¿Qué pasaría si Vox ganara las elecciones?

Es el año 2023. Son elecciones generales en España y en casi todas las comunidades autónomas a excepción de Cataluña, Andalucía y Galicia. Tras un periodo de crisis económica provocada por la pandemia, Vox ha conseguido superar al conservador Partido Popular (PP) en escaños y, junto con Ciudadanos, ganan a la coalición de gobierno. Santiago Abascal es investido presidente y, además, ganan en la mayoría de las regiones. ¿Cómo sería esa legislatura?

Este tipo de especulaciones reciben el nombre de “política ficción” y suelen fomentar el análisis y la reflexión para poder anticipar posibles resultados y acciones presentes. Aunque es evidente que nadie tiene una bola de cristal para poder ver el futuro, se puede partir de una hipótesis más o menos factible a partir de las declaraciones del partido, su programa electoral y sus acciones de gobierno allí donde tienen puestos de poder.

Además, se puede establecer analogías con otros partidos y gobiernos de extrema derecha con los cuales comparten base ideológica, como en el caso de Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil o Alternativa para Alemania (AfD).

Pese a todo, las hipotésis reflejadas deben tomarse como lo que son, meras hipótesis, de lo que podría pasar tras unas elecciones de este tipo.

Vox gana las elecciones de 2023

Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas actuales en las que Vox pierde apoyos en detrimento del PP y los partidos del gobierno, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP), parecen salir reforzados, no parece probable que el llamado “bloque de derechas” vaya a tener la victoria ni que Vox vaya a superar al PP.

Además, suponiendo que, para 2023, la crisis sanitaria y económica ya habrá sido superada, parece todavía más improbable que suceda.

No obstante, se plantea el supuesto contrario: la crisis económica se agudiza, el gobierno de coalición se ve desbordado, el PP se ve salpicado por nuevos casos de corrupción que lastran su popularidad y la cercanía de Ciudadanos con el PSOE no le hace capitalizar demasiado voto.

En 2011, el PSOE llegó a perder el 38% del electorado víctima del desgaste político provocado por la crisis económica. El PP, en 2015, al menos el 33%, también debido a esto y a innumerables casos de corrupción. Podemos suponer que parte de ese electorado sería absorbido por Vox, Unidas Podemos y una mayor abstención, típica de cuando el voto progresista se desmoviliza.

Se plantea pues, que se celebran elecciones el 19 de noviembre de 2023. Mucho voto del PSOE se pasa a UP, a partidos regionales y a PP, pero la alta abstención (alrededor de un 65%) y la victoria de Vox en las provincias del interior hace que muchos de esos votos acaben en escaños para la fuerza más votada: Vox. Ciudadanos es eclipsado.

Así, PSOE pasa de 120 a 90 escaños; PP de 89 a 78 asientos; Podemos y sus confluencias avanzan de 35 a 42 escaños; Ciudadanos retrocede de los 9 a los 6 escaños; y, finalmente, Vox pasa de 52 a 97, siendo la fuerza más votada. Los números no dan: ni siquiera un pacto entre PP, PSOE y Ciudadanos conseguiría mayoría suficiente. A esto podría sumarse Unidas Podemos o los partidos regionales, pero PP y UP no casan, igual que tampoco Ciudadanos y las fuerzas periféricas.

Finalmente, tras un debate prolongado, Vox consigue un pacto de gobierno con PP pasadas las elecciones, Ciudadanos, Navarra Suma y el Foro de Asturias, consiguiendo una holgada mayoría de 185 diputados. El 8 de enero, tras una polémica sesión de investidura, Santiago Abascal es investido presidente del gobierno.

Además, pactos similares se firman en Asturias, Aragón, La Rioja, Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Solo Cataluña, País Vasco, Cantabria y Navarra han resistido al avance de la ultraderecha.

Los primeros días tras las elecciones

Prácticamente desde el mismo día de la investidura, los principales agentes sociales y partidos progresistas del país convocan manifestaciones de protesta. La crisis ha reavivado el activismo a pie de calle y éste se organiza para oponerse al nuevo gobierno. El discurso antifascista de Pablo Iglesias, exlíder de Podemos, y de Yolanda Díaz, la candidata por la coalición de izquierdas, inunda las principales televisiones.

