Colombia: las claves del descontento popular

A pesar de la cantidad de información a la que tenemos acceso, llama la atención la poca cobertura mediática que recibe Colombia. No es para menos cuando, a lo largo de su historia, ha tenido numerosos episodios de violencia y constantes violaciones de los Derechos Humanos que a día de hoy continúan repitiéndose; y con una sociedad cansada de oír a la clase política hablar constantemente de la importancia de esforzarse por conseguir la paz para luego la práctica o bien ir en contra de lo que promulgan o bien no aplican los acuerdos a los que se llegaron hace tan sólo cuatro años (los Acuerdos de la Habana).

Las formas de violencia y persecución por parte de varios de los actores implicados en el conflicto armado que vive el país y que van desde grupos guerrilleros (como las ya desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC) al fenómeno paramilitar impulsado por el propio gobierno e incluso con apoyo de multinacionales ha ido adoptando distintas formas a lo largo del tiempo. Si bien podemos hablar de confrontación armada y asesinatos a lo largo de la historia reciente de Colombia, el actual gobierno está haciendo un uso mucho mayor de las instituciones y de los mecanismos de represión penal para perseguir a aquellos sectores de la población que realizan cualquier labor de denuncia social “molesta”.

Desde que en 1964 aparece la confrontación con diversos grupos guerrilleros hasta que se proclama la Constitución de 1991, Colombia vivía en un estado de excepción permanente, lo que facilitó en su momento perseguir cualquier intento de proceso social que mejorase las condiciones de vida de la sociedad. Es en 1991. con la promulgación de la nueva Constitución. cuando desaparece el tradicional régimen de bipartidismo entre el Partido Liberal y el Partido Conservador y van apareciendo las nuevas formaciones políticas que conforman el actual tablero político (aunque estos partidos han seguido teniendo bastante representación) al tiempo que se realizan ciertas reformas para descentralizar el país y se da algo más de autonomía a las entidades territoriales.

Así mismo, se establecieron mayores restricciones al uso excesivo del estado de excepción y más garantías a la hora del ejercicio de la oposición política y organización social. A pesar de todo ello los sucesivos gobiernos de derecha y de corte neoliberal en vez de fomentar un clima de convivencia y paz han ahondado más en prácticas ilegales y fomentado la aparición de más grupos armados, redes de narcotráfico y otros negocios con el fin de mantenerse en el poder a toda costa.

Los grupos guerrilleros

División de los bloques de las FARC (izquierda) y su área de influencia (derecha) en Colombia. Autor: Elaboración propia a partir de dos imágenes. Primera imagen: Autor: Jorge2mg. Fuente: Wikimedia Commons, bajo licencia CC BY-SA 3.0. Segunda imagen: Autor: NCTC, 2013. Fuente: Nctc.gov. Dominio público.

Entender la situación política actual de Colombia obliga a hablar de los grupos guerrilleros que han operado en el país a lo largo del siglo pasado y parte del presente. Los más conocidos son las ya mencionadas FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), catalogados ambos como grupos de extrema izquierda por el gobierno. Si bien actualmente las FARC se han desmovilizado y el ELN ha visto muy reducida su actividad (aunque sigue operando en algunas zonas en solitario o con otros grupos) el uso recurrente del gobierno de Colombia para justificar cualquier violación de los Derechos Humanos y extralimitación en el uso del Derecho pasa por hacer referencia continua a la lucha contra “la guerrilla”.

El origen de estos grupos armados remonta a los años 60. Aparecieron con el objetivo de defenderse, organizaciones armadas de campesinos liberales (liberal aquí como opuesto a conservador) que habían sido desplazados en un continuo contexto de violencia política entre liberales y conservadores, y que habían constituido una especie de “república independiente”, sobre todo en zonas de difícil acceso y de ausencia de poder por parte del Gobierno.

No obstante, existen antecedentes en las décadas anteriores. Alrededor de los años 40 y 50, Colombia estuvo sumida en una crisis social y política en que de hecho se conoce como La Violencia. Durante estos años se dieron, como se ha mencionado anteriormente, persecuciones políticas desmedidas entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, lo que provocaba a su vez el desplazamiento de miles de personas, especialmente el campesinado, buscando su seguridad personal, lo que a su vez se reflejó en un éxodo rural que saturó las urbes del país. Es aquí donde empiezan a organizarse en su legítima defensa, dando lugar a diferentes grupos guerrilleros. Tras varios intentos de paz que fueron truncados por la traición de sucesivas dictaduras, en 1957 mediante un plebiscito se aprobó el llamado Frente Nacional, un pacto entre ambos partidos para turnarse en el poder y poner fin a la violencia.

