La Guardia Civil y la extrema derecha española

Ayer saltó en todos los medios la destitución de Diego Pérez de los Cobos, máximo responsable de la Guardia Civil de la Comunidad de Madrid. Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior de España, decidió cesarlo por “falta de confianza”, justo después de que Cobos enviara un informe a la magistrada Carmen Rodríguez-Medel a raíz de la investigación del delegado de gobierno de la Comunidad de Madrid sobre posible prevaricación en la celebración de las manifestaciones feministas del 8 de marzo.

En dicho informe, se vierten acusaciones muy duras contra Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. Además, ha salido a la luz datos que revelan que Pérez de los Cobos presuntamente ha podido falsear el informe, modificando datos o incluyendo fuentes bulos y noticias falsas, entre otras cuestiones.

Esto ha suscitado enorme polémica. El número dos de la Guardia Civil ha dimitido, al tiempo que el Partido Popular, Ciudadanos y Vox (principales partidos de la oposición) han tildado el hecho de intromisión en la Justicia y han pedido la dimisión del ministro. Por su parte, Grande-Marlaska en un primer momento ha asegurado que el cese está justificado debido a la “clara politización” de Pérez de los Cobos. Más tarde, en una comparecencia, ha rectificado diciendo que estos cambios se deben a modificaciones “habituales” en el cuerpo que “nada tienen que ver con el informe”, al tiempo que anunciaba la subida salarial de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional. No obstante, el ministro se ha justificado diciendo que esta subida obedece a un pacto por la equiparación salarial entre ambos cuerpos de seguridad del estado ya aprobado en 2018.

El mayor debate se ha dado, como siempre, en las redes sociales y en los foros públicos de opinión. La existencia de la Guardia Civil ha sido desde hace décadas una rama de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que ha generado controversia. Para una parte de España, son la máxima expresión de la profesionalidad y el buen hacer; otra parte, en cambio, lo relaciona con la represión y con el fascismo.

Pero, además de controversias ideológicas, sobre la Guardia Civil también se plantean otros problemas. Para mucha gente representa un gasto innecesario al realizar funciones que o bien podría realizar otros cuerpos, o bien suponen duplicidades con los mismos; otra gente crítica habitual es que para ciertas cuestiones son considerados un cuerpo del Ejército, pero para otras, como el derecho a sindicarse (negados para las Fuerzas Armadas), no; la cuestión de la equiparación salarial también ha generado controversia durante muchos años, si bien parece que ya se ha solucionado, al menos parcialmente; y otros, señalan el hecho de que tener un cuerpo militar que realice tareas civiles es una reminiscencia del pasado única en toda Europa.

Este artículo no pretende analizar estas últimas controversias, en las que hay opiniones y detractores de todos los bandos, colores, ideas y gustos. El objetivo es responder a la incógnita sobre si realmente existen fuertes vínculos con la extrema derecha en la Guardia Civil y sobre si esta institución está politizada, al menos parcialmente. Aclarar en este punto que Al Descubierto no tiene absolutamente nada en contra de profesionales que trabajen en este cuerpo, ni de la Guardia Civil en sí misma. Es más, esclarecer posibles vínculos políticos poco lícitos o poco deseables debería ser también de interés prioritario para cualquier guardia civil que reniegue de ello.

Antecedentes históricos.

La Guardia Civil es un cuerpo que se creó formalmente en 1844 durante el reinado de Isabel II. No obstante, cuenta con varios cuerpos predecesores. Ya desde el reinado de los llamados Reyes Católicos a finales del siglo XV, se vio la necesidad de crear un cuerpo armado pero que cumpliese labores civiles para poder vigilar los caminos y zonas rurales de manera organizada sin tener que comprometer al ejército u otros cuerpos policiales.

El mayor precedente es la Santa Hermandad, una fuerza creada en 1476 para unificar todas las hermandades policiales del Reino de España. Disuelta en 1835, fue sustituida poco a poco por la Milicia Nacional, que se vio incrementada a principios del siglo XIX, especialmente durante el aumento del bandolerismo tras la Guerra de la Independencia con la Francia de Napoleón Bonaparte (1808 – 1814). Esta Milicia había sido utilizada durante la guerra de guerrillas llevada a cabo por España y sufrió sucesivas reformas que no llegaron a cuajar.

