¿Qué fue de los principales golpistas del 23F?
El 23 de febrero de 1981 pasó a la Historia de España cuando, durante la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, irrumpió en el Congreso de los Diputados con varios guardia civiles y, a punta de pistola, interrumpió la sesión, declarando un golpe de Estado.
Cuarenta años después de aquellos terribles sucesos, la negativa de los principales partidos políticos, Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Partido Popular (PP) de aprobar una ley que desclasifique los documentos de aquella época sigue rodeando de incógnitas y claroscuros hechos que, a día de hoy, solo se pueden contrastar parcialmente con declaraciones y entrevistas posteriores.
Tras el fallido intento de golpe de Estado del 23F y tras 47 sesiones que ocuparon 13.000 folios de sumario, el 3 de junio de ese mismo año, el Consejo Supremo de Justicia Militar dictaba las condenas a la baja contra todos ellos. Dicho sumario no se ha hecho público jamás.
Más tarde, el 22 de abril de 1983, el Tribunal Supremo revocó la decisión militar y hasta un total de 30 personas fueron condenadas a diferentes penas que iban desde los 30 años de prisión hasta otro tipo de sanciones, como la inhabilitación por ejercer determinados cargos públicos.
De entre esas 30 personas, fueron culpados como autores materiales e intelectuales del 23F a Antonio Tejero, Jaime Milans del Bosch y a Alfonso Armada, que fueron condenados a 30 años de prisión, además de expulsados del servicio.
Pero, ¿qué ha sido de las principales personas implicadas?¿Cumplieron su pena?¿Qué hicieron después?
Antonio Tejero Molina
Antonio Tejero es, con toda probabilidad, la cara más visible del 23F. Nacido en 1932, alcanzó el grado de teniente coronel tras una exitosa carrera dentro de la Guardia Civil, donde alcanzó el grado de teniente con solo 22 años.
Ya como teniente coronel, en los años 70 recibió meses de arresto en País Vasco y Andalucía por extralimitarse en sus funciones al impedir el desarrollo de protestas pacíficas, así como diferentes sanciones por discrepancias con sus jefes.
En 1979 fue detenido por conspirar para hacer un golpe de Estado en la llamada Operación Galaxia junto al Capitán de la Policía Armada, cuerpo represor de la dictadura de Francisco Franco disuelto apenas un año antes, Ricardo Sáenz de Ynestrillas, quien además se encontraba vinculado a organizaciones ultraderechistas.
El 23 de febrero de 1981, Antonio Tejero asaltó el Congreso de los Diputados con 200 guardia civiles, ayudado por el Capitán de la Guardia Civil del CESID (hoy Centro Nacional de Inteligencia, CNI) Vicente Gómez Iglesias y Juan García Carrés, exdirigente de Sindicatos Verticales del franquismo, quien facilitó el transporte y le mantuvo informado de lo que sucedía en el exterior.
Durante lo que duraría el secuestro del hemiciclo, el comandante del ejército Ricardo Pardo de la infantería de la División Acorazada Brunete se presentó con una compañía de la policía militar y parte de otra, un total de 113 hombres con cuatro capitanes, y rodeó el edificio del Congreso para evitar que los GEO entraran.
En prisión a la espera de su procesamiento, en 1982 fundó el partido político de extrema derecha Solidaridad Española, buscando la inmunidad parlamentaria. Utilizando el lema ¡Entra con Tejero en el Parlamento!, que recibió el respaldo de 28.451 votos en toda España, en 1984 se integraría en las Juntas Españolas, partido que en 1993 se refundó en Democracia Nacional (DN).
En 1983 el Tribunal Supremo dictó sentencia: 30 años de prisión por un delito de rebelión militar consumado, con agravante de reincidencia, con pena accesoria de pérdida de empleo e inhabilitación durante el tiempo de la condena
Cumplió condena inicialmente en la prisión militar del castillo de la Palma en Mugardos, y posteriormente en el castillo de San Fernando en Figueras, en Alcalá de Henares y en la prisión naval de Cartagena.
Durante su estancia en prisión, escribió sus memorias, estudió idiomas y cursó la carrera de Geografía e Historia.
