Juan Carlos I y la corrupción en la Casa Real de España

Nuevos escándalos alrededor del emérito rey y anterior monarca de España, Juan Carlos I de Borbón, han vuelto a sacudir los principales medios de comunicación (y los no tan principales). Debido a un presunto cobro de comisiones a una constructora suiza, el grupo parlamentario Unidas Podemos llevó al Congreso una nueva propuesta para investigar el origen de sus finanzas a partir de que abdicara el 2 de junio de 2014. No obstante, como es habitual, los principales partidos políticos, PSOE, PP, Ciudadanos y Vox, votaron en contra por tercera vez, escudándose en los informes jurídicos de los letrados de la Cámara. Pese a todo, la Fiscalía lleva desde el 5 de junio investigando el caso y es posible que el emérito sea citado a declarar.

Supuestas donaciones por parte de Arabia Saudí, las investigaciones de la Fiscalía suiza y las supuestas amenazas a Corina Larsen para que no revele secretos de Estado son algunas de las controversias que han salido a la luz últimamente. No obstante, la corrupción de la Casa Real ha sido motivo de polémica desde hace años por muchos motivos.

Y es que, la corrupción política en España ha cruzado fronteras desde hace décadas, siendo un motivo creciente de preocupación. No obstante, hay que decir que, con contadas excepciones en los años 90, la corrupción se ha aceptado y dado por hecho, sin constituir una preocupación especial por parte de la gente. Que los partidos políticos roban y mienten casi ha formado parte de la identidad española, he incluso investigaciones aseguran que prácticamente no afecta a la intención de voto.

Pero es cierto que, a partir de la crisis económica de 2008 y de cierto relevo generacional, las miradas comienzan a dirigirse hacia una clase política a la que, mientras todo iba bien, a casi nadie parecía importarle lo que hicieran. Así, desde 2010, la corrupción se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la sociedad española, precisamente en unos años donde los medios han estado plagados de múltiples casos de delitos en este sentido.

Sin embargo, la Casa Real siempre ha permanecido impasible, pasando de puntillas por encima de todo esto, como si la corrupción no fuera con ella. Con la connivencia de los medios de comunicación, la popularidad de Juan Carlos I ha ido en constante alza desde los años 80. Labrándose una imagen como responsable de la transición española desde la dictadura franquista a la democracia y con su apodo de “campechano”, llegó a tener según el CIS una popularidad de 7,4 puntos sobre 10 entre 1994 y 1995. A partir de 2006, bajó hasta 5, pero siempre se mantuvo por encima del aprobado. Incluso durante la crisis, su imagen parecía inviolable, hasta el primer caso de corrupción en la Casa Real con el Caso Noós en 2011.

Y es con este caso con el que empieza el principio del fin de la Casa Real, un ocaso a través de tramas de corrupción e infidelidades con redes asentadas a escala global.

El Caso Noós

Iñaki Urdangarín en el partido de baloncesto de Los Ángeles Lakers contra los Washington Wizards. Autor: Antonio Zugaldia.
Fuente: Flickr, (CC BY 2.0.).

El Caso Noós pasó a la Historia como el primer caso de corrupción que implicó a miembros de la Casa Real y que marcó el principio del fin del compromiso no escrito de los medios de comunicación de no hablar mal de la Corona. Hasta entonces, existía un riguroso silencio sobre la misma incluso entre los partidos políticos, con muy pocas excepciones. Señalado fue el caso del secuestro de la portada de la revista El Jueves en 2007 por la Audiencia Nacional. El rey era, pues, una figura casi intocable, ajena a los desmanes y conflictos políticos.

El caso giró en torno al Instituto Noós, una Fundación creada en 1999 en Barcelona por el empresario Diego Torres y que entre 2003 y 2009 fue el centro de una trama de corrupción en la que se vio involucrado Iñaki Urdangarín Liebaert, ex-medallista olímpico de balonmano y marido de la infanta, hija de Juan Carlos I y duquesa de Palma, Cristina de Borbón, desde 1997.

Iñaki Urdangarín fue alumno de Diego Torres en la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE). De esta relación, surgió la refundación del Instituto, prácticamente sin actividad hasta ese momento, siendo nombrado presidente hasta 2006, cuando Iñaki pasó a ser consejero de Telefónica.

