Díaz Ayuso y la realidad de la gestión de las residencias en España

Las residencias de la tercera edad en España se han estado utilizando desde hace semanas como arma arrojadiza en la gestión de la crisis del coronavirus. No es para menos: con 19.481 fallecimientos en mayores residentes en estos centros, suponen el 71,8% del total de muertes relacionados con la enfermedad. La mayoría de estos casos se concentran en la Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso, del conservador Partido Popular (en coalición con Ciudadanos y el ultraderechista Vox), con 5.975 fallecimientos. Es decir, el 30,6% de las muertes totales en residencias y casi el 70% del total de la comunidad.

Cifras muy similares se dan en Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha. En esta última, los fallecimientos representan el 84% del total. El caso porcentualmente más elevado se lo lleva Navarra, con un 88%, si bien en números absolutos los fallecimientos han sido 431. Y, si atendemos al número de la población, el número es inusualmente elevado en el caso de la Comunidad de Madrid. Así, esta región se lleva las peores cifras en cuanto a contagios, fallecimientos y muertes en residencias.

En todo momento, los dos principales partidos de la oposición, PP y Vox han mantenido una guerra abierta y sin cuartel contra el gobierno de España, en manos de PSOE y Unidas Podemos. Especialmente a partir de mediados de marzo, los ataques y los despropósitos de ambas formaciones, y muy especialmente en el partido de extrema derecha, han llegado a los insultos y las descalificaciones. Por diferentes medios de comunicación se ha visto, por ejemplo, a Cayetana Álvarez de Toledo, una portavoz del PP, decir a Pablo Iglesias, de Unidas Podemos y vicepresidente del gobierno, que era “hijo de un terrorista”. También a Hermann Tertsch, eurodiputado de Vox, comparando a Pedro Sánchez, de PSOE y presidente del gobierno, con el asesino Charles Manson. Tan solo dos ejemplos de la enorme cantidad de exabruptos agitados contra el gobierno, incluyendo la petición de Vox de que el ejército intervenga.

De entre todos estos dardos envenenados, uno de ellos ha estado relacionado con la situación de las residencias de mayores. De manera paralela a los reproches intercambiados entre gobierno y oposición de la Comunidad de Madrid, e incluso entre miembros del propio ejecutivo (concretamente, entre PP y Ciudadanos), desde el Congreso de los Diputados se ha culpado una y otra vez al gobierno de estos dramáticos datos. Que, por su parte, se ha defendido alegando que ha tomado medidas contundentes y necesarias para mejorar la situación, pero que la responsabilidad última es de las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias de la gestión de las residencias.

Los últimos escándalos han reavivado el debate al averiguarse dos hechos sucedidos en la Comunidad de Madrid: el primero, que se negó el traslado de mayores con COVID19 a hospitales y, el segundo, que aquellas personas enfermas que poseían seguro privado sí que fueron trasladadas. Al parecer, todo obedecía a protocolos aprobados por la Conserjería de Salud, en manos del Partido Popular después de que se la arrebatara a Ciudadanos. Se han descubierto incluso correos electrónicos internos que justificaron estas directrices.

El hecho de que la Fiscalía General del Estado mantiene 190 diligencias civiles y 171 penales en relación con la gestión de la crisis del coronavirus en las residencias. Solo la semana pasada cursóonce nuevas investigaciones penales(tres en Madrid, tres en Castilla y León; dos en Cataluña; dos en Galicia y una en Castilla-La Mancha) por esta situación.

En este guerra política, es necesario dirimir quién tiene la principal responsabilidad.

Las competencias en la gestión de las residencias

Mientras un bando señala por activa y por pasiva que, desde la aplicación del estado de alarma el 14 de marzo y tras el decreto aprobado el 19 de ese mismo mes, la vicepresidencia en manos de Pablo Iglesias asumió el control completo (el “mando único”) de las residencias de mayores, el otro bando asegura que esto no es así, que estos decretos le otorgaron cierto control pero que la responsabilidad última sigue siendo de las autonomías.

