El Tribunal Constitucional rechaza recurso de Vox: el acoso a mujeres que abortan será delito
El Tribunal Constitucional ha tumbado el recurso presentado por Vox en septiembre de 2022 contra la reforma del Código Penal por la cual el acoso que multitud de mujeres se exponían a sufrir al acudir a una clínica a interrumpir su embarazo voluntariamente por parte de grupos fundamentalistas católicos se convertía en delito.
En dicho recurso, el partido de extrema derecha alegaba que la reforma legal era vaga e imprecisa, lo que suponía, a su juicio, que podría suponer consecuencias penales no previsibles para quienes acuden libremente a las clínicas lo que desde la formación liderada por Santiago Abascal consideran un ejercicio de derechos fundamentales, entre ellos a la libertad de expresión, reunión y manifestación
Sin embargo, tres de los cuatro integrantes del pleno del Tribunal Constitucional consideran que esto no es así y que, de hecho, dicha reforma protege «la garantía de la libertad de las mujeres para interrumpir de forma voluntaria su embarazo». Así, se desmonta jurídicamente no solo el argumento de Vox, sino también la postura defendida por dicho partido político y sectores afines de que el acoso y el hostigamiento que sufren las mujeres es una realidad y que no tiene nada que ver con acudir a protestar o a rezar, como han llegado a defender personalidades afines al espacio ultraconservador como Alvise Pérez.
El derecho al aborto y el acoso a mujeres
Es habitual desde hace años, correlativo al crecimiento de la extrema derecha, que colectivos ultracatólicos o fundamentalistas católicos, contrarios al derecho al aborto, acudan a la entrada de las clínicas donde se practican interrupciones del embarazo a intentar presionar y coaccionar a las mujeres que acuden a ejercer dicho derecho repartiendo panfletos con información falsa, realizar rezos colectivos, gritar consignas y otras acciones que, en algunos casos, se han traducido en ataques a las propias clínicas.
Tanto es así que la Asociación de Clínicas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAIVE) realizó una encuesta entre 2017 y 2018 que revelaba el dato de que más de 260 mujeres habrían sufrido las acciones de grupos ultraconservadores. En concreto, un 89% de las mujeres encuestadas declararon haberse sentido molestadas, presionadas o coaccionadas por estos grupos.
Así, el Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, puso en marcha una reforma del artículo 172 del Código Penal, donde se buscaba penar a quien intente obstaculizar el derecho al aborto de una mujer mediante “actos molestos, ofensivos, intimidatorios, o coactivos que menoscaben su libertad”, ya sea a las propias mujeres como al personal sanitario. La condena se estipula entre los tres meses y el año de prisión, o bien trabajos a la comunidad y que entró en vigor en abril de 2022.
La decisión del Tribunal Constitucional avala, una vez más, que esta medida no es más que avalar la protección del derecho fundamental de las mujeres a interrumpir su embarazo, un derecho que, históricamente, ha sido desafiado por la derecha pero que ahora agitan con fuerza los sectores más ultraconservadores pero que choca de frente contra las libertades y los derechos fundamentales. Así, el acoso a mujeres seguirá siendo un delito.
Jefe de Redacción de Al Descubierto. Psicólogo especializado en neuropsicología infantil, recursos humanos, educador social y activista, participando en movimientos sociales y abogando por un mundo igualitario, con justicia social y ambiental. Luchando por utopías.