Los primeros resquicios de la trama aparecieron precisamente en 2006, cuando Antoni Diéguez, diputado del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) del Parlamento de las Islas Baleares, difundió que el gobierno balear, presidido por Jaume Matas, del Partido Popular (PP), había pagado 1,2 millones de euros al Instituto Noós para que celebrara en Palma de Mallorca un Foro sobre Turismo y Deporte en noviembre de 2005, un evento con muy poca repercusión cuyo gasto fue, evidentemente, desorbitado.

En 2007 estalló el caso Palma Arena cuando el PSOE llega al poder en el gobierno balear y descubre un desfalco de 50 millones de euros en las cuentas del polideportivo Palma Arena. Investigando este caso, la policía halló documentos sobre dos convenios de colaboración entre el Gobierno balear y el Instituto Nóos.

Así, en 2010, se abrió una causa en la que pedía información sobre los convenios firmados en 2005 y 2006 por diferentes fundaciones y entidades dependientes del gobierno balear. Por un documento filtrado por el periódico El País, se cree que desde el Instituto se persuadió a varias administraciones públicas para firmar convenios ilegales por trabajos que nunca se hicieron y/o con presupuestos exagerados. Las investigaciones concluyeron que la red tejida alrededor del Instituto era promovida por las mismas personas, es decir, que se adjudicaban contratos entre ellos.

El juez imputó a Iñaki Urdangarín el 29 de diciembre de 2011 por presuntos delitos en la actividad de Nóos de evasión de impuestos, fraude fiscal, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos. Él y su socio Diego Torres percibieron 5,8 millones de euros del gobierno valenciano y el gobierno balear a través del Instituto Noós mediante estos convenios fraudulentos.

El juicio se prolongó durante varios años en los que se fue destapando toda la trama de corrupción y en las que fueron citadas a declarar numerosas personalidades. Pero el caso impactó a la sociedad española cuando, en abril 2013, la infanta fue imputada. Y, además, la propia Fiscalía Anticorrupción, de forma totalmente contraria a como debería actuar, recurrió dicha imputación al “no encontrar pruebas sólidas”. Tras nuevas investigaciones, en enero de 2014 se la volvió a imputar y fue la primera persona de la Casa Real en tener el dudoso honor de ser citada a declarar. Sus declaraciones se hicieron famosas por el leve escrutinio realizado por los jueces y por haber repetido casi 600 veces palabras como “no lo sé” o “no me consta”.

Finalmente, en 2016 y con sentencia firme en 2018, fueron condenadas 16 personas, entre ellas, Iñaki Urdangarín (5 años y 10 meses de prisión), Jaume Matas (3 años y 8 meses de cárcel), Diego Torres (3 años y 8 meses de cárcel) y a Cristina de Borbón… con 136.950 euros de multa. La Fiscalía pedía inicialmente para Urdangarín 19 años y para la infanta 8 años.

Lo relevante del caso fueron las repercusiones que tuvo. Por un lado, los medios de comunicación se resistieron profundamente a publicar sobre el asunto hasta que la trama fue demasiado evidente como para ocultarla. De hecho, la prensa rosa y amarilla informó antes y mejor de los hechos que los grandes medios. Por otro lado, la Casa Real se apresuró en 2011, en plena oleada de protestas en España, a apartar públicamente a Urdangarín de las actividades de la familia, a retirarlo del sitio web y a realizar varias reformas en cuanto a la transparencia de las cuentas públicas de la Corona. Además, varios partidos políticos, entre ellos Izquierda Unida (IU) y Unión Progreso y Democracia (UpyD), rompieron el ya débil silencio hacia la Casa Real y pidieron investigaciones sobre el caso, muy especialmente acerca de la posible vinculación del rey, Juan Carlos I, en la trama.

Fue además una época donde surgieron nuevos medios de comunicación, especialmente digitales, que trataban de presentarse como una alternativa a los grandes grupos mediáticos y así poder cubrir esta creciente demanda, destacando Publico.es (2007), eldiario.es o La Marea (2012).

El esfuerzo de los partidos tradicionales (PP y PSOE) por cubrir al rey y las evidentes influencias que se movían para no imputar a la infanta provocaron una indignación creciente.