En septiembre de 1993, cumplido un tercio de su condena, recibió el tercer grado y salió en libertad condicional el 3 de diciembre de 1996. Nunca mostró en público ni pareció mostrar en privado arrepentimiento alguno por los hechos. Así, de los 30 años de condena cumplió 13.
Fue el último de los procesados del 23F en ser liberado.
El resto de su vida se la pasó apartada de los focos públicos, dedicándose a la pintura, una afición que, al parecer, desarrolló en prisión. Vive en Madrid en un apartamento en Torre Mar, está casado y tiene seis hijos.
Sus únicas señales de vida pública fueron una carta escrita al director del diario Melilla Hoy criticando el estatuto de Cataluña, en 2006; una denuncia, en 2012, al presidente de Cataluña, Artur Mas, por conspiración e intento de sedición; e hizo acto de presencia, el 24 de octubre de 2019, junto a otro grupo de personas en la puerta del cementerio de Mingorrubio para oponerse al proceso de exhumación e inhumación de los restos de Francisco Franco.
Alfonso Armada y Comyn
Alfonso Armada fue otro de los grandes protagonistas del 23F. Nació en 1920 en una familia de larga tradición militar y cercana a las clases altas de la época. Con 16 años se alistó en el bando sublevado de la Guerra Civil Española y participó en varios frentes, incluyendo en la División Azul, combatiendo en Leningrado (hoy San Petersburgo).
Apenas tres semanas antes del 23F, fue nombrado segundo jefe del Estado Mayor del Ejército de España. Poco antes, entre 1977 y 1979, había sido secretario general de la Casa del Rey, especialmente debido a la gran confianza que existía entre Armada y Juan Carlos I, según describen historiadores como Javier Cercas (Anatomía de un instante, 2009). Fue relevado del cargo por pedir el voto a Alianza Popular (hoy Partido Popular) mediante cartas con el sello real.
Varios periodistas y cronistas de la época, como Francisco Medina, Juan de Arespacochaga o Pilar Urbano, coinciden en los planes de Alfonso Armada para hacer su incursión en política como jefe de Gobierno tras el fallecimiento de Luis Carrero Blanco a manos de la banda terrorista ETA en 1973.
Uno de sus planes fue el de contactar con varios sectores sociales y poderes fácticos como la Iglesia o el ejército para promover una moción de censura contra el Gobierno de Adolfo Suárez, de Unión de Centro Democrático (UCD), muy debilitado, desprestigiado y con fuertes críticas a sus espaldas. Buscaba así presidir un Gobierno de “unidad nacional”. Pero la dimisión de Suárez, supuestamente, truncó estos planes.
Si bien los hechos todavía no han sido esclarecidos, se presupone que, ante la negativa de Juan Carlos I a secundar un golpe militar y poner punto y final a la monarquía parlamentaria, Alfonso Armada rescató su plan de “gobierno de unidad nacional” para hacer un “golpe de Estado blando” inspirado al realizado por el general Charles DeGaulle en Francia en 1958.
La mayoría de los historiadores coincide en que su plan desde el principio para participar en el 23F tiene que ver con estos planes que no pudieron ver la luz mediante la moción de censura a Adolfo Suárez.
Armada intentó hablar con el rey y visitar el Palacio de la Zarzuela, pero el secretario del rey se lo impidió, por lo que acudió al Congreso a negociar con Antonio Tejero.
Allí, le propuso un Gobierno conformado por militares y políticos de los principales grupos parlamentarios, a lo que Tejero se negó, ya que él esperaba conformar una Junta Militar presidida por Jaime Milans del Bosch, tal y como le había informado Juan García Carrés (mintiendo), su contacto con el exterior. Armada tuvo que abandonar el hemiciclo, llamando loco a Tejero.
Al día siguiente, el propio Armada, con el golpe ya desarticulado, negoció con Tejero la rendición y, finalmente, fue detenido.
El 22 de abril de 1983, el tribunal militar le impuso una condena de 6 años, ampliado por el Tribunal Supremo a 30 años de cárcel y pérdida de empleo, cumpliendo su pena en la prisión de Alcalá Meco, si bien por problemas de salud posteriormente la cumpliría en el Hospital Militar Gómez Ulla. Conservó su pensión por haber sido general de división.