La legislación española

Para comprobar quién tiene razón, hay que atender en primer lugar qué dice la ley al respecto y qué rezan los textos de los decretos aprobados estos días.

A nivel administrativo, las residencias de mayores no se consideran centros sanitarios y no están integrados en los sistemas sanitarios autonómicos. Es decir, se trata de centros socio-sanitarios o centros de servicios sociales, al igual que lo son los centros para personas con diversidad funcional.

Según el artículo 148 de la Constitución, en España las competencias de servicios sociales corresponden a las autonomías. Y, según la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, corresponde las comunidades autónomas la acreditación, registro e inspecciones de calidad a todos los centros sociales (incluyendo residencias de la tercera edad). De forma similar se pronuncia la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

Pero, como sucede con muchas de las competencias delegadas, no siempre hay una ley estatal que establezca un marco claro, sino que a menudo hay una legislación por cada comunidad autónoma. En este caso, más allá de las dos leyes citadas anteriormente, cada autonomía define mediante su propia ley de Servicios Sociales su relación con la gestión de las residencias.

Artículo 178 de la Constitución Española de 1978. Es especifica claramente las competencias autonómicas.

Además, existen centros tanto públicos como privados. Los públicos pueden estar gestionados por el municipio, por la provincia o por la autonomía. Los privados, pueden ser también concertados o gestionados por entidades sin ánimo de lucro, además de por empresas. El 72,8% de las residencias están en manos privadas.

Las órdenes del gobierno durante la crisis sanitaria

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que supuso la instauración del estado de alarma, no hace ni una sola mención a la gestión de estos centros. Únicamente se habla de medidas higiénico-sanitarias, de restricción de la movilidad, de aprovisionamiento de recursos y algunas cuestiones más.

La primera medida aprobada por el gobierno que hace referencia a las residencias se publicó el día 21, el SND/265/2020. En ella, el gobierno ordenó clasificar en el plazo de un día a todas las personas residentes en categorías en función del alcance de la enfermedad para tener información clara y se autorizó a los gobiernos autonómicos a gestionar el personal de las residencias tanto públicas como privadas y así facilitar nuevas contrataciones.

La segunda medida, aprobada el 24 de marzo (orden SND/275/2020) declaró servicios esenciales a las residencias y centros sanitarios, obligó titulares de centros a facilitar información continua a gobiernos autonómicos sobre su situación, a elaborar “planes de contingencia” y a suspender las visitas y salidas.

Y la tercera medida, el 3 de abril, se especificó con más detalle la forma y la frecuencia (dos veces por semana) en que las comunidades autónomas debían informar al gobierno, además de poner a disposición de las autonomías los servicios estatales del Imserso.

Es decir, en absolutamente ninguna de estas órdenes se quitó competencias a los gobiernos autonómicos, como se puede desprender de sus textos legales.

Decretos ejecutados por el gobierno

A partir del 17 de marzo, en el Real Decreto-ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, la vicepresidencia de Pablo Iglesias ha adoptado las siguientes acciones:

1. Coordinación de un fondo de 300 millones de euros para las comunidades autónomas (que a Madrid le corresponden unos 38.700.000 de euros).
2. Coordinación de operativos mediante la Unidad Militar de Emergencias (UME) para reforzar la asistencia sanitaria de las residencias y la desinfección (bajo indicación de necesidades por los gobiernos autonómicos y por las propias residencias).
3. La flexibilización en las contrataciones de personal de servicios sociales reduciendo los requisitos de contratación (que siguen en manos de las autonomías).
4. Adquisición de material higiénico-sanitario, EPIs y refuerzo del personal de los centros sanitarios y residencias.