Durante la declaración de Urdangarín en febrero de 2012, manifestó que el rey le había pedido que abandonara sus negocios en marzo de 2006, tratando de desvincularlo de la trama. Sin embargo, el 16 de abril de 2012, se hicieron públicos tres correos electrónicos escritos por Urdangarin y aportados al juez por Diego Torres que implicarían al rey en negocios a favor de su yerno con posterioridad a esa fecha, así como a Corrina zu Sayn-Wittgenstein (de soltera, Larsen), empresaria alemana e “íntima” amiga de Juan Carlos. Finalmente, llegó a admitir en 2016 que la Casa Real supervisaba las actividades del Instituto Noós. El rey nunca ha sido investigado por estos hechos.

La imagen de la monarquía quedaría empañada para siempre. Y más aún con todo lo que quedaba por venir.

La relación con Corina zu Sayn-Wittgenstein

Corina y Juan Carlos I en una foto de archivo. Autor: Desconocido. Fuente: lasrepublicas.com

Los escándalos por supuestas infidelidades del ex-monarca nunca han pasado del todo desapercibidas, pero no es el objetivo de este artículo.

Corina zu Sayn-Wittgenstein es una empresaria divorciada en 2005 del noble alemán Casimir zu Sayn-Wittgenstein-Sayn que fundó en el año 2000 una empresa, Boss & Co., dedicada a las armas y que, con su filial Boss Sporting, organizaba cacerías en safaris por África para gente de clase alta. Como tal, se movía por las altas esferas, élites económicas y políticas de Europa, participando en numerosos eventos.

En 2006 hizo su primera aparición en la prensa al haber entablado amistad con Juan Carlos I en una cena, pero no se volvió a saber de ella hasta 2012.

Ese año, probablemente uno de los más fatídicos para el emérito, el 13 de abril, fue ingresado en quirófano para una operación de cadera que se le había fracturado mientras cazaba elefantes en Botsuana en uno de estos safaris organizados por Corina. Safari en el que se había gastado 45.000 euros, en plena crisis del país y con protestas populares sacudiendo las calles. Para colmo, Juan Carlos era presidente honorífico de la organización World Wildlife Fund for Nature (WWF), que trabaja para la protección de especies vulnerables, lo que le valió la retirada de dicha mención.

Al salir de la operación en muletas, pronunciaría la ya famosa frase: “Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir”. Para mucha gente, la imagen de la decadencia de la Casa Real. Si bien, es cierto que para otras personas, estas disculpas generaron cierta simpatía y lástima.

No obstante, lo relevante de este caso es que se hizo pública su relación con Corina, ya nombrada durante la instrucción del Caso Noós. Diego Torres trató de implicar a la empresaria, entre otras personas cercanas al rey, mediante la publicación de correos electrónicos cruzados en los años 2004 a 2007. Se publicó que Iñaki Urdangarin requirió que Corina le colocara 200.000 euros en la Fundación Laureus.

Corina, quien hasta 2010 había residido en un chalet en El Pardo, en España, reveló en 2012 que simplemente consideraba a Juan Carlos I como “un amigo de la familia” y cque en España desempeñaba labores de asesoría para el gobierno español en sus relaciones diplomáticas con Arabia Saudí. En 2013, una vez más, declaró que solamente le unía al rey una “afectuosa amistad”.

Y es que, un año antes, la periodista Pilar Eyre había publicado el libro La soledad de la reina, donde describía a Corina como una “atractiva mujer con influencia en el jefe del estado”, señalando las largas temporadas que se sabe que ha estado pasando en España como momentos de vinculaciones sentimentales con Juan Carlos I y, por lo tanto, infidelidades a la reina Sofía de Grecia.

Trascendió también que el príncipe Alwaleed bin Talal, presidente de Kingdom Holding Company, un gigantesco conglomerado empresarial con inversiones en bancos, hoteles, compañías informáticas y medios de comunicación, recibió en 2007 a la princesa Corina zu Sayn-Wittgenstein en su cuartel general de Riad, la capital de Arabia Saudí, en su calidad de “representante de Su Majestad el Rey Juan Carlos de España”. Desde la Casa Real han desmentido una y otra vez estas afirmaciones.

Se hizo público también el dúplex en el que Juan Carlos y Corina habrían vivido en los Alpes suizos entre 2009 y 2012. Incluso se afirma que el monarca estuvo a punto de divorciarse de la reina. Así, según declaraciones cercanas al rey y diferentes medios de prensa, la cercanía entre ambos era evidente, especialmente entre 2002 y 2013, donde un rápido repaso histórico desvela que compartieron infinidad de actividades, tanto de ocio como representativas, es decir, tanto en privado como en público.