En Cataluña y País Vasco la situación se recrudece, con sentadas y cargas policiales numerosas, con heridos y detenciones indiscriminadas.

Con la excusa de controlar la situación, Vox aprueba una nueva Ley Mordaza todavía más severa que la actual, aumenta los recursos económicos dedicados a las fuerzas policiales y equipara a nivel salarial a todo el personal público de seguridad. Estas cuestiones se pueden deducir de sus actuales declaraciones y de su propio programa electoral. Esta ley podría ser similar a la Patriot Act, una ley estadounidense que, bajo la excusa de la amenaza de la seguridad, prácticamente pueden suspenderse garantías constitucionales.

Por supuesto, la oposición llevaría al Tribunal Constitucional esta ley, pero hay que recordar que, en España, los jueces son nombrados por el Congreso. Por lo tanto, la nueva plana del Tribunal y del Consejo General del Poder Judicial, así como los juzgados autonómicos, tendrían una gran mayoría de afines a Vox y a PP, lo que dificultaría recurrir estas leyes.

En este clima de descontento y de disturbios, es de esperar que aprobasen más pronto que tarde una aplicación del famoso artículo 155 de la Constitución Española a Cataluña, resultando en la suspensión de la autonomía y animando al proceso de los cargos públicos de los partidos independentistas quienes, con toda seguridad, estarían animando a las protestas y manifestaciones.

Previamente o, quizá después, Vox reformaría las leyes antiterroristas y de partidos para hacerlas más duras, extendiendo la apología al terrorismo y tratando de criminalizar a los partidos independentistas. No obstante, expertos en derecho constitucional afirman que no sería viable prohibir partidos independentistas o regionales. Sin embargo, es de esperar que aprobarían una legislación que les permitiera, al menos, intentarlo, poniendo todo tipo de trabas legales y administrativas a partidos como EH Bildu, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) o las Candidaturas d’Unitat Popular (CUP).

Tampoco está muy claro que pudieran ilegalizar asociaciones u ONGs bajo estos supuestos, pero sí retirarles toda la financiación posible y ponerles innumerables problemas administrativos.

Por otro lado, una de las primeras medidas que suelen adoptar todos los gobiernos además de la renovación del poder judicial, es la constitución de los consejos de administración de los medios de comunicación y de las empresas públicas. Bajo el gobierno de José María Aznar, entre 1994 y 2000, las televisiones y radios públicas sufrieron el descrédito por su evidente manipulación mediática, al igual que la ya desaparecida Canal 9 valenciana o Telemadrid.

Así, con la excusa de romper con el gobierno anterior, las cadenas públicas serían copadas por Vox y PP, criminalizando las protestas y justificando las acciones de gobierno, como seguramente haría la prensa más conservadora.

Poco a poco, con la excusa de retomar el orden y la paz social, el gobierno de Abascal se haría con el control de los poderes del estado.

Medidas de política interior

A partir de aquí, es difícil pronosticar una línea cronológica, aunque sí tratar de elaborar una hipótesis sobre las medidas que aprobarían en la legislatura.

Tras las elecciones, en cuanto a política interior, es de presuponer que derogarían las leyes de memoria histórica y de apología al franquismo (que seguramente para 2023 ya estaría aprobada), bajo la excusa de la libertad de expresión y de mirar hacia el futuro y no al pasado.

Es de esperar que, como ya han declarado en más de una ocasión, aprobasen una nueva legislación que regulase el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Esto incluiría la derogación de los llamados delitos de odio, permitiendo (o no castigando) la LGTBfobia o el racismo, el castigo a la quema de banderas o las pitadas al himno de España o la aplicación de normas más rígidas a los medios de comunicación en cuanto a la expresión de determinadas ideologías bajo la excusa de “impedir el adoctrinamiento”. Sin embargo, en esto último es posible que tuvieran poco éxito debido al amparo constitucional.