De nuevo, la gestión de las competencias autonómicas no se ve alterada. De hecho, los gastos de este fondo de 300 millones de euros deben ejecutarlo los gobiernos autonómicos en base a sus necesidades, que después deben justificar ante el Ministerio de Sanidad, pero éste no les dice cómo ni dónde gastarlo.

Por lo tanto, en estos decretos vemos que no sólo no se tocaron las competencias autonómicas, sino que se vieron reforzadas para facilitar la actuación de los gobiernos regionales. Comunicaciones internas entre gobiernos autonómicos y gobierno central aclararon ya esta cuestión. El 19 de mayo, la propia Conserjería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, en manos del PP, confirmó que las competencias no se habían visto alteradas.

El conflicto en el Congreso de los Diputados

De izquierda a derecha: Rocío Monasterio, Santiago Abascal, Macarena Olona y Javier Ortega Smith, importantes cargos públicos de Vox,
en la manifestación del 23 de mayo de 2020. Autor: Vox España. Fuente: Flickr.

La primera mención de la que se tiene constancia sobre las residencias fue el 13 de abril, cuando Macarena Olona, diputada del partido de derecha radical Vox, culpó al gobierno de aplicar la “eutanasia por la vía de los hechos a más de 8.000 mayores que han fallecido en las residencias totalmente abandonados y desahuciados ”. El 16 de abril, el también diputado de Vox Ignacio Garriga acusó al gobierno de asesinar en masa a ancianos y dijo a través de su cuenta de Twitter que estaban provocando un “gerontocidio”.

El 22 de abril, desde el derechista Partido Popular se vertieron las primeras críticas cuando la diputada María García se quejó de que los nuevos equipamientos “no llegaban”, que los protocolos aprobados hacía un mes “estaban desfasados” y que las órdenes y guías “eran imposibles de cumplir” por las características de dichos centros. Pese a todo, el tono se mantuvo en cierto modo.

No obstante, partir del 29 de abril, con unas 16.000 muertes en residencias, el PP se sumó al carro de las descalificaciones. Teodoro García Egea, secretario general de la formación, tildó a Pablo Iglesias de responsable directo de todas ellas.

A pesar de que durante la primera semana los gobiernos autonómicos aún no habían facilitado los datos al gobierno, se siguió culpando al vicepresidente de no publicarlos.

Durante todo este proceso, el gobierno siempre se defendió de la misma forma: explicando los decretos y órdenes ministeriales aprobados y señalando el hecho de que las competencias autonómicas no habían sido retiradas. Y que, si faltaban datos, era responsabilidad de quienes tienen el deber de recogerlos. También se aludió a los recortes en materia de sanidad y servicios sociales realizados por gobiernos del PP durante muchos años en comunidades como Madrid o Castilla y León y que, evidentemente, dificultaban la labor de gestión.

En respuesta a las nuevas y beligerantes críticas de Vox el 28 de mayo, esta vez desde el gobierno se aludió directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como principal responsable de la desastrosa situación en las residencias.

Las decisiones de Ayuso y el cisma en el gobierno de Madrid

Correo electrónico del Gerente Adjunto de Asistencia Sanitaria justificando las directrices con respecto al no traslado de pacientes mayores a
residencias el 24 de marzo de 2020. Autor y fuente: eldiario.es, (CC BY-SA 3.0)

Desde ese día, el intercambio de reproches y la tensión entre ambas instancias territoriales fue creciendo.

El 1 de junio, finalmente, salió a la luz la verdad: entre el 18 y el 25 de marzo se enviaron protocolos para no derivar a personas enfermas de residencias a hospitales, pero Díaz Ayuso informó de que se trataba de un “borrador” y que, en realidad, no se llegaron a llevar a cabo.

El 5 de junio se desveló que el consejero de Políticas Sociales en la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, de Ciudadanos, envió dos correos el 22 de marzo al responsable de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, del PP. En ellos, advertía de la posibilidad de que muchos mayores falleciesen «en unas condiciones indignas» en las residencias durante la pandemia de coronavirus, según ha desvelado este viernes El País. También alertaba de que podría incurrirse «en una discriminación de graves consecuencias legales» si en los protocolos se recogía negar el auxilio a personas con discapacidad de cualquier edad.

