La Corte Penal Internacional solicita arrestar a Benjamín Netanyahu por crímenes de guerra

La Corte Penal Internacional (CPI) ha dado un paso significativo en la búsqueda de justicia internacional al solicitar órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y otras figuras clave, incluido el ministro de Defensa, Yoav Gallant. La solicitud, presentada por el fiscal de la CPI, Karim Khan, se basa en «motivos razonables» para creer que Netanyahu y Gallant son responsables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, cometidos en la franja de Gaza. La acusación incluye el uso del hambre como arma de guerra y ataques premeditados contra la población civil.

Khan subrayó que los métodos empleados por el gobierno israelí en Gaza, incluyendo la privación de servicios básicos como agua y electricidad, constituyen violaciones graves del derecho internacional humanitario. El fiscal resaltó que estos actos no pueden justificarse bajo ninguna circunstancia, incluso si Israel tiene derecho a defender a sus ciudadanos y liberar a los rehenes. La solicitud de la CPI también menciona ataques contra organizaciones humanitarias, exacerbando aún más la crisis humanitaria en la región.

El tribunal de La Haya se encuentra en una posición crítica para reforzar el principio de que «todas las vidas humanas valen lo mismo». Las pruebas contra Netanyahu y Gallant incluyen testimonios de víctimas, documentos audiovisuales y declaraciones de testigos directos, demostrando un patrón sistemático de abusos y crímenes en Gaza.

Reacción de Israel y Hamas

La reacción de Israel a la solicitud de la Corte Penal Internacional fue inmediata. Los ministros de la ultraderecha fueron los primeros en responder como ezalel Smotrich, ministro de Finanzas, quién calificó la acción de la CPI como «propaganda nazi», mientras que por su parte Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional, instó a Netanyahu a ignorar la petición, acusando a la Corte de antisemitismo. El presidente israelí, Isaac Herzog, también criticó la solicitud, describiéndola como un ataque contra la legitimidad de Israel y una señal del colapso del sistema judicial internacional.

La orden de arresto también incluye a varios líderes de Hamas. La organización ultra Palestina también reaccionó a esta petición, exigiendo que la CPI retire las órdenes, argumentando que equiparar a las víctimas con los perpetradores es injusto. Hamas ha sido acusado por la CPI de crímenes similares, incluyendo el asesinato de cientos de civiles israelíes y la toma de rehenes durante los ataques del 7 de octubre.

El gobierno israelí mantiene su postura de no reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional sobre sus acciones en los territorios palestinos ocupados. Sin embargo, la solicitud de arresto internacional implica que, si Netanyahu o Gallant viajan a alguno de los 123 países miembros de la CPI, podrían ser detenidos y extraditados a La Haya. Una medida contundente que es un potente toque de atención contra Israel pero que no detendrá el conflicto.

La Corte Penal Internacional a prueba

La solicitud de arresto contra Netanyahu y otros líderes no solo tiene implicaciones para las relaciones internacionales de Israel, sino que también pone a prueba la eficacia de la justicia internacional, órganos clasificados por las escuelas de relaciones internacionales como “idealistas” por sus deseos de justicia, homogeneidad mundial sobre la idea de justicia y falta de capacidad para ejecutar sus propios mandatos. Pese a esto, la solicitud del Corte Penal Internacional podría tener potentes implicaciones al realizarse contra un actor hasta ahora intocable como Israel. El fiscal Khan ha insistido en que «ningún soldado raso, ningún comandante, ningún líder político es impune», subrayando la universalidad de las leyes de conflicto armado. La CPI tiene la responsabilidad de demostrar que las leyes internacionales se aplican a todos los actores por igual, sin importar su posición o poder.

La administración Biden ha expresado su oposición a la acción de la Corte Penal Internacional contra los líderes israelíes, argumentando que el tribunal no tiene jurisdicción sobre el caso. Varios miembros del Congreso de EE.UU. han advertido que podrían imponer sanciones contra la CPI si avanza con las órdenes de arresto y contra el propio fiscal. Este está apoyado por un panel de juristas internacionales que respalda sus conclusiones, afirmando que hay pruebas suficientes para creer que Netanyahu y otros líderes han cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

La situación en Gaza y los ataques del 7 de octubre han puesto a prueba el sistema de derecho internacional. Las poblaciones civiles han pedido la actuación de la ONU y la mediación internacional sin conseguir resultados. El logró de la Corte puede suponer un cambio en el tablero. Mientras la política y los tribunales siguen actuando, los muertos siguen acumulándose en Gaza, superando la cifra de 35.300 fallecidos confirmados en hospitales y otros miles por confirmar.