Las derechas contra los derechos: todas las veces que se opusieron a nuevos avances sociales en España
El pasado 18 de marzo, se aprobaba finalmente en el Congreso de los Diputados la nueva Ley de la Eutanasia, que convertirá a España en el séptimo país del mundo en tener una legislación de este tipo y, por lo tanto, en reconocer el derecho a la muerte digna junto a otros derechos reconocidos en las que fue un país casi pionero, como cuando se aprobó en 2004 el matrimonio igualitario.
Así, con esta nueva ley, las personas que sufran enfermedades incurables con dolor constantes y de gran magnitud o postradas en una cama sin el control de su cuerpo, tendrán una salida digna que les evite la ilegalidad y también a sus familiares, que hasta la fecha podían ser cómplices de algo tan grave como pueda ser el homicidio.
Este nuevo derecho, como sucede en legislación similares, no obliga a nadie a escogerlo. A pesar de la importancia de que la legislación sea sólida, bien especificada y coherente, no deja de ser una opción dentro de la voluntad personal que no pone en riesgo otros derechos. Por supuesto, esto no quita que haya tenido un fuerte rechazo de los sectores más conservadores de la sociedad.
Pese a suscitar un gran apoyo con 202 votos de los 350 posibles, ha contado con el rechazo tanto de la derecha como de la extrema derecha en el Congreso, con 141 votos en contra. Los conservadores, una vez más se han opuesto a nuevas legislaciones que amplíen los derechos. Desde la ultraderecha representada en Vox, incluso, al acabar la votación, han mostrado imágenes desde sus dispositivos digitales donde se podía leer la frase «La Derogaremos», en alusión a la citada ley. De hecho, Vox ha sido uno de los partidos que más se ha opuesto a la aprobación de la ley de la eutanasia.
Pero esta no es la primera vez en el caso español (aunque esto es homólogo a la gran mayoría de territorios) que las fuerzas de derecha se oponen a conquistas que consideran que van en contra de la moral tradicional.
Contra todo avance de derechos: el Partido Popular
La principal formación conservadora en España, el Partido Popular (PP), tiene un largo historial de oposición a los principales avances sociales de esta índole. Se expone a continuación alguno de los ejemplos más conocidos.
El Divorcio
En 1981, un incipiente Congreso de los Diputados nacido tras la dictadura del general Francisco Franco debatía la ley del divorcio. La nueva ley estuvo presentada por el gran partido centrista de aquel momento, la Unión de Centro Democrático (UCD), liderada por el ya fallecido Adolfo Suárez.
Esta primera ley sería uno de los muchos cuerpos legislativos para intentar igualar a España con el resto de la moderna Europa. Sin embargo, provocó un fuerte rechazo de los sectores más conservadores y de la alta jerarquía católica. También provocó un cisma dentro de UCD y muchos de sus miembros se declararon en rebeldía y afirmaron que romperían la disciplina de voto para rechazar esta ley.
En ese momento, el PP era Alianza Popular, su partido predecesor, y estaba integrado dentro de Coalición Popular. La ley fue aprobada el 22 de junio con 162 votos a favor, 128 en contra y 7 votos en blanco.
Aunque el voto era secreto, se estima que fueron tanto miembros de UCD, juntos a los votos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Comunista (PCE) los que sacaron esta ley adelante.
Por supuesto los argumentos dados para su rechazo eran los típicamente defendidos por la derecha. Uno de ellos es que ”este no es el momento para hablar de divorcio, habiendo otros temas más importantes que tratar”, defendido por el histórico diputado conservador y exministro del Gobierno de Franco, Manuel Fraga. Otro argumento más sorprendente fue la libertad. El diputado Juan Luis de la Vallina defendía “la libertad de una pareja para estar casada toda la vida”.
Hoy en día no se concibe una sociedad libre, democrática y que respete los derechos fundamentales sin la posibilidad de poner fin al matrimonio, pero la derecha más conservadora se opuso no hace tanto tiempo firmemente a ello.
Aborto
El aborto fue otro de los temas que soliviantó ampliamente a los conservadores en la España de los años 80.
Por aquel entonces, el aborto era una práctica hasta cierto punto usual entre las personas que podían costeárselo viajando a otros países. El famoso “vámonos a Londres” era una frase que muchos interpretaban como una marcha al país vecino a abortar.
