España aprueba erradicar la esterilización forzosa a mujeres con discapacidad

El Congreso de los Diputados, el parlamento de España, aprueba erradicar la esterilización forzosa a mujeres con discapacidad de forma unánime. Este mandato de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificado en 2008 y de obligado cumplimiento, se aplicará en España una década después de su entrada en vigor.

En los últimos 10 años, alrededor de un millar de mujeres han tenido que someterse a esta práctica. Así lo recoge la proposición de ley aprobada: “La esterilización forzada es una práctica más extendida de lo que la opinión pública considera. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en la última década se han practicado en España más de un millar de esterilizaciones forzadas, la mayoría de ellas en mujeres.

Solo en el año 2016 el CERMI, basándose en datos oficiales, señala que hubo 140 casos, dándose 865 casos más entre los años 2005-2013”, concluyendo que de los datos disponibles se extrae la periodicidad de una esterilización cada cuatro días a lo largo de la última década.

La esterilización forzosa

El ejercicio, hasta ahora vigente en España, de esterilizar a las mujeres con alguna discapacidad, previa orden de un juez, estaba contemplado por el ordenamiento jurídico español en el artículo 156 del Código Penal. “No será punible la esterilización acordada por órgano judicial en el caso de personas que de forma permanente no puedan prestar en modo alguno el consentimiento” libre y consciente que tal cuestión merecería, expresa dicho enunciado.

Aunque el término “acordada”, hace referencia a la concordancia de los responsables legales de la mujer con el juez asignado y no al consentimiento de la mujer afectada. Así, se trata, de una práctica impregnada del estigma que niega a estas mujeres el derecho a disfrutar de una vida sexual plena, a decidir sobre sus cuerpos y a confiar en sí mismas.

Isabel Caballero, coordinadora de la Fundación Cermi Mujeres, el ala feminista de la organización, pone el foco sobre el hecho de que “algunas se han enterado cuando se querían quedar embarazadas y fueron por primera vez al ginecólogo. Ahí supieron que les habían hecho una ligadura de trompas”.

Pese a que en la mayoría de los casos las familias toman esta decisión como forma de protección ante los embarazos indeseados, es necesario tener en cuenta las secuelas psicológicas, como recuerda el sexólogo Carlos de la Cruz, puesto que muchas veces no están preparadas para entender lo que ha ocurrido y cuando lo descubren se rompe la confianza hacia sus familias.

Entre las secuelas físicas que la extirpación temprana de un órgano imprescindible para la salud sexual y reproductiva puede dejar, se encuentran la menopausia prematura, la osteoporosis y enfermedades cardiovasculares.

El Comité de la ONU ya reprobó en el año 2019 el incumplimiento por parte de España del convenio ratificado hace más de una década. Además, el Convenio de Estambul que regula la prevención contra las violencias machistas, promovido por el Consejo de Europa y ratificado por España en 2014, califica esta práctica de esterilización forzosa como delito.

El acuerdo se adopta por unanimidad

La proposición de ley aprobada en el pleno del Congreso describe esta práctica como una “grave anomalía en términos de derechos humanos”. De tal modo, aunque las modificaciones legislativas pertinentes no entrarán en vigor de forma inmediata, puesto que la proposición aún debe regresar al Senado, la intención de derogar este ejercicio tiene implicaciones más amplias.

En este sentido, parece continuarse el recorrido hacia la equiparación de derechos de las personas con discapacidad, según se viene intentando durante los últimos años. Por ejemplo, en el año 2018, se modificó la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) para admitir el derecho al voto de unas 10.000 personas con discapacidad a las que se les había prohibido. De igual manera, el Congreso actualmente se encuentra en proceso de tramitación de una reforma para sustituir la incapacitación judicial por la tutela.

Todos los grupos parlamentarios han apoyado la reforma legislativa y se han amparado en argumentos tales como que a partir de este 15 de octubre de 2020 “se corrige una anomalía”, “hoy es un día de los que España cambia a mejor”, “ es una forma de mutilación” o “ha habido una infantilización de la mujer con discapacidad”. Además, las modificaciones legales también incluirán garantías para este tipo de consentimiento, de forma que las mujeres tengan toda la información a su disposición.

El delegado de Derechos Humanos en el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Jesús Martín, ha declarado por su parte que “con la derogación de la esterilización forzosa de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente, promovida desde el Cermi, terminaría una de las violaciones más lacerantes de los derechos humanos de esta parte de la población que tenían amparo legal” y destaca que el proyecto nace de la sociedad civil y del legislador (el Senado).

A su vez, Martín añade que “las personas con discapacidad que precisen de apoyos humanos y materiales, incluidos los tecnológicos, para la toma de decisiones recibirán los mismos siempre en formatos, canales y soportes accesibles para que la decisión que adopten en su calidad de pacientes sea libre, voluntaria, madura e informada”.

Enlaces, fuentes y bibliografía:

– Foto destacada: Chica con un cartel reivindicativo. Autor: Paulo Slachevsky, 08/12/2019. Fuente: eldesconcierto.cl. (CC BY-NC-SA 3.0.).