En este sentido, o bien obligarían, o bien permitirían, publicar los datos de nacionalidad y nombre de las personas que cometan delitos, algo que han dicho en más de una ocasión y que está en su programa electoral. Esto conduciría seguramente, como ya ha pasado en Estados Unidos, en Rusia o en Polonia, a un aumento de los delitos contra estos colectivos vulnerables.

Muy probablemente iniciarían también una guerra abierta contra los diferentes estatutos de autonomía, especialmente el andaluz, el vasco, el catalán, el navarro, el gallego y el valenciano, tratando de eliminar el reconocimiento como nacionalidades históricas, centralizando todas las competencias posibles, retirando la financiación de las mismas, eliminando el llamado “concierto vasco” y tratando de disolver las policías autonómicas.

Es de esperar que esto alentara todavía más las protestas en estas regiones y que los movimientos independentistas crecieran. Se verían espectáculos en el Congreso muy tensos, el abandono del hemiciclo de estos partidos a modo de protesta y, seguramente, violencia en las calles.

Seguramente, se aprobaría también una ley más dura sobre la prisión permanente revisable, de forma que fuese una cadena perpetua encubierta, lo que llevaría a una reprobación de la Unión Europea. Se elevarían las penas en caso de terrorismo y apología al terrorismo (bajo las nuevas definiciones de estos delitos aprobadas), en caso de agresiones sexuales y en caso de daños a la propiedad privada.

Otra medida de Vox, en línea con el que sería su homólogo Donald Trump, es facilitar la adquisición de armas por la población, pero esta propuesta no es popular en España por lo que se quedaría en una simple facilitación de trámites administrativos, especialmente en caso de caza y uso deportivo.

Por último, se daría un aumento progresivo de los recursos económicos destinados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de aprobación de leyes que busquen prescindir de la aprobación judicial para la intervención policial, como las leyes antipiratería.

Política economía, laboral y financiera

Las propuestas económicas de Vox siguen la ya fracasada doctrina neoliberal. Por lo tanto, es de esperar que, en este sentido, siguieran una política no muy diferente de la del Partido Popular, ni diferente de la ya aplicada en Andalucía, Murcia o Madrid, basada en privatizaciones, desregulaciones económicas y bajadas de impuestos a las clases altas y a las empresas. Una economía en favor de las élites.

Seguramente no bajarían el Salario Mínimo Interprofesional, pero no lo subirían en toda la legislatura, como mucho en función del IPC.

Aprobarían una nueva reforma laboral, deshaciendo todas las reformas del gobierno anterior, facilitando el despido, dando más poder al tejido empresarial y disminuyendo el poder de los convenios colectivos. Muy probablemente redujeran la financiación y la capacidad de los sindicatos para ejercer presión, lo que conduciría a una inevitable huelga general, como ya ha pasado cada vez que un gobierno conservador aprueba estas medidas.

Se liberaría de nuevo el sector del suelo, como ya aprobó Aznar y que llevó a la burbuja inmobilaria, reduciendo la protección de las zonas no urbanizables, como también sucedió con la Ley de Costas. En este sentido, el Impuesto de Sucesiones, de Plusvalías y de Patrimonio se eliminarían o se reducirían. No parece realista pensar que se eliminarían completamente, especialmente el de Plusvalías. Todo esto relanzaría de nuevo la especulación, como ya ha pasado anteriormente.

Vox ha hablado en multitud de ocasiones, también en elecciones, de facilitar la constitución de nuevos negocios y la reducción de costes a personas autónomas. No obstante, esto no ha sucedido con ningún gobierno conservador en España, más favorables a premiar a las grandes empresas.

Por último, es difícil prever qué harían en cuanto al comercio exterior. Vox se ha mostrado proteccionista en varias ocasiones y partidario de potenciar la industrialización y el producto estatal. Pero, por contra, en su propio programa es favorable a facilitar la llegada de empresas y de inversión extranjera. Además, la membresía en la Unión Europea hace difícil que el gobierno de España se pronuncie sobre esta materia.

Por lo tanto, la hipótesis más probable es que si Vox ganara las elecciones, azuzara la bandera del proteccionismo en la eurocámara y en la prensa, quizá votando en contra o abstención de disposiciones que atenten contra tratados de libre comercio pero sin ninguna medida concreta. Así, además, reforzarían su euroescepticismo, en la línea con el resto de partidos ultraderechistas.

