El control migratorio europeo: un oscuro negocio

Artículo original de Eulixe: El control migratorio: un oscuro negocio que se lucra de la miseria y el sufrimiento

La Industria del Control Migratorio (ICM) es uno de los negocios con mejor perspectiva de futuro en Europa. En la última década, una amplia red de políticos y empresarios, vinculados principalmente al sector armamentístico y la construcción, ha logrado consolidar un nuevo mercado en torno al control de las migraciones y la militarización de las fronteras.

En España, por ejemplo, desde 2014 hasta 2019, el Gobierno adjudicó más de 660 millones de euros a las empresas del negocio antimigratorio a través de 1.677 contratos públicos, la mayoría sin que se efectuase concurso público, es decir, mediante métodos de adjudicación a dedo.

La política migratoria de Europa y el uso de la población migrantes con fines políticos (como el caso de Turquía) dejan un saldo devastador de víctimas mortales todos los años. Se han perdido cientos de vidas humanas que huían de la muerte, la miseria y la desesperación, o de las nulas oportunidades económicas para desarrollar una vida en condiciones. Esta situación choca con el dato de que tan solo el 4.5% de quienes migran a Europa lo hace por vías irregulares. Se trata de personas que, independientemente de sus motivos para migrar, no cuentan con una vía segura y legal para realizar su viaje.

Se calcula que un total de 110.669 personas migrantes y refugiadas llegaron a Europa a través del Mar Mediterráneo en 2019, en un año en el que la ruta central entre África e Italia se mantuvo como la más letal, según un balance difundido por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En 2019 perdieron la vida un total de 1.283 personas, la mayoría debido a naufragios. Desde 2014, año en el que la OIM empezó a realizar este seguimiento, han perdido la vida 19.164 personas.

Un negocio que se lucra de la miseria

Debido a las restrictivas políticas de emigración europeas, las vías legales y seguras para quienes desean o deben migrar a un país europeo son escasas. Se destinan grandes sumas de dinero para frenar la migración irregular mediante el blindaje de las fronteras, la externalización del control migratorio y aceleración de las deportaciones a través de acuerdos con países como Marruecos, Turquía, Libia y otros países.

Entre 2021 y 2027, la UE destinará alrededor de 30.829 millones de euros al control migratorio y de fronteras según su nuevo marco presupuestario. En este periodo, la UE también obtendrá 24.322 millones de financiación pública para defensa y seguridad.

Las políticas antimigratorias de la Unión Europea y el discurso de odio contra los migrantes han abonado el terreno para que ciertas empresas sin escrúpulos, principalmente armamentísticas y de seguridad, se lucren del control migratorio mediante contratos públicos. Y España no se queda atrás.

A día de hoy, el Estado ya es uno de los principales terrenos de juego de la Industria del Control Migratorio (ICM). Una investigación de porCausa y Público pone los datos encima de la mesa: desde 2014 hasta 2019, el Gobierno español adjudicó al menos 660.4 millones de euros a las empresas del negocio antimigratorio a través de más de 1.677 contratos públicos, la mayoría sin concurso público.

El Estado Español es actualmente uno de los principales mercados de esta industria, que ha convertido la frontera sur española en un laboratorio para ensayar proyectos antimigratorios que después se exportan a otros países de la región.

La concertina (cuchillas de acero) de la valla de Melilla, subvencionada con fondos europeos y fabricada por una empresa malagueña, ya corona las vallas de varios países de los Balcanes y del norte de Europa. El éxito de los drones desplegados en el litoral atlántico español y el estrecho de Gibraltar ya inspira nuevos proyectos en el Mediterráneo. El nuevo experimento estrella son los CATE, cárceles ‘express’ para migrantes, repartidas por el sur de España y cofinanciadas por Europa y España. Hasta la fecha el Gobierno no ha publicado ningún contrato sobre estos centros de detención de migrantes. Una nota del Ministerio del Interior indica que solo en 2019 se desembolsaron más de 6,5 millones de euros en obras y servicios relacionados con estos centros – Público

La Industria del Control Migratorio (ICM) vivió su momento estelar en 2015, coincidiendo con la crisis de los refugiados y la aprobación de grandes programas de financiación para cerrar las fronteras de Europa. “Se trata de un sector de alta rentabilidad que vive exclusivamente del dinero público y que justifica su opacidad bajo el pretexto de la defensa nacional y europea”, afirma, al respecto, la investigación de porCausa y Público.

No obstante, aunque se haya constatado un crecimiento de la ICM, no se ha logrado frenar el flujo de personas que migran. Además, las consecuencias son devastadoras: cada año mueren cientos de personas intentando cruzar el Mediterráneo, crece la letalidad de las rutas y aumenta la población migrante encarcelada.

