Encuesta: La justicia en España, ¿beneficia a la derecha y a la ultraderecha?
Una de las tantas noticias que saltaron ayer a las portadas fue el ingreso definitivo del rapero español Pablo Hásel en prisión en un plazo de diez días, condenado a un total de 5 años de prisión por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que lo consideró culpable de los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a las Corona e instituciones por sus comentarios e insultos en las redes sociales. Así, el encarcelamiento de Pablo Hásel ha sacado a relucir de nuevo el debate sobre la supuesta imparcialidad de la justicia en España.
Casos como los detenidos de Alsasua, la condena al rapero Valtonyc, la de la activista trans Cassandra Vera, la de los titiriteros o incluso la condena por sedición a los organizadores del referéndum de autodeterminación de Cataluña del 1 de octubre de 2017, han servido desde hace años para señalar el sesgo ideológico que, supuestamente, tiene la justicia española, escorada a la derecha e incluso a la ultraderecha.
Además, se ha señalado recientemente que los delitos relacionados con el terrorismo parece que únicamente afectan a la izquierda, existiendo cierta supuesta indulgencia cuando se trata de terrorismo ultraderechista o personas afines a grupos neonazis o neofascistas. La reciente absolución de los miembros del grupo ultraderechista GAV o la absolución de casos de terrorismo que parecían bastante claros se ponen de ejemplo. También se señala que parece que ciertas personalidades, como el polémico eurodiputado de Vox Hermann Terscht o el periodista Federico Jiménez Losantos, realizan amenazas e insultos públicos pero no reciben ningún castigo.
Por un lado, quienes argumentan a favor de esta premisa, argumentan que la justicia en España está sesgada desde el primer momento en que los tribunales superiores, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), son nombrados por el Congreso de los Diputados, lo que supondría de entrada un sesgo partidista que podría perjudicar a las ideologías más antisistema.
También se argumenta que la Audiencia Nacional, encargada de delitos como enaltecimiento al terrorismo, es heredera del Tribunal de Orden Público, el órgano judicial de la dictadura de Francisco Franco encargado de juzgar delitos ideológicos. De hecho, 10 de los 16 jueces que tuvieron una plaza titular en el Tribunal de Orden Público fueron nombrados posteriormente magistrados de la Audiencia Nacional.
Al respecto, también se ha dicho en más de una ocasión que los juicios por enaltecimiento al terrorismo han sido más numerosos tras la desaparición de la banda terrorista ETA que cuando la banda estaba en activo. Por último, se ofrece también como argumento que buena parte de la legislación, a menudo heredada del franquismo, favorece, con su ambigüedad, que los jueces sean poco imparciales, unos jueces que en su mayoría son personas mayores y procedentes del mundo jurídico que estuvo activo durante parte del franquismo.
Por otro lado, quienes argumentan que esto no es así, señalan que muchos de los casos anteriormente mencionados, como el de Cassandra Vera o el de los titiriteros, quedaron finalmente en nada, o que ciertos casos como la corrupción reciben mucha más atención cuando sucede en partidos de derechas como el Partido Popular (PP) que cuando sucede en la izquierda, como el caso de los ERE de Andalucía, que afecta al PSOE.
También se argumenta que la justicia en España únicamente se basa en la legislación que existe y que no tiene que ver con una interpretación sesgada de los hechos, poniendo el ejemplo de leyes, como la Ley Integral de Violencia de Género (LIVG), se aplican perfectamente cuando, a su juicio, implican un sesgo ideológico de base hacia el feminismo.
Y tú, ¿qué piensas?
