La censura ultraderechista se abre paso en las escuelas de Florida: prohibido hablar de igualdad, derechos LGTB y racismo

La ofensiva antiderechos de la extrema derecha no deja de azotar Estados Unidos. Ha sido el turno de Florida, donde los centros escolares se verán sometidos a diferentes normas en función de los contenidos a impartir cuando se trate de igualdad, derechos LGTB o racismo.

Esto se debe a la aprobación de dos leyes: por un lado, la Ley de Derechos de los Padres en la Educación de Florida, conocida como la ley «Don’t Say Gay» (No Digas Gay, en castellano) que, junto a otras medidas, bloqueará lo que el gobernador de Florida Ron DeSantis ha tildado de «agenda woke de la extrema izquierda»; y, por otro lado, la Ley de Libertad Individual o Ley Stop WOKE, que pone límites a cómo explicar el racismo estructural y el supremacismo blanco en las escuelas. Ambas han entrado en vigor el 1 de julio.

Una de estas medidas adicionales ha venido del propio gobierno estatal que, a través del Departamento de Educación, realizó un taller de orientación para el personal funcionario acerca de cómo aplicar esta nueva y discriminatoria legislación, incluyendo cómo esquivar las demandas y oposiciones jurídicas y legislativas a nivel federal. Un esfuerzo al que se suman grupos antiderechos de extrema derecha con el objetivo de modificar los contenidos curriculares acerca de conceptos como género, raza o derechos civiles.

Las consecuencias se han visto rápidamente. Por ejemplo, en el condado de Leon, las escuelas deberán notificar a los padres si su hijo o hija tienen una clase de educación física o una excursión con pernocta con un «un estudiante abierto acerca de su identidad de género», haciendo referencia a las personas transexuales. Una clara discriminación hacia estas personas.

Pero no se queda ahí. En el condado de Palm Beach, se pidió al profesorado la revisión de libros o material didáctico sobre racismo estructural que «instruyera de forma explícita» sobre identidad u orientación sexual para presuntamente eliminarlo y/o evitar enseñar sobre él, de cara al curso que viene.

En el condado de Orange, uno de los más grandes de Florida, el profesorado denunció que los inspectores educativos y demás personal funcionario encargado de las revisiones curriculares les habían prohibido cualquier tipo de simbología LGTB, como llevar ropa con los colores del arcoiris, o incluso retirar fotografías donde aparecieran parejas del mismo sexo, aunque fueran sus propias familias, o las típicas pegatinas de «espacio seguro» para personas LGTB.

Medidas que han provocado las quejas de la Asociación de Educación de Florida por considerar que supone un ataque a los derechos humanos de las personas LGTB y de las personas racializadas.

¿Qué dicen las nuevas leyes de Florida?

En el caso de la primera ley, se prohíbe la enseñanza de la orientación sexual o la identidad de género en las aulas desde el preescolar hasta el tercer grado, así como en otros grados cuando no se considere apropiado para la edad o el desarrollo. Quien lo haga, se arriesga a una demanda judicial.

Sin embargo, esta redacción legislativa es demasiado laxa y subjetiva, lo que da lugar a interpretaciones que podría redundar en una erosión de los derechos fundamentales, tal y como han advertido juristas y asociaciones pro-derechos humanos. Es decir, se corre el peligro de borrar a las personas LGB

La segunda ley limita se opone a la enseñanza de la “teoría crítica de la raza” a través de la revisión de todo el material didáctico sobre el racismo estructural y el supremacismo blanco, auténticos problemas en la sociedad estadounidense. Esto incluye la formación y la instrucción del profesorado de secundaria sobre cómo deben hablar de estos temas, que ya ha llevado a denuncias sobre la inclusión de un revisionismo histórico interesado con sesgo ultraconservador y religioso. Todo financiado con dinero público, tal y como ha desvelado el Miami Herald, que ha filtrado parte de estos contenidos.

La teoría crítica de la raza hace referencia a un conjunto de estudios que describe la influencia del racismo en las instituciones de Estados Unidos adoptando una seria crítica desde el punto de vista de la defensa de los derechos humanos a los pilares sobre los cuales se asienta el nacimiento de la nación estadounidense. Unos estudios que están en el punto de mira de los sectores más ultraconservadores.

Así, por ejemplo, afirman inexactitudes históricas como que los fundadores de Estados Unidos no buscaban la separación entre Estado e Iglesia, quitan peso al papel de la esclavitud en la Historia del país o promueven interpretaciones conservadoras de la Constitución. Por ejemplo, se compara una decisión del Tribunal Supremo de 1962 donde se consideró que rezar en clase iba en contra de la Primera Enmienda con otra de 1896 que defendía la segregación racial, dando a entender que ambas son igual de discriminatorias.

La financiación de estos programas de formación para la aplicación de las nuevas leyes es de 6 millones de dólares, y cuenta con la colaboración de Hillsdale College, universidad privada conservadora y cristiana de Michigan con bastante influencia política, y con el Instituto Bill of Rights, fundado por Charles Koch, multimillonario del sector del petróleo de Texas adherido al Partido Republicano, que en el estado ha caído en una creciente radicalización.