Aunque esto provocó que varios grupos guerrilleros una vez más entregaran sus armas, en la práctica suponía deponer la democracia en favor de determinadas élites, lo que finalmente desembocaría en la creación de organizaciones como las FARC y el ELN. Destacar que el clima de violencia característico de estos años fue también propiciado por el narcotráfico y el crimen organizado, que vivió un aumento exponencial especialmente en la década de los 80.

Años 90: Uribe y el auge de la derecha paramilitar

Álvaro Uribe, presidente de Colombia, en el Despacho Oval de la Casa Blanca con George W. Bush, el 1 de octubre de 2003. Autor: Eric Draper. Fuente: White House of USA. Dominio público.

El fenómeno paramilitar, de forma un tanto paralela a los grupos guerrilleros mencionados anteriormente, tiene su origen también en los años 60. Sin embargo, no es hasta la década de los 90 que empieza a experimentar un notable auge por reunirse determinadas condiciones de influencia tanto interna como externa al país. Estas organizaciones surgen como una política de Estado en que confluyen intereses de la derecha, militares y narcotraficantes con el único objetivo combatir a la izquierda y como apoyo a la lucha “antisubversiva”, utilizando el clima de violencia generalizado como argumento.

Estas maniobras estuvieron apoyadas desde Estados Unidos en la llamada Operación o Plan Cóndor, un plan diseñado por la inteligencia estadounidense para frenar el avance de movimientos izquierdistas en América Latina y que en la práctica desembocó en el apoyo a dictaduras de ultraderecha y a vulneraciones de los Derechos Humanos. Si bien al principio era una forma de funcionar ante secuestros y extorsión, luego se consolidó como proyecto político de lucha contra la amenaza comunista, siempre con el apoyo militar y estatal de fondo.

A finales de los 90 el por entonces presidente Ernesto Samper Pizano, del Partido Liberal, crea las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural “Convivir”, lo que conlleva en la práctica una cuasi regularización del fenómeno paramilitar, con la función de apoyar en diversas labores a las Fuerzas Armadas. Las Convivir tuvieron su principal foco de actividad en el Departamento de Antioquia autorizadas también por su gobernador en aquel momento Álvaro Uribe Vélez.

Sin embargo, ante lo evidente de la situación, se declararon inconstitucionales en 1999, año en el que los paramilitares aumentaron su actividad violenta por los intentos del gobierno de Andrés Pastrana, de Nuevo Movimiento Democrático, de generar un proceso de paz con las FARC. Aún con su ilegalización, esto no supuso necesariamente su desaparición de facto, ya que este grupo no fue desarmado y muchos de sus miembros se terminaron dedicándose al narcotráfico, entre otras actividades.

La normalización y legalización del fenómeno paramilitar llega a su máxima expresión en 2005 con la aprobación de la “Ley de Justicia y Paz” durante el primer mandato como presidente de Álvaro Uribe Vélez (con el partido “Primero Colombia”) con experiencia en el ámbito político como alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia. La política de Uribe se asienta en tres pilares: una postura beligerante con las FARC fomentada en parte por EEUU con el denominado “Plan Patriota”; una “cultura de paz” con los grupos paramilitares para buscar acuerdos con ellos; y, por último y a consecuencia de los dos anteriores, la deserción de los mismos, en ocasiones para su posterior inclusión en política.

Con dicha ley, supuestamente para desmovilizar a los grupos paramilitares, se termina por blindar y amnistiar sus bienes ilícitos y facilitarles el acceso a la vida política. Son más que conocidas las relaciones de Uribe con importantes empresarios del país, con miembros de la Administración de Justicia, narcotraficantes, así como sus escándalos de corrupción ya sea por desvío de fondos, o compra de votos para él o sus sucesores. La pasividad del ya ex-presidente ante el crecimiento de este fenómeno y sus estrechas relaciones con los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, alcaldías o incluso universidades, y la creación del Departamento Adiministrativo de Seguridad (DAS, una suerte de policía secreta) termina por inundar todas las esferas de poder con los intereses de la extrema de derecha como se evidenció con la filtración del Pacto de Ralito.

En dicho pacto, los líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, grupo paramilitar hoy en día extinto) y más de cincuenta políticos conservadores de diferentes administraciones públicas como gobernaciones, alcaldías o Senado, hablan de refundar la patria, crear un nuevo contrato social y defender la integridad territorial. Se conoce que diversos políticos conservadores pretendían crear una alianza para poder financiar el narcotráfico y posteriormente hacerse con el control del poder político a nivel regional y luego nacional, es decir, un golpe de estado de facto, el conocido “Plan Birmania”, apoyándose en los grupos paramilitares de ultraderecha.