Se estableció que la Guardia Civil estaría organizada por el Ministerio de Guerra, pero las autoridades civiles ostentarían el mando. Poca gente lo sabe, pero el mariscal de campo Francisco Javier Girón Ezpeleta, quien estuvo a cargo de la organización inicial, se inspiró en los Mossos d’Escuadra, cuerpos de seguridad al servicio de la región militar de Cataluña creados en 1719 y que todavía existen a día de hoy. Como sucede todavía en País Vasco, Navarra o la misma Cataluña, por aquel entonces cada territorio tenía sus propias fuerzas a cargo de la seguridad civil.

Durante sus primeros años, tuvieron éxito a la hora de enfrentarse al bandolerismo, reducir el contrabando y enfrentarse a conflictos militares internos (por ejemplo, la Segunda Guerra Carlista) como externos (por ejemplo, en la Guerra de África), ejerciendo principalmente labores de escolta. Y es en estos primeros años cuando se empieza a acusar al cuerpo de estar fuertemente politizado.

La Guardia Civil y la represión contrarreformista

El siglo XIX en España está marcado por un continuo enfrentamiento entre progresistas liberales y conservadores, incluyendo militares de uno y otro lado. Durante la Guerra de Independencia con Francia, los sectores progresistas habían constituido las Cortes de Cádiz y creado una Constitución (1812) en un intento por desarrollar un estado democrático, al estilo de la Revolución Francesa. Fernando VII, acabada la guerra, regresa a España, rechaza esto e implanta de nuevo el absolutismo monárquico del Antiguo Régimen, una idea ya entonces caduca.

Su reinado se caracterizó por los conflictos internos tanto por las guerras carlistas como por los pronunciamientos de índole progresista, que llegaron incluso a deponerlo del poder, para ser puesto en el trono de nuevo gracias a la ayuda de Francia (no en vano, Fernando VII era un Borbón, casa real procedente de este país). Sí, las injerencias extranjeras para reprimir movimientos progresistas vienen de mucho tiempo atrás.

Fernando VII dejaría en 1833 un país sumido en el caos a su mujer María Cristina de Borbón, quien se vio obligada a asumir la regencia (ya que su hija era aún una niña) y a acometer varias reformas que no fueron suficientes. Los progresistas liberales llegarían al poder mediante una insurrección en 1835. Perseguían la desamortización del clero, el reparto de tierras entre el campesinado y el fin de poderes para la Corona; los moderados se oponían a esto con fuerza y defendían que la Corona mantuviera un poder compartido por las Cortes.

Ambos grupos se fueron repartiendo el poder hasta que el sector moderado presentó una ley para que la elección de los alcaldes fuera elegida por el gobierno a partir de los concejales electos de los ayuntamientos. Los progresistas consideraban que la ley rompía con el equilibrio de ambos bloques por el elevado caciquismo de los municipios, donde el control del censo estaba en manos de los ayuntamientos quienes, además, organizaban y comandaban la Milicia Nacional (antecedente de la Guardia Civil). Este cuerpo era consideraba progresista precisamente por ser los ayuntamientos nombrados por elección popular. Eliminar esto suponía anular buena parte de la baza del sector progresista.

Se sucede así la Revolución de 1940 donde, el General Baldomero Espartero, quien un año antes había conseguido la paz con los carlistas, se pone del lado de los progresistas y toma el poder, pero diferentes crisis y pérdida de popularidad lo llevaron al fin de su regencia en 1944.

El Partido Moderado toma el poder e Isabel II es nombrada reina de España. Durante los diez años de gobierno, se afianzaron los poderes de la aristocracia, se centralizó la administración, se eliminó la elección popular de los ayuntamientos y se limitaron los derechos y libertades civiles.

Como se ha dicho antes, durante este periodo la Milicia Nacional es eliminada y se crea la Guardia Civil, altamente centralizada y que sirvió a los intereses de la Corona y la aristocracia. De esta forma, fue utilizada para frenar revueltas de índole progresista, entre otras cuestiones mencionadas anteriormente.

