El gobierno Milei cierra la unidad de investigación de niños desaparecidos durante la dictadura argentina

El pasado Miércoles el gobierno de Javier Milei decidió derogar el Decreto 715/2004, que creó la unidad para encontrar a los niños desaparecidos durante la dictadura argentina. Esta unidad, esencial para la investigación de desapariciones forzadas de menores durante la dictadura militar argentina, fue cerrada bajo el argumento de que su existencia implicaba supuestamente una delegación inconstitucional de funciones reservadas al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal.

La oposición, por el contrario, considera que el cierre de la unidad responde más a una agenda política que a una necesidad jurídica. La unidad se había consolidado como un instrumento clave para la búsqueda de la verdad en torno a los crímenes de la dictadura, y su cierre deja un vacío en la investigación de casos que aún no han sido resueltos.

La justificación del gobierno para el cierre de la unidad de niños desaparecidos durante la dictadura argentina

La administración Milei justificó su decisión aludiendo a precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que sostienen la inconstitucionalidad de otorgar funciones jurisdiccionales a órganos administrativos. El gobierno se apoyó especialmente en la sentencia de la Corte Suprema en la causa «causa Ángel Estrada y Cía. S.A« de 2005, que estableció que las funciones jurisdiccionales son exclusivas del Poder Judicial, y no pueden ser delegadas a órganos del Ejecutivo.

El decreto que formalizó el cierre de la Unidad argumentó además que la posibilidad de que un organismo del Poder Ejecutivo acceda a información confidencial sin autorización judicial viola derechos constitucionales como el derecho a la intimidad y al debido proceso. Desde esta perspectiva, al tener acceso irrestricto a archivos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad sin necesidad de intervención judicial, habría operado en violación de estos derechos.

Una justificación de carácter formalista que no explica la disolución de esta efectiva unidad, que más bien queda explicada por la amplía participación de defensores de la dictadura argentina en puedes relevantes de La Libertad Avanza. Una de ellas es nada menos que Patricia Villaruel, vicepresidenta de la nación y uno de los principales vínculos sociales con Videla durante su estancia en la cárcel. Tampoco parece que la preocupación por derechos irrestrictos sea una motivación de Milei, con el gobierno intentando en los primeros días acabar con el derecho de manifestación.

Respuesta organizada de las Abuelas de Plaza de Mayo y la sociedad civil

La decisión del gobierno de poner fin a la unidad sobre niños desaparecidos durante la dictadura argentina generó una reacción inmediata por parte de Abuelas de Plaza de Mayo, una organización dedicada a la búsqueda de niños desaparecidos durante la dictadura. En un comunicado emitido en junio, antes de la derogación del decreto, Abuelas expresó su «profunda preocupación» por lo que consideraron un grave retroceso en la lucha por los derechos humanos en Argentina.

La organización subrayó que dicha unidad había desempeñado un papel crucial en la investigación de casos de secuestro gubernamental de niños, proporcionando una vía rápida y confidencial para avanzar en la identificación de los niños desaparecidos. Según la organización, la unidad permitía evitar la judicialización innecesaria de casos, lo que aceleraba el proceso de búsqueda y evitaba la exposición pública de víctimas y testigos.

El comunicado también advirtió que el cierre de la unidad probablemente ralentizará la identificación de los cerca de 300 niños que aún están desaparecidos y aumentará la carga sobre un sistema judicial que ya está muy saturado. Abuelas destacó que la unidad especial había sido instrumental en la prevención de la citación innecesaria de personas, incluidas aquellas que podrían haber estado involucradas en crímenes de la dictadura, y que su trabajo se había realizado con la máxima confidencialidad y profesionalismo.

Más allá de la preocupación por la ralentización de las investigaciones, Abuelas también señaló que el cierre de la unidad podría ser un indicio de futuras acciones regresivas en materia de derechos humanos por parte del gobierno de Milei. La organización teme que esta medida sea el preludio de un desmantelamiento más amplio de los avances logrados en las últimas décadas en el ámbito de la memoria, la verdad y la justicia.

El legado de derechos humanos en Argentina en jaque

El cierre de la unidad que investigaba el rastro de los niños desaparecidos durante la dictadura argentina podría tener implicaciones para la justicia y la política de derechos humanos. Durante dos décadas, la unidad había sido una pieza clave en el proceso de identificación de los desaparecidos, utilizando el acceso a archivos y documentos de diversas instituciones estatales para avanzar en la resolución de casos complejos.

El traslado de estas tareas exclusivamente al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal, organismos que, según expertos, no cuentan con los mismos recursos ni la especialización que ofrecía la Unidad, plantea serias dudas sobre la capacidad de estos entes para continuar con la investigación de manera efectiva.

Desde el retorno de la democracia, Argentina se ha destacado por sus esfuerzos para enjuiciar a los responsables de crímenes de lesa humanidad y por su compromiso con la memoria histórica. El gobierno de Milei camina por la senda contraria, planeando erosionar ese legado y subvertirlo, demostrando el compromiso contra los derechos humanos del presidente libertariano.

Observadores internacionales y organizaciones de derechos humanos temen que esta medida sea solo el primer paso en un proceso de desmantelamiento de las políticas de derechos humanos que han definido a Argentina en las últimas décadas.