Su salida estaba prevista para 2007 tras beneficiarse de una reducción de condena en 1987 junto a Jaime Milans del Bosch, otro de los principales implicados en el 23F.
La sentencia lo retrató como un militar que fraguó un plan para ganar en cualquier caso: si prosperaba el golpe, presidiría un gobierno de “unidad nacional”; si fracasaba, se presentaría en la como el artífice de la solución.
El 24 de diciembre de 1988, con 70 años de edad, el Gobierno de Felipe González (PSOE) lo indultó alegando razones de salud, que se arrepentía de sus actos y que acataría la Constitución, basándose en un informe no vinculante del Tribunal Supremo. Había pedido el indulto hasta en cinco ocasiones anteriormente. Al final, solo cumplió 5 años de la sentencia.
Desde su salida de prisión vivió en su pazo, en Santa Cruz de Rivadulla (Vedra), en La Coruña.
Falleció el 1 de diciembre de 2013 a los 93 años. Los reyes Juan Carlos y Sofía enviaron el pésame a título personal a través de un telegrama.
Las teorías que han surgido a raíz del hecho de que Armada siempre habló con el resto de implicados como si tuviera el apoyo del rey, de la confianza que había entre ambos desde hacía años y de que cuando se confió en él para desarticular el golpe aprovechó para hacerlo a su manera, son tan variadas como difícilmente comprobables.
Alfonso Armada, por su parte, negó en su momento y siempre lo hizo todos los hechos anteriores, incluyendo su intención de dar un “golpe blando” o de ofrecer a Tejero un gobierno de concentración. Durante las pocas veces que hizo declaraciones en público sobre el 23F, aseguró ser una víctima que él era leal a la Constitución y a su ordenamiento jurídico.
Jaime Milans del Bosch y Ussía
Jaime Milans del Bosch fue otro de los pilares centrales del 23F. Nacido en 1915, llegó a ser teniente general del Ejército de Tierra y Capitán General de la III Región Militar, la de Valencia.
Al igual que Alfonso Armada, perteneció a una familia de larga tradición militar y ascendió rápidamente. Luchó del bando sublevado durante la Guerra Civil Española, bajo la Legión y, posteriormente, en la Segunda Guerra Mundial en la División Azul.
Milans del Bosch fue conocido por ser el único Capitán General de las once Regiones Militares en apoyar el golpe de Estado y sublevarse, además de por ser quien debería encabezar la Junta Militar que Antonio Tejero tenía en mente una vez derrocado el orden constitucional.
Así, una vez Tejero entró en el hemiciclo, Milans del Bosch sacó hasta 40 tanques, 1.800 militares y otros vehículos militares de las bases de Bétera y de Paterna (División Motorizada Maestrazgo) y ocuparon las calles de Valencia, donde apuntaron a los edificios institucionales, como el Ayuntamiento o las Cortes. Por la tarde, la radio y televisión valencianas empezaron a emitir música militar y la lectura del estado de excepción, redactada por Diego Ibañez Inglés, segundo jefe del Estado Mayor de la III Región Militar.
Milans del Bosch, teóricamente en comunicación con Armada, trató de influir en Antonio Tejero para que aceptara el “gobierno de concentración nacional”. Tras la negativa de éste y del rey, no obstante, se resistió a rendirse.
Lo hizo finalmente cuando Juan Carlos I, en la madrugada del 24 de febrero, salió por televisión con uniforme militar desautorizando el golpe y haciendo una llamada al respeto a la Constitución en lo que constituye uno de los hitos históricos más importantes de la Historia reciente. Tras esto, retiró las tropas y puso fin al estado de excepción.
El 8 de marzo de 1981 fue procesado y juzgado por el alto tribunal militar por el delito de rebelión militar. El 3 de junio de 1982 fue condenado a 30 años de prisión y en consecuencia expulsado del ejército. Esto no impidió a Milans percibir una pensión equivalente al 80% de las retribuciones básicas de un teniente general en activo.