Es por eso que, tras la Revolución de 1854 donde los progresistas volvieron al poder, incluyendo a Espartero, muy buena parte del partido demandaba la disolución de la Guardia Civil, ya inequívocamente asociada a la Corona y a los contrarreformistas. Sus únicos dos años de gobierno no le darían tiempo a tomar decisiones al respecto.

La Guardia Civil también fue enviada a Cuba y a Filipinas, por aquel entonces aún colonias de España, convirtiéndose en una imagen del imperialismo español, ya en franco declive.

Durante los sucesivos años, el cuerpo siguió profesionalizándose y militarizándose, asumiendo tareas nuevas. En 1929 pasó a ser conocida como “La Benemérita” por la entrega por Real Decreto de la Gran Cruz de la Orden Civil de Beneficencia como reconocimiento al cuerpo.

El papel de la Guardia Civil en el franquismo

Al contrario de lo que mucha gente piensa, el inspector General de la Guardia Civil dio la orden de permanecer leales a la II República Española tras el golpe de estado de Francisco Franco en 1936. El cuerpo se dividió a una mitad casi exacta (53% para el bando republicano) y fue decisivo en la guerra. A pesar de que Franco trató de ganarse el apoyo del cuerpo, no existen evidencias históricas de que tendiera hacia uno u otro bando. De hecho historiadores como Gabriel Cardona coinciden en que no confiaba en el cuerpo.

No obstante, las organizaciones sindicales, anarquistas y comunistas consideraban la Guardia Civil una herramienta de represión debido a sus antecedentes históricos. Durante la II República, las huelgas, revueltas y protestas obreras, incluyendo la Revolución de Asturias de 1934, habían sido reprimidas gracias a la Guardia Civil. Así, en 1936, fue reconvertida en la Guardia Nacional Republicana junto a otros efectivos policiales. Sin embargo, el bando sublevado, aunque fuera incluso por una cuestión de propaganda, se apropió el cuerpo, el mando y la legitimidad del mismo.

Ganada la guerra por Franco en 1939, las Capitanías Generales de las diversas Regiones Militares, los Gobiernos Civiles provinciales y los Tribunales regionales de Responsabilidades Políticas gestionaron la posterior represión. Así, durante su régimen, la Guardia Civil fue utilizada (junto a la Policía Armada, popularmente conocida como “los grises”) como herramienta de represión continuada, usando la intervención armada contra grupos opositores. Se utilizaron especialmente contra los maquis y contra otros grupos armados, como la banda terrorista ETA, en el País Vasco.

De hecho, el estado de guerra se mantuvo hasta 1948. Franco utilizó esta legislación para legitimar la represión, tanto de los prisioneros políticos de las zonas ocupadas, como de los prisioneros de guerra republicanos. En los territorios que iban ocupando los franquistas se establecía inmediatamente la Auditoria de Guerra correspondiente para la celebración de tribunales militares con nulas garantías procesales. Mientras tanto, la Falange (partido del régimen) y la Guardia Civil se dedicaban a recoger información, detener «sospechosos» y usar la violencia desmedida. Es a decir, a mantener el nuevo orden en las urbes ocupadas.

Historiadores coinciden pues en que la Guardia Civil fue utilizada como instrumento de represión de la disidencia a lo largo de la dictadura franquista, que adoptó una ideología ultraderechista inspirada en el fascismo italiano. Se les llegó a condecorar, premiar o ascender en función del número de detenciones, lo que propició todo tipo de montajes para condenar a inocentes, que acababan en prisión, torturados o incluso fusilados. Y, por supuesto, contribuyó a la progresiva creación de una cúpula en el cuerpo favorable al poder.

A partir de 1959, la Guardia Civil se enfocó en las zonas rurales, carreteras, caminos y el control de tráfico. Mientras que la Policía Armada del régimen se reconvirtió en 1989 en las Unidades de Intervención Policial (UIP, llamadas también “antidisturbios”), la Guardia Civil no sufrió ningún tipo de transformación sustancial finalizada la dictadura en 1975.