Reformas en política social, sanidad, igualdad y pensiones

En este sentido, un gobierno presidido por Santiago Abascal ahondaría en la progresiva privatización de la sanidad y de los servicios sociales en general, además de una política de recortes similar a la ya sufrida con los gobiernos conservadores (y no tan conservadores).

Vox se ha pronunciado duramente contra las políticas de integración y de asistencia a las clases más bajas, por ejemplo, llamando “paguita” al Ingreso Mínimo Vital, así que es probable que se aprobara una reducción progresiva de las ayudas sociales.

No parece probable que las bonificaciones por familia numerosa, las ayudas a la natalidad o la cuestión de la dependencia se eliminaran, ya que va en consonancia con la política pro-familia de Vox, pero sí desaparecerían las ayudas a proyectos sociales y asociaciones sin ánimo de lucro que tuviesen que ver con la igualdad, la solidaridad, la cooperación al desarrollo, la atención a personas migrantes, LGTB o a las familias monoparentales y a otros colectivos vulnerables.

Es seguro también que se trataría de derogar todas las leyes que protegen a las mujeres, si bien el PP probablemente opondría cierta resistencia, pues sería una cuestión de Estado desde casi dos décadas. Lo más probable es que, si no se deroga o no se introducen enmiendas a la Ley Integral Contra la Violencia de Género, se le retirarían todos los recursos económicos y materiales posibles, incluyendo en las autonomías. Lo mismo para las leyes del aborto y de la muerte digna.

Por supuesto, eliminarían la sanidad universal, dejando fuera del sistema a las personas migrantes, especialmente en situación irregular. También dejarían fuera del sistema las interrupciones del embarazo y las terapias de reafirmación de género, así como otros tratamientos que se considerarían auxiliares. Derogarían, asimismo, todas las leyes que protegen a las personas LGTBI+.

Además, la centralización de las prestaciones y el cese de financiación pública a comunidades autónomas pondría en peligro la capacidad de los ayuntamientos y otros organismos de orden territorial inferior a hacer frente a los problemas de la gente.

En cuanto a las pensiones, quizá sería demasiado pronto para un nuevo aumento de la edad de jubilación, pero sí aprobarían una reforma para que el cálculo fuera diferente (por ejemplo, abarcando toda la vida laboral) y para introducir progresivamente los planes de pensiones privados. Esto ya se menciona como una posibilidad y es real en muchos países europeos. Es probable que, en un intento por evitar el descontento de la población envejecida, no desligasen las pensiones del IPC o incluso aprobasen un incremento de las pensiones mínimas.

Educación y cultura

Antes de que acabara el primer o segundo año de legislatura tras las elecciones, se aprobaría una nueva ley educativa, como es casi tradición en la democracia española.

Esta nueva legislación, que seguramente se aprobaría después de haber centralizado todo lo posible las competencias educativas, daría más poder al gobierno central para decidir la política educativa de las comunidades autónomas.

En consonancia con la financiación, que repartiría dividendos a los centros privados y/o concertados, la nueva reforma ahondaría en el ataque a la educación pública en favor de la concertada, que tendría mayor libertad para, por ejemplo, llevar a cabo enseñanzas religiosas o la separación por sexos. Esto iría acompañado de una subida de las tasas universitarias y de una subida en las exigencias para obtener becas, reintroduciendo el criterio de calificación académica para su obtención.

Se aprobaría en todo el territorio el “Pin parental” y se limitarían las enseñanzas complementarias, especialmente las basadas en la igualdad, bajo la excusa de “adoctrinamiento ideológico”. Por contra, se favorecerían enseñanzas basadas en héroes españoles, en el ensalzamiento de los símbolos de “la nación” y en los valores basados en el patriotismo. Todo esto se encuentra en el programa de Vox.

