Cinco días después de la DANA, Mazón anuncia grupos de «respuesta inmediata» y pide incorporar a siete ministros bajo su mando

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en una comparecencia este sábado después de las 18:00 horas, tras pasar varias horas en el edificio del 112 con tras cuatro horas de retraso y después de cinco días de iniciado el desastre de la DANA, anunció la creación de cinco grupos de «respuesta inmediata» con la presencia de al menos siete ministros del ejecutivo de Pedro Sánchez mientras evita ceder competencias.

Tras agradecer la labor de las personas voluntarias que están yendo a ayudar a los municipios que lo necesitan, dijo tener la intención de crear cinco grupos que actuarían bajo su gobierno liderados por su gabinete.

El primero es el grupo de respuesta sanitaria, para el cual Mazón solicitó la incorporación de Mónica García, la ministra de Sanidad, para desarrollar un plan urgente de prevención epidemiológica. El segundo grupo será de infraestructuras, para el cual ha pedido la colaboración del ministro de Transportes, Óscar Puente, con el que quiere implementar un plan de recuperación de la red de transportes e infraestructuras en la provincia de València.

El tercer grupo estará centrado en servicios sociales y vivienda, y ha pedido la incorporación de Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, para atender las necesidades de realojo de los afectados y asistencia social, además de solicitar la participación de Isabel Rodríguez, la ministra de Vivienda y pedir a los bancos la posibilidad de aplazar las hipotecas de los damnificados.

El cuarto grupo se centrará en empleo y empresa, para lo cual Mazón ha solicitado la colaboración de la vicepresidenta Yolanda Díaz y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. El objetivo será activar ERTEs, aplazamientos de pagos de cotizaciones y otras medidas. Finalmente, ha solicitado la incorporación de Fernando Grande-Marlaska a otro grupo relacionado con seguridad e interior.

Mazón: respuesta tarde y sin sentido

Al finalizar su intervención, Mazón convocó a siete ministros para que participen en los grupos de trabajo, aunque no ofreció actualizaciones sobre el número de víctimas ni permitió preguntas de los periodistas.

La delegación de la gestión de la crisis de la DANA en estos grupos significa un cambio de enfoque que, no obstante, llega tarde. Hasta la comparecencia, Mazón parecía haber asumido el protagonismo absoluto de las decisiones pero, ahora, será su gabinete, el Consell, quien encabezará estos grupos de trabajo, con la participación de los ministros, con un plan de trabajo más detallado. Todo ello rodeado de un tono emotivo y de agradecimiento que, no obstante, choca de frente con el tono adquirido días antes cuando trató de pedir a las personas voluntarias que no acudieran a ayudar para no entorpecer las labores de los servicios de emergencia.

A pesar del evidente retraso de estas decisiones, Mazón aprovechó para justificarse argumentando que la prioridad inicial fue garantizar la seguridad en los accesos, afectados por puentes colapsados y carreteras intransitables, y que por eso tardó en actuar.

No mencionó, en cambio, que el País Valencià continúa en nivel de alerta 2. Esto implica que el mando ante cualquier emergencia recae en el gobierno autonómico, sin intervención del gobierno central salvo solicitud. Con esta comparecencia, Carlos Mazón y su ejecutivo mantiene el control, pero incluye a parte del ejecutivo de Pedro Sánchez en los grupos de trabajo, una petición de colaboración que el gobierno central ha respondido favorablemente a través del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Marlaska aseguró que el Gobierno seguirá transfiriendo recursos humanos, logísticos y económicos a la zona del desastre según sea necesario. En respuesta a la solicitud de Mazón de incorporar al Jefe del Estado Mayor de la Defensa, el ministro recordó que el General Jefe de la Unidad Militar de Emergencias, quien ya coordina a los militares desplegados, es el responsable en esta área.

El hecho de que Mazón no activara el nivel 3 también ha sido criticado por expertos en emergencias, quienes aseguran que una respuesta más rápida y contundente hubiera reducido el impacto negativo sobre las zonas afectadas. La controversia se amplificó al observarse la disparidad de criterios entre la Generalitat y otras instituciones, como la Delegación del Gobierno y los cuerpos de seguridad nacionales, que ya habían puesto en marcha sus propios mecanismos de prevención y asistencia. Frente a las lluvias torrenciales y la gravedad de la situación, la coordinación entre organismos resultó insuficiente y fragmentada, afectando la capacidad de respuesta ante la crisis.