Encuesta: ¿Debería España desclasificar los documentos sobre el 23F?

El 23 de febrero de 1981 pasó a la Historia de España cuando, durante la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, el teniente coronal de la Guardia Civil, Antonio Tejero, irrumpió en el Congreso de los Diputados con varios guardia civiles y, a punta de pistola, interrumpió la sesión, declarando un golpe de Estado.

Cuarenta años después de aquellos terribles sucesos, la negativa de los principales partidos políticos, Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Partido Popular (PP) de aprobar una ley que desclasifique los documentos de aquella época sigue rodeando de incógnitas y claroscuros hechos que, a día de hoy, solo se pueden contrastar parcialmente con declaraciones y entrevistas posteriores.

Tras el fallido intento de golpe de Estado del 23F y tras 47 sesiones que ocuparon 13.000 folios de sumario, el 3 de junio de ese mismo año, el Consejo Supremo de Justicia Militar dictaba las condenas a la baja contra todos ellos. Dicho sumario no se ha hecho público jamás. Más tarde, el 22 de abril de 1983, el Tribunal Supremo revocó la decisión militar y hasta un total de 30 personas fueron condenadas a diferentes penas que iban desde los 30 años de prisión hasta otro tipo de sanciones, como la inhabilitación por ejercer determinados cargos públicos.

En España, según la Ley 9/1968, de 9 de abril, sobre secretos oficiales, deberán pasar 50 años hasta que los documentos sobre el 23F puedan desclasificarse, una decisión que, además, deberá ser remitida al Tribunal Supremo, es decir, que ni siquiera se desclasifican automáticamente pasado cierto tiempo como sucede en países como Estados Unidos, Reino Unido o Alemania. Es decir que, hasta el año 2031, no podrán conocerse los documentos sobre el 23F.

Por un lado, hay quienes argumentan que no tiene sentido que una ley aprobada en la dictadura de Francisco Franco siga operando en un sistema democrático, y que el sistema debería ser similar al del resto de países europeos, donde pasado cierto margen de tiempo los documentos deben publicarse, o si así lo decide el parlamento. Además, ciertos aspectos ambiguos o muy poco investigados acerca del Golpe de Estado del 23F podrían así esclarecerse, especialmente en lo que respecta al papel del rey y a la trama civil tras el fallido golpe.

Por otro lado, otras personas sostienen que el Estado, por cuestiones de seguridad nacional, debe salvaguardar ciertos secretos hasta que lo considere oportuno al margen del Congreso. Y que, aunque la ciudadanía tiene el derecho de saber lo que sucede, tiene que existir cierto margen para proteger la soberanía. Sobre el 23F, se argumenta también que, aunque el sumario es secreto, se conoce su contenido al haber estado en disposición de los letrados que ejercieron la defensa de los acusados, por lo que una desclasificación de los documentos solo serviría para remover el pasado y dar argumentos que pusieran en peligro la estabilidad de la jefatura del Estado.

Y tú, ¿qué opinas?

Foto de portada: Juan Carlos I da un mensaje en directo durante el 23F. Autor: RTVE, 24/02/1981. Fuente: Rtve.es