Conjuntamente, se derogarían todas las leyes de inmersión lingüística y que favorecen el uso de las lenguas autóctonas diferentes del castellano, quitándoles todo su valor y reduciendo la enseñanza en otros idiomas. Donald Trump, por ejemplo, quitó toda referencia a lenguas que no fueran el inglés en los sitios web de organismos públicos, aunque la Constitución Española no permitiría algo así.

Probablemente, los contenidos curriculares, especialmente los dedicados a Historia, se modificarían para hacer más énfasis a la Historia de España y no a las cuestiones de índole regional.

Se aprobaría una inspección educativa dedicada a asegurar todo lo anterior y que condicionaría especialmente la educación en País Vasco o Cataluña, limitando al máximo la libertad de cátedra y rozando el adoctrinamiento.

Muy probablemente, asociaciones como CitizenGo o Hazte Oír, recibirían amplio amparo por parte del gobierno. En las televisiones públicas se volverían a ver corridas de toros, programas sobre caza, misas y una programación en general más propia de los años 70 u 80, mientras el alcance y el papel de las organizaciones y medios ultracatólicos sería mucho más relevante.

A nivel cultural, seguramente habría una reducción presupuestaria y de ayudas para proyectos culturales. Por otro lado, se subvencionaría de nuevo la tauromaquia y la caza.

Se paralizaría en seco el cambio de nombres del callejero y de edificios públicos de nombres asociados al franquismo y seguramente se retirarían nombres de activistas o personas relacionadas con fuerzas izquierdistas. Algo también prometido en pasadas elecciones y que hasta el PP ha llevado a cabo.

Ciencia, medio ambiente y religión

Unas elecciones donde Vox resurja como fuerza gobernante, tendría la mano laxa con los privilegios de la religión católica. No se perseguirían las inmatriculaciones de los bienes por la Iglesia llevadas a cabo en el gobierno de Aznar, ni se incidiría en la separación Iglesia – Estado, e incluso es posible que se reviertan algunas de las reformas en este sentido.

España tendría cuatro años más de la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta y de privilegios eclesiásticos, como el impago del Impuesto de Bienes Inmuebles por edificios no dedicados al culto, la presencia de símbolos religiosos en edificios públicos y un largo etcétera.

No obstante, no parece que sea un tema en el que Vox incida demasiado, más allá de las tradiciones de cada región, por lo que simplemente pasaría desapercibido mientras, por detrás, estos privilegios aumentan o se mantienen.

Por lo demás, aunque Vox habla en su programa de invertir en I+D+i y en que España se convierta en una potencia en desarrollo sostenible y en energías renovables, sus declaraciones sobre el peligro del 5G y su negacionismo del cambio climático ponen en seria duda que esto se tenga que tomar en serio. De hecho, los partidos de extrema derecha han dado la espalda a la ciencia y a la ecología.

Además, la red clientelar alrededor del oligopolio de las hidroeléctricas en España es demasiado tentadora como para darle la espalda, algo que no ha hecho ningún gobierno, fuera del PP o del PSOE.

Lo más probable es que favorezcan que las empresas, tanto estatales como extranjeras, sigan explotando los recursos naturales de España por beneficio propio y que las inversiones en investigación sigan siendo precarias.

Política exterior e inmigración

Los cuatro años tras las elecciones que darían la victoria a Santiago Abascal se caracterizarían por un desafío constante a los organismos internacionales, especialmente a la Unión Europea y a los intentos por establecer acuerdos globales en materia de medio ambiente, igualdad o asistencia social.

Al igual que Donald Trump o Bolsonaro han desafiado a la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) y Estados Unidos se ha retirado de los acuerdos contra el cambio climático, un gobierno con Vox a la cabeza cuestionaría constantemente estos organismos bajo la excusa de la amenaza a la soberanía nacional y la existencia de una “agenda oculta progre” para socavar España. Vox en el Congreso ha llegado a pedir al gobierno la retirada de España de la OMS.

Y es que, el discurso de la ultraderecha es igual en todas partes, una especie de “anti-globalismo” pero llevado únicamente a las cuestiones sociales.

