El protocolo Bullrich: Javier Milei blinda su programa con represión policial

En medio de un escenario político y económico tenso, el Gobierno de Javier Milei en Argentina ha anunciado un controvertido protocolo de seguridad, generando reacciones mixtas y críticas, especialmente por parte de sectores de izquierda. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó las medidas en una conferencia de prensa, destacando la necesidad de mantener el orden público y garantizar la libre circulación.

En paralelo la economía doméstica argentina comienza a gritar y notar el shock del programa de reformas anunciado por el nuevo presidente. Por ejemplo, gasolina ha subido un 37% en tan solo un día dejando varios puntos de abastecimiento sin posibilidad de operar.

El protocolo del ministerio de Bullrich, de jurisdicción federal, ha sido respaldado por el portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni, quien argumenta que busca proteger los derechos de aquellos afectados por bloqueos en sus rutinas diarias. Sin embargo, voces críticas sostienen que estas medidas son percibidas como «ilegales y anticonstitucionales», marcando una clara línea coercitiva que podría restringir libertades fundamentales.

Los 14 puntos del procolo

Los puntos de lo que se ha llamado «protocolo Bullrich» son los siguientes:

1. Las cuatro fuerzas federales mas el servicio penitenciario federal podrán reprimir protestas, sean parciales o totales. “La ley no se cumple a medias. Se cumple o no se cumple”, advirtió Bullrich.
2. “Si hay un delito infraganti, van a poder intervenir. Serán determinados los delitos de acuerdo al artículo 194 del Código Penal y podrán intervenir en flagrancia las fuerzas federales” de acuerdo al orden legal vigente, explicó la ministra y candidata del partido del expresidente Macri.
3. No se tendrá en cuenta la existencia de vías alternativas al tránsito o a la circulación. “Esto quiere decir que si que corta la vía principal, se libera la vía principal. Por que haya una vía alternativa no es que se permite que esa vía principal siga cortada”, dijo Bullrich.
4. Las actuaciones persistirán hasta dejar liberado el espacio de circulación.
5. Para llevar a cabo estas medidas, las fuerzas emplearán la mínima fuerza graduada de acuerdo a la resistencia.
6. Serán identificados los autores, colaboradores e instigadores de cualquier delito.
7. Serán identificados también vehículos que podrán ser incautados.
8. Se actuará en las estaciones de tren, “cuando percibamos a personas que tengan en posesión material que debería ser incautado (palos o máscaras) que les permitan a quienes integren la medida de fuerza que las autoridades no puedan reconocerlos”.
9. Los datos de los autores, cómplices, partícipes, instigadores y organizadores serán remitidos a las autoridades de aplicación correspondiente. “Sea por un bloqueo, a la IGJ para ver las personerías jurídicas de quienes bloquearon. Sea por personas que vienen con un plan social o sean sindicatos o trabajadores que estén bloqueando una empresa”, matizó.
10. Se dará aviso judicial en caso de haber daño ambiental durante las manifestaciones. “Es algo que sucede de manera permanente es la quema de cubiertas, que genera una situación muy dañina al ambiente y a las personas que están alrededor”.
11. En el caso de participación de niños y adolescentes, se avisará a la autoridad competente de la protección de menores y procederá a tener sanciones a aquellos que lleven consigo a menores que estén en un piquete en horario escolar.
12. Los costes vinculados a los operativos de seguridad, serán facturados a las organizaciones o individuos responsables. “El Estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de seguridad. Tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos de la misma”, aseveró.
13. Para el caso de los extranjeros con residencia provisoria, se mandará la información a la Dirección Nacional de Migraciones.
14. Se creará un registro de las organizaciones que participen en este tipo de hechos.

Como se puede observar, estas medidas están muy enfocadas al tránsito. Analistas han asegurado que esto se debe a que el sector del transporte y de mercancías es clave en Argentina, lo que históricamente les ha otorgado una gran fuerza a la hora de coordinar huelgas y protestas.

Un plan de difícil encaje constitucional 

Entre las medidas más controvertidas se encuentra la potestad de las fuerzas federales para disolver protestas callejeras, con la posibilidad de arrestar a aquellos que «cometan delitos» durante las manifestaciones. El registro de organizaciones sociales que «instiguen» protestas también ha generado inquietudes sobre posibles limitaciones a la libertad de expresión así como la prohibición expresa de la presencia de menores de edad en las concentraciones, cuya libertad ideológica no se limita constitucionalmente a la edad de voto.

La prohibición de cortes de calles y carreteras se presenta como una medida para garantizar la circulación, pero críticos señalan que podría coartar el derecho a la protesta. Además, la imposición de costes a las organizaciones convocantes por el despliegue de fuerzas de seguridad plantea interrogantes sobre la fiscalización y transparencia en el uso de recursos públicos así como la posibilidad de hacer económicamente inviable la representación social.

En un contexto de crisis económica y ajustes, estas medidas podrían exacerbar las tensiones sociales. Con un alto índice de pobreza y medidas de austeridad recién anunciadas, la implementación del protocolo se da justo antes de movilizaciones previstas para el 20 de diciembre, aniversario de las protestas de 2001, añadiendo un elemento adicional de tensión intencionada a la situación.

Así, un gobierno cuyo partido se basó precisamente en proponer más «libertad», ha resultado apostar por la vía autoritaria para dar rienda suelta a sus medidas políticas, sociales y económicas.