La campaña ‘astroturf’

Sin embargo, el aparato del estado de Florida no está solo en esta empresa antiderechos. Varios grupos de presión de derecha y de extrema derecha, junto a ciertas editoriales, han impulsado una campaña de censura para sustituir los materiales didácticos de los centros escolares para adaptarlos cuanto antes a la nueva legislación.

Uno de ellos es Moms for Liberty (Madres por la Libertad), una de las organizaciones ultraconservadoras más grandes de Estados Unidos, con 195 secciones en 37 estados y que surgieron durante la pandemia bajo el paraguas de la defensa de los «derechos de los padres» a elegir la educación de los hijos. Uno de sus objetivos ha sido, precisamente, sacar todo contenido LGTB de los centros escolares y la teoría crítica de la raza.

Otro es la Fundación Heritage, con conexiones con el Partido Republicano, antiguos funcionarios de la administración de Donald Trump, medios de comunicación y editoriales de línea ultraderechistas, que llevan tiempo iniciando campañas para sacar estos contenidos de las escuelas. Toda una red bien financiada por poderosos lobbies y personalidades que ahora ven sus objetivos hechos realidad.

El American Cornerstone Institute de Ben Carson, BRAVE Books o el funcionario Larry Kudlow (vinculado a la cadena Fox News) son otros ejemplos que forman parte de esta red antiderechos.

Estas redes son conocidas por sus campañas para exigir la censura y la retirada de ciertos libros y materiales didácticos no solo en Florida, sino en todo el país, ahora amparada por estas nuevas leyes, además de promover libros alternativos con sesgos históricos y religiosos, como Why America Matters (Por qué América importa, en castellano) o Elephants Are Not Birds (Los elegantes no son pájaros, en castellano), un libro contra las personas transgénero.

En total, estos intentos de censura se han catalogado por la Asociación Americana de Bibliotecas en 729, lo que desencadenó unas 1.600 impugnaciones y retirada de libros. Se trata de la cifra más alta en dos décadas.

Un informe de PEN America reveló que más de 1.100 libros fueron prohibidos o investigados en 86 distritos escolares de 26 estados desde julio de 2021 hasta marzo de 2022, afectando a más de 2 millones de estudiantes.

Estas campañas, además, no solo ha afectado a los libros de texto. En los dos últimos años académicos, al menos 160 profesores fueron despedidos o se vieron obligados a renunciar a sus puestos de trabajo tras los debates sobre “cuestiones raciales, políticas o pandémicas [que] interfirieron con su capacidad de enseñar”, ya sea por hablar sobre temas controvertidos en clase o por sanciones de la administración debido a sus opiniones, según un análisis de The Washington Post.

Censura y ofensiva antiderechos en EEUU

En estos momentos, Estados Unidos se encuentra en una amplia ofensiva contra los derechos humanos. La reciente derogación de la doctrina Roe v. Wade por el Tribunal Supremo, dominado por jueces conservadores, abre la puerta a una interpretación muy restrictiva de la Constitución que pone en peligro derechos consolidados como el aborto o incluso el matrimonio igualitario.

A pesar de la polarización y la crispación social generada en la sociedad estadounidense, ni las instituciones ni la enorme influencia conseguida por el espectro ultraderechista en el país representa a la mayoría. De hecho, estos intentos de censurar y cambiar los materiales didácticos de las escuelas no tiene, aparentemente, el respaldo de la gente.

Por ejemplo, encuestas de la American Library Association desvelaron que el 71% de la población se opone a retirar libros de las bibliotecas públicas (75% votantes demócratas y 70% republicanos), y un 65% se encuentra a favor de la inclusión de libros con contenido LGTB. Además, un 92% apoya el papel de las bibliotecas dentro de la educación. De hecho, solo una parte de los legisladores republicanos ha apoyado estas campañas de censura.

Ofensiva antiderechos que no se limita a Florida. En 2022, al menos otros 35 estados promulgaron o propusieron leyes para prohibir o restringir las lecciones sobre la “teoría crítica de la raza”, mientras que otros 5 estados han promulgado leyes similares a la de “Don’t Say Gay” de Florida, según Human Rights Campaign y Movement Advancement Project.

Por supuesto, todo lo anterior ha generado una reacción del profesorado y de otras asociaciones activistas en defensa de los derechos humanos, como la Federación Americana de Profesores, que habla de «campaña de desprestigio» contra el trabajo docente, y de que «ha sido el año más difícil de la historia» que «grupos de extrema derecha» están «empeorando», en palabras de su portavoz.

También señalan el gran peligro que supone todo lo anterior no solo para la libertad, sino para los derechos de las personas LGTB y el impacto que estas decisiones pueden tener sobre su salud mental y el desarrollo de una vida plena.

Un informe de 2021 de la organización reveló que las personas LGTB son cuatro veces más propensos a considerar seriamente, planear o intentar el suicidio que sus compañeros, mientras que cada 45 segundos personas LGTB entre 13 y 24 años intenta suicidarse en Estados Unidos.

Además, al menos dos tercios de los jóvenes LGTB informaron sobre impactos negativos en la salud mental en torno a dicha legislación, según un informe de The Trevor Project, asociación en defensa de los derechos LGTB.

Un ejemplo más de cómo la extrema derecha avanza en detrimento de los derechos humanos y que, con la excusa de la libertad y la seguridad, está imponiendo poco a poco una censura sobre el pilar del discurso de odio que podría tardar mucho en recuperarse.