Vox propone en el Congreso un referéndum para ilegalizar partidos independentistas
Este miércoles 8 de febrero el diputado Javier Ortega-Smith defendió la iniciativa de Vox registrada este pasado diciembre de 2022 derivada de la interpelación a Felix Bolaños, ministro de la Presidencia. En ella el grupo parlamentario propone al Gobierno que mediante el uso del artículo 92 de la Constitución que se realice un referéndum para la ilegalización de los partidos independentistas.
Literalmente, la proposición pedía «consultar a los españoles si quieren la ilegalización de partidos separatistas y de aquellos que sean contrarios a la existencia misma de España y de su soberanía, así como preguntar aquellas cuestiones con especial trascendencia para adecuar la política del Gobierno a los verdaderos intereses de la Nación.»
Según lo declarado por Ortega-Smith, la propuesta se enmarca dentro de la campaña España Decide, en el que el partido de extrema derecha plantea consultas populares alrededor de cuestiones políticas.
En la propia moción en el Parlamento Vox habla de los acuerdos realizados por el Gobierno con las formaciones independentistas con palabras de rechazo, declarando que el Gobierno está bajo la influencia y manejos de «separatistas y filoetarras».
Así, Vox busca en esta moción algo muy similar a lo que ya propuso en septiembre de 2020, cuando pidió una modificación de la ley de partidos para facilitar la ilegalización de partidos que, según su punto de vista, contravengan la soberanía Española y su unidad como nación. Bajo este criterio, esto podría permitir ilegalizar partidos independentistas como ERC, EH Bildu o las CUP, o incluso al PNV.
Vox propone en el Congreso un referéndum para ilegalizar a Bildu, ERC y Junts
En el debate en el Pleno del Congreso este miércoles casi todos los grupos han rechazado la propuesta y han realizado críticas al propio texto y entre las que casi todos los grupos han subrayado que la Constitución prohíbe expresamente perseguir a las personas por sus ideas. Entre las críticas al texto, se encuentra la de la propuesta a realizar consultas en referéndum, y es que varios parlamentarios, incluyendo de PP y PSOE, han referido que el sistema democrático español no es una «democracia militante”. Como expresó Oskar Matute en el hemiciclo, existen sentencias del Tribunal Constitucional que expresan claramente que la Constitución Española no es una constitución militante.
Otra de las propuestas de Vox es la de acabar con las competencias autonómicas sobre educación, sanidad, seguridad y justicia, para según Vox lograr “igualdad” entre los españoles y solidaridad interterritorial. A esta cuestión también se han sumado críticas a la propuesta llamando “hipócrita” al grupo parlamentario Vox al traer esta propuesta manteniendo sus diputados en parlamentos autonómicos aun rechazando las autonomías.
Así, Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos, ha dicho que «Se convierten ustedes en lo mismo que quieren ilegalizar» y que “Les guste o no, en España no se ilegalizan ideas; por su parte, Bermúdez de Castro del PP, intervino diciendo que «No se puede ilegalizar la carta» aludiendo a la propia Constitución ya que lo planteado por Vox iría en contra de la misma.
O Monserrat Bassa, de ERC, que ha asegurado que «Hitler no se presentó a las elecciones diciendo que iba a asesinar a millones de personas, hablaba de ilegalizar partidos, como ustedes; los fascistas de hoy actúan igual y se llaman constitucionalistas, la lista de enemigos señalados es larga y conocida la única duda que queda es el orden que seguirán en su persecución».
Una ley que ya fue reformada
La Ley de Partidos Políticos ya fue modificada el 19 de abril de 2002 por el gobierno de José María Aznar (PP). En la exposición de motivos de la citada ley se recoge que su objetivo es garantizar el funcionamiento del sistema democrático y las libertades esenciales de los ciudadanos, impidiendo que un partido político pueda, de forma reiterada y grave, “atentar contra ese régimen democrático de libertades, justificar el racismo y la xenofobia o apoyar políticamente la violencia y las actividades de bandas terroristas”.
Esta Ley sustituyó a la Ley 54/1978, de 4 de diciembre de partidos políticos, preconstitucional y más ambigua en el articulado respecto a la ilegalización de los partidos políticos. Permitió la ilegalización de Herri Batasuna y de diferentes formaciones de la izquierda arbetzale a las que se les acusó de estar relacionadas con la banda terrorista ETA. Otros partidos ilegalizados fueron Askatasuna, Aukera Guztiak, Acción Nacionalista Vasca o el Partido Comunista de las Tierras Vascas.
Jefe de Redacción de Al Descubierto. Psicólogo especializado en neuropsicología infantil, recursos humanos, educador social y activista, participando en movimientos sociales y abogando por un mundo igualitario, con justicia social y ambiental. Luchando por utopías.