En el segundo correo, Reyero indicaba como alternativa «medicalizar» las residencias o trasladar a los mayores a «hoteles medicalizados».

Debido a esto, se intuye por qué el 26 de marzo Isabel Díaz Ayuso, le quitó las competencias sobre geriátricos para transferírselas al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, del PP. En aquel momento, la excusa fue crear un «mando único» para gestionar la crisis sanitaria. Algo que, aparentemente, Ciudadanos aceptó.

Al parecer, Reyero no obtuvo respuesta a estos correos. El consejero insistió con nuevos escritos a la Conserjería de Sanidad el 31 de marzo y el 11 de abril, apoyado por funcionariado de la propia Conserjería. El 14 de abril, el consejero de Ciudadanos criticó en una entrevista en la Cadena SER que Escudero hubiera dado inicio al “repliegue sanitario”, es decir la vuelta a la asistencia normal en los hospitales, en lugar de enviar a esos sanitarios a las residencias.

Por lo visto, hay seis versiones diferentes de los protocolos con los criterios para no trasladar pacientes de residencias a hospitales. En la definitiva, se habla de «residencias de mayores» y no centros residenciales (que incluyen las instalaciones para personas con diversidad funcional). Escudero admitió este jueves que sí llegó a los centros un protocolo para no trasladar a ancianos de residencias a hospitales, aunque señaló que se trató de un «error».

Sin embargo, el personal sanitario sí que ha confirmado que recibieron indicaciones para no derivar a personas enfermas a hospitales. Así, tanto el consejero de Sanidad como desde las propias residencias contradicen la versión de Díaz Ayuso.

En el protocolo definitivo se optó por una escala de fragilidad del 1 al 9 en el que se clasifica el grado de autonomía de las personas ancianas. En teoría, quedaron descartados de hospitalización pacientes del grado 7 al 9, es decir, desde personas que dependen totalmente para el cuidado personal, las que son totalmente dependientes con riesgo de muerte hasta las terminales con esperanza de vida inferior a seis meses.

El protocolo pide que los empleados de la residencia valoren por teléfono con el geriatra de enlace la situación del paciente, según los síntomas y el estado de las urgencias hospitalarias, «priorizando la cobertura sanitaria en residencia”.

La guía no pone una edad límite, pero hoy 12 de junio se ha desvelado que en un correo interno por parte de la gerencia de Atención Primaria informó el 23 de marzo al personal sanitario que pacientes de COVID19 mayores de 80 años no debían trasladarse a hospitales. Esto coincide con testimonios de familiares de personas fallecidas en residencias que aseguran que a sus mayores se les negó el traslado solo por superar un número de años. Algunos de estos casos han sido reportados en los medios.

Estas dos semanas, teniendo en cuenta también el progresivo acercamiento de Ciudadanos al gobierno en un intento por buscar la unidad de las fuerzas políticas en la crisis de la pandemia (dejando atrás su deriva derechista), han provocado una seria ruptura en el gobierno de la Comunidad de Madrid y continuas discusiones. Se habla incluso de una posible moción de censura.

Las ampollas terminaron de saltar el 11 de junio, cuando el periódico El País desveló que a las personas mayores en residencias que poseían una sanidad privada (algo minoritario en España, que cuenta con cobertura sanitaria pública universal) no se les aplicaron estos protocolos.

