¿Qué habría pasado si el golpe de estado del 23F hubiera triunfado?

La sociedad española contuvo el aliento un 23 de febrero de 1981. Con la oreja puesta en las emisiones radiofónicas, el país asistió a un secuestro del Congreso de los Diputados por parte del teniente coronel Antonio Tejero al mando de 200 guardia civiles (al que más tarde se sumó Ricardo Pardo, capitán de la División Acorazada n.º 1 Brunete, con 113 policías militares) durante la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo tras la dimisión del presidente Adolfo Suárez, de Unión de Centro Democrático (UCD), en un intento de hacer un golpe de estado.

De todo el ejército, únicamente se alzó la III Región Militar, con sede en Valencia, a cargo de Jaime Milans del Bosch, que consiguió tomar el centro de la ciudad con unos 50 tanques, 1.800 soldados y varios vehículos militares, si bien su apoyo fue irregular, pues la base de Manises se negó a sumarse.

El segundo jefe del Estado Mayor, Alfonso Armada, se considera uno de los principales cerebros de la operación quien, hablando en nombre del entonces rey Juan Carlos I, trató de movilizar al ejército colocándose en una posición ventajosa: en función del apoyo al golpe, podría presentarse como una solución al mismo, o bien sumarse. En ambos casos, él se propondría como presidente de “un gobierno de concentración nacional”.

Dada su cercanía y confianza con el rey, en un principio la credibilidad en Armada fue poco titubeante. No en vano, en 1954 había sido su instructor militar y, entre 1975 y 1977, Secretario de la Casa Real, cuando fue sustituido por Sabino Fernández Campos.

Según la versión oficial, en el momento en el que se descubrió que Tejero, Armada y Milans del Bosch conspiraban por su cuenta, todo se desmoronó. Ciertos pasos que eran clave para el triunfo del golpe (torpemente ideados) como la toma de Madrid, no se dieron. Teóricamente, la posición de la Casa Real y la intermediación de Fernández Campos dieron al traste con el golpe.

Sin embargo, en aquel momento, toda la cúpula de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil estaba formada por antiguos franquistas, la mayoría veteranos de la Guerra Civil que habían luchado del lado del dictador Francisco Franco.

Además, la crisis política, social y económica de España era muy evidente, incluyendo violencia callejera y terrorismo. De hecho, posteriormente y a lo largo de los años 80 hubieron otros dos intentos de golpe de Estado que salieron a la luz mucho después.

La pregunta es, ¿qué hubiera pasado de haber tenido éxito? No se puede tejer esa hipótesis sin adoptar varias licencias al respecto de los hechos y siempre asumiendo que la versión oficial es la real e ignorando teorías alternativas sobre el papel de la Casa Real en la planificación y/o permisividad del intento de golpe de Estado.

No en vano, que Alfonso Armada actuara en nombre del rey, las aparentes vacilaciones de éste y la negativa de los principales partidos políticos del país, PSOE y PP, en desclasificar los documentos secretos relativos al 23F (entre otros hechos) ha alimentado todo tipo de hipótesis, desde que Juan Carlos I esperó al desarrollo de los acontecimientos para ver la forma más conveniente de actuar hasta incluso que fue todo un plan ideado por la Casa Real. Sobre esto, La Sexta rodó incluso un falso documental, Operación Palace.

También se entenderá por “triunfo del golpe” el hecho de que el ejército se hubiera levantado desplazando el poder constitucional, apartando también la premisa de que, pese a lo fallido del golpe, éste sí que tuvo relativo éxito debido a sus consecuencias políticas y sociales.

Por ello, se han adoptado los hechos acontecidos con cierto margen para que sea plausible un relato donde el plan diera al traste con la entonces joven monarquía parlamentaria.

Disclaimer: la siguiente parte del artículo es un relato de política ficción que no se corresponde a los hechos reales sucedidos. Simplemente es un ejercicio de reflexión y pedagogía en base a una historia inventada.

La España de los años 80

La muerte del dictador Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975 abrió el camino a la transformación de España de una dictadura de inspiración fascista a una monarquía parlamentaria, en un periodo conocido como la Transición.

Desde el minuto uno, tras el telón de los cambios que se producían, se habían dado conspiraciones y tramas entre grupos de poder para que dicha Transición se hiciera de acuerdo a intereses de unos y de otros.

Adolfo Suárez, con su partido Unión de Centro Democrático (UCD), se convierte en presidente del Gobierno y es encargado de liderar el proceso de la Transición, aglutinando a sectores muy diferentes.

Bajo su mandato, se aprueba la Ley de Amnistía en 1977 y que, en lo sucesivo, impedirá juzgar los crímenes del franquismo, pero también, ese mismo año, legaliza el Partido Comunista de España (PCE), además de diferentes leyes de libertad de prensa, de información, de expresión y de asociación.

Con la aprobación de la Constitución Española de 1978 por la vía del referéndum, comienza el desmantelamiento (o más bien, transformación) de las estructuras del franquismo para adaptarlas a la nueva realidad. Por ejemplo, el Tribunal de Orden Público, órgano judicial símbolo de la represión franquista, pasa a ser la Audiencia Nacional.

El sector más inmovilista del régimen franquista, denominado El Búnker, hace lo posible por dinamitar y obstaculizar dicha transformación que, por otro lado, parece inevitable. La mayoría de los poderes fácticos del país, incluyendo las clases altas y lobbies de poder, entienden que para sobrevivir deben adaptarse a las nuevos tiempos y ganarse la amistad de Europa y Estados Unidos.

Pero este sector no lo ve así. Además de sentirse confrontados ideológicamente, ven peligrar los privilegios que han disfrutado durante la dictadura.

Son épocas donde la violencia de la extrema derecha, a partir de grupos como el Batallón Vasco Español (BVE), la Alianza Apostólica Anticomunista (Triple A) o los Guerrilleros de Cristo Rey, actúan por todo el territorio, y donde la extrema derecha se agolpa en la Fuerza Nueva de Blas Piñar, surgida del entorno del Círculo Español de Amigos de Europa (CEDADE), entonces una de las organizaciones neofascistas con más prestigio de Europa y que contaba con antiguos nazis entre sus filas, acogidos por Franco tras la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, nuevos acontecimientos hacen que la situación empeore. Las nuevas libertades son acogidas con entusiasmo por buena parte de la sociedad española, que reivindica una ruptura con el ultraconservadurismo de corte católico que ha caracterizado a los casi cuarenta años de dictadura.

