Maduro vence en Venezuela frente a la oposición internacional

Maduro se proclama vencedor en las elecciones en Venezuela para escoger a la nueva Asamblea Nacional unicameral del pasado domingo 6 de diciembre, en una jornada que acumuló un 31% de la participación total del electorado. La principal victoria fue para la formación chavista Gran Polo Patriótico (el PSUV y sus aliados), que obtuvo un 69% de los apoyos.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció en jornadas previas a las elecciones que aceptaría el reto de aquellos dispuestos a convertir la votación en un plebiscito y que se apartaría de la presidencia en caso de que sus adversarios se alzasen con la victoria, aunque confiaba en que, como finalmente ha sucedido, los candidatos de la alianza oficialista obtuviesen el triunfo en los comicios legislativos.

Unas palabras cuyo objetivo parecía no ser otro que infundir confianza en los votantes para ejercer su derecho, ya fueran bolivarianos u opositores, dado que la credulidad de estas elecciones parlamentarias iba a depender en gran medida de la cantidad de participantes. De hecho, el elevado índice de abstención, que ha alcanzado el 69% de la población, está planteándose como el eje central de los relatos post-electorales. En el año 2018, la abstención de la población en las presidenciales se encontró en torno al 54%, más de 10 puntos por debajo.

Sin embargo, pese a la crisis social, económica y financiera en la que se ha encontrado inmersa el país latinoamericano en los últimos años, la oposición al bolivarianismo se encontraba a su vez en una coyuntura crucial tras veinte años de derrotas. Dividida, sin liderazgo y con escasez de propuestas, ya se preveía que esta oposición, cuya estrategia era apelar a la abstención y al boicot electoral, se enfrentara a un duro contragolpe del chavismo, preparado por su parte para retomar una cómoda mayoría en la Asamblea Nacional.

Los opositores que abogaban por la abstención, cuyo sector suele postularse como mayoritario entre los rivales del bolivarianismo, están encabezados por Guaidó y tienen como referente al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Los mismos no han tardado en atribuir la limitada participación a un gran éxito de su llamamiento a la abstención.

No obstante, la oposición “moderada” que apuesta por el diálogo, Alianza para el Cambio (APC) ha conseguido un 17,89% de los votos, mientras que Venezuela Unida, el otro bloque rival al Gobierno, ha logrado un 4,22%. La gran duda es si la combinación de fuerzas entre chavismo y una oposición dispuesta a llegar a acuerdos y que se opone a la injerencia foránea será suficiente para reconstruir la legitimidad del juego político parlamentario. El reto es elaborar un relato que se base en la reconciliación, el reconocimiento y el respeto entre diferentes, que facilite la inclusión social.

La oposición abstencionista

Fue en el año 2015 cuando la oposición al gobierno bolivariano obtuvo un significativo control de la Asamblea Nacional venezolana, al alcanzar una mayoría inédita en los últimos 16 años marcados por los gobiernos socialistas de Hugo Chávez y Maduro. Pero, al mismo tiempo, la Asamblea Nacional era la última institución estatal, a dicho nivel, que se encontraba en manos de la oposición llegados los actuales comicios.

Los fracasos políticos del llamado G4 (compuesto por las formaciones ultraderechistas Voluntad Popular, fundada por Leopoldo López y que no entrará en la Asamblea Nacional con un 0,72% de los votos, y Primero Justicia, así como por los antiguos socialdemócratas Acción Democrática, que ha sido la opción opositora más votada con un 7% de los apoyos, y Un Nuevo Tiempo), mostraron su incapacidad para constituirse como el núcleo central del golpismo, además de las grietas de su liderazgo, encumbrado por el gobierno ultraderechista estadounidense de Donald Trump, tanto política como financieramente, para llevar a cabo un cambio de régimen en Venezuela.

Así, las estrategias de Washington y de estos partidos unidos mediante un disfraz se entremezclaron en el terreno político, ya fuera en el marco insurreccional como en el institucional. Pero el apoyo de los medios de comunicación, el sostén financiero estadounidense y las redes de contactos con políticos norteamericanos y europeos de perfil alto solo fueron unos cimientos idóneos para apuntalar la imagen artificial de una unidad opositora que, en 2019, empezó a saltar por los aires.

