Oposición en Colombia acusa de «golpe de estado» a Iván Duque al imponer un régimen militar a la cuarta parte de la población

Iván Duque, más de un mes después del inicio de las protestas y de la huelga iniciada el 28 de abril en Colombia y que fueron respondidas por su gobierno con una fuerte represión mediante el uso de la policía y del ejército, emitió el viernes un decreto mediante el cual impuso la «asistencia militar» en 8 departamentos y 13 ciudades, incluyendo seis capitales de departamento.

Este decreto entra en vigor a pesar del preacuerdo alcanzado por el Gobierno de Duque y el Comité Nacional del Paro (CNP) tras nueve días de diálogo y mediante el cual se intentaba poner fin a las protestas.

El decreto de Iván Duque

Iván Duque, presidente de Colombia. Autor: Casa de América, 18/01/2018. Fuente: Flickr (CC BY-NC-ND 3.0)
Iván Duque, presidente de Colombia. Autor: Casa de América, 18/01/2018. Fuente: Flickr (CC BY-NC-ND 3.0)

Los departamentos militarizados abarcan el suroccidente de Colombia (Putumayo, Nariño, Caquetá, Huila, Cauca, Valle del Cauca y Risaralda) y el nororiente (Norte de Santander). De ellos, Cauca, Nariño y Putumayo han sido escenario de docenas de asesinatos de líderes sociales y exguerrilleros firmantes de la paz desde 2018, así como de masacres, hechos que ni siquiera fueron mencionados.

También habrá control sobre caravanas de vehículos que hagan parte de la protesta, incluso aunque no bloqueen las vías, lo que suena a una advertencia directa contra las multitudinarias y organizadas movilizaciones indígenas típicas de las zonas rurales.

Por otro lado, las capitales militarizadas son Pasto, Neiva, Popayán, Cali, Pereira y Bucaramanga. Los alcaldes y gobernadores quedan obligados a «coordinar» con las fuerzas armadas el desmonte de las barricadas en las vías de su jurisdicción, «así como evitar la instalación de nuevos bloqueos, so pena de sufrir sanciones».

Así, un área habitada por unas 12,7 millones de personas, aproximadamente la cuarta parte de la población, quedará bajo control militar, sustituyendo a la autoridad civil.

Este decreto se basa en una figura legislativa aprobada en 2016 durante la presidencia de Juan Manuel Santos y pensada para hacer frente a los grupos armados como las FARC por aquel entonces. Desde entonces, quedó amparado en el Código de Policía, si bien nunca llegó a usarse porque ese mismo año se alcanzó el acuerdo de paz con la guerrilla.

Iván Duque acusado de golpe de estado

Las reacciones no se han hecho de esperar, tanto desde Colombia como desde fuera del país. El senador Iván Cepeda, de Polo Democrático, acusó a Iván Duque de «golpe de estado» argumentando que el ejército se ocupa de nada más ni nada menos que de un área que comprende la cuarta parte de la población.

Por otro lado, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y expresidenta de Chile por el Partido Socialista, Michelle Bachelet, declaró que «solo el diálogo puede resolver las demandas de los diferentes grupos, tanto los que participan en las manifestaciones como los que se oponen a las protestas», e instó a renunciar al uso de la fuerza y a alcanzar un acuerdo pactado.

Asimismo, Iván Duque se ha visto obligado a aceptar el ingreso de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a partir del 7 junio y por cinco días, «para observar la situación de los derechos humanos en el marco de las protestas iniciadas el 28 de abril». Un hecho que su gobierno había tratado de evitar hasta ahora.

El pulso entre Iván Duque y el CNP

Las duras protestas que Colombia está viviendo desde hace más de un mes a raíz de la reforma tributaria que las desencadenó, si bien el descontento popular en realidad es un conflicto que viene de lejos, fue respondida por Iván Duque con una inusitada violencia y con el empleo del ESMAD, el escuadrón antidisturbios entrenado por Estados Unidos para hacer frente a las movilizaciones sociales, además del ejército.

La preocupación internacional vino también por las pruebas recogidas por periodistas y docenas de personas con sus cámaras y teléfonos móviles que muestran a civiles armados parapetados claramente junto a la policía y disparando contra los manifestantes, además de pruebas que señalaban que el grupo de ultraderecha paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) habría retomado sus acciones.

Sólo en Cali y en un solo día, cuando se cumplió un mes de huelga, el 28 de mayo, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos contabilizó 14 muertos y 98 heridos, de ellos 54 por arma de fuego, en hechos relacionados con las manifestaciones.

Debido a esto, Iván Duque decidió retirar la reforma tributaria y una reforma del sistema de salud, y cesar a su canciller y a su ministro de Hacienda, además de iniciar conversaciones con el CNP, alcanzando un preacuerdo el 24 de mayo. Las condiciones del CNP eran detener la matanza, atención estatal para los más de mil heridos por la violencia estatal contra la protesta, ponerle bridas a la brutalidad policial, garantías para la protesta social y cese de las detenciones arbitrarias, entre otras.

Finalmente, Iván Duque se abstuvo de firmar el acuerdo, cambió de plenipotenciario y realizó unas declaraciones que suponen la vuelta al punto de partida. Ahora, para sentarse a negociar, el gobierno le exige al CNP más de lo que está a su alcance: que ordene levantar las barricadas.

Las barricadas: símbolo de lucha

Las barricadas, que el gobierno llama «bloqueos», el CNP «cortes», y los jóvenes movilizados «puntos de resistencia», se han ido convirtiendo en una cuestión de orgullo para muchos sectores populares en huelga. El CNP no puede ordenar levantarlos, solo puede recomendar, lo que de hecho hace.

En Cali hay 25 de estos llamados «puntos de resistencia». Casi tres días después del decreto, y a pesar de las recomendaciones de la CNP, no parecen dispuestos a levantarse. Organizados alrededor de la Unión de Resistencias de Colombia (UCR), han declarado que continuarán la protesta. A pesar de todo, sí han permitido el paso de ciertos vehículos, como camiones de basura, de asistencia sanitaria y de reparto de alimentos.

No obstante, desde esta y otras organizaciones que controlan las barricadas, como la Unión de Primeras Líneas, han sostenido que las fuerzas policiales han atacado con violencia aun a pesar de haber llegado a pequeños acuerdos para levantar los bloqueos, por lo que la confianza hacia el gobierno ha ido cayendo en picado.

Así pues, las conversaciones se encuentran en un punto muerto y ante la plena desconfianza entre ambas partes. En el propio seno de la CNP se dieron desconfianzas ante la existencia de la firma de acuerdos de confidencialidad que limita el conocimiento de las conversaciones a unos pocos representantes del colectivo, y que amenaza con descentralizar todavía más la organización de las protestas.

Adrián Juste

Jefe de Redacción de Al Descubierto. Psicólogo especializado en neuropsicología infantil, recursos humanos, educador social y activista, participando en movimientos sociales y abogando por un mundo igualitario, con justicia social y ambiental. Luchando por utopías.

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