El Estado de las Autonomías, en plena construcción, amenaza la “una, grande y libre” al otorgar concesiones a los nacionalismos periféricos y soberanistas. La crisis económica golpea con fuerza. El terrorismo de la banda de izquierda arbetzale ETA no cesa.

En 1977, el Consejo Superior del Ejército emite un comunicado condenando la legalización del PCE, que además provoca la dimisión de Pita da Veiga, ministro de Marina.

En 1978, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, el capitán de la Policía Armada Ricardo Sáenz de Ynestrillas, los comandantes de infantería Manuel Vidal Francés y Joaquín Rodríguez Solano y el capitán de Infantería José Luis Alemán Artiles se reunieron para intentar un golpe de Estado justo antes del referéndum de la Constitución, pero fueron delatados y detenidos, deteniéndose la llamada Operación Galaxia.

En 1980, la crisis del Gobierno de Suárez se hace insostenible. Asiste a la dimisión del ministro de Cultura, a la remodelación del Gabinete y a una moción de censura por parte del PSOE, liderado entonces por Felipe González.

Ese mismo año, aparece una organización denominada Colectivo Almendros que llega a escribir hasta tres artículos en el diario ultraderechista El Alcázar llamando a una intervención militar e incluso proponiendo a Alfonso Armada como presidente de “un gobierno de concentración nacional”.

Alfonso Armada comienza a tener contactos con diferentes personalidades, especialmente del ejército, de la Iglesia Católica y del mundo empresarial para barajar la posibilidad de una moción de censura que tuviese el apoyo de los principales partidos y que lo colocasen a él como presidente de dicho gobierno provisional.

Ya en 1977 había pedido el voto para Alianza Popular (coalición de derechas predecesora del Partido Popular) mediante cartas usando el sello real, motivo que había sucedido su relevo como Secretario de la Casa Real.

Durante esa época, pese a todo, sigue viéndose con Juan Carlos I intentando convencerle de realizar una actuación drástica, un “golpe de timón”, ante la situación del país, las feroces críticas a Suárez y la aceptación de según qué cambios y actores políticos. Este hecho fue recogido por varios testimonios, periodistas, cronistas y expolíticos.

El 23 de enero hay una tensa reunión en el Palacio de la Zarzuela donde está Juan Carlos I, Adolfo Suárez y los tenientes generales Antonio Elícegui, Pedro Merry Gordon, Jaime Milans del Bosch y Ángel Campano López, de las regiones militares de Zaragoza, Sevilla, Valencia y Valladolid, respectivamente. Los militares instan a Suárez a dimitir y, cuando éste le pide un motivo, Merry Gordon saca su revólver. “¿Le parece bien a usted esta razón?”, le dice.

Cada vez más solo, agotado y consciente, parcialmente al menos, de las conspiraciones que se tejían a sus espaldas, el 29 de enero de 1981 presenta su dimisión, desbaratando los planes de Armada.

Famoso sería su discurso, especialmente cuando declaró: “Yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España”, lo que da una idea de lo frágil que se veía en aquel momento.

Tomaría las riendas del Gobierno de España Leopoldo Calvo-Sotelo, el vicepresidente segundo.

Estos sucesos acaban convenciendo a ciertos sectores más reformistas de que la única salida a la crisis es, de hecho, ese supuesto gobierno de unidad nacional, pero mediante la vía militar, similar al golpe de Charles DeGaulle en Francia en 1958.

La planificación del golpe: las posturas de Armada y Milans del Bosch

La renuncia de Suárez golpea por sorpresa a los grupos que intentan conspirar para deponerle, desde cargos públicos de su propio partido, pasando por las fuerzas políticas de la oposición hasta el propio Armada.

Al fin y al cabo, Leopoldo Calvo-Sotelo seguiría la línea continuista de UCD y no resolvería nada, pero era una personalidad con la imagen intacta que podría acabar la legislatura. Además, la popularidad del PSOE de Felipe González estaba en alza, por lo que se corría el riesgo de que las próximas elecciones dieran la victoria a un partido izquierdista.

Finalmente, se traza el plan. Armada es nombrado segundo jefe del Estado Mayor del Ejército el 12 de febrero de 1981, lo que facilitaría su acceso a los altos cargos militares.

El día elegido es el 23 de febrero, día de la segunda votación de investidura de Calvo-Sotelo.

El plan es sencillo. Miguel Manchado, responsable de la Unidad de Tráfico y amigo de Tejero, y Juan García Carrés, militante ultraderechista con influencia en el Sindicato Vertical del franquismo, conseguirían el transporte necesario para que Tejero se persone en el Congreso con 200 guardia civiles y aproveche el vacío de poder dejado por la dimisión de Suárez para secuestrar la cámara.

Le acompañaría Jesús Muñecas, capitán en el Escuadrón de la I Comandancia Móvil de Valdemoro y quien había dirigido torturas contra presos sospechosos de terrorismo vasco en los años 60 y 70.

Juan García se encargaría también de mediar con periódicos de corte derechista como El Alcázar para conseguir hacer llegar las palabras de los golpistas a la sociedad española y poder coordinar acciones con otros grupos neofascistas.

Vicente Gómez Iglesias, a las órdenes del comandante del CESID José Luis Cortina Prieto, aprovecharían la infraestructura e influencias dentro del aparato de inteligencia del Estado para procurar coordinación y contacto radiofónico entre los golpistas.

Tomado el Congreso, las diferentes regiones militares deberían salir a tomar las calles de las principales ciudades del país. Armada espera que, diciendo que habla en nombre de la Casa Real, pueda convencer a una mayoría suficiente de altos cargos de las Fuerzas Armadas como para provocar un efecto cascada que haga triunfar el golpe.

Para eso, es fundamental la División Acorazada nº1 Brunete. Con 13.000 unidades y una buena cantidad de vehículos blindados, era la división más poderosa y la mejor armada de todas. La Brunete debía tomar puestos clave de Madrid, incluyendo la sede de RTVE, rompiendo así la cadena de mando de las Fuerzas Armadas y tener así el control de la situación.

Sin embargo, Luis Torres Rojas, antiguo General de la División y favorable al golpe, fue destituido y reemplazado por José Juste. Debido a las simpatías de varios cargos de la Brunete, como Ricardo Pardo y José Ignacio San Martín López, no obstante, aprovecharía que Juste se encontraba de maniobras en Zaragoza para tomar el mando de la División.

El Teniente General de la I Región Militar, con sede en Madrid, Guillermo Quintana Lacaci, no participaba en la conspiración, pero Armada confiaba en, o bien distraerlo, o bien convencerle.