Muy probablemente, el rechazo a la política internacional por parte del gobierno liderado por Vox iría creciendo, junto a un progresivo aumento del euroescepticismo. Y la mala respuesta del resto de potencias sería utilizada como excusa para incidir en este rechazo. Se oirían mantras como “respetarán a España por las buenas o por las malas” y afirmaciones similares.

Habría quizá una excepción: la cooperación para enfrentarse al terrorismo islámico. Seguramente, se aprobaría el envío de fuerzas militares a Oriente Medio y la participación de España en operaciones extranjeras y en pactos antiterroristas.

Por otro lado, las fronteras se verían reforzadas, especialmente las vallas de Ceuta y Melilla. El endurecimiento hacia la inmigración sería palpable, con deportaciones masivas, rechazando el rescate de barcos varados en el mar, abuso de derechos humanos en centros tipo CIEs y la negativa a la cobertura social básica. Surgirían conflictos con Marruecos y con Italia por estas cuestiones. Probablemente también con Reino Unido al reavivar el conflicto sobre la posesión de Gibraltar.

Aunque la Constitución impide negar ayudas sociales por procedencia o nacionalidad, seguramente aprobarían alguna normativa para que las personas nativas pudieran acceder más fácilmente a la asistencia social que las personas foráneas, aumentando las capas de pobreza en este sector y la economía sumergida.

Reformas electorales y territoriales

Sin modificar la Constitución, la mayoría de las propuestas de Vox en materia electoral no podrían llevarse a término. No podrían hacer una distribución diferente de los diputados (que van según provincia y población), ni modificar el Senado, ni disolver los parlamentos regionales. Por mucho que lo propongan y lo prometan en sucesivas elecciones.

Sobre la reducción de diputados, asesores, escaños regionales y subvenciones públicas, o la eliminación de las Diputaciones Provinciales, ningún partido que ha conseguido el poder lo ha hecho. Además, en un gobierno en coalición, ni PP ni Ciudadanos apostarían por ello.

Lo único factible es que sí redujeran la cantidad de asientos de algún parlamento regional, como ya hizo María Dolores de Cospedal (PP) en Castilla La Mancha.

En aquellos parlamentos donde gobernasen, es posible que también subiesen la barrera electoral, esto es, el porcentaje mínimo de votos necesario para obtener representación, que varía entre el 3 y el 5%.

Además, podrían aprobar una Ley Electoral que pusiera más dificultades a los partidos minoritarios y regionales, por ejemplo, elevando el número de firmas necesarias para concurrir a las elecciones; o un sistema de reparto de escaños que favoreciese a la fuerza política ganadora.

Es posible que pusieran más obstáculos a todas las herramientas de participación, como la presentación de Iniciativas Legislativas Populares, los órganos de participación autonómicos y municipales, etc., como ha hecho el PP siempre que ha gobernado.

En cuanto a la famosa propuesta de Vox, y que se ha hecho por ejemplo en Italia, de fusionar municipios y reducir ayuntamientos, chocaría frontalmente con las tradiciones propias de la llamada “España vaciada”, así que no parece probable que esto fuera a suceder.

Por último, es factible pensar que eliminarían la obligación de paridad de género en las listas electorales.

El final de la legislatura y nuevas elecciones

La primavera de 2027 se ha saldado con numerosas protestas, detenciones y disturbios.

Las encuestas sitúan un aumento del movimiento independentista catalán en un 63% y del 38% del vasco, territorios en continuo conflicto. Los diputados de ERC, las CUP y de Junts per Catalunya no acuden ya a las sesiones del Congreso. EH Bildu ha sido ilegalizado, a la espera de resolución judicial. Permanecen Compromís y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), con Joan Baldoví y Aitor Esteban protagonizando acaloradas intervenciones.

Ciudadanos ha abandonado el pacto de gobierno ante la deriva autoritaria del mismo, perdiendo su única cartera ministerial, pero el apoyo del resto de fuerzas es más que suficiente.

Aunque la Unión Europea aplaude las medidas económicas de España y la adopción de acciones “poco populares pero necesarias”, afea su abuso de las medidas policiales, la aprobación de leyes estrictas y la cómo se da la espalda a los colectivos más vulnerables. Además, el país no cumple con los objetivos de reducción de emisiones y se aleja de los compromisos asumidos por gobiernos anteriores.