Todo esto contribuiría a asociar a la Guardia Civil con la extrema derecha.

Años 80 y 90

Las décadas de los 80 y los 90 fueron especialmente convulsas para una España que estaba poniendo en práctica su recién estrenada Constitución democrática al tiempo que trataba de resolver conflictos sociales, políticos y económicos históricos. Algunos de estos problemas se daban, precisamente, en la simbología y en las instituciones tradicionales del estado, que muchas personas relacionaban con el franquismo.

La Guardia Civil, cómo no, entraría dentro de este saco. No obstante, hubieron dos hechos (amén de otros) que tal vez no ayudaron nada: el (intento de) golpe de estado de 1981 y los abusos policiales en el País Vasco.

El golpe de estado del 23-F

Al inicio de los años 80, conflictos políticos y sociales sacudían el país. A esto se sumaba la todavía reticencia de sectores del Ejército para aceptar los cambios (llamado también sector inmovilista o “el búnker”) y el terrorismo de ETA. Ya en 1977, con la legalización del Partido Comunista, el Consejo Superior del Ejército había mostrado públicamente su malestar. Al año siguiente, se había desarticulado una intentona golpista, la llamada Operación Galaxia, en la que había participado el Teniente Coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, el Capitán de la Policía Armada Ricardo Sáenz de Ynestrillas y otros mandos militares.

En medio de este tenso clima generalizado, el gobierno del presidente Adolfo Suárez y su partido Unión de Centro Democrático (UCD), vieron caer su popularidad a un ritmo alarmante, lo que le llevó a dimitir. Las amenazas de golpe de estado desde sectores derechistas y ultraderechistas era tal que en su discurso final televisado aseguró que no quería que la democracia en España fuera un paréntesis en su Historia. Para sustituirle fue elegido Leopoldo Calvo-Sotelo, cuya investidura se celebraría el 19 de febrero de 1981. Al no conseguir mayoría suficiente en la primera vuelta, tenía que celebrar una segunda, cuya fecha se fijó el 23 de febrero de 1981.

Durante la votación en el Congreso, Antonio Tejero asaltó el edificio con 200 guardias civiles. A esta fase del golpe de estado se le llamó Operación Duque de Ahumada, en honor al fundador de la Guardia Civil. Sin embargo, solamente la Región Militar de Valencia al mando de Jaime Milans del Bosch se sublevó. Finalmente, tras una discusión entre Tejero y el General Alfonso Armada y la negativa del rey Juan Carlos I en secundar el golpe, éste fue desarticulado.

Muchos de los sucesos que rodean al golpe de estado siguen siendo una incógnita. Existen diversas hipótesis sobre quiénes fueron realmente las personas responsables de su organización. En total, 17 altos mandos de la Guardia Civil y 12 de las Fuerzas Armadas fueron condenados con penas que iban desde la suspensión de empleo y sueldo hasta los 30 años de cárcel.

La relación de estas personas condenadas con sectores derechistas y ultraderechistas (Armada había pedido públicamente el voto para Alianza Popular, germen del actual Partido Popular y Tejero llegó a presentarse a las elecciones por un partido de extrema derecha), que Armada fuera un hombre de confianza del rey y que ninguno de los principales condenados cumpliera sus penas (en 1996 salió de la cárcel Tejero, el último en permanecer en prisión, mientras que Armada recibió un indulto en 1988) son algunos de los motivos por los cuales algunos historiadores sostienen que las conexiones con las élites económicas y políticas franquistas se encontraban intactas, e incluso que el monarca podía haber estado implicado.

Abusos policiales en el País Vasco.

La represión del franquismo, principalmente al pueblo vasco y al pueblo catalán, cuyos movimientos soberanistas habían sido aplastados durante la Guerra Civil, fue cruenta, firme y sostenida. En 1958 se fundó la organización País Vasco y Libertad, en euskera Euskadi Ta Askatasuna (ETA). El objetivo era organizarse frente a esta represión y, en última instancia, conseguir construir un estado socialista independiente de España.

