Fiscalía investigará delitos de odio en Canarias ante la xenofobia avivada por la presión migratoria

La crisis migratoria en Canarias provoca una escalada de la violencia en las islas. La expulsión de algunos inmigrantes de los hoteles en los que están cobijados, las concentraciones en contra de las llegadas masivas de inmigrantes y la incitación a ejercer la violencia contra ellos a través de grupos de Whatsapp han hecho crecer la ola de inseguridad que denuncia la ciudadanía.

La tensión comenzó con la llegada de 23.023 inmigrantes a Canarias de forma irregular durante el año 2020. Ante estos datos, el Gobierno central tomó la decisión de albergarlos en hoteles cerrados por la pandemia de forma temporal.

Ahora, sin ninguna solución posterior a esta medida provisional, Canarias corre el peligro de convertirse en una cárcel migratoria, dada su localización geográfica que impide pasar al resto de Europa. Actualmente, unos 7.500 inmigrantes se encuentran alojados en hoteles de Canarias, estando solo en la zona sur de Gran Canaria más de 6.000.

Con todo, esta situación no debería suponer, en principio, un grave problema para la población local. Sin embargo, la expulsión de ciertos inmigrantes más “problemáticos” de los hoteles en que se alojan está acrecentando la xenofobia entre los habitantes de las islas.

Entre los motivos descritos para echar a los inmigrantes a la calle, sin techo ni comida, se encuentran: los altercados por la comida entre los inmigrantes que se encuentran en los complejos, las discusiones entre jóvenes de diferentes países o regiones y las peleas provocadas por el consumo de alcohol. Como afirma el director de inclusión social de Cruz Roja, José Javier Sánchez, “es el protocolo. Cuando se producen infracciones graves, se tiene que tomar la medida extrema de que dejen de estar acogidos y dejen de recibir ayudas”.

Así pues, serían estos inmigrantes con “mal comportamiento” quienes estarían generando las incidencias en las calles de Canarias. Unos episodios que, además, serían hechos asilados según la Delegación del Gobierno en Canarias. Por el contrario, sindicatos de la Policía Nacional y la Guardia Civil afirman que cada vez son más frecuentes y tienen mayor relevancia, como asegura Juan Couce, del sindicato de la Guardia Civil AUGC, con estas palabras: “Los incidentes diarios a los que tienen que acudir las patrullas de la Guardia Civil han ido en aumento y cada vez son más violentos desde el mes de diciembre”.

La xenofobia

La mezcla de grabaciones ciudadanas y bulos que se difunden y viralizan en Internet tampoco está ayudando a calmar las aguas. Esta confusión ha sido un buen caldo de cultivo para aquellos interesados en avivar la xenofobia, cuyos grupos de Whatsapp pretende investigar la Fiscalía por incitar a la población canaria a agredir a los inmigrantes, lo que supondría un delito de odio. El discurso racista y xenófobo ha pasado de las redes sociales a los llamamientos explícitos para perseguir y atacar a inmigrantes. De hecho, la Policía Nacional llegó a detener a un hombre que se grabó un vídeo amenazando a inmigrantes desde su coche. Mientras que mostraba un cuchillo, sus palabras fueron: “Dile a tus amigos que se vayan de la puta isla”.

Por ahora, el ministerio público cuenta para sus investigaciones con un extracto realizado por la policía y con un CD que incluye las conversaciones y grabaciones de forma íntegra.

Así, hasta ahora se conoce que en los grupos de Whatsapp se difundieron mensajes como “mañana vamos a ir para abajo y los vamos a reventar”, “los moros van a morir” o “cogemos a un par de ellos y les metemos leña dura”. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha defendido la actuación de la Fiscalía y ha condenado la divulgación de noticias falsas y los delitos de incitación al odio, haciendo hincapié en que “la percepción de inseguridad es algo subjetivo”.

En los últimos días ya se han realizado varias manifestaciones contra la inmigración irregular, en las que se han llegado a lanzar piedras contra los campamentos de inmigrantes. En la protesta de Gran Canaria, que fue disuelta por incumplir las medidas de seguridad estipuladas para paliar la Covid-19, los asistentes coreaban “no hay cama para tanta gente”. Lemas similares, como “están convirtiendo la isla en un polvorín” o “nos están convirtiendo en Lesbos”, se entonaron en otras dos manifestaciones convocadas en la capital y en el sur de Gran Canaria.

Asimismo, en la concentración que tuvo lugar en la Isleta, un barrio cercano al campamento Canarias 50, que alberga a cientos de inmigrantes, un vecino pedía en un escrito al alcalde de Gran Canaria “que los inmigrantes conflictivos sean expulsados. Nunca hemos sido racistas”.

Las respuestas al problema

Las autoridades canarias ya han pedido solidaridad al resto de España y a Europa para evitar que Gran Canaria se convierta en una “isla cárcel”. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, afirmaba que “no vamos a permitir que Gran Canaria se convierta en Lampedusa, hay que activar las derivaciones”. Sin embargo, hasta ahora el Ministerio del Interior ha mantenido el bloqueo migratorio que exige Bruselas para impedir la llegada a la Península, una medida que está siendo ampliamente criticada por ONGs y otros profesionales.

Por el momento, dos nuevos campamentos instalados en el municipio de La Laguna, en Tenerife, intentarán desahogar la presión migratoria que soporta Gran Canaria. Con capacidad para 1.450 personas por un lado y 1.800 por otro, sus primeros usuarios serán derivados de Gran Canaria y de los propios hoteles de la isla tinerfeña. Mientras que el primero empezará a funcionar esta misma semana, el segundo aún está en obras.

Abogados expertos en migraciones denuncian que hace poco más de un mes se ha frenado la salida de inmigrantes hacia la Península. Hasta entonces, si tenían en regla su pasaporte y un billete de avión comprado podían salir, como marca la ley. En cambio, ahora “algunos inmigrantes nos manifiestan que se les retiene varias horas en el aeropuerto revisando la documentación hasta que pierden el avión”, afirma Daniel Arencibia, abogado.

De hecho, un grupo de inmigrantes ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo por estos abusivos controles. Su objetivo es llegar a la Península o a Europa, como cuenta el joven agricultor marroquí Ibrahím: “Mi familia me compró un billete para ir a Valencia, incluso me acompañó un conocido con nacionalidad española al aeropuerto pero no me dejaron pasar. Me siento fatal, me encuentro bloqueado”.

De igual modo, Mohammed comparte que “mi objetivo no es venir aquí a dormir y comer en un hotel, vine a buscar trabajo para mantener a mi mujer y mi hijo. Tengo familia en Huelva pero no puedo salir”.

Arencibia afirma que esta situación insostenible tiene un significado: “Están creando un gueto en el único lugar desde donde no se puede salir a Europa”.