Y así lo corroboran la cifras. En 1983, 22.999 españolas abortaron en Reino Unido. Este fue el grupo de extranjeros más numeroso que abortaron en el país, ya que el total de abortos de extranjeros en ese año fue de 34.782. En 1983 ya hacía cinco años de la aprobación de la Constitución y se vivía la segunda etapa de la Transición a la democracia.
La primera ley del aborto en España (la Ley Orgánica 9/1985 de reforma del artículo 417 bis del Código Penal) despenalizaba este supuesto en tres casos: sin límite temporal si existe «un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada»; en las 12 primeras semanas en caso de violación; y dentro de las 22 semanas si el feto va a nacer con «graves taras físicas o psíquicas».
Se establecían penas de seis meses a un año de cárcel para las que abortaran fuera de estos supuestos.
El Partido Popular (Alianza Popular en aquello momentos) se opuso ferozmente. AP votó en contra de esta ley, tal y como defendió su diputado, José María Ruiz-Gallardón (padre del ex Ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón) que aludió a que esta ley iba sobre el egoísmo de la madre.
“(el aborto es como) llegar a legalizar las infracciones de tráfico, los atracos, las violaciones, la droga y la violencia terrorista» – Manuel Díaz-Pines, diputado de Alianza Popular
Aunque la ley fue aprobada, el Partido Popular la llevó al Tribunal Supremo, que finalmente acabó aceptando los tres supuestos, sumando el derecho a decidir sobre el propio cuerpo en caso de embarazo a la lista de derechos reconocidos en España.
El matrimonio entre personas del mismo sexo
La posibilidad de que dos personas del mismo sexo pudieran casarse fue otra realidad que también soliviantó a los conservadores españoles. Y eso que esta ley no fue en los albores de la Transición, sino ya a la mitad de la década de los 2000.
En 2004, el PSOE liderado por José Luis Rodríguez Zapatero se proponía a aprobar la ley para permitir estos matrimonios. El PP, por aquel momento la única fuerza conservadora de ámbito estatal, liderados por Mariano Rajoy Brey, encabezó las protestas que se sucedieron en aquellos días, protestas donde participaron varias organizaciones conservadoras y católicas.
“No tengo nada claro que un niño se eduque mejor y viva mejor en un matrimonio de homosexuales” – Mariano Rajoy.
De hecho, el PP se unió sin tapujos a las distintas manifestaciones contra esta ley. Una de las principales fue convocada por el Foro Español de la Familia bajo el lema «La familia sí importa”, donde además de la cúpula del PP, acudían el Obispo Rouco Varela acompañado de otros 18 obispos españoles
Finalmente, pese a la oposición, el texto fue votado en 2005, siendo aprobado con 187 votos a favor, 147 en contra y 4 abstenciones. España se convertiría en el tercer país del mundo en legalizar el matrimonio homosexual, si bien otros países como Dinamarca contaban con algún tipo de unión legal civil, aunque no se llamase matrimonio.
Pese a eso, el 30 de septiembre el PP presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Supremo para tumbar la ley. El alto tribunal no fue especialmente veloz tramitándolo pero, finalmente, con 8 votos a favor y 3 en contra, el 6 de noviembre de 2012, falló a favor de la ley socialista.
“Si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas, porque es que son componentes distintos” – Ana Botella, alcaldesa de Madrid por el PP, sobre el matrimonio homosexual.
Hoy en día, el matrimonio homosexual (también llamado matrimonio igualitario) está plenamente aceptado en la sociedad española y, aunque Vox plantea que la adopción debería ser prioritaria para parejas homosexuales, prácticamente nadie sostiene que las personas homosexuales no puedan casarse.
Otros avances a los que el PP se opuso
El PP ha seguido con su estrategia de oposición hacia leyes que buscaban la igualdad. En 2007, fue el único grupo parlamentario que no votó a favor de la ley de Igualdad optando por la abstención.
También se ha mostrado en contra de las leyes para la no discriminación de personas LGTB. Estas leyes son aún enormemente necesarias, ya que las personas LGTB siguen siendo objetivo de ataques físicos y verbales por el único caso de ser identificadas como personas LGTB. De hecho, en los últimos años, los delitos de odio por estos motivos han aumentado de forma generalizada en toda Europa.
Solo en Madrid se estima según datos policiales que hubieron más de 3.000 casos de agresiones en 2019 (la gran mayoría, el 90%, no se denuncia según las mismas fuentes). Estos datos son especialmente llamativos, ya que la mayor parte de las personas LGTB no pueden ser identificadas como tales en cada momento. Es por ello que el grueso de las agresiones las concentran las parejas homosexuales y las personas transexuales.