Durante su estancia en prisión, estuvo implicado en una nueva conspiración golpista acontecida durante el 27 de octubre de 1982. Consta que Jaime Milans del Bosch se entrevistó con el coronel Muñoz Gutiérrez, uno de los tres implicados, estando en la prisión de Fuencarral. Según los planes golpistas, Milans del Bosch sería liberado y lideraría el resto de acciones del golpe de Estado.
El plan, que tenía en su lista a más de 400 personas implicadas, consistía en preparar diferentes acciones violentas contra políticos progresistas y culpar a ETA de ello, lo que justificaría la toma del poder por la vía militar, ocupando rápidamente los principales edificios militares de Madrid.
Afortunadamente, el golpe fue desarticulado mucho antes de empezar.
En 1987, el Consejo Supremo de Justicia Militar redujo su condena a 26 años, 8 meses y un día, al igual que Alfonso Armada.
Posteriormente salió en libertad condicional el 1 de julio de 1990 debido a su avanzada edad cuando cumplió 75 años, en aplicación del artículo 60 del Reglamento Penitenciario Civil pese a no haber mostrado en ningún momento, en sus declaraciones, rastro alguno de arrepentimiento por su delito. Tan solo pasó 7 años en prisión.
Testimonios aseguran que en prisión gozó de privilegios, comodidades y lujos diferentes a los de otros presos.
Tras salir de la cárcel, volvió a instalarse en su Madrid natal, donde murió de un tumor cerebral en 1997 sin realizar apariciones públicas de ningún tipo. Sus restos fueron sepultados en el Alcázar de Toledo, de acuerdo a sus deseos.
Luis Torres Rojas
Luis Torres fue uno de los implicados del golpe menos conocidos. Nació en 1919 en Melilla. Ingresó en el Ejército en 1936 y la mayor parte de su carrera militar transcurrió en la Brigada de Paracaidistas de Alcalá de Henares, de la que llegó a ser comandante en jefe. Ascendido a general de división en abril de 1979, pasó a mandar la División Acorazada Nº1 Brunete.
Ya entonces, Luis Torres generaba desconfianza al Gobierno presidido por Adolfo Suárez, por lo que fue relevado de ese cargo sustituido por el general José Juste y nombrado Gobernador Militar en La Coruña y subinspector de tropas y servicios de la VIII Región Militar a cargo del Capitán General Manuel Fernández Posse.
Durante el 23F, Luis Torres trató de hacerse cargo de la División Acorazada Brunete intentando aprovechar que José Juste llevaba pocos meses en el puesto y que, en teoría, estaría en Zaragoza de maniobras. En el centro de mando de la División, una vez apareció para ver qué estaba pasando, estuvo acompañado por jefes y oficiales que intentaron convencer a Juste de que se iba a producir un hecho muy grave ese mismo día, que el rey estaba al tanto y que el general Alfonso Armada se encontraba en el Palacio de la Zarzuela con él.
Una vez solo, después de que los golpistas se dirigiesen a sus puestos, Juste escuchó por la radio el inicio del golpe de estado. Tras unos momentos de confusión, llamó a La Zarzuela para comprobar si el rey se encontraba efectivamente involucrado en la conspiración.
Al hablar con el secretario general de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo, preguntó si el general Armada se encontraba en el palacio. La respuesta fue rotunda: “¡Ni está, ni se le espera!” En ese momento, Juste se dio cuenta de que el rey no apoyaba el Golpe de Estado, y consiguió detener la implicación efectiva de la División Acorazada Brunete en los acontecimientos.
La Brunete tenía como misión ocupar los principales edificios de Madrid y retransmitir el golpe de Estado por los canales de RTVE.
Luis Torres fue arrestado por estos hechos tres días después y procesado por el CSJM a 6 años de prisión por el delito consumado de conspiración para la rebelión militar. El 22 de abril, recurrida la sentencia al Tribunal Supremo, fue condenado a 12 años de cárcel y retirado del servicio.
En junio de 1988 solicitó la libertad condicional por razón de edad y enfermedad. Se le concedió en noviembre de ese mismo año por motivos de salud, por acatar la Constitución y haber cumplido la mitad de la pena a la que había sido condenado.
Falleció en 2014, retirado de la vida pública.