Sin embargo, al parecer, la presunta pareja sentimental sufrió varias crisis por lo que se distanciaro . Desde entonces, Corina asegura que sufre un acoso y persecución por parte del emérito por ciertas operaciones de dudosa legalidad que podrían comprometerle.

Es justo aquí cuando se entremezcla una complicada trama, llena de reproches y declaraciones mutuas, difíciles de seguir, por lo que es necesaria una lectura concienzuda para armar el complicado puzzle tras la corrupción de la Casa Real.

Operaciones financieras ilegales de Juan Carlos I

Según las declaraciones que ha realizado Corina Larsen a lo largo de los últimos años, fue utilizada durante el tiempo que duró su supuesta relación sentimental, entre 2002 y 2013, para blanquear y ocultar la fortuna personal de Juan Carlos I a través de una compleja red de fundaciones y donaciones. Y que, a consecuencia de haber roto dicha relación, principalmente a causa del acoso de la prensa y de otras infidelidades, la Casa Real y los servicios secretos estaban acosándola para, supuestamente, silenciarla.

De entre estas presuntas operaciones ilegales, la empresaria alemana ha asegurado que Juan Carlos I la utilizó como testaferro para ocultar su patrimonio y propiedades en el extranjero. De hecho, en 2018 aseguró que el ex-comisario José Manuel Villarejo, la utilizaba por estar afincada en Mónaco, donde no se requiere una declaración pública sobre el patrimonio. Dijo, además, estar sufriendo “una pesadilla enorme” porque tendría a su nombre parte del patrimonio del ex-monarca que ahora le estaría reclamando.

Estas y otras conversaciones se grabaron por parte del ex-comisario José Manuel Villarejo, en prisión preventiva por blanquear capitales por un valor de, al menos, 80 millones de euros, conectando así el caso al de las llamadas «Cloacas del Interior«, donde existiría presuntamente una trama durante la época en la que fue Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz (PP) para perseguir a rivales políticos.

De hecho, estos audios se descubrieron en 2015 mientras se investigaba otro caso relacionado con el comisario jubilado sobre una conversación con el empresario Juan Villalonga y la propia Corina. Ella afirmaba en dichos audios que había cobrado comisiones por la negociación de la obra del AVE.

Según la versión de Corina, todo comenzó a raíz del accidente en Botsuana. Semanas después, su casa y su oficina de Mónaco fueran «ocupadas» por personal de una empresa de seguridad del país. Según ella, se trata de diferentes mercenarios franceses y polacos que han ocupado su apartamento con la excusa de protegerla, pero con la intención real de encontrar pruebas que pudieran incriminar a Juan Carlos. Días antes había recibido un mensaje en el que le comunicaban que habían contactado con ella a través de sus «amigos de Madrid», por lo que ella interpretó que estaba relacionado con el rey. Además, mencionó que recibió correos amenazadores por parte de los servicios secretos españoles.

Tanto es así, que llevará el caso a los tribunales. También denuncia que los servicios secretos españoles entraron en una habitación el hotel en el que se hospedaba en Londres para intimidarla a ella y a su familia y que le pidieron que guardara silencio sobre lo sucedido. Todo esto lo ha documentado en una declaración jurada que prestó ante notario junto a unos SMS con los que se comunicaba con Juan Carlos (al que guardaba en la lista de contactos como «John Smith») y cuya denuncia formalizará ante los tribunales de Reino Unido.

¿Todo para qué?¿Qué intentaba, de ser así, tapar la Casa Real? Corina declaró que el ex-monarca creaba estructuras opacas que eran puestas a nombre de terceros para blanquear dinero. Una de estas personas sería el primo de Juan Carlos, Álvaro de Orleans-Borbón, quien también reside en Mónaco, quien tendría cuentas bancarias en Suiza pertenecientes al emérito. Además, supuestamente era su primo el que pagaba diferentes vuelos privados que salían de la zona militar de Torrejón para evadir el control sobre los mismos.

También desveló que Juan Carlos recurrió a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2012, de forma que podía repatriar fondos opacos haciendo frente a un coste tributario mínimo. Esto no puede saberse porque la figura del jefe del estado en España no está obligada a revelar su patrimonio. Se sabe que a esta amnistía se acogieron al menos otros cuatro miembros de la Familia Real para regularizar hasta 4 millones de euros. Así, blanquearon tributando únicamente el 10% por ingresos de origen desconocido.

