Vox denunciado por financiación ilegal, blanqueo de capitales, malversación de fondos y organización criminal
El partido liderado por Santiago Abascal ha sido denunciado ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas el pasado jueves por «presuntos delitos de financiación ilegal, blanqueo de capitales, administración desleal, malversación de caudales públicos y organización criminal«. La denuncia ha sido interpuesta por Alianza Cívica, un nuevo partido político, contra el Comité Ejecutivo Nacional del partido de extrema derecha.
En función de lo publicado por varios periódicos como elDiario.es e InfoLibre, la denuncia, firmada por la presidenta de Alianza Cívica Herenia Trillo, relata un conjunto de presuntos hechos delictivos e irregularidades justificados sobre «diferentes fuentes» que la organización política juzga como «pruebas o indicios de diversos delitos en relación a las cuentas del partido político Vox», «como administración desleal; malversación de caudales públicos; financiación ilegal de partidos políticos y pertenencia a organización criminal».
Las dos sedes de Vox
El primer supuesto hecho delictivo que señalan en la denuncia tiene que ver con las dos sedes de Vox, ubicadas en la calle Nicasio Gallego número 9 y la calle Bambú número 12, ambas en la ciudad de Madrid. La primera es donde se instaló la formación en 2019 y la segunda es donde se trasladaron unos meses después.
Según relata la denuncia, «el inmueble, de 387 metros cuadrados, es propiedad de la sociedad mercantil Coravest SL, cuyas últimas cuentas disponibles datan de 2017 y reflejan nula actividad al carecer de un solo euro de cifra de negocio y ningún empleado contratado». «Sin embargo, la empresa acometió en 2018 una ampliación de capital por 160.000 euros de la que el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) dio cuenta el 12 de diciembre de 2018».
En la denuncia se describe que Coravest SL está vinculada al vicepresidente del área de economía del partido, Víctor González Coello de Portugal, que en 2019 era nada más y nada menos que vicepresidente primero de Vox. En el documento se relata además que «de acuerdo al Registro Mercantil, ocupa el cargo de apoderado solidario mancomunado y que escrituró la compra del local objeto de arrendamiento el 27 de septiembre, menos de un mes antes de alquilarlo a la formación política».
A esta información, añaden que los representantes de Vox declararon que «solo pagarían al principio 3.500 euros mensuales más IVA: es decir, 9,8 euros por metro cuadrado pese a que el portal inmobiliario idealista.com cifró en las mismas fechas el valor del metro cuadrado de alquiler de locales de oficinas en la misma zona en 17,6 euros de media».
En aquel momento, Enrique Cabanas, gerente de la formación ultraderechista, explicó que esta bajada tan grande del precio se debía «a que el partido había pactado con el propietario pagar menos al principio» porque el inmueble necesitaba «una reforma en profundidad muy costosa». No obstante, también añadió que «ese precio se iría incrementando a razón de 500 euros mensuales cada año hasta llegar a los 6.500 euros más IVA (16,7 euros el metro cuadrado) tras seis años completos desde la firma del contrato de alquiler».
Sin embargo, según Alianza Cívica, «las cuentas de Vox del año 2019 no reflejan de forma concreta en ninguno de sus asientos dicha reforma, ni su precio, ni tampoco presenta facturas de la empresa que la acomete». «Una vez que esta es finalizada, en agosto de ese mismo año, Vox se muda a su actual sede en la calle Bambú número 12 sin completar los supuestos 6 años de arrendamiento pactados».
Sobre el asunto de las sedes, sentencian que «tan solo unos meses después, en enero de 2020, el Instituto Superior de Sociología, Economía y Política (ISSEP), escuela de formación de líderes políticos gestionada por Marion Maréchal Le Pen, sobrina de la política francesa Marine Le Pen –líder de la formación hermana de Vox en Francia– abrió sus puertas en la recién reformada sede de Nicasio Gallego, 9″.
«Con esta operación, Vox habría sufragado de forma encubierta la reforma del local propiedad de la sociedad administrada por su vicepresidente primero, asumiendo sus costes y revalorizando el inmueble además de facilitar su posterior e inmediato alquiler por una entidad afín, que además emplearía a cargos de Vox en su actividad». «La premeditación de esta conducta se subraya no solo por el hecho del bajísimo alquiler pagado sino que no transcurren ni 12 meses hasta que la formación se muda de nuevo».
El caso de las primarias
El siguiente punto de la denuncia hace referencia al hecho de que la declaración de ingresos de Vox por las cuotas de la militancia no se corresponde con el censo que el partido hizo público durante las elecciones internas que en septiembre de 2020 el partido celebró en todas las provincias con más de 500 personas afiliadas.
Este censo se hizo público a raíz de que, para presentar una candidatura a este proceso interno de primarias, se necesitaba el apoyo del 10% del total de la afiliación de la provincia. Así, y tal y como describen los demandantes, «para tal fin, el partido hizo públicas las cifras de afiliados en las 19 provincias que pasaban el corte, revelando una pérdida de militantes que en el mejor de los casos ascendía a más de 7.000 respecto a los declarados por el partido en 2019».
«Se totalizaron, según el censo, 28.790 afiliados. Incluso si las 33 demarcaciones restantes que no alcanzaron el corte tuvieran 499 afiliados cada una, la suma daría 16.467 militantes, por lo que, en total y en el mejor de los casos, Vox tendría 45.257 afiliados en el mes de septiembre, frente a los 52.407 que decía tener a finales del año 2019». Así, según Alianza Cívica, el desfase inicial de unos 7.200 personas.