La instalación de un Gobierno paralelo, reconocido por los Estados Unidos, Europa y algunos otros países de Latinoamérica, tras la renovación anunciada de la directiva parlamentaria, se descubrió rápidamente como una estrategia de la oposición para alcanzar el poder político. El objetivo de Washington, cuya realización parecía pasar por la fractura de las Fuerzas Armadas, no se hizo posible con bloqueos ni sanciones. Por el contrario, los militares continuaron respaldando al Gobierno de Maduro, cuya cohesión se mantuvo, así como el margen de apoyo internacional necesario.

Sin embargo, la caída de Trump al frente del liderazgo de los Estados Unidos, que deja a la oposición bolivariana en una situación aún más delicada, no ha impedido que el G4 anunciara para el 12 de diciembre una consulta, cuyo objetivo era movilizar a la población venezolana en el extranjero por la vía digital y convocar a las bases insurgentes más fuertes en el país presencialmente, en torno a tres cuestiones: la salida de Nicolás Maduro y la convocatoria de “elecciones libres”, la solicitud a “la comunidad internacional” del desconocimiento de los comicios” por su falta de “legalidad y legitimidad” y el apoyo a las gestiones para activar la injerencia foránea bajo el pretexto de “cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad”.

Es destacable que dicha convocatoria contaba con el respaldo de los gobiernos del Grupo de Lima (que una vez pasado el escrutinio reiteraron su desconocimiento del proceso electoral y pidieron a la comunidad internacional que rechazara “estas elecciones fraudulentas”), de la Unión Europea y del gobierno estadounidense (cuyo secretario de Estado, Mike Pompeo, condenó las elecciones en su cuenta de Twitter diciendo que “no cumplen con ningún estándar mínimo de credibilidad”, pese a encontrarse e país en un momento de plena transición entre administraciones), así como del dirigente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Asuntos como éste llevaron a varios integrantes de la Red Europea de Solidaridad con Venezuela y a diversas organizaciones que la conforman a entregar, en los días previos a la votación, al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) la siguiente petición: “la Unión Europea debe respetar el resultado de las elecciones legislativas en Venezuela”.

Esta demanda, que cuenta con la firma de personalidades destacadas internacionalmente como Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz), Rafael Correa (expresidente de Ecuador), Sandra Pereira (Eurodiputada por el PC portugués), o Jean Luc Mélenchon (diputado y candidato presidencial francés), entre otros, exige que la UE respete la voluntad democrática de los venezolanos con la intención de poner fin a la violencia política que comenzó tras la autoproclamación ilegal de Juan Guaidó como “presidente interino”.

Petición que estaría respaldada por la diversidad de grupos que han participado en estos comicios, procedentes de todo el amplio espectro político: el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) contabiliza que había 107 partidos en la disputa y 14.400 candidatos para los 277 escaños parlamentarios. “Si la Unión Europea apostara verdaderamente a ser un vector de paz en un mundo de turbulencias, no debería sostener la vía de la confrontación en Venezuela”, afirmaba el texto enviado al SEAE, remarcando que dicho organismo debía apegarse al Derecho Internacional y respetar la decisión que se obtuviese de las urnas.

La participación electoral en Venezuela

En el país dirigido por Maduro, las personas deben inscribirse en el registro electoral para poder votar y, tras ello, el voto para los apuntados continúa siendo optativo. Esto explica en buena medida que, por ejemplo, la participación haya acostumbrado a ser masiva en procesos de elección presidencial, pero no en las votaciones parlamentarias y municipales.

Por tanto, esta implicación colectiva se ve supeditada, en gran medida, a los llamamientos de los diferentes grupos políticos, ya sea para acudir a las urnas o para abstenerse de hacerlo. En este caso, el seguimiento de las proclamas de las personas afines a Guaidó y el hartazgo general de la población con la política, tanto de chavistas como de opositores, ante la brecha existente entre las propuestas políticas y la lucha por la supervivencia en el día a día de la gente, prometían ser elementos fundamentales que condicionaran los datos de participación del resultado electoral.