Siguiendo la estela de los audios mencionados anteriormente, y como ella misma ha confirmado para justificar la persecución que supuestamente sufre, recibió una donación millonaria en 2012 como «regalo» para ella y para su hijo. Corina lo contó, eso sí, una vez se conoció que la Fiscalía suiza ha localizado en una cuenta 65 millones de euros. Las autoridades del país helvético están investigando si se trata de una comisión por la mediación en la adjudicación a una UTE española de las obras del AVE a la Meca. Esto ella lo niega.

En su momento, la causa se cerró debido al artículo 53 de la Constitución Española que establece que la figura del Rey es inviolable en cuanto a sus actividades políticas.

Esta trágica historia entre ambos finaliza el 16 de marzo de 2019 con un encuentro entre ambos en Londres. El objetivo, supuestamente, era que Corina pusiera fin a sus declaraciones públicas en prensa y en los medios sobre sus presuntas operaciones irregulares en Suiza. En dicho encuentro, le aseguró que ni él ni su hijo podría intervenir en causas judiciales. Como ya se sabe, la falta de acuerdo entre ambos terminó desembocando en nuevas declaraciones que le han llevado al ocaso hasta el día de hoy.

La fortuna oculta de Juan Carlos I

Palacio Real de Madrid. Autor: JoseManuel de Laá. Fuente: Pixibay. Dominio Público.

El 28 de septiembre de 2012, el prestigioso periódico New York Times publicó que el rey tenía una fortuna de 1.800 millones de euros (2.300 millones de dólares) en un polémico artículo que traspasó las fronteras. Otras cifras recogidas por revistas como Forbes, ofrecieron estimaciones similares. Esto hizo elevar las dudas y las sospechas sobre el origen de tamaño patrimonio, más aún teniendo en cuenta que su salario como monarca ascendía hasta los 8 millones de euros anuales.

Hace cuatro años se descubrió que Juan Carlos había recibido una herencia de más de dos millones de euros por parte de su padre y se elucubró sobre que dicha fortuna no había pasado por Hacienda, sino que se encontraba en cuentas en Suiza. Ante estas acusaciones, y pese a que llegaron al Congreso, la Casa Real no dio explicaciones.

Al parecer, parte de su fortuna tendría también su origen en 1962, cuando presuntamente recibió 200 millones de las antiguas pesetas de la época (1.200.000 euros actuales, lo que ajustado a la inflación podrían ser unos 10 millones de euros) por parte de un grupo de empresarios como regalo de bodas.

Ha sido acusado por su entorno, además, de recibir comisiones por el comercio de petróleo importado a España desde 1978 hasta, por lo menos, su abdicación, en forma de numerosos regalos y dinero. De esto se han hecho eco varios medios y periódicos. De hecho, la relación entre Juan Carlos I y la monarquía saudita ha sido referenciada y criticada durante los últimos años por tratarse de un país sumido en una monarquía absoluta con buenas relaciones diplomáticas con España.

Hasta marzo de 2020, cuando los escándalos ahogaron al emérito, cobraba una asignación de 194.232 euros (brutos) simplemente por haber sido rey de España, al margen de otros gastos indirectos como coches oficiales, residencia, etc. Nunca ha estado del todo claro, a lo largo de todo su mandato como jefe de estado, qué gastos se le asignaban de partidas indirectas (ajenas a la partida presupuestaria específica para los gastos de la monarquía), como seguridad, transporte o alimentación, además de las asignaciones a otros miembros de la Casa Real. De hecho, la monarquía española ha sido catalogada varias veces como una de las más opacas de Europa.

Sin embargo, como ya se ha dicho antes, no se puede saber a ciencia cierta el origen de la fortuna del emérito porque no está obligado a rendir cuentas de su patrimonio.

Las Tarjetas “Black”

Miguel Blesa entrando en el juzgado por el caso de las Tarjetas «Black». Autor: Marta Jara, 26/09/2016. Fuente: eldiario.es, (CC BY-SA 3.0.)

En el mes de diciembre de 2013, eldiario.es publicó una serie de los correos electrónicos de Miguel Blesa, presidente en aquel momento de la entidad bancaria Caja Madrid, enviados y recibidos desde su dirección corporativa enviados o recibidos en su dirección corporativa.

A raíz de dicha publicación, Bankia realizó una investigación interna. Su resultado fue puesto en conomiento del FROB. Y de ahí comenzaron las investigaciones.

