Mónica Oltra y el lawfare de la extrema derecha española

En los últimos días, uno de los hechos más relevantes de la política española, especialmente de la valenciana, ha sido la dimisión el pasado martes de la vicepresidenta Mónica Oltra, quien había sido imputado el viernes anterior.

Así, la política de Compromís recibió la citación para declarar el pasado 16 de junio, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana se declaró competente para instruir la causa contra ellas y otros trabajadores de la administración. En el auto se señala que existen “una serie de indicios plurales […] que hacen sospechar la posible existencia de un concierto […] para proteger a su entonces pareja […]”, quien ha sido condenada por violación a una menor tutelada a la que atendía en el departamento en el que trabajaba desde antes de que Oltra ocupara su puesto político.

Según lo expresado primeramente por la fiscalía, Oltra sería responsable de la mala gestión de su departamento en relación al delito que cometió su exmarido, dado que lo habría intentado encubrir, si bien en el mismo auto que ya se ha citado se indica que “no existe prueba directa que vincule esos singulares trámites con la aforada”.

La extrema derecha en el procedimiento judicial

La comisión de un delito como el que ha cometido su exmarido no implica éste no se puede usar políticamente y manipular para utilizar como un arma de desgaste. Por este motivo, es importante saber quién es quién en la acusación en su contra, tal y como explica Patricia Reguero Ríos para El Salto.

En el procedimiento judicial, entre otros, se encuentra la asociación Gobiérnate, presidida por la que fuera presidenta de Vox en la provincia de València y cofundadora del mismo partido allá por 2013, la ultraderechista Cristina Seguí, quien es muy activa en la difusión de los bulos de extrema derecha en sus redes sociales.

También forma parte Vox, un habitual de la guerra jurídica, quien cuenta para el caso con abogados de su partido Marta Castro y Vicente Gosálbez, ambos con responsabilidades dentro de la formación política.

Sin embargo, más allá de esta asociación ultraderechista y de Vox, uno de los nombres más relevantes en todo el procedimiento es el de José Luis Roberto Navarro (conocido despectivamente por sus rivales políticos como «El Cojo»), líder del partido de extrema derecha España 2000, quien llegó incluso a presentarse en las inmediaciones del hogar de Oltra con la cura cubierta con el objetivo de intimidarla.

Este individuo es una figura de referencia en la extrema derecha española, y muy especialmente de la ultraderecha valenciana (con gran actividad en los años 80 y 90), ya ha sido denunciado en multitud de ocasiones por sus discursos de odio en los que niega la violencia de género o incita la discriminación racial y, además, en 2004 fue condenado a un año de cárcel por presentar un testigo falso en un juicio de faltas.

Su última vinculación con el poder judicial anterior a esta fue en 2020, tras ser imputado por delito de odio por la realización de actos públicos islamófobos. Durante estas semanas, además, ha realizado múltiples publicaciones en redes sociales en las que muestra su alegría por la imputación de Oltra.

El otro letrado de la acusación popular es Manuel Salazar, socio de Roberto Navarro, con quien tiene el despacho Navarro & Salazar, especializado en la protección jurídica de los vigilantes de seguridad privados. Ambos también fueron los abogados de los detenidos en una operación en la que se decomisaron armas pertenecientes a neonazis, la llamada Operación Panzer.

En lo que respecta a los responsables de la citación a Oltra, fueron la Presidenta del Tribunal Pilar de la Oliva y los magistrados Antonio Ferrer y Vicente Torres los que conformaron el órgano que tomó la decisión. Este Tribunal ya ha sido criticado en otras ocasiones por su permisividad con los grupos de ultraderecha que existen, entre otros lugares, en la ciudad de València.

Tal y como se puede ver, existe todo un ecosistema jurídico que lleva a pensar que más que en la protección de la menor se está actuando pensando en el daño político que la pueden realizar a una dirigente y a un Gobierno contrario a sus ideas.

Además, todo el caso está siendo ampliamente cubierto por parte de la prensa conservadora y ultraderechista, que ha visto aquí una oportunidad de atacar políticamente a dirigentes de izquierdas al tiempo que también ponen en cuestión determinados preceptos feministas.

¿Qué es el lawfare?

El lawfare es un término que procede de las palabras en inglés ‘law’ (ley) y ‘warfare’ (espacio de guerra), y que se refiere al intento de desestabilizar los sistemas políticos o de perjudicar a dirigentes a través del uso de la ley y de las herramientas judiciales. En este sentido, se puede considerar una guerra jurídica e incluso un ‘golpe de estado blando’, en tanto que el objetivo de los que la realizan, en muchos de los casos, es alejar a determinados sectores del poder político mediante una perversión del sistema judicial donde se aprovecha el hecho de que una de las partes tiene contactos, recursos, conocimientos, experiencia… mayor que la otra hasta el punto de doblegar los procesos a su favor.

En el marco de las democracias liberales del siglo XXI, el lawfare es un método más acorde a los tiempos que el golpe de Estado tradicional que se sigue produciendo en otros lugares del mundo, ya que los sistemas políticos representativos y la cultura política que se ha desarrollado en ellos se orienta a la búsqueda de la legitimidad democrática para poder ejercer libremente el poder político.