De fondo, las decisiones del gobierno de Isabel Díaz Ayuso no han hecho más que sembrar de polémica su gestión. Desde los convenios con Telepizza para ofrecer menús infantiles, pasando por celebrar un mitin en el hospital de campaña montado en el centro Ifema (del que más tarde se arrepintió), negarse a cerrar las fronteras de la autonomía para impedir contagios, rechazar toda colaboración con el ejecutivo central, pedir avanzar en la fase de desescalada sabiendo que no cumplía con los criterios necesarios, hasta aprovechar la crisis para privatizar los servicios de limpieza de seis hospitales, la presidenta de la Comunidad de Madrid es repetidamente señalada como un ejemplo de lo que no debe hacerse.

¿Qué hay de los planes de Díaz Ayuso para las residencias? El 12 de marzo, una semana antes de la aprobación de los protocolos, había anunciado un plan para “medicalizar” residencias, que ahora se sabe era su alternativa a la derivación hospitalaria pero que en su momento provocó incredulidad entre el personal sanitario y residente. En su momento, profesionales del sector señalaron lo obvio: las residencias no son hospitales, son un lugar de cuidado, no para curar a nadie.

Pese a todo, para mayo, el equipamiento prometido fue insuficiente. Tal vez tuvo algo que ver las declaraciones de la propia Ayuso el 2 de abril, cuando aclaró que el material sanitario comprado a China iría a parar en primer lugar a los hospitales. Es decir, no solamente este “plan de medicalización” no tenía demasiado sentido, sino que ni siquiera se llegó a implementar. En algunas residencias, se recurrió incluso a la evacuación debido al descontrol del virus. A pesar de eso, el 17 de marzo Ayuso afirmaba que las residencias estaban completamente medicalizadas.

Las mentiras de Ayuso

Rocío Monasterio (izquierda), diputada de Vox, con Isabel Díaz Ayuso (derecha), presidenta de la Comunidad de Madrid.
Autor: PP de Comunidad de Madrid, 26/07/2019. Fuente: Flickr (CC BY 2.0)

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha reconocido por fin que los hospitales de la región estaban sufriendo un colapso muy importante y que por eso se aprobaron aquellos protocolos. Al tiempo que esgrimía su defensa, ha hecho una recapitulación de su gestión, argumentando que en general había sido positiva y acorde a las necesidades, calificando de “anécdota” el asunto de las residencias.

Pero esto no ha sido siempre así. El 24 de marzo, en pleno pico de la pandemia y siendo Madrid uno de los peores focos de la crisis no sólo de España sino de todo el mundo, Díaz Ayuso declaraba públicamente que la región que gobernaba muy pronto estaría en disposición de enviar ayuda a otros territorios.

El 19 de marzo, cinco días antes, el todavía a cargo de la gestión de las residencias, Alberto Reyero (Ciudadanos), aprovechó el recién aprobado decreto del gobierno para solicitar ayuda a la UME ante la situación en las mismas. Ayuso, en una entrevista a Onda Cero, reprobó la acción, diciendo que no era necesaria, siendo este probablemente el primer choque entre ambos. El 20 de marzo, personal sanitario de hospitales públicos de Madrid pedían ayuda ante la inminente saturación de los mismos.

Hospitales como el Gregorio Marañón declararon tener lista de espera en las UCIs, sin tener en cuenta los casos ya descartados.

El 8 de abril, cuando los hospitales seguían por encima de su capacidad descartando a pacientes de residencias y de domicilios, el Ayuntamiento de Madrid anunció el envío refuerzos sanitarios del SUMA a Castilla y León. Esta colaboración fue en su momento también criticada por Ciudadanos, especialmente ante el hecho de que las residencias seguían sin medicalizar.

Es importante entender todas estas decisiones en el marco del discurso elaborado y mantenido por Ayuso y el grupo del Partido Popular. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha estado más de dos meses negando que el sistema sanitario madrileño estuviera próximo al colapso, al tiempo que se difundían vídeos reveladores sobre la realidad de los hospitales y se equipaba todo un hospital de campaña en el centro Ifema.