Otro punto clave del golpe de Estado sería el papel de Antonio Tejero. Alfonso Armada, aunque no le cuenta todos los detalles, le insiste en que no abra fuego para que la aceptación social de la intervención militar sea lo más favorable posible.

Y es aquí donde se abren las primeras discrepancias. Armada defiende un “golpe blando”, al estilo DeGaulle: provocar la presión suficiente como para constituir ese “gobierno de concentración nacional”.

Sin embargo, Jaime Milans del Bosch, el otro cerebro de la operación, era partidario de un “golpe duro”, es decir, de la toma del poder por la fuerza y sustituirlo por una Junta Militar, imponiendo una dictadura que fuera aceptada por el rey, como hizo Miguel Primo de Rivera en 1923.

Finalmente, a espaldas de Tejero, acuerdan que establecer un gobierno provisional con presencia de militares y políticos es lo más cercano a la realidad. Y es que ambos coinciden en un punto: si el rey no apoya el golpe, es probable que no triunfe, así que hay que tener un plan alternativo. Así, si Juan Carlos I se suma, establecerán una Junta Militar. Y, si no, sugerirán el “golpe blando”.

Aunque Armada tenía entre sus propios planes configurar un gobierno donde él fuera presidente y no tenía pensado incluir a Milans del Bosch en el mismo, finalmente acepta su inclusión en lugar de operar a sus espaldas. Así, ocuparía el Ministerio de Defensa, congraciándose las posturas divergentes con respecto al golpe. Aun así, no dicen nada a Tejero.

Al fin y al cabo, el apoyo de la III Región Militar, con capitanía en Valencia, es clave. Jaime Milans del Bosch, veterano de la División Azul y antiguo General de la Brunete, tiene bajo su mando a uno de los sectores más inmovilistas dentro del ejército y es toda una leyenda entre militares.

Armada ultima también contactos con potencias extranjeras, principalmente Estados Unidos y Ciudad del Vaticano, asegurándose de que, si el golpe triunfa, se asegure su neutralidad. Para ello, se compromete a tomar varias decisiones, como mantener a España en la OTAN o la vuelta del papel de la Iglesia Católica en la vida pública de la sociedad española.

La ejecución del golpe de Estado

El día de la investidura de Calvo-Sotelo llega y al Congreso acuden la práctica totalidad de los diputados y miembros del Gobierno de Suárez. Solo una figura está desaparecida, la de Manuel Gutiérrez Mellado.

El histórico militar franquista, uno de los grandes aliados del ejecutivo de Suárez y que ocupaba la vicepresidencia del Gobierno, había abogado por el sometimiento de las Fuerzas Armadas al poder civil y capitaneado numerosas reformas militares, además de asegurar, en la medida de lo posible, el apoyo del ejército a la democracia.

Sin embargo, una repentina gripe con fiebre alta lo había mantenido alejado de los focos desde hacía dos días. Debido a su elevada edad, los médicos le recomendaron quedarse en casa, y así lo hizo.

Con esta ausencia, la sesión comienza. Todo transcurre con normalidad cuando, alrededor de las 18:30 horas, tras la emisión del voto del socialista Manuel Núñez Encabo, Antonio Tejero irrumpe en la cámara tal y como estaba previsto. Fiel al plan, no utiliza las armas de fuego.

De todas formas, pese a las protestas y algún grito aislado, ningún cargo público se enfrenta a Tejero, lo que hubiera podido motivar el uso de las armas, aunque fueran disparos hacia el techo para intimidar. El capitán Jesús Muñecas trata de calmar la situación hablando a los diputados.

Al poco tiempo, Jaime Milans del Bosch da la orden y saca hasta 40 tanques, 1.800 militares y otros vehículos militares de las bases de Bétera y de Paterna (División Motorizada Maestrazgo) y ocupan las calles de Valencia, donde apuntaron a los edificios institucionales, como el Ayuntamiento o las Cortes.

La radio y televisión valencianas empezaron a emitir música militar y la lectura del estado de excepción, redactada por Diego Ibañez Inglés, segundo jefe del Estado Mayor de la III Región Militar.

Es aquí donde se encuentra el primer obstáculo del golpe: al dirigirse a la base del Ejército del Aire de Manises, el coronel jefe de la misma amenaza con utilizar aviones-caza para derribar los tanques, por lo que, por el momento, se retiran. No obstante, la ocupación de Valencia es un éxito e imágenes de los vehículos desfilando recorren toda España.

Paralelamente, Luis Torres Rojas, que se había desplazado desde Galicia hasta Madrid, toma el control de la División Acorazada Brunete. El General José Juste todavía no ha vuelto de maniobras, por lo que Torres transmite las órdenes de Armada a la División como si vinieran de la Casa Real, siguiendo lo previsto.

Ricardo Pardo se pone en contacto con Juan García Carrés para publicar un manifiesto en favor de golpe en varios periódicos al tiempo que dirige a 113 miembros de la Policía Militar hacia el Congreso para apoyar la acción de Tejero. Mientras, José Ignacio San Martín López se dirige a Prado del Rey para tomar la sede de RTVE.

Mientras la Brunete se despliega para tomar Madrid, solo queda un obstáculo: Guillermo Quintana Lacaci, el capitán general de la I Región Militar, y José Gabeiras, Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra. Al hacerse Torres Rojas con el control de la Brunete y tener de su lado a la mayor parte de los jefes de la Región, aun tardarían en darse cuenta, pero tarde o temprano se percatarían.

Para ello, Alfonso Armada, quien trataría de convencer a los altos cargos militares de que todo se hace “en nombre del rey”, debe acceder a la Casa Real y evitar que el propio Juan Carlos I desmienta esta versión. Sin embargo, esta parte del plan fracasa: Sabino Fernández Campo, al tanto de lo sucedido, por precaución, opta por no dejar que Armada se acerque al Palacio de la Zarzuela. Por otro lado, Gabeiras sospecha de Armada y no le deja tampoco marcharse.

Ante este rumbo de los acontecimientos, San Martín López tiene la idea de ejecutar una parte del plan que había sido descartada: Pardo Zancada, en lugar de dirigirse al Congreso, se dirigiría a la capitanía general de Madrid para evitar que Quintana Lacaci diera las órdenes oportunas y aislar a Gabeiras.

Pese a todo, con el General Juste ausente, la Brunete sale con éxito y, en poco tiempo, la carrera de San Jerónimo, el parque del Retiro, el canal de Isabel II, el Campo del Moro (adyacente al Palacio de Oriente) y los medios de comunicación son ocupados. A través de RTVE, se retransmiten marchas militares.