Los sondeos previos a los comicios habían destacado por mostrar que muchas personas habían dejado de sentirse identificadas con el Gobierno de Nicolás Maduro, sin por el contrario sentirse parte de la oposición. Esto había provocado que algunos analistas definieran el contexto como un deshielo de los polos políticos que habían dominado el panorama venezolano en los últimos veinte años.

Por el momento, los chavistas, quienes han conseguido el triunfo en estas elecciones, no se han pronunciado acerca de los datos de participación y han centrado su discurso en la recuperación de la Asamblea Nacional y del poder legislativo, lo que implica un refuerzo de la narrativa contra el bloqueo y las sanciones desde el exterior. Pero hay que tener en cuenta que entre un 15 y 20% de la población venezolana se encuentra en el extranjero, por lo que no pudieron acudir a las urnas, dado que la ley electoral del país tan solo permite votar desde el extranjero en las elecciones presidenciales.

Además, aún no se ha determinado hasta qué punto influyó la complicada situación que atraviesa el país en la capacidad de la población para acudir a las urnas, así como en qué medida los resultados de la abstención se han debido al llamamiento de Guaidó o al hartazgo con la política en general. Sin olvidar, por supuesto, el contexto de pandemia global en que el planeta se encuentra inmerso y que, al igual que en los procesos electorales llevados a cabo en otros países, ha influido en términos de limitaciones y temores.

Además, las propias escisiones dentro del oficialismo provocaron que candidatos de Alternativa Popular Revolucionaria (APR) concurriesen a las elecciones estando fuera de la papeleta de la coalición PSUV, tras la utilización de la Ley Antibloqueo por parte del gobierno de Maduro para privatizar un conjunto de empresas estatales con el objetivo de enfrentar el cerco económico impuesto desde el exterior.

Estando APR liderada por el Partido Comunista de Venezuela (PCV), éste logró alcanzar un 2,74% de los votos, mientras que el cúmulo de los otros pequeños partidos que conforman la coalición obtuvo un 6,19% de los apoyos (siendo estos el Partido Patria para Todos (PPT), el Partido Comunista de Venezuela (PCV), Izquierda Unida (IU), la Corriente Marxista Lucha de Clases, el Partido Revolucionario del Trabajo (PRT), la Red Autónoma de Comuneros, Compromiso País (Compa), MBR-200, Somos Lina y los colectivos Movimiento 23 de Octubre, 5 de Marzo, Dirección Táctica Catedral y Tupac Katari, entre otros).

En el horizonte político de Venezuela ahora se abren diversas posibilidades. Por un lado, se prevé que la oposición que abogaba por la abstención se ampare en que los datos de participación de las elecciones del pasado domingo demuestran que las mismas son ilegítimas, a la par que ciertas voces dentro de este sector piden que Guaidó deje paso a otro presidente interino, dado que se pactó una presidencia rotatoria. Por otro, comienza un período en el que podrán debatirse y sancionarse leyes que sirvan para confrontar la crisis del país y proteger estructuralmente a la población.

Por el momento, además de la petición de reconocimiento al SEAE, ciertas voces como la del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien al igual que igual que Izquierda Unida ha participado como observador internacional en los comicios, ya resuenan por llamar a un cambio de estrategia con respecto a Venezuela por parte de la Unión Europea, asegurando que ésta se encuentra al borde “del mayor absurdo que haya conocido la historia del derecho internacional”.

La agrupación política española liderada por Alberto Garzón, por su parte, ya ha instado al rechazo de “la política de sanciones y de bloqueo económico que practica EEUU, por ser injusta e ilegal según el Derecho Internacional, al decidirse sin el aval de la ONU” y ha pedido al Gobierno español que reconozca “la validez democrática” del escrutinio dado que, como observadores, se encuentran en posición de afirmar que “los comicios han garantizado el derecho al ejercicio del voto libre, secreto y universal de la ciudadanía, además de la participación democrática y plural de todas las formaciones, tanto gubernamentales como de la oposición, de derecha e izquierda, que decidieron presentarse, como han podido constatar los más de 300 observadores y acompañantes internacionales presentes”.