Los delitos de odio han aumentado considerablemente, entre un 15 y un 20% a personas negras y lationamericanas y a personas LGTB. Los índices de igualdad se han estancado también por primera vez en veinte años. España, que lideraba casi todos los puestos en materia de tolerancia, en solo cuatro años ha caído varios puestos.

El consenso territorial se ha resquebrajado a pesar de que Vox forma gobierno en casi todas las autonomías. Aunque la inmensa mayoría calla, Galicia, Andalucía, Asturias y La Rioja se distancian progresivamente del gobierno central. Surgen barones de Vox (Ignacio Blanco Urizar) y de PP (Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso) críticos con el gobierno y que le disputarán el liderazgo a Abascal y a Pablo Casado respectivamente en comicios internos de dichos partidos.

Si bien parece que poco a poco se da una lenta recuperación económica, la desigualdad continúa acrecentándose a niveles de 2010, por lo que Vox cede parcialmente: aprueba diferentes programas sociales y retoma el diálogo social de cara a la campaña para las elecciones de ese año en un intento por recuperar parte del descrédito social. Durante todo 2027, las televisiones se llenan de imágenes de Abascal visitando hospitales, centros sociales y organizaciones solidarias, mientras protagoniza un discurso más moderado, alejándose del habitual tono de la nueva derecha radical.

Su discurso esta vez es claro: aunque van en la senda correcta, el tener que depender de la “derechita cobarde” y de los “traidores” de Ciudadanos, junto a las injerencias europeas, han lastrado buena parte de las medidas de su gobierno, por lo que necesita un fuerte apoyo en las próximas elecciones para resucitar la “España viva”. Para ello, apela al sentido común, a la necesidad de poner orden en una España rota por culpa de «una conspiración progre» y de los «separatistas» y a la «mayoría silenciosa» que no se manifiesta.

Conclusiones sobre Vox, elecciones y reflexión

En definitiva, una legislatura como esta no sería excesivamente diferente de una liderada por el Partido Popular, pero sí rompería con buena parte de los consensos sociales y políticos establecidos, ahondaría en los problemas económicos y territoriales de España y sentaría las bases para un gobierno cada vez más conservador y reaccionario. Es decir, impondría un régimen económico muy similar, pero con una agenda social más conservadora y una acción más autoritaria.

Vox como ganador de unas elecciones, no respondería ante los problemas y conflictos con diálogo, sino imponiendo su voluntad por la fuerza, ya fuera mediante acciones judiciales (aprovechando su mayoría en el poder judicial), utilizando a las fuerzas de seguridad o mediante presiones utilizando su propia red clientelar y organizaciones afines. Todo ello provocaría una continua brecha social y polarización política, muy especialmente en regiones como Cataluña.

No obstante, la estrategia habitual de los gobiernos ultraderechistas cuando ganan las elecciones es dejar las medidas más reaccionarias para cuando disponen de una base electoral lo suficientemente amplia como para poder aprobar reformas constitucionales y cuando han extendido lo suficiente sus redes clientelares y su influencia. Esto se ha visto con Viktor Orbán en Hungría y con el gobierno de Ley y Justicia en Polonia.

Aunque, afortunadamente, la pertenencia de España a la Unión Europea y la propia Constitución limitan considerablemente las medidas más retrógadas de Vox, no hay que descuidarse. Esto es política ficción, pero podría ser real en cualquier momento.

Lo siguiente que cabe preguntarse es, ¿qué pasaría si tuvieran mayoría absoluta en unas elecciones?¿O apoyo suficiente para modificar la Constitución?

Enlaces, fuentes y bibliografía:

– Foto destacada: Montaje parodia con fotografía de los líderes de Vox en un acto en Colón, Madrid, en 2019. Autor: Vox España, 26/10/2019. Fuente: Flickr.

Adrián Juste

Jefe de Redacción de Al Descubierto. Psicólogo especializado en neuropsicología infantil, recursos humanos, educador social y activista, participando en movimientos sociales y abogando por un mundo igualitario, con justicia social y ambiental. Luchando por utopías.