Miguel Manchado García
Miguel Manchado nació en 1925. Ingresó en la Guardia Civil en 1945 y el 23F tenía el rango de coronel, destinado en el Parque de Automovilismo de Madrid como responsable de la Unidad de Tráfico.
Era amigo de Antonio Tejero. Participó en el golpe proporcionando seis conductores para recoger los autobuses que había comprado en Fuenlabrada, con el fin de trasladar a las fuerzas hasta el Congreso de los Diputados, y arengó a la II Compañía, a los que dijo necesitar voluntarios para «prestar un servicio a España, la Corona y la democracia».
El fiscal pidió para Manchado una condena de 15 años de prisión por un delito de rebelión militar. Fue condenado por el tribunal militar a 3 años y un día por un delito de adhesión a la rebelión, pero el Tribunal Supremo aumentó la condena a 8 años e incluyó la separación del servicio, que cumplió en las prisiones de Alcalá de Henares, el Castillo de la Palma (El Ferrol) y naval de Cartagena (Murcia).
Su excarcelación se produjo el 10 de diciembre de 1985, tras haber cumplido las tres cuartas partes de la sentencia.
Tras su salida de la cárcel se dedicó a dirigir el cultivo de un huerto de limones en Murcia, herencia de la familia de su esposa. Se dedicó también a la pintura, al igual que Tejero.
Falleció en 2010.
Ricardo Pardo Zancada
Ricardo Pardo tuvo una destacada participación el 23F. Nació en 1935 en Badajoz en una familia de tradición militar, progresando a lo largo del régimen franquista en el escalafón del ejército. Para el 23F, era comandante, destinado en la II Sección del Estado Mayor de la División Acorazada Brunete.
Fue el encargado de informar en Valencia a Jaime Milans del Bosch sobre el desarrollo de la operación. De regreso a Madrid informó al coronel San Martín y le avisó de la llegada del general de división Luis Torres Rojas con el mensaje «la bandeja está grabada».
Durante lo que duraría el secuestro del hemiciclo, Ricardo Pardo se presentó con una compañía de la policía militar y parte de otra, un total de 113 hombres con cuatro capitanes, y rodeó el edificio del Congreso para evitar que los GEO de la Policía Nacional entraran.
Redactó el conocido como manifiesto junto con varios oficiales de la Guardia Civil donde los firmantes expresaban su deseo de ver a Juan Carlos I al frente de las Fuerzas Armadas y de los «destinos de España» con el apoyo del ejército.
Intentaron publicarlo en el diario de extrema derecha El Alcázar y que fuese emitido por La Voz de Madrid, pero no lo consiguieron. Cuando trató de ser disuadido en sus intentos de difundir el documento, declaró que solo obedecía órdenes de Jaime Milans del Bosch.
Finalmente, se encargó de firmar las condiciones para la rendición de los golpistas.
El tribunal militar le condenó a 6 años, pero en la revisión por el Tribunal Supremo del 22 de abril de 1983 se le impuso 12 años de prisión y separación del servicio, como a otros tantos implicados.
Considerado dentro de los círculos ultraderechistas como líder sucesor de Blas Piñar, su nombre fue propuesto para la lista electoral de la candidatura de Solidaridad Española, partido político fundado por Antonio Tejero para las elecciones generales de 1982. Esto al final no pasó.
A mediados de 1985 se presentó un escrito, respaldado por 25.000 firmas, un indulto al que él se adhirió. Finalmente, fue puesto en libertad el 27 de septiembre de 1987.
Los años que pasó en la prisión de Alcalá-Meco, se sacó la carrera de Periodismo.
Ya fuera, en 1988 dirigió la revista Iglesia Mundo y colaboró en la revista MC, del ex banquero Mario Conde a partir de 1999.
También escribió dos libros sobre el 23F: Las Fuerzas Armadas y su derecho a la información, publicado en 1988 y escrito durante su estancia en prisión, y 23-F: La pieza que falta, publicado en 1998, una década después de su puesta en libertad.
Así, Pardo Zancada ha continuado con su militancia ultracatólica, de extrema derecha, interesado por la vida cultural y política. Al menos una vez acudió a la presentación de un libro del historiador revisionista Pío Moa.