Pese a esto, el PP siempre se ha opuesto a estas normas. Aparte de intentar boicotear o cambiar las distintas legislaciones autonómicas a este respecto, cambiándolas hasta tal punto que las vacían de contenido real, el PP se opuso a la ley LGTB de 2018.
¿Cuál es la posición de la ultraderecha?
Por supuesto Vox está siendo el partido que está presentando más oposición a estas nuevas legislaciones. Al ser un partido reciente, no tiene el recorrido histórico de oposición. Lo que no quita que tenga una opinión muy clara. Además, buena parte de sus militantes e incluso cargos públicos, como el propio líder Santiago Abascal, formaron parte del PP antes de que Vox apareciera en 2013.
Aborto
En el caso del aborto, Vox se considera un partido pro-vida, englobándose dentro del movimiento cristiano que rechaza el aborto por cualquier método. De hecho, ha intentado renombrar cualquier medida a favor del aborto como “cultura de la muerte», un vocabulario extendido por las corrientes ultracatólicas.
La formación ultraderechista aboga por restringir el aborto hasta posiblemente eliminarlo, como han ido haciendo gradualmente los países gobernados por la extrema derecha.
De hecho, tras el anuncio de la Ministra de Igualdad Irene Montero de la reforma de la ley del aborto, Vox pidió derogar esta ley, presentando un proyecto de ley de «protección de la vida y la maternidad” que aplique «medidas positivas de ayudas y asistencia, especialmente en favor de las madres gestantes en situación de vulnerabilidad o desempleo» y «una protección adecuada de la vida del no nacido».
Esto forma parte común del ideario de la extrema derecha internacional.
Matrimonio LGTB y derechos LGTB
Vox ha tenido siempre un discurso beligerante y de rechazo hacia el colectivo LGTB.
La formación ultraderechista ha mantenido un ataque constante a este grupo, mostrando siempre que ha podido la iconografía LGTB alineada a valores perjudiciales.
Sobre el matrimonio homosexual, Vox ha intentado ser algo vago en su posición, si bien las declaraciones de sus alto cargos no dejan duda.
En 2019, Santiago Abascal anunció que era esencial cambiar el nombre del matrimonio homosexual a otro nombre, intentando convertir esta en una unión de segunda. Este es el primer paso de la agenda de la ultraderecha para ir realizando modificaciones hasta conseguir anular un derecho.
En el mismo año, Santiago Abascal comparó el matrimonio homosexual con la unión de “dos hermanas viudas” o de “dos amigos solteros”, quitando su implicaciones emocionales y personales.
“No se puede llamar matrimonio a la unión entre personas del mismo sexo” – Santiago Abascal
La estrategia homóloga en países gobernados por la extrema derecha, como Hungría y Polonia, sostiene una agenda muy parecida.
Si bien en ninguno de los dos países las personas homosexuales podían casarse, los distintos gobiernos de la derecha han implementado cambios en la constitución para impedir cualquier conato de igualdad a las personas LGTB. Un ejemplo son los contantes cambios en la Constitución, añadiendo en la definición de matrimonio que es la “unión entre un hombre y una mujer”.
El nivel de oposición ha llegado hasta tal punto que se ha reformado la ley de adopciones, haciendo que los solteros no puedan adoptar, para impedir así que las parejas LGTB adopten, una práctica extendida que consistía en que uno de los dos miembros de la pareja adoptase al menor a título personal.
Además, la formación verde se ha propuesto acabar con las leyes contra la discriminación LGTB, derogándolas o modificándolas para vaciarlas de contenido.
En la misma línea, Vox está intentando impulsar el Pin Parental. Esta medida servirá para que los padres puedan prohibir asistir a sus hijos a charlas sobre igualdad y tolerancia.
Esto crea la paradoja de que los padres más conservadores, cuyos hijos son los que más necesitan este tipo de refuerzo, sean los primeros en elegir que sus hijos no asistan. Además esta medida es posiblemente ilegal, ya que la voluntad de los padres no puede negar conocimientos a los niños (aunque el padre no crea en la ciencia, la legislación obliga a enseñar la teoría de la evolución).