En 1961, ETA se convirtió en banda armada y cometió numerosos ataques y atentados en todo el territorio del estado en acciones que incluyeron el secuestro, la extorsión y el asesinato. Aunque la mayoría de sus víctimas fueron miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en al menos un 40% fueron civiles, especialmente tras la caída del franquismo. Si bien al principio gozó de un apoyo considerable, con la llegada de la democracia su popularidad descendió en picado.

Con el objetivo de reprimir lo que para el régimen franquista era una amenaza a su hegemonía, utilizó una guerra sucia brutal en el País Vasco. Diversos grupos paramilitares ultraderechistas afines al franquismo, como los Guerrilleros de Cristo Rey o el Batallón Vasco Español, operaron al margen de la ley con la connivencia de las fuerzas policiales del régimen, incluyendo la Guardia Civil. Según diversos historiadores, entre 1960 y 1990 se cometieron numerosos abusos policiales, torturas y asesinatos de personas inocentes. Se estima que entre 1978 y 1999, puede haber entre 315 y 447 casos de afectados por torturas realizadas por la Guardia Civil que empezaron a denunciarse en 1980, todavía en proceso de resolución. Un informe del gobierno vasco de 2016 calcula que entre 1960 y 2013 pudo haber más de 4.000 detenidos de forma ilegítima y sometidos a torturas, de los cuales 1589 corresponderían a la Guardia Civil.

En 1982 surgieron los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) que, entre 1983 y 1987, se sabe que llegaron a asesinar a 27 personas en esta guerra sucia contra ETA. Finalmente, en 1999, la Audiencia Nacional condenó por los crímenes de los GAL hasta cuatro altos mandos de la Guardia Civil y se demostró que tenían conexiones con las unidades anti-terroristas del Ministerio del Interior. Es decir, los GAL fueron una forma de terrorismo de estado. Personalidades de reconocida ideología derechista alentaron en los años previos la utilización de este tipo de grupos para combatir a ETA. Además, los periodistas que investigaron el caso denunciaron sufrir numerosas presiones de altas esferas.

Por todos estos hechos, se ha llegado a decir que el terrorismo etarra ha sido utilizado por los sucesivos gobiernos de España como excusa para que la Guardia Civil ejerciera su represión en el País Vasco. Este hecho ha sido criticado incluso después de que ETA abandonara la lucha armada.

Actualidad

VOX en la manifestación de JUSAPOL en Benidorm. Autor: VOX España, 21/07/2018. Fuente: Flickr

En el presente, algunos hechos pueden ser indicadores de que puedan existir lazos entre la Guardia Civil y la extrema derecha.

Por ejemplo, en las elecciones generales de 2019, el partido ultraderechista Vox arrasó en la mayoría de las comandancias de la Guardia Civil, mostrando sus simpatías y cercanías de este sector (si bien hay que decir que se dieron excepciones en varias ciudades). De hecho, sus listas electorales están plagadas de ex-militares.

En 2018, la cuenta oficial de la Guardia Civil en Twitter dio “Me gusta” a un tuit de marcado contenido racista y xenófobo, retractándose momentos después y pidiendo disculpas.

En algunas manifestaciones, la Guardia Civil y Vox, así como otras entidades ultraderechistas, han ido de la mano. Las proclamas al grito de “¡Viva la Guardia Civil!” son, además, habituales en marchas y concentraciones de la extrema derecha. Un ejemplo lo tenemos en una concentración en la localidad de Ribarroja, Valencia en febrero 2020, hecho denunciado por ERC.

Durante las protestas contra la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos en 2019, desde varios sectores de la población se señaló el hecho de que la Guardia Civil actuó con excesiva indulgencia. Aunque probablemente actuaron de la manera correcta, se ha criticado que en manifestaciones con otros tintes ideológicos su conducta ha sido muy diferente.

Se ha denunciado también en repetidas ocasiones la deriva ultraderechista de Justicia Salarial Policial (Jusapol), asociación creada en 2017 para demandar derechos laborales para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En sus manifestaciones públicas, no sólo han aparecido junto a Vox, sino también se han escuchado proclamas típicas de concentraciones de la extrema derecha.