En julio de 2006, en una carta abierta a la entonces líder del PP en el País Vasco, María San Gil, que reprodujo la web franquista generalisimofranco.com, en la que, con reticencias, acataba la Constitución y se distanciaba de su pasado golpista.
En 2018, apareció como uno de los firmantes de un manifiesto en defensa de Francisco Franco con motivo de su exhumación del Valle de los Caídos junto a otras destacadas personalidades ultraderechistas.
Vicente Gómez Iglesias
Vicente Gómez, nacido en 1946 y capitán de la Guardia Civil durante el 23F, fue un protagonista destacado al ayudar en la coordinación por radioteléfono de la llegada al Congreso de las distintas unidades, mediando entre mandos del CESID y los golpistas.
Estaba destinado en la Unidad Operativa de Misiones Especiales del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), bajo las órdenes del comandante José Luis Cortina Prieto, quien finalmente fue absuelto.
El tribunal militar le condenó a 3 años por un delito consumado de auxilio a la rebelión militar, pena que el Tribunal Supremo aumentó a 6 años, con la accesoria de separación del servicio.
Tras algo más de un año en la prisión de Figueras, fue el primer golpista del 23F al que se le concedió el indulto en 1984 tras declarar expresamente el acatamiento al orden constitucional.
Consiguió, en Barcelona, trabajo como jefe de seguridad de una empresa gracias a Alfonso Armada. Fue apoderado de Segurcat, SA, empresa constituida en noviembre de 1987 y disuelta en 1998, al ser absorbida por Securitas Seguridad España, SA. Hasta ese momento, Segurcat estaba controlada por Caixa Catalunya.
Jesús Muñecas Aguilar
Jesús Muñecas es también un conocido participante del 23F. Nació en 1939 e ingresó en la Guardia Civil en 1961. En los años 60 y 70 estuvo destinado en el País Vasco donde, según varios testimonios, dirigió torturas contra militares antifranquistas.
A principios de 1976 dirigió la tortura de Amparo Arangoa en el cuartel de la Guardia Civil en Tolosa (Guipúzcoa). La revista Zeruko Argia publicó las fotografías del resultado de las torturas. Debido a esto, la publicación fue secuestrada por orden del gobierno de Carlos Arias Navarro, con Manuel Fraga como ministro del Interior, pero no se impidió que otros medios reprodujeran las fotografías, lo que desencadenó una campaña de prensa en contra de la práctica de la tortura.
Durante el 23F, era capitán en el Escuadrón de la I Comandancia Móvil de Valdemoro, encargado de acudir al Congreso con un autobús en el que viajaban un par de tenientes, algunos suboficiales y 20 guardia civiles. Más tarde, fue quien intentó desarmar al general Alcalá Galiano cuando éste, siguiendo órdenes del teniente general José Gabeiras, intentó detener a Antonio Tejero.
Jugó un papel al ser el primero que se dirigió a los diputados del Congreso para comunicarles la «próxima» llegada de la «autoridad, militar, por supuesto». Se ocupó de dirigir el grupo armado que tuvo a su cargo la vigilancia de las puertas del edificio y del acompañamiento de los diputados a los servicios del local.
Abandonó el Congreso con todos los demás ocupantes una vez aceptadas las condiciones de entrega.
Procesado por rebelión militar, fue condenado a 3 años y seis meses, pero el Tribunal Supremo aumentó la pena a 5 años y la retirada del servicio. Cumplió condena en la prisión de Alcalá de Henares, en la de El Ferrol, Cartagena y, finalmente, en Figueras (Girona), junto a Tejero y el capitán Gómez Iglesias.
Salió en libertad en octubre de 1984, tras cumplir las tres cuartas partes de la condena y obtener 74 días de reducción por trabajos realizados y por haber sido donante de sangre.
Se dedicó a dar clases de equitación en un picadero cercano al Hipódromo madrileño de la Zarzuela. Más tarde abrió una escuela de equitación propia en los alrededores de Valdemoro, para lo que contó con la ayuda de su amigo Pedro Montalvo, propietario de Montefor, SL, empresa constituida en 1985 dedicada a la industria del mueble de madera y de la que el propio Muñecas ha sido administrador.