Entendiendo esto, no es extraño que en los últimos años hayan proliferado los procesos de persecución judicial por parte de la ultraderecha a gobiernos y dirigentes progresistas, dado que es una operación de derrocamiento mucho más sutil y aparentemente legal que sacar a los militares a las calles con los tanques. Por tanto, sería un error pensar que el ejército es el único que puede atentar contra el sistema democrático, ya que los medios de comunicación o, en este caso, los jueces, también pueden, y en ocasiones contando con la connivencia de la ciudadanía.

El poder judicial, al igual que el resto de poderes, está travesado por la contradicción que supone su uso privativo para el beneficio de unos pocos frente a su uso virtuoso o legítimo en aras del interés de las clases populares. Así, jamás se puede dar un uso armonioso de la ley y de los aparatos judiciales, dado que siempre plasman la relación de confrontación de intereses contrapuestos, ya sea en la legislación concreta o en el uso indebido de determinadas potestades, como en el caso del lawfare.

No obstante, el lawfare no es efectivo únicamente en aquellos casos en los que consigue la inhabilitación de su enemigo político, ya que en cualquier caso consigue manchar la reputación del dirigente político víctima de la operación, que puede terminar cediendo por la presión mediática y presentando su dimisión. Incluso cuando finalmente el proceso judicial acaba en nada, se ha aprovechado el mismo para desprestigiar a la persona en todos los ámbitos.

Dos de los ejemplos más mundialmente conocidos de lawfare fueron los sufridos por Dilma Rousseff y Luis Inácio Lula da Silva, ambos dirigentes izquierdistas de Brasil, y que acabó apartándoles del poder, dando paso a la legislatura de Jair Bolsonaro.

En el caso de Mónica Oltra, atendiendo a sus declaraciones, no parecía dispuesta a ceder ante los grandes medios de comunicación y su capacidad de condicionar la opinión pública, no así su socio mayoritario en el Govern del Botànic.

El PSPV, liderado por Ximo Puig, se planteaba la destitución de la hasta entonces vicepresidenta si ésta no presentaba su dimisión. Oltra cargó contra esta posición en su última rueda de prensa, llegando a afirmar que no quería “dar la coartada a nadie para poder decidir unilateralmente que Compromís no forme parte del Gobierno Valenciano”, en referencia al President del Consell. Esta discrepancia lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo debe actuar la izquierda frente al lawfare?

¿Cómo actuar frente al lawfare?

Hay sectores de la izquierda que, por distintos motivos, consideran un acierto la dimisión de Oltra, a pesar de que confían en su inocencia. Uno de los argumentos más comunes de quienes defienden esta posición es que la persecución judicial ha perjudicado mucho su imagen, por lo que lo mejor que podía hacer tanto para su partido como para el Govern era renunciar a sus responsabilidades para no perjudicar la reputación del Botànic.

Pudiendo esto ser cierto -al menos en los siguiente meses-, es un error basar una decisión en la imagen o reputación que se tenga en un momento dado, ya que la ultraderecha, a través de todas las herramientas con las que cuenta, condiciona en cierta medida la opinión pública. Así, ante un ataque mediático, hay quien plantea que mejor resistir y tratar de fortalecerse en el medio plazo, puesto que lo contrario implica una cesión que, además, reafirma a la ultraderecha en su estrategia de desprestigio. Pues, si una figura política dimite, por algo será.

Por otra parte, en los días previos a su dimisión, hubo muchas personas, algunas de ellas de izquierdas, que exigían la dimisión de Oltra por coherencia. Así, hicieron virales unas declaraciones suyas de cuando estaba en la oposición en las que decía a dirigentes del PP valenciano que cuando a uno lo imputan debe dimitir. Esto no es del todo cierto, tal y como ha evidenciado Compromís en sus redes sociales mostrando otras declaraciones de la dirigente.

Además, este razonamiento, aparentemente lógico, impide ver que se trata de dos realidades distintas que no se pueden comparar en una relación de igualdad. En este caso, pedir la dimisión por su imputación obviando el origen y motivo de ésta contribuye a poner en al mismo nivel un caso de persecución judicial con un procedimiento convencional, normalizando de este modo de el lawfare.

La coherencia ante unos mismos hechos se puede pedir en situaciones equiparables, y éstas de ningún modo lo son. El hecho de que la información de quiénes están detrás de la imputación de Oltra no haya trascendido a la opinión pública y no haya sido difundido por los grandes conglomerados mediáticos también da una idea de hasta qué punto estas denuncias tienen motivaciones políticas.

Conclusión

En resumidas cuentas, es un error ceder cualquier marco a la extrema derecha, bien sea en el ámbito mediático, subordinando las decisiones políticas a la opinión pública o en el ámbito de la justicia, igualando el lawfare a un procedimiento judicial ordinario.

El hecho de ceder posiciones no va a hacer que los ataques disminuyan o paren sino que les fortalece y afirma sus tesis. Ante la ofensiva de la reacción, la izquierda no debe tratar de elaborar discursos o políticas que contenten a estos sectores sino todo lo contrario, debe clavar las uñas y fortalecerse en sus tesis.

Esto no es para nada una rareza si no la norma en América, siendo el evangelismo uno de los principales potenciadores de la extrema derecha y los populistas en toda la región.

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Tomás Alfonso

Articulista. Activista por el derecho a la vivienda y los servicios públicos. Convencido de que la lucha contra la ultraderecha es condición de posibilidad para una democracia plena.

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