El asesinato de la gobernadora indígena Sandra Liliana Peña moviliza a los colombianos del Cauca
La violencia regresa al departamento colombiano del Cauca tras el asesinato de la gobernadora indígena Sandra Liliana Peña. Fueron “los mafiosos”, dijo su padre entre lágrimas durante el velorio de la víctima de 34 años, en respuesta a las preguntas sobre los presuntos responsables del crimen. La joven había denunciado el crecimiento de cultivos ilícitos en la zona asiduamente y, de hecho, había iniciado un proceso activo de erradicación de cultivos de coca, junto a la guardia indígena, hace aproximadamente un mes.
Sandra Liliana Peña era gobernadora del Resguardo indígena La Laguna, de Siberia, ubicado en el municipio de Caldono, dentro del departamento del Cauca. Su asesinato se produjo en la entrada de la vereda El Porvenir, dentro de dicho territorio, cuando varios hombres armados le dispararon a sangre fría. Falleció a causa de las heridas cuando estaba siendo trasladada al hospital. Durante el velorio celebrado en La Laguna, su hermana Olga Peña Chocué recalcó que “mi hermana era muy fuerte, muy echada para delante, ella no se amedrentaba”.
En el acto conmemorativo se reunieron alrededor de 2.000 indígenas, situación que Olga aprovechó para incentivar las reivindicaciones que había defendido su hermana, recordando que ella deja “un camino para que nosotros tengamos un derecho ganado frente al Estado”. A estas palabras, añadió: “No, compañeros, no nos asustemos. Seguimos adelante en pie de lucha, no nos quedemos en las casas, sino que cuando a un compañero le quitan la vida, manifestémonos”. El senador Feliciano Valencia y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) también lamentaban el asesinato de la joven a través de sus cuentas de Twitter:
Por otro lado, el alcalde del municipio de Caldono, José Otero, que engloba el resguardo La Laguna Siberia, explicaba a la Agencia EFE que esta división territorial administrativa “siempre ha sido víctima de la violencia. Entre 1997 y 2014 han ocurrido 248 acciones armadas que vienen de todos lados”. Además, añadía que se realizan consejos de seguridad después de cada acto violento, pero “no han adoptado un plan que dé verdaderas soluciones”.
De hecho, en el año 2020 más de un tercio de las 836 víctimas de la violencia político-social vivían en el departamento del Cauca, según apuntaba un informe académico del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) este miércoles.
Asimismo, dicho documento recogía que la violencia socio-política y las violaciones de derechos humanos aumentaron respecto al año anterior. De las 836 víctimas contabilizadas en 2020, 439 fueron asesinadas, 219 amenazadas y 82 tuvieron lesiones físicas. Del mismo modo, hubo 502 infracciones del Derecho Internacional Humanitario, de las cuales 232 tuvieron lugar en el departamento del Cauca.
El departamento colombiano del Cauca
El Cauca es una región donde hay más de 273.000 hectáreas que están siendo explotadas y contaminadas con la extracción de oro. Además, la población convive con un aumento de las actividades de narcotraficantes. Respecto a esta situación, el activista y delegado de la organización Cococauca Dionisio Rodríguez Paz explicaba durante la presentación de la Revista Noche y Niebla nº 62 que “después del acuerdo de paz, hubo unos meses de una calma muy importante, pero eso después ha venido cambiando y ha generado una situación mucho más compleja que incluso antes del acuerdo”.
En este territorio actúan ahora varios grupos armados, entre los que se encuentran las disidencias de las FARC, bloques de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y otros grupúsculos criminales. Todos ellos se disputan las salidas al océano Pacífico, puesto que son los corredores idóneos para dar salida a la mercancía ilegal y las explotaciones mineras.
Así pues, en esta guerra por los recursos y el territorio se convierte en víctima todo aquel que se pone por delante, especialmente los indígenas que tienen como objetivo preservar sus regiones. Además, según explicaba el investigador del Cinep, en los últimos años la mayoría de asesinatos no son reivindicados, sino que el disparo proviene de “hombres armados sin identificar” que van encapuchados y a los que probablemente paguen para perpetrar estos crímenes. Esto incrementa la dificultad a la hora de resolver los casos y fomenta la impunidad que existe en Colombia.
Las instituciones del acuerdo de paz avisaron este lunes de que 904 líderes sociales y 276 excombatientes de las FARC han sido asesinados en el país desde el 1 de diciembre de 2016 y solicitaron que la Defensoría del Pueblo elaborase un informe que indique el camino para evitar que estos crímenes continúen produciéndose.
El posterior asesinato de Peña Chocué, que hace ascender la cifra de líderes sociales y defensores de los derechos humanos asesinados en 2021 a 52, “pone de presente un estado de cosas inconstitucional como se lo expresamos al defensor del Pueblo”, recalcaba el miércoles el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) Eduardo Cifuentes.
Asimismo, la Procuraduría colombiana garantizó que iba a investigar las afirmaciones hechas por organizaciones indígenas sobre “presuntas omisiones” por parte del Estado en la protección de la gobernadora y pidió al Gobierno que preste atención a las denuncias presentadas por autoridades indígenas del Cauca.
“Le estamos diciendo al país, les estamos diciendo a los violentos que el Pacífico colombiano, que el Cauca quiere volver a estar en paz, que la gente pueda transitar libremente por nuestros ríos, por nuestras veredas”, exclamaba el alcalde del municipio de López de Micay, Wanner Darío Suárez, aprovechando el paso de la caravana fluvial que varias organizaciones han lanzado esta semana como llamamiento a las comunidades a salir al río para que se “respete la vida para construir la paz”.
Enlaces y fuentes:
– Foto de portada: Colombia: Pueblos indígenas y Acuerdos de Paz. Autor: Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 01/01/2000. Fuente: Flickr. (CC BY 2.0)