Oposición sí, pero una vez aprobadas…
Una nota importante es que las derechas siempre se han opuesto a leyes que ampliaban los derechos de las personas cuando consideraban que chocaban con su concepción moral, especialmente de tipo judeocristiana. Sin embargo, una vez aprobadas, las han utilizado sin reparo.
En el caso del divorcio, si bien hoy en día es un derecho consolidado y habitual, hubieron personajes de la época de la derecha que se opusieron. Uno de ellos es Fernando Álvarez Cascos, hoy líder del partido Foro de Asturias, que se ha divorciado hasta en tres ocasiones.
Otros de estos casos fue el matrimonio homosexual del alto cargo del PP Javier Maroto en 2015. A su celebración acudieron la mayor parte de los altos mandos del PP, incluyendo a Mariano Rajoy, José María Aznar o Ana Botella, personas que solo unos años atrás se habían opuesto a esta conquista. De hecho, fue solo 3 años antes cuando el Tribunal Supremo resolvió el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP.
De hecho, actualmente el PP se ha mostrado en contra de las distintas leyes contra la discriminación LGTB y ha aceptado cambiarlas pactando con Vox. Y pese a eso el Partido Popular sigue exigiendo su derecho a asistir a marchas a favor de la Igualdad LGTB, pese a sus constantes devaneos con la homofobia.
Para concluir
La realidad tras todos estos derechos contra los que la derecha se oponía es que no han causado ningún menoscabo a los derechos sociales, sino al contrario, han supuesto en una aplicación de las libertades civiles.
De hecho, es curioso como la derecha, que se ha reapropiado del término libertad, convirtiéndolo en su palabra fetiche, se ha opuesto constantemente a la ampliación de derechos y libertades, incluso invocando a la libertad como excusa, en una extraña paradoja que no deja de ser una estrategia de marketing bien pensada y calculada.
Por suerte, la mayoría de estos derechos han sido rápidamente asumidos y utilizados por parte de la población.
Pero, además, es cierto que el Partido Popular, en su intención de ampliar sus márgenes políticos, no ha sido especialmente beligerante con estas leyes una vez aprobadas, aceptándolas hasta cierto punto y no derogándolas. Es decir, el PP funciona como una formación muy conservadora, pero no demasiado reaccionaria, esto es, no busca precisamente retroceder hasta el punto de derogar derechos asumidos, con alguna excepción.
Una de estas excepciones fue la ley sobre el aborto propuesta por el entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón en 2014, que buscaba eliminar los avances en esta materia aprobados por Zapatero. La polémica Ley Orgánica de Protección del Concebido y los Derechos de la Embarazada, presentada por el ministro durante el Gobierno de Mariano Rajoy, fue finalmente retirada ante la férrea oposición de la sociedad civil, lo que se saldó con la dimisión y retirada de la vida pública de Gallardón.
Una lógica que, sin embargo, no es asumible con Vox. Estas formaciones de extrema derecha están aquí como reacción a todos los avances y conquistas sociales y tienen en su ADN desmontar la mayor parte de avances conseguidos. De ahí, entre otros motivos, que desde Vox se hayan referido al PP como «la derechita cobarde».
Esto proceso se ha visto en Hungría y Polonia. Casos hay en todos los países gobernados por estas fuerzas, pero uno especialmente llamativo fue el caso de Estados Unidos, donde el ya expresidente Donald Trump dijo en su precampaña de 2016 que su administración no iría contra las personas LGTB ni contra los derechos de las mujeres.
Una vez en el poder intentó legalizar el despido por cuestión de orientación sexual y abrió una guerra contra el aborto, retirando financiación estatal a los hospitales que lo practicasen.
Así pues, se puede dar por seguro que la nueva derecha radical no tiene nada que ver en el cariz de asimilar propuestas mayoritarias para no perder votos.
Si los derechos conquistados no quieren perderse, la única manera es evitar que entren a las instituciones, antes de que consigan retrotraernos a épocas pasadas.
Enlaces, fuentes y bibliografía:
– Foto de portada: Manifestación contra la Ley del Aborto del PP. Autor: Ayuntamiento de Fuenlabrada, 01/02/2014. Fuente: Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)
Director de Al Descubierto. Estudiante de Ciencias Políticas y máster en Política Mediática. Apasionado del estudio y análisis del hecho político, con especial interés en el fenómeno de la extrema derecha, sobre la que llevo formándome desde 2012. Firme defensor de que en política no todo es opinable y los datos, fuentes y teorías de la ciencia social y política deben acompañar cualquier análisis.