La financiación de la Industria del Control Migratorio

La Industria del Control Migratorio (ICM) se financia principalmente con dinero público, es decir, de los bolsillos de la ciudadanía de a pie. “Lo obtiene a través de una compleja maraña de instituciones nacionales y europeas que a menudo desempeñan también otras funciones”, afirma, al respecto, Público. En el Estado español, las principales financiadoras de la ICM son los Ministerios de Interior, Defensa y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Las multinacionales que lideran esta industria, utilizando para ello sus herramientas de influencia (puertas giratorias, lobistas, eventos internacionales…), hicieron presión para convencer a los mandatarios europeos y nacionales de la necesidad de reforzar las fronteras. Utilizaron el comodín del miedo, vinculando los flujos migratorios con el crimen organizado, el desempleo y el terrorismo, estrategia ya usada continuamente por la ultraderecha europea.

A día de hoy, una amplia red de instituciones públicas subvenciona y contrata a las empresas de la ICM a nivel europeo y estatal. Directa o indirectamente, el ritmo lo marca la Unión Europea. Es quien diseña los fondos y las herramientas para que los Estados miembros de la región refuercen sus fronteras exteriores, combatan la migración ilegal y subcontraten a Gobiernos extracomunitarios (Marruecos, Libia, Turquía…) para llevar a cabo las tareas más comprometedoras del control migratorio.

La Unión Europea organiza sus presupuestos en base a marcos plurianuales de siete años y gestiona sus fondos conjuntamente con los Estados miembros. Más del 4% del presupuesto está destinado a migración, control de fronteras y defensa. Se calcula que desde 2015 la UE ha transferido al Estado español más de 800 millones de euros para reforzar el control sobre las fronteras y su gestión migratoria, una cantidad superior a la que España destina a políticas de vivienda. Según reflejan los documentos oficiales de la UE, el dinero llega al Gobierno español principalmente a través del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) y el Fondo de Seguridad Interior (FSI).

A nivel europeo, los dos financiadores más importantes de la ICM son la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) y la Dirección General de Asuntos de Justicia e Interior de la Comisión Europea. Esta última está adscrita a la Vicepresidencia para la Promoción de Nuestro Modo de Vida Europeo, creada en 2019 y dirigida por la Comisaría de Asuntos de Interior. Esta dirección general abarca los asuntos de seguridad, migración, asilo y cooperación policial con países terceros, de origen y tránsito migratorio.

Frontex ejerce de Policía antimigratoria dentro y fuera de las fronteras europeas. En el momento de su creación en 2005, esta agencia tenía una función administrativa y se limitaba a prestar apoyo técnico a los estados miembros de la UE, pero en su última ampliación de mandato, en noviembre de 2019, obtuvo un mayor presupuesto e incluso competencias para firmar contratos y coordinar operaciones conjuntas de forma autónoma. Al igual que su cercanía con el sector privado (especialmente con EOS, el mayor lobby de seguridad de Europa), el peso de Frontex ha ido aumentando hasta el punto de que es el primer cuerpo uniformado de la UE y ya está reclutando a sus primeros 10.000 agentes armados. También ha crecido su opacidad: hasta ahora, los tribunales y organismos europeos han fallado a favor de mantener el secretismo de las operaciones de Frontex, dejando en papel mojado las peticiones de información de periodistas y activistas que denuncian el escaso interés de esta agencia por la integridad de las personas migrantes – Público

En el último marco presupuestario (2014-2019), la UE había asignado 533 millones de euros a Frontex, pero finalmente ese gasto superó los 1.790 millones. Buena parte de ese dinero acaba en manos de la ICM, que provee servicios, personal y material para las Operaciones Conjuntas en las fronteras europeas (tres de ellas en la costa española) y para los vuelos de deportación forzosa. En la última década, Frontex ha participado en el retorno forzoso de más de 60.000 personas. Una de sus últimas apuestas consiste en sustituir los sistemas de rescate en el mar por drones de vigilancia aérea – Publico

Según subraya Público, los fondos a que tiene acceso la ICM también provienen de otras políticas y financiación que indirectamente se orientan al control migratorio, como es el caso de la política de vecindad, exterior, defensa o cooperación al desarrollo. Al respecto, destacan el Servicio Europeo de Acción Exterior y el Servicio de Instrumentos de la Política Exterior, adscritos al Alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell.

A día de hoy, la UE tiene diez misiones civiles y operaciones militares en varios países del Norte de África y los Balcanes, con funciones que incluyen labores de entrenamiento y capacitación de los cuerpos de seguridad, incluido el control migratorio. “La UE asegura que hay una monitorización para que estas misiones respeten los derechos humanos, pero las denuncias, la opacidad y la debilidad de los mecanismos para investigar abusos ponen ese compromiso en entredicho”, afirma Público.

«Un ejemplo sería la operación militar Sophia, puesta en marcha en 2015 para apoyar a los guardacostas italianos ante el flujo de personas procedentes de Libia», subraya Público. Al principio, la operación militar participó en las labores de rescate del Mediterráneo. No obstante, desde principios de 2019, se limita a vigilar desde el aire y a notificar a las autoridades de Libia si encuentra una embarcación a la deriva.

El dinero que aporta España a la Industria del Control Migratorio

En el Estado español es el Gobierno central quien tiene las competencias en materia migratoria, en coordinación con las autoridades europeas, y es quien trasfiere ciertos fondos a las comunidades autónomas y los ayuntamientos para cubrir necesidades de acogida, educación e integración de personas migrantes.