El 18 de septiembre de 2013 la juez argentina María Servini, a través de Interpol, dictó una orden de busca y captura contra él por delitos durante el franquismo, tras lo que Ruz le llamó a declarar y le impuso la prohibición de salir de España y la retirada del pasaporte después de negarse a ser extraditado a Argentina. La Audiencia Nacional rechazó su extraditación.
José Ignacio San Martín López
José Ignacio San Martín nació en 1924 en San Sebastián. Se licenció en Ciencias Económicas en la UCM y en Ciencias Políticas en Francia, ocupando cargos como economista en el Sindicato Vertical del franquismo.
Más tarde, fue profesor de la Escuela de Estado Mayor del Ejército y participó en la última campaña en el Sahara al mando del Grupo de Artillería Autopropulsada XII.
Durante los últimos años del franquismo y la presidencia del Gobierno del almirante Luis Carrero Blanco, fue director general del Organización Contrasubversiva Nacional (OCN) y del luego renombrado Servicio Central de Documentación (SECED), servicios de espionaje de la dictadura donde organizó el área de contrasubversión infiltrada en la oposición a la dictadura.
También dirigió el Servicio de Información de la Presidencia del Gobierno (SIPG).
Cuando Carlos Arias Navarro fue nombrado presidente, cesó en el SECED y, más tarde, fue nombrado director general de Tráfico en el Ministerio de Gobernación, con Manuel Fraga, el más tarde fundador de Alianza Popular (hoy PP).
También estuvo destinado en el Alto Estado Mayor, Escuela de Estado Mayor del Ejército y Dirección General de Armamento y Material.
Siendo jefe de Estado Mayor de la División Acorazada Brunete, participó en el 23F, al regresar desde Zaragoza, donde se encontraba realizando unas maniobras militares, y encargarse de distribuir las unidades de la División que tomaron Prado del Rey, desde donde emitía RTVE.
El Tribunal Supremo lo condenó a 10 años de prisión y separación definitiva del servicio.
Ingresó en la prisión de Alcalá de Henares, pero fue trasladado al Castillo de la Palma, en Ferrol (La Coruña), y más tarde a Santa Catalina, en Cádiz. En 1986 salió en libertad condicional, tras haber cumplido más de las tres cuartas partes de la pena.
Al salir, trató de volver al ejército interponiendo un recurso al Tribunal Supremo, pero no prosperó.
Escribió dos libros, Servicio Especial y Secreto de Estado, donde narra sus experiencias durante su trabajo para el gobierno.
Murió en 2004. Estaba casado y era padre de seis hijos.
Diego Ibáñez Inglés
Diego Ibáñez nació en 1925 y su papel en el 23F también pasó bastante desapercibido. Tras una carrera militar similar a la de los otros implicados, había accedido al puesto de segundo jefe del Estado Mayor de la III Región Militar, en Valencia. Es decir, estaba bajo el mando de Jaime Milans del Bosch.
Se sabe que redactó el bando emitido por Milans del Bosch, inspirado en el histórico manifiesto del general Emilio Mola redactado en Pamplona en julio de 1936 y que anunciaba el golpe de Estado que daba comienzo a la Guerra Civil Española.
Tras la aprobación de Milans del Bosch, el bando fue emitido, declarando de facto el estado de excepción.
Fue inicialmente condenado por el tribunal militar a 5 años de prisión, pero en 1983 el Tribunal Supremo elevó su condena a 10 años. Ingresó en la cárcel de Alcalá de Henares.
En 1987, gravemente enfermo, le fue concedida la libertad condicional, pero falleció poco después. Fue el único de los golpistas implicados en el 23F que murió en prisión.
Juan García Carrés
Juan García fue un conocido militante ultraderechista implicado en casos de violencia durante los años 70. Nacido en 1925, asumió diferentes puestos en los Sindicatos Verticales del franquismo, ferviente militante de la causa falangista, donde su familia tenía fuertes vínculos. Fue también procurador en las Cortes franquistas.
Durante la Transición, muy cercando a los círculos de extrema derecha y franquistas de la época, fue militante activo de la Confederación Nacional de Excombatientes.
