién» del acto de Vox, habría que poner el foco en el moderador: Jesús Wolstein, director de EsRadio en la Comunidad Valenciana, emisora que pertenece al grupo Libertad Digital del conocido y polémico locutor y periodista conservador Federico Giménez Losantos, autor de la célebre cita «veo a los de Podemos y si llevo un arma disparo» o de lanzar teorías de la conspiración sobre los atentados del 11 de mayo de 2004. Wolstein, además, ha colaborado en más actos con Vox, como se desprende de la información vertida en redes sociales.
Libertad Digital se creó entre el año 1999 y 2000, siendo simplemente un pequeño diario digital en los comienzos de la era de la información en la red. En cuestión de apenas una década, y al calor de los centros de poder de la derecha política y mediática, Libertad Digital y EsRadio consiguen financiación y lo que es todavía más importante para la denominada batalla cultural: consigue licencias de canales de televisión (TDT) y de emisoras de radio.
La corrupción fue una de las vías de financiación que el Partido Popular utilizó para ayudar a su amigo Giménez Losantos y a Libertad Digital, pues tal y como han reconocido los tribunales, financiaron a este medio con más de 400.000 euros procedentes de la trama Gurtel.
Sobre la manera en la que consiguió canales de TDT que todavía hoy siguen emitiendo y licencias para la emisión por radio, los gobiernos del PP de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, de Francisco Camps en la Comunidad Valenciana y otros gobiernos del PP como los de Murcia y Galicia son la clave. Fue Aguirre en 2009 concediendo la única licencia de radio disponible en Madrid al El Mundo y Libertad Digital, que fue acompañada posteriormente con licencias en otros municipios extendiendo así sus tentáculos y sus redes. Hoy día, EsRadio tiene una audiencia que supera los 700.000 oyentes y puede ser escuchada en toda la geografía española.
José Manuel Vallejo, Policía Siglo XXI
Además de Vox, la Fundación DENAES y Jesús Wolstein, hay otros tres participantes que es necesario comentar. Dos de ellos son relativamente conocidos por lo que se comentarán de forma breve, pero sobre el tercero no ha existido suficiente foco mediático.
Dos de estos participantes, de forma breve, son Julio Utrilla, diputado de Vox, ingeniero de minas y, como se puede comprobar en la charla, también un difusor de discursos xenófobos y racistas y, por otro lado, Ricardo Ferris, el inspector jefe de la Comisaría Centro de Valencia y que ya ha sido destituido y sobre el cual ya se ha conocido mucho y suficiente durante estos días.
Sobre este inspector, simplemente unas reflexiones. ¿Qué lleva a un policía nacional con una trayectoria consolidada a posicionamientos ideológicamente extremos que le lleven incluso a negar los propios datos de la policía y la justicia?¿Qué lleva a un inspector con responsabilidad a tener la imprudencia de proclamar en público tales ideas?¿Creía que estaba haciendo algo realmente constructivo para la sociedad en la ceguera del pensamiento ultraderechista que le motiva y de la incompetencia que parece le acompaña o deliberadamente decidió jugarse su carrera a cambio de alguna promesa futura?
En definitiva, hay que hacerse aquí también alguna pregunta respecto de los ascensos en la policía nacional y sobre el cuerpo policial en sí mismo que superan este artículo. ¿Cómo semejante persona, con esas ideas, llega a tener el puesto de responsabilidad que ostentaba hasta su destitución?¿Qué pasa en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que las ideas ultraderechistas estén sobrerrepresentadas?
Y ahora, para finalizar el «quién es quién», el último de los ponentes de esa charla fue José Manuel Vallejo, guardia civil y vicepresidente de la asociación Policía Siglo XXI. Esta asociación se parapeta formalmente en unos fines ajustados a la ley (como la fundación DENAES) según los cuales su objetivo es modernizar la policía para que pueda afrontar la realidad delincuencial actual.
Entrando en su página web y buceando entre las propuestas concretas que publican, se puede leer que buscan reducir la jerarquía del cuerpo de policía para hacer una carrera profesional más horizontal y no tan vertical, permitiendo una mayo movilidad entre cuerpos y entre unidades. Otras propuestas como «Asegurar formación profesional multidisciplinar y permanente» o «mandos operativos capaces de dar respuesta policial real» tampoco levantan sospechas iniciales. Sin embargo, el discurso y los mensajes que proceden de sus miembros son bastante cercanos a la extrema derecha, chocando frontalmente con la imagen que parecen vender en su sitio web.