Un desfase que, según Alianza Cívica, afecta a la declaración de las cuotas. Así, en las cuentas anuales de 2020 publicadas en el sitio web oficial de Vox, «se establece que el ejercicio 2020 concluye con 62.374 afiliados, y unos ingresos por cuotas de 4.652.521,54 euros», «lo que supone una media de ingresos por afiliado de 6,215 euros al mes”, según se desprende de la denuncia.
«Es difícil explicar cómo en un intervalo de 4 meses -de septiembre a enero- la militancia aumenta como mínimo en 17.117 afiliados, es decir, más de 4.000 al mes, que supondrían para la formación más de 1.276.585,86 euros en cuotas si los nuevos militantes hubieran abonado las 12 mensualidades del ejercicio completo», deducen. «El reconoce en sus cuentas un aumento en este concepto por valor de 762.932,02 euros con respecto al 2019, que en ningún caso se corresponde a las pérdidas que cabría suponer de acuerdo a la fuga de afiliados que arrojan las cifras dadas en septiembre», sentencia la denuncia.
Además, recuerdan que «el censo de afiliados, tal y como admitió el partido, fue auditado externamente durante las primarias de septiembre para garantizar el proceso electoral, del mismo modo que podía ser consultado por la militancia durante dicho periodo, por lo que no cabe error en esa cifra». Así, Alianza Cívica deducen que Vox presentó «unas cifras de afiliación deliberadamente infladas».
Este importante (y supuesto) desfase, es un indicio para Alianza Cívica de «importantes consecuencias contables» que «podría obedecer a una estrategia de encubrimiento de ingresos de procedencia opaca o ilícita disimulados como cuotas de inexistentes afiliados» o «en todo caso, expone una contabilidad presuntamente falseada que no refleja la situación jurídica o económica real de la entidad».
Irregularidades en la contabilidad y posible financiación ilegal
En el tercer y último punto de la denuncia, hace referencia a supuestas irregularidades en la contabilidad de Vox. Al tenor literal de la misma, los demandantes ven «razonables indicios de falseamiento» en «las contabilidades del partido que desglosan los ingresos de sus agrupaciones locales, computándolas anualmente en las provincias donde la formación tiene presencia» y que «podrían enmascarar ingresos procedentes de fuentes no declaradas o de origen indeterminado».
Para ello, ponen como casos de ejemplo Barcelona, Alicante o Albacete.
En este sentido, la denuncia dice que «el partido exige a los coordinadores locales la compra directa a la organización de Vox en Madrid del material de las mesas informativas, que deberán reembolsar a la formación como si de un crédito se tratase, mediante la devolución de los beneficios que se obtengan por la venta de merchandising, debidamente disfrazados de donaciones al partido a sabiendas de que se trata en realidad de una actividad mercantil habitual, expresamente prohibida en la ley de financiación de partidos políticos».
«La venta encubierta de mercadotecnia para presuntamente eludir los controles que estipula la ley ha sido constatada por los más altos cargos del partido, como Carlos Aurelio Caldito, exvicepresidente de Vox en Badajoz o el señor D. Juan Luís Jara Delgado, quien ostentaba en el año 2016 el cargo de vicepresidente primero de Vox», indica Alianza Cívica.
Jara, según lo que dice la denuncia, «se pone a disposición de la Fiscalía para prestar testimonio y corroborar estos hechos», y es quien puede corroborar «que esta fórmula fue diseñada y coordinada directamente por el señor Enrique Cabanas y conocida y aprobada por Santiago Abascal en calidad de presidente del partido».
Como prueba, presentan mensajes capturados a través del servicio de mensajería instantánea de WhatsApp enviados por algunos coordinadores como, en los que se pide a la militancia que ha colaborado en las carpas informativas de Vox que entreguen las cantidades recaudadas «en sobres o en algo cerrado donde ponga el importe y el pueblo» donde han estado, «porque así nos lo pide la contabilidad de la central».
En uno de los documentos aportados en la denuncia se acredita que Vox establece de forma taxativa que el máximo de ingresos en la hucha del partido no debe sobrepasar los 299 euros y siempre «en efectivo, no por transferencia» para no vulnerar la ley. «Además, la imposición de compra de materiales al partido no solo incluye la mercadotecnia, sino que abarca desde la propia mesa, pasando por el mantel que la cubre, las banderas de España que la decoran o el roll up publicitario de la formación».
«Hasta que se completa la total devolución del importe de estos materiales, el gasto se imputa a los coordinadores y a su equipo, a quienes se hace deudores de dichas cantidades a título particular llegando a reclamárselas por vía judicial», explican
En resumen, según los demandantes, «se disfrazaría de donativos lo que en realidad es la venta habitual de merchandising y encubrimiento de donantes». Son las llamadas «microdonaciones» que eran «realizadas en metálico y que se mantendrían de forma artificial siempre por debajo de las cantidades que por ley deben declararse o de la exigencia legal de identificar a los donantes».
Jefe de Redacción de Al Descubierto. Psicólogo especializado en neuropsicología infantil, recursos humanos, educador social y activista, participando en movimientos sociales y abogando por un mundo igualitario, con justicia social y ambiental. Luchando por utopías.