Mientras tanto, la Casa Real es un hervidero. El rey, con apoyo del Secretario de la Casa Real, trata de ponerse en contacto con los jefes militares para averiguar qué está sucediendo y aclarar que Su Majestad nada tiene que ver en lo que está sucediendo.

Sin embargo, el golpe ha sido bien planificado y Juan Carlos I actúa con poca presteza.

Las unidades de la Brunete que se encontraban en Zaragoza de maniobras con el General José Juste les le llega el éxito de su División a las órdenes de, supuestamente, el rey.

Mientras Juste se dirige a Madrid a toda prisa, Antonio Elícegui Prieto, capitán general de la V Región Militar, que tenía ya a los regimientos de Las Navas (Infantería) y Valdespartera (Caballería) preparados, apoyado en las unidades de la Brunete que protegían ya la Capitanía General de Zaragoza, actúa y da las órdenes oportunas para tomar la ciudad.

Sin embargo, el General Luis Pinilla y el gobernador civil Francisco Laína no están muy dispuestos a seguir estas órdenes, por lo que se suceden varios conflictos. Sin embargo, Elícegui emite un bando y declara el estado de excepción, al igual que en Valencia. La histórica Brigada de Caballería “Castillejos” sale con varios vehículos blindados y cerca Zaragoza y Huesca, con base en la Academia Militar y la base militar de Jaca.

Las noticias de la toma de Zaragoza y de Huesca, indudablemente, animan a otros jefes militares. El Alcázar de Toledo es tomado también por el ejército y se suceden las primeras manifestaciones públicas.

Los periódicos El Alcázar y La Voz de Madrid acceden finalmente a publicar el manifiesto de los golpistas mientras Antonio Tejero aísla a los portavoces de los principales partidos políticos del Congreso ante el intento de Adolfo Suárez de negociar. “Usted ya no es presidente de nada”, le replica Tejero.

Guillermo Quintana Lacaci por fin se da cuenta de lo que sucede y se dispone a revocar las órdenes de Torres Rojas, pero es sorprendido por la Policía Militar a las órdenes de Pardo Zancada. Así, el mando del Estado Mayor y de la I Región Militar quedaron firmemente secuestrados por los golpistas, retransmitiendo a los mandos falsas órdenes en nombre de la Casa Real.

Alrededor de las 20:30 horas, Antonio Pascual Galmes, capitán general de la IV Región Militar, con sede en Barcelona, decide sumarse al golpe viendo a las tropas desfilar con relativo éxito en Zaragoza y en Huesca.

El Regimiento Mixto de Infantería ‘Barcelona’ nº 63 sale a la calle y toma puntos clave de la capital catalana, como la Estació de Sants, la Avenida Diagonal, Las Ramblas, Plaza Catalunya, Plaza España y Plaza Sant Jaume, donde los tanques apuntan al Ayuntamiento y al Parlament.

Sin embargo, en Barcelona se topan con otro obstáculo: la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra. Beltrán Gómez Alba, Mayor de los Mossos, ordena la no intervención para evitar problemas. Aunque no se llegan a utilizar las armas de fuego, 200 militares toman los edificios de seguridad ciudadana y ponen bajo arresto al gobernador civil de Barcelona, Federico Gallo Lacárcel.

Ante esta cadena de acontecimientos, sobre las 21:00 horas, desde el Ministerio de Defensa, se emite una circular mediante la cual se constituye un gobierno provisional con los subsecretarios de todos los ministerios, formado por el secretario de Estado José Terceiro Lomba. En un principio estaría presidido por Francisco Laína, pero se encuentra retenido en Zaragoza, así que se elige al subsecretario de Defensa, Luis Sánchez Harguindey.

Desde el Palacio de la Zarzuela, se suceden las órdenes: en el Hotel Palace, la Junta de Jefes del Estado Mayor del Ejército, el jefe de la Policía Nacional Antonio Sáenz de Santamaría y el coronel jefe de la Guardia Civil de Madrid Constantino Gómez González, tratan de reconducir la situación, pero se ven desbordados, especialmente al no localizar a José Gabeiras, que incluso tienen como principal sospechoso.

Los gobiernos civiles reciben la orden de, en cada provincia, hacerse cargo de la seguridad ciudadana, lo que tiene relativo éxito.

Pero la toma de Barcelona ha inspirado a numerosos nostálgicos del régimen. Pedro Merry Gordon, quien presionó a Suárez para dimitir, al mando de la II Región Militar, con sede en Sevilla, decide sumarse al golpe.

Se suma también Ángel Campano López, de la VI Región Militar, de Valladolid y, por sorpresa, Manuel de la Torre Pascual, de la Región Militar de Baleares, declara también su apoyo. Este último, amigo de Milans del Bosch, envía refuerzos militares para tomar el control completo de las tierras valencianas.

Sobre las 22:00 horas, los tanques desfilan por la ciudad de Sevilla y Valladolid, tomando el control de los gobiernos civiles y dificultando el intento de desbaratar el golpe de Estado.

Juan García Carrés informa a Tejero de las siete regiones sublevadas y esto eleva el ánimo a los guardia civiles que han tomado el Congreso.

El resto de regiones militares, sin embargo, deciden mantener a sus fuerzas acuarteladas y le trasladan al rey su lealtad a él y a la Constitución.

Alfonso Armada, a la vista de que prácticamente todo va según lo previsto, insiste de nuevo ante Zarzuela para ofrecer una solución al golpe de Estado. Viendo que la Casa Real no consigue hacerse del todo con el control, que la solución propuesta por los altos mandos policiales es asaltar con los GEOs el Congreso y que el Jefe del Estado Mayor está desaparecido, finalmente Sabino acepta y Armada acude a encontrarse con Juan Carlos I.

José Juste llega en ese momento a la Brunete y se indigna ante la asunción del mando por Torres Rojas. Tratando de retomar el control, se intenta comunicar con la Capitanía General de Madrid, pero no sabe que está secuestrada por los golpistas. Aunque recibe la orden de mantener a las tropas tomando la capital, llama a Zarzuela preguntando por Armada. “No, no está, pero se le espera”, le responde Fernández Campos.

Aunque Juste, ni Sabino, entienden muy bien hasta qué punto esto ayuda al golpe, mantiene a la Brunete de momento intacta.