Pero esto no quedaría aquí. Seguramente el mayor caso de corrupción estatal que ha salpicado a Álvaro Uribe sea el de los llamados “falsos positivos” o “ejecuciones extrajudiciales”. Se trataba en principio de un supuesto plan financiado por la administración de George W. Bush para luchar contra el narcotráfico. En la práctica, sin embargo, desde el gobierno de Colombia se mataron a miles de civiles inocentes y de líderes activistas para reportarlos como bajas en combate de grupos armados de extrema izquierda y así obtener una serie de ascensos y premios dentro de la jerarquía militar, además de presentar esto como buenos resultados frente a Estados Unidos y así obtener una mayor financiación para las arcas del país (y para los bolsillos de ciertos políticos).

Se estima que hay más de 8.000 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, considerados delitos de lesa humanidad por la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CDIH). A día de hoy siguen encontrándose fosas comunes y documentación sobre estos hechos, en parte por las declaraciones de ex-militares en el contexto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aprobada dentro del marco del Acuerdo de Paz.

Destacar que después de promulgar una reforma constitucional para poder ser reelegido una segunda vez como Presidente, efectivamente Uribe revalidó su cargo de nuevo en 2006, ahora con el Partido Social de Unidad Nacional, más conocido como Partido de la U, una plataforma para relanzar su candidatura y que contaba con disidentes del Partido Liberal. De corte conservador pero con un programa muy simple, centrado en la implementación de una economía de mercado, el reconocimiento de la familia como institución básica del Estado y la defensa de la globalización. Se presentó dentro de la coalición Primero Colombia, que agrupaba a diveras fuerzas derechistas, como el tradicional Partido Conservador. Esto le permitió ahondar en políticas de corte neoliberal hasta el año 2010.

La “implementación” del Acuerdo de Paz.

Firma de Acuerdo de Paz-Colombia. Juan Manuel Santos , Presidente de Colombia y Rodrigo Londoño Echeverri, alias de «Timoleón Jiménez» de las FARC. Autor: Presidencia de El Salvador, 26/09/2016. Fuente: Flickr. Dominio público.

Seguramente esta sea una de las partes más conocidas de la historia reciente de Colombia. La aprobación de los Acuerdos de La Habana se realizan dentro del mandato de Juan Manuel Santos, que fue Ministro de Defensa en los mandatos de Uribe. Al no poder realizarse una segunda reforma para que Uribe renovase cargo por tercera vez, Santos se presentó a las elecciones presidenciales de 2010 con el Partido de la U, asumiendo en principio una agenda política continuista, siendo el ahondar en la “seguridad democrática” de la lucha contra la guerrilla una de ellas.

Sin embargo, Santos empezó a desmarcarse de varias declaraciones que había hecho, sobretodo relacionadas con la lucha contra los grupos guerrilleros, comenzando una serie de negociaciones en secreto con las FARC y posteriormente con el ELN, así como el reestablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela (que estaban en un punto muy malo como consecuencia de conflictos anteriores) lo que llevó a Uribe finalmente a desmarcarse de él fundando en 2013 un nuevo partido, el llamado Centro Democrático (que gobierna actualmente). Las negociaciones del Acuerdo de Paz que se firmaron en La Habana han sido casi sin ninguna duda de las más ambiciosas jamás vistas.

Nada más y nada menos que 310 hojas de acuerdo que hablan de temas tan delicados y necesarios como una nueva ley de reforma agraria para crear un censo de los fundos, dotar de mayor autogobierno a los territorios campesinos así como un mayor acceso a los terrenos baldíos (carentes de propietario y gestionados por el Estado) o fomentar un desarrollo agrícola alejado de la plantación de drogas ilícitas, entre otros. Otro de los hitos más destacados de su gobierno es la instauración del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR), lo que supone la obligación por parte del Estado de crear una Jurisdicción Especial para la Paz (20 años), una Comisión de la Verdad (3 años) y una Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (20 años), todo un sistema de justicia restaurativa.

Este Sistema ha sido criticado numerosas veces por condonar varias condenas de guerrilleros y militares y porque pretende instaurar un sistema de reparación simbólica, no dineraria, con el fin último es saber qué ha pasado con los miles de personas desaparecidas, es decir, saber la verdad, para generar una memoria y no un castigo. También se ha garantizado la incorporación de las FARC a la vida política, lo que ha llevado a que otros grupos disidentes les persigan y estén actualmente amenazados varios de sus miembros. De hecho, Uribe ha criticado este pacto por concederles impunidad y excesivas garantías a los guerrilleros, una actitud completamente diferente a la que tuvo cuando negoció con grupos paramilitares.

