Encuesta: ¿Es correcto que el diputado Alberto Rodríguez tenga que dejar su escaño?
El pasado sábado día 23 de octubre, el diputado canario de Unidas Podemos Alberto Rodríguez dejó la política y el partido tras perder su acta de diputado como consecuencia de un dictamen del Tribunal Supremo y la orden de Meritxel Batet, presidenta del Congreso de los Diputados, de hacerlo. Esta decisión vino a raíz de la condena firme interpuesta al ya exdiputado por pegar una patada a un policía en 2014 y que inició un conflicto cuando la Mesa del Congreso se pronunció en contra de la inhabilitación de Alberto Rodríguez al entender que la sentencia no implicaba esta inhabilitación.
La cuestión ha generado un debate intenso. Quienes están a favor de la inhabilitación del diputado, entienden que, aunque la pena de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo lo que impide es concurrir a elecciones y el político canario no estaba condenado cuando se presentó, en 2019, la jurisprudencia de la Junta Electoral Central (JEC) y del propio Supremo aplica en casos similares la llamada “inelegibilidad sobrevenida”. Es decir, el parlamentario ya no cumple las condiciones que se exigen para ser elegido diputado, por lo que debe dejar el acta.
Quienes están en contra de la inhabilitación, argumentan que, tal y como recoge el informe de los letrados del Congreso, la “inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo” que impuso el Supremo está saldada, ya que esta iba aparejada a la pena de un mes y medio de cárcel, sustituida en el fallo por una multa de 540 euros. Es decir, hacen una interpretación opuesta y concluyen que no se da ninguna de las razones que establecen la Ley Orgánica del Régimen Electoral y el reglamento de la Cámara para “la suspensión de los derechos, prerrogativas y deberes del diputado” y que el auto de ejecución de la sentencia no impuso “ninguna obligación a la Cámara”. También se argumenta que de la ley “no se desprende de manera inequívoca” una decisión como la de dejar a un diputado sin mandato, “una consecuencia de máxima gravedad, que incide de manera forma directa en el derecho del artículo 23.2 de la Constitución” sobre el derecho de los ciudadanos a la representación política. Por último, se argumenta que no existe jurisprudencia ni precedente alguno sobre esta decisión, por lo que existirían motivaciones políticas.
Y tú, ¿qué opinas?