Básicamente, lo que sucedió es que diferentes consejeros de Caja Madrid y Bankia utilizaron tarjetas de crédito para gastar dinero a cuenta de estos bancos, libres de impuestos, comisiones o cualquier carga fiscal entre 2003 y 2017. El 23 de febrero de 2017, la Audiencia Nacional condenó a prisión a los 65 acusados, por un delito continuado de apropiación indebida que derivó en un gasto de 12,5 millones de euros. Nada menos. Entre ellos se encontraban empresarios, cargos de diferentes partidos políticos y sindicatos y de entidades públicas.

Una de esas personas fue Javier López Madrid, consejero delegado del Grupo Villar Mir, juzgado por la Operación Lezo e investigado por otras corruptelas varias. Fue famoso porque se ciertos mensajes de Whatsapp de la reina Letizia Ortiz se filtraron a la prensa durante su imputación por el caso de las Tarjetas «Black». El mensaje decía: “Te escribí cuando salió el artículo de lo de las tarjetas en la mierda de LOC y ya sabes lo que pienso Javier. Sabemos quién eres, sabes quiénes somos. Nos conocemos, nos queremos, nos respetamos. Lo demás, merde. Un beso compi yogui (miss you!!!)”.

Juan Miguel Villar Mir, es miembro de este grupo empresarial y una persona muy cercana a Juan Carlos I a la que le otorgó el 3 de febrero de 2011 un título nobiliario, el marquesado de Villar Mir. Quien fuera ministro de Hacienda con el gobierno de Carlos Arias Navarro entre 1975 y 1976, fundó el grupo constructor OHL y ha estado implicado en innumerables tramas corruptas: su nombre figuraba en la libreta de Luis Bárcenas, ex-tesorero del Partido Popular y en prisión por llevar una contabilidad sin declarar en el partido (en B) con la que pagaba sueldos extraordinarios a cargos públicos; en en el caso Lezo… y es, por supuesto, uno de los agraciados con los contratos del AVE saudí con los que Juan Carlos I está siendo investigado por, supuestamente, obtener al menos 100 millones en comisiones ilegales.

Es decir, la corrupción en España, de alguna forma, no solo presenta ramificaciones que llegan hasta la Casa Real, sino que ha sido amparada por miembros de la misma, tal y como se puede deducir de estos datos.

Las investigaciones en Suiza

En marzo de 2020, el diario suizo Tribune de Geneve se hacía eco del hallazgo de una transferencia de 100 millones de dólares del rey de Arabia Saudí a una cuenta del banco privado Mirabaud. La cuenta estaba a nombre de otra fundación llamada Lucum “de la que Juan Carlos I era el único beneficiario”, una supuesta donación de 100 millones de dólares supuestamente acontecida en 2012, atribuida al entonces monarca, dirigida a su «amiga» Corina Larsen y vinculada a presuntas comisiones de Arabia Saudí.

El mismo mes, tras confirmarse que en caso de fallecimiento del rey emérito su hijo Felipe VI sería el beneficiario de los fondos opacos depositados en la Fundación Zagatka (con sede en Liechtenstein), que controla su primo Álvaro de Borbón-Orleans, y de la Fundación Lucum (con sede en Panamá), que la fiscalía suiza atribuye al rey Juan Carlos, Felipe VI, mediante un comunicado oficial, anunció que renunciaba a la herencia de su padre. Así mismo que retiraba a su padre la asignación que cobraba de los presupuestos de la Corona.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido las investigaciones sobre las comisiones irregulares que se cobraron durante la construcción del Ave a la Meca. En un comunicado oficial, ha dejado claro que investigará el cobro de esa comisión de 80 millones de euros y la presunta implicación de Juan Carlos, ya que fue un intermediario en la construcción del conocido como ‘AVE del desierto’ que une las ciudades de Arabia Saudí de Medina y La Meca. Si se encuentran indicios, el emérito podría sentarse en el banquillo de los acusados.

Las diligencias abiertas por la Fiscalía buscan aclarar el destino de esos 80 millones de euros que según Corina, se habrían repartido entre varias personas, entre las que estaba el ex-monarca, como consecuencia de la adjudicación de la llamada Fase II de la construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad. La investigación de la Fiscalía, eso sí, irá desde 2014, momento en el abdicó en favor de su hijo Felipe VI e instante en el que perdió la inviolabilidad del Rey que contempla el artículo 56.3 de la Constitución Española. En 2018, la causa suscitada a raíz de los audios del ex-comisario Villarejo, se había cerrado precisamente por este hecho. Ahora, 18 meses después, se ha podido abrir definitivamente.

