México condena la represión policial de una marcha feminista a balazos en Cancún
La marcha feminista del pasado martes en Cancún concluyó con la represión de la policía a balazos, en unos sucesos que avivan la memoria sobre los problemas más graves de abuso policial y violencia contra las mujeres en México. La condena generalizada de estos sucesos por parte del país latinoamericano ha provocado la dimisión del jefe de la policía municipal y de otros miembros imputados a raíz de los acontecimientos.
La manifestación fue convocada inicialmente por la familia de una joven de 20 años que desapareció la semana pasada en el Estado de Quintana Roo y cuyos restos fueron encontrado el lunes, a dos kilómetros de su casa, en bolsas de basura. La protesta tuvo lugar frente al Palacio Municipal de Cancún, donde las escenas de policías encapuchados que perseguían con armas a las manifestantes, mientras disparaban al aire, protagonizaron la concentración. Los ataques del cuerpo de seguridad formado por unos 50 policías terminaron con tres personas heridas por impactos de bala, entre ellas 2 periodistas. Este colectivo profesional protestó tras los acontecimientos reclamando su derecho a informar.
Horas después de la difusión viral de los incidentes en redes sociales, a partir de la medianoche, la alcaldesa de la ciudad, Mara Lezama, y el gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, aseguraron en sus redes sociales que no habían dado la orden de reprimir y apuntaron al jefe de la policía municipal, Eduardo Santamaría. Carlos Joaquín informó de que este hombre “dio la instrucción de disparar al aire para dispersar a los manifestantes que trataban de invadir las oficinas de la presidencia municipal, con la finalidad de proteger la integridad de los servidores públicos que ahí laboraban”.
Además, tras las protestas a raíz de las violentas actuaciones policiales, Lezama ofreció el martes una conferencia improvisada en la que habló de los detenidos que fueron liberados durante la noche de la concentración y de la investigación abierta a seis policías que proseguirá hasta el esclarecimiento de los hechos. “Las investigaciones continuarán hasta encontrar a los responsables de contradecir las órdenes de no violencia y a todos los elementos responsables de las agresiones”, aseguró la alcaldesa.
Pese a no haberse aclarado todavía de quién es la responsabilidad directa, el director de Seguridad Pública Benito Juárez (municipio de Cancún), Eduardo Santamaría, ya ha sido separado de su cargo “por el acto de abuso de autoridad”, en palabras de Lezama, al ser señalado como el hombre que dio la orden de “disparar al aire” para dispersar a las manifestantes.
Asimismo, el secretario general del Ayuntamiento, Isaac Janix, ha dimitido asegurando que “mientras manifestantes y reporteros eran asediados por las fuerzas del orden que tienen la responsabilidad de protegerlos, no existió presencia alguna de la Fiscalía ni hubo un solo perito ministerial registrando los hechos”. Por este motivo, Janix solicita que se revise el mando único de las fuerzas de seguridad y recalca que dimite porque “el cambio en Cancún no puede ocurrir desde el interior del presente Gobierno”.
En México, la Secretaría Estatal de Seguridad Pública controla toda la policía a través del Mando Único en algunos Estados. Es por este motivo que la alcaldesa culpa de los acontecimientos al Gobierno estatal y, a su vez, éste deriva la responsabilidad al jefe de policía.
Las reacciones internacionales y la lucha feminista en México
La coordinadora del programa de género y profesora de cátedra del Tecnológico de Monterrey, Tatiana Revilla, ha relacionado en declaraciones a EFE las acciones de la policía y la vulneración de los derechos humanos con el ambiente de militarización que vive el país tras la creación de la Guardia Nacional (GN) por parte del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. “Ahora tiene mucho peso la GN y se ha demostrado que en los territorios de mayor militarización y más crimen organizado es donde más se violan los derechos humanos de las mujeres y donde hay más violencia contra las mujeres”, afirmó. Por su parte, el presidente López Obrador ha asegurado que este cuerpo no participó en la represión, palabras que han corroborado los periodistas presentes en la manifestación. Sin embargo, pese a no haber ejercido la violencia, la Guardia Nacional sí estuvo presente y fue testigo de los sucesos.
De igual modo, organizaciones internacionales como ONU Mujeres o Amnistía Internacional han condenado la represión y han exhortado a las autoridades para que la investigación abierta sea objetiva y llegue al fondo de los hechos, evitando la impunidad que en el caso de los feminicidios en México alcanza el 51,4%, según el estudio de la asociación Impunidad Cero publicado este martes. La exención alcanza el 89,6% en los homicidios dolosos.
ONU Mujeres México, además, ha recordado la necesidad de implementar protocolos sensibles al género y de conformidad con las leyes nacionales y los compromisos internacionales ante este inadecuado uso de la fuerza hacia manifestantes que pedían “medidas para poner un alto a la violencia feminicida”. Paralelamente, la presidenta de Amnistía Internacional en México, Marcela Villalobos, ha señalado respecto a la destitución del jefe de policía municipal que “no puede quedarse solo en cobrar una cabeza. Esto no es el reflejo solo de una mala decisión individual, sino que hay una estructura detrás. Se debe hacer una investigación mucho más profunda y los costos deben ser políticos, no solo operativos”, declara a EL PAÍS.
La lucha feminista y por los derechos humanos está tomando fuerza en un país donde más de 10 mujeres son asesinadas a diario según las estadísticas de organizaciones civiles, al mismo tiempo que aumentan los abusos policiales y la violencia contra periodistas, defensores de los derechos humanos y el medioambiente. Los datos oficiales cifran en 724 los feminicidios acumulados durante el año 2020, desde el pasado mes de enero.
Otros encontronazos entre fuerzas policiales y grupos feministas destacados son el del pasado 27 de septiembre, fecha en que centenares de policías rodearon a un grupo de feministas que se manifestaba a favor de la legalización del aborto en Ciudad de México, o el del 22 de agosto, cuando la policía reprimió una marcha contra el acoso sexual en la ciudad de León, golpeando y deteniendo a decenas de mujeres. Aunque, en general, la dispersión de protestas feministas mediante el uso de gases lacrimógenos, balas de goma, las detenciones y el ejercicio de la fuerza son pautas comunes que vienen repitiéndose, con especial intensidad, desde el verano.