Mientras tomaba decisiones para que los hospitales no acogiesen a pacientes de las residencias (principal foco de contagio), especialmente los más crónicos, públicamente maquillaba la realidad, sosteniendo que contaban con todos los recursos necesarios para tratar a la gente allí, que en casos graves no se les negaba asistencia y que los hospitales estaban lejos de saturarse.

Al mismo tiempo, de los evidentes desastres que se filtraban a la prensa, el PP y Vox en el Congreso echaban la culpa al gobierno, más concretamente a Pablo Iglesias, por permitir ese supuesto desastre. Se llegó a la incongruencia de sostener que Ayuso gestionaba bien las residencias y al mismo tiempo decir que su gobierno no podía hacer nada en las mismas por culpa de los decretos aprobados por el ejecutivo central. Incluso se calificó de “milagro” la existencia del hospital de Ifema, cuando precisamente se tuvo que construir por la absoluta carencia de camas de hospital.

Y a pesar de que Ayuso por fin ha reconocido que ha estado mintiendo durante todo este tiempo, el PP ha decidido cerrar filas a su alrededor y continuar descalificando al gobierno.

Conclusiones

La realidad de las residencias es que, efectivamente, estaba en manos de Ayuso y su gobierno proveer de recursos, controles y personal aestos centros, y que el gobierno central aprobó medidas para facilitar estas gestiones a todas las comunidades autónomas.

Debido precisamente a la capacidad de tomar estas decisiones, ante el colapso de los sistemas sanitarios, varios gobiernos autonómicos decidieron imponer restricciones al traslado de pacientes a hospitales. Esto se aplicó en cuatro regiones: Castilla y León, Cataluña y la Comunidad Valenciana, además de en Madrid, con menor o mayor grado de restricción.

Si bien la Comunidad Valenciana fue una de las más restrictivas en cuanto a los protocolos descritos, en la práctica lo fue más la Comunidad de Madrid. Esto se observa al comprobar que el 57% de las muertes de residentes ocurrieron en la propia residencia en el caso de Valencia, pero en el caso de Madrid fue del 80%. Es decir, en esta región, 8 de cada 10 personas mayores enfermas de COVID19 murieron en la propia residencia.

Así, se dieron órdenes específicas al tiempo que se mantenía una imagen en los medios de que todo iba bien, se culpaba al gobierno del país y el equipamiento médico (en parte responsabilidad de la autonomía) no llegaba tampoco. Mientras se ofrecía un discurso de unidad en el gobierno madrileño, existía un cisma abierto entre PP y Ciudadanos que acabó con la destitución del consejero para ser nombrado alguien del mismo partido de Ayuso.

Existen personas y entidades, como la CEAP, que argumentan que desde la vicepresidencia de Pablo Iglesias se debía haber impuesto protocolos generales aplicables a todo el estado, es decir, establecer un mando único, pero de verdad. Otras sostienen que el gobierno central podía haber evitado el colapso de los hospitales y así ni Ayuso ni ninguna otra autonomía tendrían que haber dejado a ancianos morir en las residencias.

Si bien es cierto que, al final, quien mata es el virus y que la saturación de los sistemas sanitarios responde a muchísimas variables, imposibles de tratar en este mismo artículo, la conclusión final es que el discurso que sostienen las derechas en España es rotundamente falso. Un discurso que han ido modificando a medida que la prensa iba destapando las falsedades y los datos sobre la situación de las residencias.

Mientras los gobiernos autonómicos deciden si dar las oportunas explicaciones o no, solo queda esperar a la resolución de la Fiscalía sobre esta cuestión. La primera sentencia al respecto ya ha concluido que la responsabilidad de la falta de equipamiento en las residencias de Teruel ha sido del gobierno autonómico de Aragón.

Fuentes, enlaces y bibliografía:

– Foto destacada: Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en Jornada Clausura Convención 2019 del PP en Madrid. Autor: PP Madrid, 20/01/2020. Fuente: Flickr. (CC BY 2.0)