Denuncia contra Abascal por llamar violadores a extranjeros amenaza con llevar al líder de Vox ante el Tribunal Supremo

En noviembre de 2019, la asociación de personas inmigrantes Watani, de Reus, denunció a Santiago Abascal, líder de la formación ultraderechista Vox, por delito de odio tras afirmar durante el debate electoral de TVE que, tras el caso de violación grupal conocido como «Caso de La Manada» en Pamplona de 2016, «ha habido más de 100 manadas y el 70% de quienes están imputados son extranjeros», una afirmación falsa pero que Abascal continuó repitiendo en varias ocasiones.

El Tribunal Supremo es el único que puede investigar por lo penal a los diputados del Congreso, y de ello se ha encargado la magistrada Rosa María Freire, titular del juzgado de instrucción 44 de Madrid, quien consiguió renombre al sentar al banquillo al Partido Popular (PP) y a tres de sus dirigentes por destruir los ordenadores del extesorero Luis Bárcenas. Freire ha ofrecido a la asociación que se persone como acusación particular y les ha pedido la grabación del debate como prueba válida.

El recorrido de la denuncia

La denuncia se efectuó por Watani el 6 de noviembre de 2019, y no ha sido hasta el 12 de mayo de este año que no han recibido una contestación. Y es que, al parecer, la asociación de personas inmigrantes denunció tanto a Santiago Abascal como a Iván Espinosa de los Monteros: al primero por su intervención en el debate y a este último por declarar días después en el programa Espejo Público de Antena 3 que «un extranjero es tres veces más propenso a violar que un español».

De este modo, la denuncia siguió dos caminos: por un lado, la jueza de Alcobendas, quien recibió el caso en febrero de 2020, optó por archivar la parte que implicaba a Espinosa de los Monteros por considerar que sus declaraciones no constituían delito, a pesar de que la frase resulte «odiosa, ser errónea y absolutamente desafortunada»; y, por otro lado, remitió al juzgado de Madrid la parte que implicaba a Santiago Abascal, de la que se hizo cargo la magistrada Freire.

Ahora, en manos queda del Tribunal Supremo investigar si las declaraciones del líder del partido de extrema derecha son o no constitutivos de posible delito, para lo que se ha requerido a los denunciantes su implicación.

¿Podría ser condenado Abascal?

A pesar de todo, esto no significa que Santiago Abascal vaya a ser condenado o incluso juzgado por sus polémicas declaraciones. Para poder ser considerado un delito de odio, se debe de ir más allá de la mera expresión de ideas u opiniones: se debe animar o incitar a la ejecución de acciones discriminatorias con riesgo real de que se puedan realizar.

El delito de odio, tipificado en el art. 510 del Código Penal, considera que existe delito de odio cuando delito de odio a quienes «públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo». Y que ese odio se fomente contra un grupo o una persona «por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias».

Así lo determinó la jueza de Alcobendas, por ejemplo, con Iván Espinosa de los Monteros, que argumentó que su declaración buscaba un «efecto sensacionalista» para captar voto «del electorado más radical», pero que «no se fomenta, promueve o incita a la discriminación, el odio o la violencia». Es decir, que a pesar de lo erróneo, se estimó que no suponía un peligro real de discriminación.

En la misma línea, se manifestó también el titular del juzgado número 1 de Alcobendas al archivar la causa contra Vox por el cartel electoral donde se señalaba a los menores extranjeros no acompañados por cobrar 4.700 euros al mes en comparación a los 426 euros de «tu abuela».

No obstante, de ser declarado culpable, Abascal se enfrenta a una pena de cárcel entre 1 y 4 años de prisión y a una pena de multa de entre 6 y 12 meses.