El Gobierno de España no publica informes sobre la cantidad de dinero que destina a las empresas del negocio migratorio ni cuánto gasta en mantener el despliegue de agentes de los cuerpos de seguridad, funcionarios y otros gastos que generan las políticas para frenar los flujos migratorios.

Sin embargo, según la investigación de porCausa y Público, desde 2014 hasta 2019 España gastó como mínimo 660 millones de euros en gestión migratoria a través de al menos 1.677 contratos adjudicados a 819 empresas. “El 71.3% de todo ese dinero queda en manos de un grupo de diez multinacionales especializadas en defensa, construcción y servicios”, afirma Público.

En julio de 2018, el Ministerio de Fomento (Ministerio de Movilidad, Transporte y Agenda Urbana desde enero de 2020) adjudicó el servició aéreo de Salvamento Marítimo a Babcock, antigua Inaer, por 217.8 millones de euros (32.9% del gasto total en ICM). Según Público, se trataría del contrato con mayor cuantía en el periodo analizado.

Sin considerar ese macrocontrato, el reparto por ministerios pone de relieve el enfoque de la gestión migratoria de España:

El Ministerio de Interior desembolsó más de 225 millones en contratos para la ICM, es decir, el 54.5% de todo el gasto del Gobierno de España a través de 302 contratos para control migratorio. En lo referente a sus competencias, Interior asume la lucha contra la inmigración irregular, el control de las fronteras, la puesta en marcha de vuelos de deportación o la gestión de la Oficina de Asilo y Refugio. – Público

Por detrás de Interior, la segunda cartera con más relevancia entre 2014 y 2019 fue Fomento, que acaparó el 29.9% del dinero adjudicado a las empresas de la ICM (129.5 millones a través de 597 contratos), mientras que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones solo representó el 10.5% del gasto público de España en empresas del control migratorio (273 contratos en total). Por último, el Ministerio de Defensa firmó 443 contratos representado el 4.3% del gasto total – Público

Haciendo referencia a las categorías, según Público, desde 2014 hasta 2019 España gastó más de 551 millones en reforzar su perímetro fronterizo, es decir, el 83.5% de todo el dinero público destinado a empresas para control migratorio. La mayor parte de ese dinero se destinó a vigilancia marítima y salvamento.

La detención y expulsión de los migrantes irregulares generó contratos por valor de 97.8 millones de euros, el 14.8% del total. Sin embargo, la acogida e integración de personas migrantes es la partida que menos financiación pública recibió a través de contratos púbicos: 11.2 millones de euros del Gobierno central repartidos en 163 contratos, representado así el 1.7% de los 660 millones de euros que suman los contratos para la gestión migratoria en ese periodo.

En lo referente al proceso de adjudicación de los contratos, Público subraya los siguientes datos, afirmando que la mayoría de los contratos se adjudicaron sin concurso público:

Los portales de transparencia de contratación del Estado ofrecen información sobre 1.677 contratos relacionados con control migratorio en los últimos seis años. El 66,9% de todos esos contratos (1.112 en total) fueron adjudicados por procedimiento menor, es decir, sin concurso público ni concurrencia.

Entre esos contratos menores aparecen cien adjudicaciones que rozan el límite máximo que la ley permite para evitar el concurso público (18.000 euros para contratos de servicios y 50.000 euros para contratos de obras), mientras que otros 108 fueron adjudicados por procedimiento negociado y sin publicidad (también a dedo), la modalidad más opaca que contempla la legislación, solo para casos de emergencia.

En total, el 73,3% de todos los contratos adjudicados desde 2014 hasta 2019 para control migratorio estuvieron exentos de concurso público. «Perímetros fronterizos» es la categoría que más adjudicaciones sin concurrencia acumula (949 contratos en total). Al menos uno de cada siete tiene importes que rozan el límite legal que permite evitar el concurso público. Los casos más llamativos están en 16 contratos cuyo importe se sitúa en torno a los 17.990 euros – Público

Conclusiones finales sobre el control migratiorio

El Estado español pasó de ser un país eminentemente emigrante a convertirse en país de tránsito y, debido a este hecho, en una pieza clave de la estrategia de control europea. Los esfuerzos que se han hecho en los últimos años para cerrar las rutas turcas, balcánicas y del Mediterráneo oriental (Grecia) y central (Italia y Malta) desviaron el flujo de personas hacia Canarias y el Estrecho, dando más relevancia al Estado español.

Hay que recordar que España tiene las dos únicas fronteras terrestres de la UE con África. Debido a este hecho y a los intereses económicos correspondientes, es uno de los países que más recursos económicos aporta a la Industria de Control Migratorio.

Por supuesto, la extrema derecha (y parte de la derecha más conservadora) utiliza el discurso de odio hacia la población migrante como forma de conseguir apoyo e implantar su perversa agenda, incluso difundiendo bulos y «fake news» si es necesario. Cabría preguntarse también qué conexiones puede tener la ultraderecha con este tipo de empresas, como ha sucedido (y sucede) con otro tipo de empresas, poniendo como ejemplo la alarma social promovida de forma interesada sobre la okupación y así favorecer el negocio en base al miedo.