Sobre este guardia civil, José Manuel Vallejo, es necesario recalcar la conexión que establece entre inmigración y delincuencia en esta charla, al igual que Ricardo Ferris. También admite, sin género alguno de duda y sin pudor, que la asociación Policía Siglo XXI es una asociación politizada y que su compromiso claro y cristalino es con Vox, a quienes admite entregar informes de los cuales no conocemos su contenido exacto.
Esto nos habla de lo difícil que puede llegar a ser para un gobierno progresista confiar en algunos de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado si, tal y como admite Vallejo, podrían estar pasando informes a partidos políticos ultraderechistas habitualmente y que puede conducirnos a pensar que también puedan, llegado el momento, compartir informaciones delicadas. Sobre este punto, no es la primera vez que salta la polémica en Vox: antiguos miembros ya denunciaron cómo desde el partido se les presionaba utilizando historiales policiales presuntamente obtenidos bajo manga.
Además del discurso ultra, racista y xenófobo que enarbola y que desde luego también debería ser investigado por las autoridades competentes, se refiere a dos puntos importantes a citar.
En primer lugar, utiliza el argumento de la incompatibilidad de sociedades y culturas, refiriéndose a multitud de trabajos en los cuales supuestos expertos afirman que hay sociedades y culturas que no pueden coexistir, haciendo referencia velada a la imposibilidad de convivencia dentro de un marco pacífico del Islam en la sociedad europea occidental. Es bien sabido que esto es falso, y que no solo conviven y han convivido en numerosos lugares y momentos históricos sin conflictos de envergadura, sino que, en gran medida, las religiones monoteístas como el Cristianismo, el Islam y el Judaísmo beben de las mismas raíces y comparten historia y puntos de encuentro.
A su vez, esto es una referencia velada al etnopluralismo, un concepto desarrollado por la escuela de la Nouvelle Droite francesa en los años 60 y 70 de la mano de Alain de Benoist y de su think tank GRECE, y que básicamente sostiene que las sociedades y las culturas se desarrollan en su plenitud ahí donde nacen geográficamente, por lo que la multiculturalidad no sería positiva. Una idea que, junto a otras desarrolladas por esta corriente de pensamiento, nutren buena parte del corpus ideológico de la nueva extrema derecha.
En segundo lugar, obviando el discurso directamente xenófobo y de odio que impregna toda la charla y que debería investigarse también en lo referente a este guardia civil, José Manuel Vallejo pone sobre la mesa una teoría de la conspiración ultraderechista proveniente también de Francia: la teoría de la sustitución o la teoría de «El Gran Reemplazo».
Renaud Camus (que nada tiene que ver con el escritor antifascista Albert Camus) es el teórico y escritor ultraderechista tras esta teoría de la conspiración que se basa en una idea simple: la población europea, blanca y católica está siendo objeto de una sustitución programada y dirigida por las élites (europeas, globalistas, progres, etc.), sustituyendo a la población mencionada por negros, africanos y árabes en una especie de invasión silenciada y sigilosa del Islam sobre Europa.
Esta teoría la explicita este guardia civil y, por supuesto, la conecta con la imposibilidad de convivencia de las distintas creencias, situando a las personas migrantes en sociedades cuasi salvajes y con una extrema laxitud con las conductas violentas y delictuales y que, por tanto, son incompatibles con nuestra cultura. Lo que justifica todavía más el rechazo al extranjero que vendría a sustituirnos y a robar nuestra sociedad.
Como añadido, desde esta organización se ha señalado abiertamente a periodistas y políticos de izquierdas, como es el caso de Miquel Ramos, profesional especializado en extrema derecha; Daniel Domínguez, subdirector de La Marea; o el propio Pablo Iglesias.
Policía y extrema derecha
Una de las conclusiones inexorables a las que conducen las intolerables manifestaciones tanto del policía nacional Ricardo Ferris como del guardia civil José Manuel Vallejo es que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen un verdadero y preocupante problema de infiltración de ideología ultraderechista entre muchos de sus miembros.
Esta charla sería una anécdota si no fuera por el constante goteo de «casos aislados» de la presencia de estas ideas en los cuerpos policiales, cuerpos que tienen la obligación de proteger a todas las personas, blancas, negras, españolas, extranjeras, ateas, católicas, musulmanas… sean como sean, recen a quien recen y piensen como piensen.
