El exlíder de Vox de Lleida es condenado a 14 años y 3 meses de prisión por abusar de discapacitados
La Audiencia de Lleida condena a 14 años y tres meses de cárcel al exlíder de Vox en esta provincia por haber abusado sexualmente de dos hombres con discapacidad. El tribunal determina que José Antonio Ortiz Cambray tenía “pleno conocimiento” de su situación, pero que “se aprovechó” de las víctimas, según ha informado la Fiscalía de Lleida.
Por tanto, la sentencia avala la versión de la acusación. Los hechos probados del dictamen establecen que ambos hombres, a quienes el exlíder de Vox conocía previamente, sufrieron el mismo tipo de abuso. El modus operandi esclarecido era el siguiente: en un inicio, Ortiz Cambray hacía propuestas de naturaleza sexual a las víctimas a través de mensajes de teléfono –en ellos pedía, entre otras cosas, fotografías–; posteriormente, conseguía que fueran a su casa donde cometía los abusos “con ánimo de satisfacer sus deseos sexualmente”; por último, entregaba pequeñas cantidades de dinero –entre 5 y 10 euros– a las personas dañadas. Además, la sentencia confirma que el acusado intercambió mensajes de índole sexual con una tercera persona con discapacidad, aunque no llegó a citarse con ella.
Con el conocimiento de estos hechos, los magistrados han impuesto una pena de 8 años de cárcel al exlíder de Vox por un delito continuado de abuso sexual a personas con discapacidad. A esta se suman otras dos por sendos delitos de corrupción de personas con discapacidad, que tendrán una duración de 2 años y medio de prisión, y una última de 1 año y 3 meses de cárcel por un delito de pornografía. Aunque, en un principio, la acusación particular había solicitado elevar la pena hasta los 27 años de prisión. Por otro lado, una vez que cumpla la condena, Ortiz Cambray deberá pasar 8 años en libertad vigilada. Asimismo, el convicto deberá indemnizar a las víctimas con 15.000 y 5.000 euros por los daños cusados y tendrá prohibido acercarse a ellas o establecer cualquier tipo de comunicación durante 9 años.
Ortiz Cambray, quien insinuó que su arresto era una “venganza” por su ideología, fue detenido a principios de marzo de 2019 en el concesionario de vehículos en el que trabajaba, después de que la Fundación Alosa de Lleida, que tutela a dos de las víctimas, descubriera los mensajes de Whatsapp entre el exlíder de Vox y uno de los hombres discapacitados. Una vez denunciado en comisaría, los Mossos d’Esquadra procedieron a apresarlo. Ortiz Cambray estuvo en prisión preventiva hasta octubre de 2020, cuando salió de la cárcel tras pagar una fianza de 6.000 euros.
Tras hacerse pública su detención, Vox suspendió su militancia y aseguró que no ocupaba ningún cargo de responsabilidad dentro de la formación de extrema derecha, aunque días antes Ortiz había presentado una denuncia por un presunto delito de odio, en la Fiscalía provincial de Lleida, tras la aparición de muñecos ahorcados con las siglas de CS, PP, PSC, Unidas Podemos y Vox, entre las que él figuraba concretamente como “presidente de Vox Lleida”.
Las declaraciones del exlíder de Vox
En su declaración en el juicio celebrado el 25 de noviembre, Cambray negó los abusos de los que le acusaban. “Lo juro por Dios y la memoria de mis padres, no mantuve esos encuentros”, pronunció. En la fase de instrucción, la defensa había reconocido el envío de mensajes, pero durante el litigio alegaron que habían sido las dos víctimas quienes habían ofrecido las imágenes y vídeos de carácter sexual. En esta línea, el exlíder de Vox rectificó su primera declaración tras argumentar que la prestó “sumamente turbado” por haber sido detenido y por las noticias que estaban saliendo al respecto, sin tener en ese momento la asistencia correcta de su abogado.
No obstante, los jueces dan “mayor credibilidad” a su primera confesión, dado que los posteriores alegatos defensivos no se ajustan a los hechos probados y “no consta en absoluto acreditado que [el acusado] se encontrara aturdido hasta el punto de reconocer hechos que no habían sucedido”.
En contraste, los magistrados otorgan “plena credibilidad” al relato de los denunciantes; tanto a sus declaraciones en la fase de instrucción, que se reprodujeron durante el pleito como prueba preconstituida para evitar su revictimización, como a los testigos y peritos psicólogos que trabajan en la Fundación Alosa de Lleida y en el Equipo de Atención a la Víctima respectivamente. Los últimos intervinieron en el juicio indicando concretamente que los tres hombres, aunque no están incapacitados judicialmente, tienen limitaciones en la capacidad cognitiva y de análisis que les dificulta inventarse historias o mentir. De hecho, los togados resaltan que las víctimas declararon “con naturalidad” y que la incriminación contra el exlíder de Vox se produjo de forma “persistente en el tiempo, sin contradicciones relevantes ni ambigüedades y sin que pueda apreciarse atisbo alguno de ánimo espurio”.