Famosos fueron los cánticos entonados por policías y guardias civiles que marchaban en autobús para tratar de impedir la celebración del referéndum de autodeterminación de Cataluña del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. En un vídeo que se hizo viral, cantaron “¡A por ellos, oe!”, en lo que para mucha gente fue una clara muestra de la politización y poca profesionalidad de los cuerpos de seguridad. Estos cánticos han sido entonados en más de una ocasión en presencia de la Guardia Civil. La violencia ejercida contra las personas que organizaron el referéndum como un acto pacífico de desobediencia civil ha sido denunciada en multitud de ocasiones.

La presunta indulgencia con la que se trata los crímenes que cometen organizaciones o personas afines a la ultraderecha por parte de jueces conservadores y de la misma Audiencia Nacional (considerada heredera del Tribunal de Orden Público del régimen franquista, utilizado para la represión de delitos políticos) ha sido también señalada en múltiples ocasiones. Daría para otro artículo analizar cómo élites económicas y políticas que se vieron beneficiadas por el franquismo siguen disfrutando de privilegios a día de hoy y presentando un lobby de poder, pero es necesario mencionarlo para señalar las presuntas conexiones de estas élites con la Guardia Civil.

Dichas conexiones se reflejan precisamente en esta mano blanda que se tiene a menudo cuando se trata de condenar a militares o a guardias civiles. El mayor ejemplo actual es el llamado Caso Alsasua. En dicho caso, 8 jóvenes de la localidad vasca de Alsasua se pelearon con dos guardias civiles que no estaban en acto de servicio en 2016. El fiscal pidió penas de 12 a 62 años por ataque terrorista, siendo condenados finalmente de 2 a 13 años. Se destaca que ETA había anunciado su alto el fuego en 2011 y, desde entonces, no había dado señales de vida. De hecho, en 2018 anunció su definitiva disolución.

Este exagerado enfoque de la Audiencia Nacional unido a las denuncias de irregularidades y falta de neutralidad en el proceso han hecho que este caso sea criticado por diversos sectores, incluyendo la prensa internacional. Al tiempo, este caso ha sido comparado con otros más graves en los cuales han sido implicados guardias civiles, como es el caso de la violación grupal de Pamplona conocida como “Caso de la Manada de Pamplona”, donde por haber robado entre cinco hombres (uno de ellos guardia civil y otro militar) a una chica y haberla grabado mientras la violaban, fueron condenados a 9 años de prisión.

Mencionar que la Audencia Nacional ha estado inmersa en más polémicas que han puesto en duda su neutralidad judicial, como el juicio a Cassandra Vera por hacer un chiste sobre Carrero Blanco en Twitter.

Por último, no está de más recordar la polémica cuenta en Twitter y en Facebook “Foro Guardia Civiles”, que finalmente fue cerrada debido a la gran cantidad de mensajes antifeministas, racistas, xenófobos, homófobos y anti-izquierdistas que emitía. En el sitio web http://forodelguardiacivil.com se siguen encontrando, de hecho, hilos con un marcado mensaje ultraderechista.

En resumen, no cabe duda que en España, como en otros lugares, a pesar de su profunda profesionalización, es muy probable que el Ejército y sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad todavía arrastren una pesada losa ideológica y ciertas conexiones con la ultraderecha. Conexiones que se ven tanto en postulados políticos afines a estos sectores como en sus presuntas raíces con élites económicas y políticas cercanas a la dictadura. O, en todo caso, cercanas a ideales cercanos a la derecha y a la extrema derecha.

Como se ha dicho al principio del artículo, esclarecer estas cuestiones debería ser de interés prioritario general si España desea ser una democracia plena.

Enlaces, fuentes y bibliografía:

– Foto destacada: Antonio Tejero da un golpe de Estado, 23 de febrero de 1981. Autor: El País. Licencia CC BY-SA 4.0. Fuente: https://ep00.epimg.net/elpais/imagenes/2006/02/07/album/1139297868_910215_0000000001_album_normal.jpg