Y todavía más, ese mismo problema atraviesa también a las Fuerzas Armadas, un problema del que ya advirtió un think tank holandés en un informe este año y del que hay varios ejemplos: militares en un chat hablando de fusilar a 26 millones de «hijos de puta», un militar disparando a imágenes de la cara de políticos de izquierdas, policías nacionales y guardias civiles cantando «a por ellos oé» dirigiéndose a reprimir el movimiento independentista catalán, policías nacionales haciéndose fotos con banderas franquistas, el auge del sindicato policial Jusapol y su cercanía con Vox, la comisaría de Paterna (Valencia) premiando a un líder de España 2000 y ex-presidente de la patronal de clubs de alterne hace apenas unas semanas y ahora la charla del odio frente al migrante. Por mencionar solo algunos «casos aislados».
Uno de los principales problemas de que la sombra de la ultraderecha planee de forma constante sobre la policía es la deslegitimación social que ello produce. ¿Cómo puede una persona sentirse segura siendo negra sabiendo que la policía puede pensar que soy un delincuente?¿Cómo puede sentirse segura una mujer sabiendo que posiblemente el policía no crea que he sufrido una agresión machista?¿Cómo se puede sentir seguro alguien de izquierdas con una camiseta con la bandera republicana si intuyo que el policía que ha de protegerme posiblemente simpatice con otro discurso?
Que esto ocurra ahonda en la desconfianza de la ciudadanía respecto de las instituciones y hace un daño reputacional y real a la democracia enorme. Y es que existen muchos casos documentados sobre todo lo anterior, a los que se suman las denuncias abusos policiales, especialmente durante concentraciones y manifestaciones, como se pudo ver durante las manifestaciones del 15-M o durante la celebración del referéndum de autodeterminación de Catalunya del 1 de octubre de 2017. Los datos que indican que, entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, hay una sobrerrepresentación del voto ultraderechista, terminan de cerrar este círculo.
La infiltración de la ultraderecha en los cuerpos policiales parece un problema real y debe cortarse de raíz para lograr una policía democrática y con valores basados en la defensa de los Derechos Humanos. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas requieren de una profunda reforma democrática que acabe con el modelo policial heredado del franquismo y cuya cúpula pilotó la transición de la policía del régimen a la policía de la democracia sin apenas cambios de calado en las estructuras, sin depurar las responsabilidades por las detenciones políticas y las torturas y con la conservación de valores autoritarios impropios de una democracia.
Esta necesaria reforma parece difícil que llegue de la mano de ministerios del PSOE como los encabezados por Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska. Es de recordar que España ha sido condenada por el Tribunal de Derechos Humanos de la UE por torturas en procedimientos judiciales instruidos por Marlaska y llevadas a cabo por agentes de la Guardia Civil, o que no hace demasiados días el defensor del pueblo reprendió al Ministro de Interior por la actuación policial en la matanza de Nador.
En los cuerpos policiales y militares, la autoridad y la legitimación que sus integrantes depositen sobre sus mandos es crucial. La autoridad, y esto es algo que ni PP ni PSOE parecen acabar de entender, requiere de coherencia política.
Y cuando un gobierno y un partido que se autoproclama de izquierdas, como sería el PSOE en este caso, cede los ministerios de Estado legitimados para usar la violencia a estas personas, deviene en una derrota ideológica y es entregarle, poco a poco, el control de la policía y el ejercito a las ideas contrarias, volviéndolas permeables a ideas antidemocráticas que sostienen partidos como Vox, esté o no esté en el ejercicio democrático poder.
No se trata de hacer una policía de izquierdas. Pero lo más coherente cuando se supone que hay un gobierno progresista es situarla en el más alto y escrupuloso estándar de cumplimiento de los Derechos Humanos, empezando por ejemplo con la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, y siguiendo por el control y la depuración de responsabilidades, entre otras medidas.
En definitiva, la necesaria reforma policial y la más que perentoria depuración de la ideología ultraderechista de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de España deben afrontarse con la valentía que los valores progresistas han defendido durante toda su historia y poner a la policía, de una vez por todas, al servicio de la ley y los Derechos Humanos y de todas las personas de la geografía española.
Autor: Adrián Navalón