Armada llega a la Casa Real y, en presencia de Sabino, le advierte al rey de que el ejército se ha sublevado y de que, como él venía advirtiendo, urge un gobierno de concentración. El secretario de la Casa Real sospecha pero, Juan Carlos I, sobrepasado por la situación y negándose a poner punto y final a la monarquía parlamentaria, accede a que Armada vaya al Congreso de los Diputados a hablar en nombre del rey.

Las imágenes de Armada en Zarzuela pronto se difunden, por lo que reina la confusión en el ejército sobre el papel del monarca y el del propio Armada en todo lo que estaba sucediendo. Además, varias organizaciones ultraderechistas e incluso Fuerza Nueva ya hablan de “éxito rotundo” y de “apoyo total” al golpe. De hecho, siete de las once regiones militares habían tomado las principales ciudades del país.

Alfonso Armada llega al Congreso sobre las doce y, tras pronunciar la contraseña, accede y se encuentra con Tejero, con el que mantiene una fuerte discusión acerca del golpe de Estado. Antonio Tejero sostiene que España debe ser presidida por una Junta Militar mientras que Armada insiste en su idea de un gobierno de concentración nacional.

La idea de incluir a comunistas en dicho gobierno desagrada a Tejero, por lo que, por teléfono, Jaime Milans del Bosch le insiste en que acepte. Tejero acepta al ver que el propio Milans formará parte, que los principales cargos lo ostentarán militares y que aparentemente obedece a los designios de Su Majestad, aunque no demasiado convencido.

Armada se dirige entonces a los portavoces retenidos de los partidos políticos y les dice que el rey ha pedido la creación de un “gobierno provisional” para encauzar el país, que en ese gobierno pertenecerán las principales fuerzas y que, tras “salvar España”, se retornarán los cauces democráticos. Y que, solo así, se evitará que el ejército tome el país por la fuerza.

Por supuesto, Armada ofrece una visión sesgada de la situación, en el que él se presenta como el salvador y no como el ejecutor del golpe. Ignorando que la Casa Real y parte de los altos mandos militares intentan desarticular lo que está sucediendo (y para evitar represalias) los portavoces asienten, a excepción de Santiago Carrillo y Adolfo Suárez.

El histórico líder del PCE asegura que no pertenecerá a ningún gobierno que no haya sido elegido democráticamente y que si el ejército tiene que tomar por la fuerza el país, pues que lo haga. “No me esconderé tras mi escaño ni aunque me disparen”, dijo. Adolfo Suárez, por su parte, también se niega, pero los diputados de la UCD no están muy dispuestos a seguir su liderazgo.

Acto seguido, el capitán Muñecas anuncia la llegada de la “autoridad competente”. Alfonso Armada se dirige a la totalidad de la cámara y ofrece un discurso acerca de la “unidad”, el “bien” de España y el apoyo “total y absoluto” de la Casa Real.

Finalmente, alrededor de las doce de la noche, Armada es investido presidente del Gobierno con 134 votos a favor (82 de UCD, 40 de PSOE, 10 de Coalición Democrática, 1 de Unión Nacional y 1 del Partido Aragonés), 121 en contra (47 de UCD, 27 de PSOE, 23 del PCE, 8 de CiU, 7 del PNV, 5 del Partido Andalucista, 3 de Herri Batasuna, 1 de ERC y 1 de Euskadio Ezquerra) y 95 abstenciones. Los 7 diputados del Partido de los Trabajadores de España (PTE) optaron por abandonar el hemiciclo durante la votación a pesar de las amenazas de los guardia civiles y no emitieron voto.

Seguidamente, Armada designa al gabinete prometido e informa a Milans del Bosch y a la Casa Real del éxito de la misión. A la una de la madrugada, Juan Carlos I hace una aparición televisiva vestido con uniforme de capitán general de los Ejércitos donde desautoriza el golpe y afirma haber llegado a un acuerdo para poner fin a la crisis que sufría España.

Por televisión, anunció la creación de un gobierno provisional llamando de nuevo a la unidad y a replantear las reformas democráticas del país “en aras de una Transición pacífica” y de “una construcción del Estado de Derecho y de la Constitución que garanticen la convivencia y la paz social”.

Para entonces, el General Juste había retomado ya el mando de la Brunete y se esforzaba en liberar la capital, especialmente la sede de RTVE y la Capitanía General. Guillermo Quintana retomó el mando de la I Región Militar y se puso rápidamente del lado de la Casa Real. Al mismo tiempo, el resto de regiones militares hizo lo propio.

El único que se resistió fue Jaime Milans del Bosch. Animado por la rápida y organizada respuesta y viendo el apoyo de la Casa Real a Armada, insistió en mantener la presencia militar en las calles y mantener el bando de forma indefinida para “asegurar el afianzamiento del nuevo régimen” y la detención de “elementos subversivos”.

Finalmente, casi a las seis de la mañana, revoca el bando y parte a Madrid, donde había sido convocado por Armada. Sobre las 10:00 horas del 24 de febrero, los diputados son liberados y, media hora más tarde, sobre el capó de un Land Rover, Tejero negocia su rendición. Los golpistas le habían prometido un pronto indulto y una gran indemnización.

Así, el golpe triunfa.

El Gobierno Provisional de Alfonso Armada

Prácticamente desde el día siguiente, las manifestaciones azuzadas desde todo tipo de organizaciones sacuden las calles, generando disturbios y violencia, así como enfrentamientos con la policía y con grupos de extrema derecha.

La realidad es que el golpe militar tenía pocos apoyos a pie de calle y, aunque Armada había conseguido retorcer la legalidad para auparse en el poder, incluso presentándose como salvador, carecía de apoyos legítimos, más allá de lobbies de poder.

El PCE había renunciado a sus puestos en el gobierno por lo que las carteras de Trabajo y Economía fueron ocupadas por el socialista Alfonso Guerra y por Manuel Fraga, respectivamente. A modo de protesta, el PCE se ausentaría de la mayoría de las sesiones de Gobierno, junto a HB e incluso ERC.

Además, la comunidad internacional tuvo una respuesta tibia. Estados Unidos finalmente reconoció su Gobierno, mientras que países como Reino Unido condenaron lo que, efectivamente, había sido un “golpe blando”.

La consolidación de un gobierno autoritario

Así, durante la primera etapa de su “gobierno de concentración”, se encarga de legitimar su imagen y presentarse ante la sociedad como la salvación. Recorre las calles de cada rincón de España, hace apariciones públicas constantes y condena el uso de la fuerza para solventar los problemas.