Fue involucrado y citado a declarar por la llamada Matanza de Atocha, un atentado terrorista pertrechado por la ultraderecha en el que cinco abogados del Partido Comunista de España y de Comisiones Obreras fueron asesinados. Este atentado es considerado como la prueba de que cargos públicos de los Sindicatos Verticales, como el padre de Juan García Carrés, estaban vinculados con la violencia ultraderechista que padecía España aquellos años.
Según la sentencia, participó activamente en las reuniones previas al 23F con Antonio Tejero y Jaime Milans del Bosch. Adquirió los autobuses que trasladaron a Antonio Tejero y los guardia civiles al Congreso y, durante el golpe, facilitó la comunicación entre Tejero y Milans del Bosch, animó a Tejero a sostener el secuestro del hemiciclo, aseguró que el diario ultraderechista El Alcázar publicaría el día 24 un manifiesto de apoyo al golpe y aseguró a Tejero que se ocuparía de su familia en caso de un “desenlace fatal»”.
Posteriormente, negó toda implicación en el 23F. Se declaró «español falangista», «preocupado por los crímenes terroristas» y afirmó que no asistió a ninguna reunión preparatoria del golpe
Fue condenado a dos años de prisión, tanto por parte del tribunal militar como por parte del Tribunal Supremo por auxilio a la rebelión militar. El fiscal pedía para él hasta 10 años.
Pasó a la historia como el único civil condenado por su actuación para el golpe de Estado del 23F, una cuestión que siempre ha levantado suspicacias desde entonces.
Falleció poco después de su salida en prisión en 1986 por problemas cardiovasculares.
Estos se consideran los principales protagonistas del 23F. No obstante, hay otros 20 condenados, entre militares y guardia civiles, por participar activamente en el golpe o bien apoyarlo.
Son los siguientes:
José Luis Abad Gutiérrez. Capitán de la Guardia Civil. Condenado a 5 años.
Enrique Bobis González. Capitán de la Guardia Civil. Condenado a 3 años.
Francisco Acera Martín. Capitán de la Guardia Civil. Condenado a 3 años.
Carlos Lázaro Corthay. Capitán de la Guardia Civil. 3 años de suspensión de empleo. Falleció en 2006.
Juan Pérez de la Lastra. Capitán de la Guardia Civil. 3 años de suspensión de empleo.
César Álvarez Fernández. Teniente de la Guardia Civil. Condenado a 1 año.
Pedro Izquierdo Sánchez. Teniente de la Guardia Civil. Condenado a 1 año.
Vicente Ramos Rueda. Teniente de la Guardia Civil. Condenado a 1 año.
Santiago Vecino Núñez. Teniente de la Guardia Civil. Condenado a 1 año. Falleció en 1983.
Manuel Boza Carranco. Teniente de la Guardia Civil. Condenado a 1 año.
Jesús Alonso Hernaiz. Teniente de la Guardia Civil. Condenado a 1 año.
José Núñez Ruano. Teniente de la Guardia Civil. 1 año de suspensión de empleo.
Vicente Carricondo Sánchez. Teniente. De la Guardia Civil 1 año de suspensión de empleo.
Camilo Menéndez Vives. Capitán de Navío. Condenado a 1 año. Falleció en 1995.
Pedro Mas Oliver. Teniente Coronel de Infantería. Condenado a 6 años. Falleció en 1991
Carlos Alvárez-Arenas Pardinas. Capitán de Infantería. 3 años de suspensión de empleo.
José Pascual Gálvez. Capitán de Infantería. 3 años de suspensión de empleo.
Francisco Dusmet García-Figueras. Capitán de Infantería. 2 años de suspensión de empleo.
José Cid Fortea. Capitán de Intendencia. 2 años de suspensión de empleo.
Enlaces, fuentes y bibliografía:
– Foto de portada: Antonio Tejero, Alfonso Armada y Jaime Milans del Bosch (archivo). Autor: Agencia EFE. Fuente: Biblioteca Virtual de Patrimo Bibliográfico (CC BY 4.0.)
Jefe de Redacción de Al Descubierto. Psicólogo especializado en neuropsicología infantil, recursos humanos, educador social y activista, participando en movimientos sociales y abogando por un mundo igualitario, con justicia social y ambiental. Luchando por utopías.