Recordemos que se hizo un referéndum para ratificar el Acuerdo de Paz en 2016 y ganó el no por un 50,21% ante el sí con un 49,78% (con una abstención del 62,59%). Sin embargo el gobierno continuó su política de implementación de dichos Acuerdos, teniendo en cuenta varios pronunciamientos de la Corte Constitucional que establece la paz como un valor superior del ordenamiento jurídico y de un derecho fundamental a vivir por la sociedad. Santos terminó su mandato en plenas negociaciones con el ELN y con muchos puntos del Acuerdo de Paz pendientes por implementar.

Por sus esfuerzos en esta materia, Juan Manuel Santos obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 2016.

La negación del conflicto armado y persecución de líderes sociales.

En 2018 gana las elecciones (con varias denuncias de irregularidades con Uribe investigado de nuevo por la supuesta compra de votos a favor de su delfín) Iván Duque (partido Centro Democrático). Católico declarado y con una tendencia continuista en las políticas conservadoras, el actual gobierno colombiano ha sido muy criticado por su actitud de “boicot” al Acuerdo de Paz (por ejemplo, retirando partidas presupuestarias a las instituciones que emanaban del mismo) y negando casi a diario la existencia del conflicto armado, además de alargar cualquier intento de aplicación del Acuerdo, lo que supone en cierto modo dejar sin efecto el mismo.

En este contexto, el hostigamiento judicial y el uso indebido del Derecho Penal de Colombia (con el apoyo varios medios de comunicación) para desprestigiar cualquier movimiento social y de defensa de Derechos Humanos han tenido un auge muy alto en los últimos años. Los delitos que más se imputan a activistas y líderes activistas son rebelión y concierto para delinquir, los cuales están estrictamente relacionados a legislación sobre lucha armada y terrorismo.

Esto implica a su vez procedimientos penales muy largos y basados en ambigüedades y definiciones indeterminados como “sabotaje” o “inducción a la rebelión” entre otras, además de un excesivo uso de privación de libertad de manera preventiva (lo que implica que una persona pueda estar dos años o más en la cárcel con un juicio pendiente, lo que contradice la normativa humanitaria que Colombia ha ratificado). Es decir, se está regresando a la ya manida maniobra política de aprovechar las leyes anti-terroristas para frenar la disidencia política.

El Paro Nacional: « Contra el Paquetazo de Duque, la OCDE, el FMI y el Banco Mundial. Por la vida y la paz ”.

Razones para el Paro Nacional según el Comité Nacional del Paro. Autor: Captura de pantalla realizada el 09/06/2020 a las 9:45h. Fuente: Sitio web http://paronacional.com.

Producto de la recesión económica que atraviesa Colombia, la devaluación de su moneda, las numerosas quejas estudiantiles por casos de corrupción en las Universidades, la no aplicación del Acuerdo de Paz y la persecución y asesinato a diario de líderes sociales ha hecho que el 21 de noviembre de 2019 y durante varias jornadas la gente del país saliera a manifestarse por las políticas anunciadas por el gobierno sobre una reforma laboral, fiscal y de pensiones. Una reforma centrada en bajar impuestos a las empresas y grandes riquezas y una mayor contribución en las pensiones por parte de la gente de a pie, lo que implica una mayor retención impositiva a las clases bajas.

Todo ello, sumado a la escasez de servicios sociales de carácter público donde la Sanidad está privatizada en su mayoría, ha contribuido a que las ciudades salieran a tomar las calles de una forma casi nunca vista, hasta tal punto que se decretó en varias el toque de queda y el uso del ejército. El propio presidente tuvo que salir a “calmar los ánimos” ante el descontento generalizado, a sabiendas que su nivel de popularidad es bajo en estos momentos.

La sociedad colombiana ha mostrado de manera asidua desde el Paro Nacional hasta finales de año su rechazo a las reformas neoliberales y de los constantes asesinatos de líderes. Por su parte, el gobierno siempre se justifica aludiendo a Venezuela como ejemplo a no seguir a la hora de aprobar medidas económicas impopulares o incluso como agente desestabilizador de toda la economía y de la lucha contra el narcotráfico y de la propia existencia de asesinatos o guerrilleros.

¿Se aplicarán los Acuerdos de Paz en su totalidad? ¿Se restablecerán las negociaciones con otros actores del conflicto armado? ¿Ahondará incluso más, Duque, en reformas y recortes? Aún quedan dos años de mandato para ver qué ocurre con esa tan ansiada Paz.

Una de las marchas de estudiantes del Paro Nacional enel Planetario de Bogotá. Autor: A. D. V., 21/12/2019. Fuente: Elaboración propia.

Fuentes, enlaces y bibliografía:

Foto destacada: Marchas en Cali, Colombia, por el Paro Nacional del 21 de noviembre de 2019. Autor: Roboting. Fuente: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0.).