Paralelamente, propone la Ley sobre protección de la seguridad ciudadana, aprobada ese mismo año, conocida como Ley Armada o Ley de la patada en la puerta, donde refuerza el poder de los mandos policiales.

También se aprueba una reforma militar donde se difumina la separación entre militares y cargos públicos, la Ley para la Adecuación y Reforma de Asuntos Militares y Públicos.

Esta ley permite que miembros de las Fuerzas Armadas puedan ostentar cargos políticos y pertenecer a partidos, siempre y cuando se cumplan ciertos supuestos. Además, permite recurrir al ejército con mayor facilidad en caso de problemas y/o disturbios.

Tras este ley, comienza el proceso de sustitución de gobernadores civiles por militares en amparo de la nueva legislación aprobada. A su vez, esto le permite inmunidad legal a varios altos cargos que iban a ser juzgados próximamente por el golpe de Estado y que únicamente podrán ser juzgados por un Tribunal Militar. También aprovecha y destituye a Guillermo Quintana y paraliza la carrera del General Juste, que termina dejando el Ejército.

Además, durante tres meses, implanta el estado de alarma en toda España, que es prácticamente tomada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Durante ese periodo, se violan varios derechos humanos mediante la represión, la tortura y la persecución.

Por supuesto, todas las reformas democráticas son paralizadas o revertidas. El proceso autonómico queda en un punto muerto y se inician los trámites para aprobar una Ley de Armonización del Proceso Autonómico que centralice todo lo posible las competencias.

Al mismo tiempo, teje una poderosa alianza con los grupos de extrema derecha, como los Guerrilleros de Cristo Rey o Triple A les dota de un marco legal y crea una estructura oculta de terrorismo de estado con el que inicia una persecución, esta sí al margen de la legalidad, contra rivales políticos, especialmente comunistas, sindicalistas… y, especialmente, terroristas.

Así, se crean los Grupos Antierroristas de Liberación (GAL), que se dedican a ejercer la persecución y la violencia contra sospechosos de terrorismo.

Por último, se aprueban leyes que limitan la actividad de los partidos políticos, las asociaciones, los sindicatos y los medios de comunicación. Esto permite la ilegalización de las fuerzas políticas independentistas y, por supuesto, de Herri Batasuna, que pasa a la clandestinidad.

Con el tiempo, varios ministros van dimitiendo y Armada los sustituye por gente afín a su cuerda. Consciente de que necesita apoyos, crea su propio partido político, Unidad Nacional Española (UNE), basado en un antiguo partido de las mismas siglas, y hace un llamamiento a todas las fuerzas políticas “comprometidas por la unidad y el bien de España” a unirse.

Lo hace, por ejemplo, Fuerza Nueva, Alianza Popular y otros grupos más minoritarios. Con la desintegración de UCD y parte del PSOE, varios diputados del Congreso se unen a su causa. Así, en 1982 consigue constituir un grupo parlamentario de 107 diputados.

Por supuesto, por motivos de “seguridad nacional”, las elecciones generales se posponen seis meses, en principio pensadas para marzo de 1983, se trasladan a septiembre de ese mismo año.

El fin de los nacionalismos periféricos

A finales de 1982 se aprueba la Ley de Armonización del Proceso Autonómico, lo que pone fin a las ambiciones autonomistas y soberanistas de las diferentes nacionalidades y regiones del Estado.

Además, la nueva Ley de Partidos prohíbe las formaciones y asociaciones independentistas, por lo que deben transformarse en otros partidos o bien pasar a la clandestinidad. Y, en la práctica, la persecución es obvia.

Todas las legislaciones encaminadas a defender la cultura y las lenguas periféricas son paralizadas. A pesar de lo dispuesto en la Constitución, se aprueba la Ley Orgánica Educativa que reduce la representatividad de las lenguas españolas diferentes al castellano y, además, protege la educación concertada y religiosa, lo que supone en la práctica a una vuelta a la ley educativa del tardofranquismo, eliminando Ética e imponiendo la asignatura de Religión.

El Estado de las Autonomías es sustituido por un Estado de las Regiones y se aprueba un sistema de financiación que beneficia principalmente a la Región de Madrid.

La vuelta del papel de la Iglesia Católica

A cambio del apoyo del Vaticano a la causa golpista, Armada se compromete a renovar los Concordatos con la Santa Sede y aumentar el papel de la Iglesia Católica no solo en la educación, sino en la vida pública.

Además, debido a las leyes sobre libertad de expresión, se impone una censura seria sobre “el destape”, prohibiendo desnudos o imágenes sugerentes en las películas y en las series de televisión.

Si bien el grado de censura no es equiparable al del régimen franquista, es considerablemente mayor que en Europa.

Se reivindica, de nuevo, el papel de la “mujer madre ama de casa” y, aunque las mujeres ya no requieren del permiso de los maridos para conducir o para otros asuntos privados como durante la mayor parte de la dictadura franquista, se enfatiza “la familia tradicional” y los marcados roles de género.

La Ley de Divorcio, que debería haberse tramitado en 1982, queda paralizada, y se prohíbe el uso de píldoras anticonceptivas.

Ambivalencia en el sector económico y laboral

Consciente de que Armada debe contentar al sector empresarial, inicia también una política de privatizaciones de los servicios públicos, pero manteniendo bajo control, a ser posible de autoridades militares, los principales medios de comunicación, el sector hidroeléctrico y algunas industrias, especialmente la armamentística.

Sin embargo, aprueba una reforma laboral y un Acuerdo Económico y Social que reduce considerablemente las condiciones laborales de los trabajadores, modera los salarios y se ponen trabas a los convenios colectivos.

Los principales sindicatos convocan una huelga general que sacude España a finales de 1982 y que es respondida por el Gobierno de Alfonso Armada con un nuevo estado de excepción con la presencia del ejército en las calles y un nivel de represión que no se veía desde los años 60, apoyándose en los grupos de ultraderecha y que deja un reguero de sangre.

Ante esto, Armada presenta una Ley sobre Asociaciones Sindicales que obliga a los sindicatos a adherirse a unos mínimos para poder recibir subvenciones públicas, lo que en la práctica es denunciado como la conversión de los sindicatos en una suerte de “sindicatos verticales” bajo control público. También se limita seriamente el derecho a huelga.

Indulto para los golpistas del 23F

En 1983, el Tribunal Militar impone condenas muy modestas a los principales implicados del golpe, entre los cuales, por supuesto, no está Alfonso Armada.