Consecuencias y repercusiones

Ahogado por las polémicas, por la crisis económica y otras tantas controversias, además de por su evidente avanzada edad, el 2 de junio de 2014 Juan Carlos I abdicó en favor de su hijo, Felipe VI. Con un nuevo partido político entonces arrasando en las encuestas como Podemos que rechazaba abiertamente la monarquía y con el índice de popularidad de 3,7 sobre 10 (la más baja de toda su Historia), el nuevo rey tenía por delante la titánica tarea de restaurar el honor de una institución cada vez más en duda por la sociedad española. En 2015, el CIS dejó de preguntar por la valoración de la monarquía hasta 2018, con el fin del gobierno de Mariano Rajoy (PP).

Los medios de comunicación y los partidos afines a la Corona (PP y PSOE) han tratado de presentar a Felipe VI como una renovación de la Casa Real, como alguien preparado, serio y con capacidad de unir a la sociedad española. Esto se ha visto reflejado en ciero aumento de la popularidad hasta 2018, donde diferentes fuentes le otorgaban un 7,3 sobre 10, pero pronto volvió a caer hasta el 4,8 que ostenta actualmente.

Y es que, el tabú alrededor de la Casa Real se ha roto. El debate sobre si mantener una institución como la monarquía está en pie, especialmente tras el papel de Felipe VI durante los conflictos políticos y sociales en Catalunya por la celebración del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2016 (declarado ilegal por el Tribunal Constitucional) en la que presentó una imagen alejada del consenso y la diplomacia; por haber estado alejado de las cámaras y de la prensa durante la crisis del coronavirus; por diversos conflictos familiares alrededor de la reina Letizia Ortiz, especialmente con su suegra, Sofía de Grecia; y por los recientes casos de corrupción de Juan Carlos I, de los que intenta desvincularse, pero de los que resulta complicado no hacerlo, más teniendo en cuenta que Felipe VI ha continuado viajando a Arabia Saudí para cerrar tratos con la dictadura islámica.

A finales de mayo de 2019, Juan Carlos I comunicó oficialmente a Felipe VI que se retiraba de la vida pública y que no participaría ya más en actos oficiales. Ante la investigación de la Fiscalía suiza sobre el presunto cobro fraudulento de comisiones, además del inicio de una investigación por el Tribunal Supremo y la Fiscalía españoles, varios periódicos afirmaron que el rey Juan Carlos habría decidido marcharse a vivir a una zona exclusiva de la República Dominicana, país con una legislación laxa en caso de petición de extradición.

Con toda probabilidad, la conclusión más acertada es que, ya desde la Transición hacia la democracia y como parte de la herencia de la Dictadura de Francisco Franco (quien designó a Juan Carlos I como su sucesor directo), España ha arrastrado una suerte de cúpula económica y política que ha utilizado los engranajes del sistema democrático del país para asentar sus redes de corrupción. Partidos políticos, sindicatos y grandes empresas han aprovechado la circunstancia para perpetuar su poder a costa de una ciudadanía poco acostumbrada a luchar por sus derechos tras cuarenta años de dictadura.

Como parte de ese entramado que ha ido explotando especialmente en los años siguientes a la crisis económica de 2008, la Casa Real podría tener una implicación, directa o indirecta, según el caso. Aprovechando la supuesta inviolabilidad que le otorga la Constitución Española, la Corona sería uno de los epicentros en los cuales se habría apoyado buena parte de la clase política y económica del país para lo de siempre: obtener favores y enriquecerse a costa del erario público. Por supuesto, los grandes partidos, teniendo tanto que esconder, han optado por rechazar las peticiones de investigación una y otra vez desde 2018, muy a pesar de que la figura del Rey ya puede ser investigada a partir de que deja de serlo en 2014.

Y es que, Francisco Franco ya lo dijo: lo dejo todo atado y bien atado.

Fuentes, enlaces y bibliografía:

Foto destacada: Juan Carlos I jura los principios del Movimiento Nacional, 22/11/1975. Autor: Alvarovera31. Fuente: Wikimedia Commons. Licencia CC BY-SA 4.0.