La inmensa mayoría de los condenados han jurado guardar silencio sobre las implicaciones de Armada, a pesar de que alguno sí que le señala y que cronistas como Pilar Urbano aseguran que su papel fue del todo relevante, consigue librarse. Además, las leyes aprobadas impiden que sean juzgados por tribunales civiles.

Pese a todo, el Congreso finalmente indulta a la mayoría, incluyendo a Antonio Tejero y a Jaime Milans del Bosch, aunque este último, al ser miembro del Gobierno, tiene inmunidad legal.

Se aprovecha toda la trama de corrupción surgida alrededor del espionaje político, la malversación, el tráfico de influencias, el cohecho y el terrorismo de Estado para pagar cuantiosas indemnizaciones a los golpistas por sus “servicios a España”.

La caída de Alfonso Armada

Los intentos de Alfonso Armada de consolidar su poder son agridulces. Aunque tiene el apoyo de los sectores más conservadores, de buena parte de la Iglesia Católica y del tejido empresarial, no ha conseguido convencer al sector más reformista, que intenta mover hilos para apartar a Armada del poder, apoyándose en fuerzas políticas, influencias e incluso en la propia Casa Real.

Aunque Armada en todo momento se ampara en la Constitución, a pesar de que ha nombrado a sus propios jueces en los altos tribunales, varias sentencias judiciales amenazan buena parte de su acción de gobierno.

Además, la represión deja cada cierto tiempo un importante saldo de personas heridas y de fallecimientos que se traducen en un aumento progresivo de la violencia y en condenas de la comunidad internacional.

Nuevo intento de golpe de Estado

Pero Armada tiene otro plan: presentarse a las elecciones generales y ganarlas. No solo su formación política parece que se consolida, sino que las presiones ejercidas en su mandato y las leyes que ha aprobado y que regulan la cuestión electoral podrían darle ventaja.

Es por ello que, a principios de 1983, adopta un discurso populista y una vertiente más social, aprobando nuevas líneas de ayudas sociales, enfocándose en las familias, en la educación y en la cobertura social.

Esto entra en conflicto de nuevo con ciertos sectores del ejército, que no están contentos con la deriva social de Armada en su intento por ganarse el apoyo popular. Este sector, encabezado por Jaime Milans del Bosch, le sugiere a Armada que declare el estado de excepción y posponga las elecciones indefinidamente, e incluso deja caer que eche a los últimos políticos que quedan en el Gobierno y apruebe una Junta Militar.

Armada se niega y opta por la vía electoral, por lo que Jaime Milans del Bosch prepara, por su propia cuenta, un golpe de Estado. El golpe se llevaría a cabo el 2 de septiembre, víspera de las elecciones generales.

Se ocuparía la Academia de Artillería de Fuencarral donde se encontraba Milans del Bosch. Posteriormente se neutralizaría la cadena de mando ocupando la Capitanía General de Madrid y el centro de operaciones de la Junta de Jefes de Estado Mayor. Se declararía el estado de guerra y 80 comandos se dispondrían en tres anillos que cercarían la capital, controlando todas las sedes de poder, como el palacio de la Zarzuela, la Moncloa los ministerios, RTVE, las emisoras de radio…

Para ello, Milans se asegura la participación de la Unidad de Helicópteros de Colmenar Viejo y las dos Compañías de Operaciones Especiales (COES) de la capital.

Sin embargo, el CESID detecta las intenciones de Milans y Armada rápidamente desarticula el golpe. No obstante, aunque rompe su amistad con él y decide no tomar acciones en su contra para dar la imagen de unidad, se da cuenta de que cada día cuenta con menos apoyos, así que decide acceder, renueva su Gabinete y pospone las elecciones una vez más, sin marcar una fecha clara.

La Primavera Española

Con lo que Alfonso Armada no cuenta es con que la sociedad española no ha acogido bien prácticamente ninguna de sus decisiones y quiere retomar el rumbo de la Transición.

Así, se sucede una nueva huelga general indefinida y una manifestación multitudinaria en las principales ciudades del país exigiendo la convocatoria de elecciones libres y la dimisión de Alfonso Armada.

Los partidos políticos del Congreso, ante la situación, deciden abandonar definitivamente sus puestos en el Gobierno y presentan una moción de censura encabezada por Felipe González, quien promete un nuevo gobierno de concentración con las fuerzas políticas que apostaron por la Transición con el objetivo de convocar elecciones.

Armada, sabiendo que perderá la moción, trata de negociar con el resto de partidos y también con sectores del ejército y todos aquellos que lo apoyaron, pero que ahora no parecen tan dispuestos. El día de la moción hay convocada una concentración por parte de las organizaciones sociales y políticas para asegurar que no se vuelva a producir una nueva intervención militar.

Finalmente, el 2 de marzo de 1984, se vota la moción de censura, que prospera con 220 votos favorables, 107 en contra y 23 abstenciones. Felipe González es investido presidente, contando con Santiago Carrillo como vicepresidente, y rápidamente convocan elecciones generales.

El discurso de despedida de Armada, apelando a la unidad nacional y reconociendo errores en favor de conseguir lo mejor para España, marcó el debate entre críticas, incluyendo sus corruptelas, que comenzaban a aflorar a la prensa incluso a pesar de la censura.

A pesar de todo, con el lema ¡Todo por España!, Armada se presenta a las elecciones generales en una campaña marcada por la crispación y la polarización. El PSOE por su apoyo inicial al gobierno provisional y la aprobación de diferentes legislaciones autoritarias, vieron disminuidos sus apoyos electorales, sufriendo varias escisiones. UCD parecía condenado a desaparecer del tablero, pero su defensa del orden constitucional lo hacía mantenerse.

Sin embargo, quien se perfilaba como una de las principales fuerzas era el PCE. Tejiendo alianzas con otras fuerzas, su rechazo frontal desde el primer momento y la tremenda caída de popularidad de la monarquía por apoyar a Armada, se presentaba como alternativa viable.

Así, el 16 de septiembre de 1983, las urnas hablan: la UNE, el partido de Armada, apenas obtiene 46 escaños, y UCD saca 16. Sin embargo, el PSOE obtiene 130 y el PCE 72. Felipe González y Santiago Carrillo firman un pacto de coalición en el que se comprometen a retomar buena parte de la senda dejada atrás con el golpe de Estado, siendo el primero investido presidente y el segundo vicepresidente del Gobierno.

Durante los años siguientes, aflorarían todas las tramas de corrupción amparadas bajo el Gobierno de Armada, como la polémica de los GAL o el espionaje a rivales políticos. También cobran fuerza las teorías que lo ponen a él como principal responsable del golpe de Estado. Sería juzgado y condenado en 1987, pero indultado en 1988 por su elevada edad.

La influencia del PCE y la posterior creación de Izquierda Unida sentaría las bases sociales para revertir la legislación aprobada por Armada y asentar la transición hacia un sistema democrático con mayores garantías y libertades.

Análisis político y conclusiones

Pese a las licencias tomadas en este relato de política ficción, podría resumirse en que lo más probable es que, de triunfar el golpe de Estado, hubiera sido a través de la fórmula planteada por Alfonso Armada acerca de un “golpe blando” al estilo DeGaulle, además de con algunos cambios en cuestiones claves planteadas en el relato de ficción presentado.

Sin embargo, ni Armada es DeGaulle, ni España es Francia, ni 1981 es 1958. La realidad es que el apoyo del sector inmovilista y de los sectores más ultraderechistas y nostálgicos del régimen franquista eran muy reducidos, y solo mediante el engaño y la ambigüedad se podía haber sostenido en el tiempo, que de hecho era el plan de Armada.

Sin un apoyo popular sólido y una base social y política consolidada, más allá de algunos grupos de poder que, de hecho, cada vez contaban con menos poder, y teniendo en cuenta también el panorama internacional, hubiera sido insostenible que el Gobierno de Armada (o uno de Milans) hubiera sido muy estable.

Además, hay pocas excusas que pudieran sostener una paralización de los procesos electorales. Ni en plena pandemia se han pospuesto las elecciones, a excepción de en Bolivia, lo que provocó numerosas protestas sociales y la posterior caída del Gobierno de Jeanine Áñez, que de hecho accedió al poder mediante un golpe.

Así pues, mientras Armada pudiera sostener y consolidar su imagen de salvador con el apoyo de la Casa Real, podría mantenerse en el poder, pero a esto hay que añadir que, en aquel momento, las calles ya estaban caldeadas, con gran crispación y una militancia progresista abundante, además de un más que dudoso apoyo a la figura del rey y a la monarquía como sistema. Adolfo Suárez llegó a decir en una entrevista que si hacían un referéndum sobre monarquía o república, hubiera ganado la opción republicana.

También hay que tener en cuenta que buena parte de los estamentos de poder ya no apoyaban al franquismo, sino a un sistema liberal al estilo de las democracias europeas. De hecho, los apoyos electorales a las formaciones de ultraderecha, e incluso las más de derecha moderada, tenían un voto muy limitado en aquella época.

Es por eso que Armada, antes de promover una Junta Militar o una mayor represión que se encaminara a postulados fascistas, hubiera optado por la vía electoral.

En cuanto a su gobierno, parece evidente que, a pesar de contar con ministros del resto de partidos, se hubieran promovido medidas autoritarias y paralizado los avances sociales y democráticos, bien por miedo o presión, bien porque posteriormente sí que se adoptaron medidas similares.

No hay que olvidar que el PSOE llevó a cabo un buen número de privatizaciones de servicios públicos, favoreció al sector empresarial, aprobó la Ley Corcuera y la Ley de Armonización del Proceso Autonómico y bajo su gobierno se dio el caso de los GAL. Por lo tanto, es de entender que, bajo el auspicio de Armada, estas cuestiones hubieran aparecido mucho antes y se hubieran sostenido más en el tiempo.

Por otro lado, leyes como la del divorcio y con respecto a otros avances se hubieran detenido y la represión social y política hubiera tenido un amparo más claro y explícito. En todos los sentidos, aunque hubiera durado como mucho tres o cuatro años, se hubiera obstaculizado seriamente el proceso de la Transición, con un fuerte impacto en la sociedad española.

Sin embargo, el apoyo del PSOE, de las fuerzas de derechas y de la Casa Real a Armada hubieran conducido a una clara falta de apoyos posterior aunque argumentaran haber sido víctimas de un engaño.

Las opciones republicanas y las que más se hubieran distanciado de Armada obtendrían una clara popularidad, por lo que es de esperar que las fuerzas soberanistas y partidos como el PCE tuvieran incluso opciones de gobernar.

Es quizá osado decir que hubieran podido ganar elecciones o que la monarquía hubiera desaparecido en favor de un modelo republicano, pero dado que la popularidad de Juan Carlos I y del sistema monárquico vino dada por su papel en el 23F, parece coherente deducir que si los hechos hubieran sido diferentes, la monarquía hubiera tenido una vida considerablemente más corta.

De hecho, eso mismo sucedió en 1931. Alfonso XIII, tras apoyar la dictadura militar de Miguel Primo de Rivera, abandonó España cuando se dio cuenta de que en las elecciones municipales, los partidos republicanos habían ganado en las ciudades más grandes. Sin olvidar que Juan Carlos I había sido designado monarca a instancias del dictador Francisco Franco.

Cabe la posibilidad también de que, igual que el PCE aceptó muchas concesiones para consolidarse como una fuerza relevante durante la Transición, lo cual fue muy criticado desde posturas izquierdistas, pudiera haber entrado en el gobierno provisional de Armada, pero esto no parece probable.

Santiago Carrillo siempre tuvo esa línea roja muy clara y, de hecho, ni siquiera aceptó en su momento integrarse en el PSOE cuando dimitió del PCE y fundó su propio partido. Además, el PCE siempre votó en contra de medidas como la Ley Corcuera (siendo ya Izquierda Unida), por lo que no parece muy probable que aceptara formar parte de un gobierno autoritario de carácter ultraderechista.

Además, es posible que el posterior liderazgo de Julio Anguita, la época de mayor esplendor de IU y que llegaría en 1986, hubiera multiplicado las opciones de las ideas republicanas y más progresistas.

En resumen, un golpe de Estado que triunfase es posible que hubiera acabado con la voluntad de consenso y de transición pacífica hacia un Estado democrático y moderno, y hubiera lastrado buena parte de los avances sociales y políticos de España pero, al mismo tiempo, una vez superado este punto, provocara una suerte de “efecto rebote” hacia las ideas más rupturistas al demostrarse que los principales actores de la Transición se mostraran colaborativos con el golpe de Armada.

Lo que es seguro es que se hubiera alargado la época de crispación y de polarización política y social que caracterizaron los años 80 y 90, que muchas dinámicas de poder habrían quedado Al Descubierto y que, hoy en día, el panorama político podría ser bien distinto.

Enlaces, fuentes y bibliografía:

– Foto de portada: Montaje de una fotografía sobre el golpe de estado del 23F. Autor: Trabajo propio. Fuente: MuyHistoria.