La Fiscalía del Supremo considera que Juan Carlos I fue un comisionista internacional
Así de rotunda se ha mostrado la fiscalía del Tribunal Supremo sobre la enorme fortuna del ex jefe del estado de España, Juan Carlos I de Borbón, según el periódico informa El Mundo, en un nuevo giro de tuerca en los casos que rodean al emérito.
Esta información ha quedado reflejada en la solicitud mandada a las autoridades suizas este febrero de 2021 para pedir información sobre las cuentas de la Fundación Zagatka, entidad dirigida por el primo de Juan Carlos I, Álvaro de Orleans y que durante el período de 2016 a 2019 costeó múltiples gastos del monarca que le han permitido llevar un elevado nivel de vida.
En el escrito, la fiscalía reconoce que el rey emérito consiguió su fortuna gracias a amplias comisiones obtenidas a nivel internacional.
Según palabras de su emisor, Juan Ignacio Camps, teniente fiscal del Supremo, afirma que Juan Carlos I habría recibido: “comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales”.
Así, quedan reflejados los delitos que la Fiscalía del Supremo estaría investigando en este momento, siendo los siguientes cuatro: delito contra la Hacienda pública, cohecho, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.
Además el fiscal español reconoce estar indagando sobre “hechos de ocultación, transformación, transmisión, conversión y/o posesión de fondos».
Esta investigación se circunscribe a la llevada por la Fiscalía del Tribunal Supremo desde 2020, referente a la enorme fortuna de Juan Carlos I obtenida en el extranjero y ocultada al fisco español bajo una tupida red de entidades y organismos.
Las regularizaciones, la Fundación Zagatka y el error de Juan Carlos I
La Fundación Zagatka, dirigida por el primo del rey, es un objeto de especial investigación, ya que siguió pagando su estilo de vida al emérito después de su abdicación en 2014, momento en el que el ex jefe del Estado perdió su inviolabilidad.
Zagatka pagó viajes y vuelos al Rey por una cantidad hasta la fecha de 8 millones de euros sujetas a tributación que el emérito no declaró, siendo además beneficiario de este dinero el actual Rey, Felipe VI y que este rechazó ante los graves problemas de legitimidad de la monarquía.
Juan Carlos se adelantó a una investigación de la fiscalía bajo la pena de delito fiscal, reconociendo el fraude y presentando varias declaraciones complementarias.
La primera de ellas, vino el 9 de diciembre por un importe de 678.393 euros. Esto supuso un gran error para el monarca, ya que regularizó más dinero que el que la Fiscalía había descubierto hasta la fecha, motivando a la justicia a seguir investigando la cuantía de su fortuna.
Esto llevó al Rey a una segunda regularización hecha en febrero por una cuantía de 4.396.000 euros y pagada mediante prestamos de amigos empresarios de Juan Carlos I
La pasividad de la fiscalía y la lentitud en abrir una investigación han permitido al monarca regularizar tranquilamente su situación y, al menos de momento, evitar el delito fiscal.
Las líneas abiertas de la Fiscalía del Supremo y el rechazo del Congreso
En estos momentos la Fiscalía del Supremo prosigue con su investigación, que sigue en tres caminos.
Además de la citada Fundación, también se investiga las trasferencias hechas por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause a la cuenta de un militar amigo de Juan Carlos I, que luego serían usadas por el monarca y la reina Sofia bajo el clásico modo de las “tarjetas black”.
Otra línea de la investigación tiene que ver con las comisiones por el AVE para la Meca que el entonces Rey habría cobrado. Esta investigación posiblemente sea archivada por el rango de aforado del entonces Rey de España, aunque Arabia Saudí ingresase al menos 100 millones de dólares en una cuenta en Suiza de la Fundación Lucum.
Pese a estos múltiples escándalos, el Congreso sigue rechazando investigar sobre la fortuna del emérito. En total, la Mesa del Congreso, con los votos en contra de PP, Vox y PSOE, ha rechazado en esta legislatura 15 peticiones de investigación sobre la fortuna de Juan Carlos I. Solo Unidas Podemos ha votado a favor.
La última de estas peticiones fue presentada el pasado 26 de julio por Unidas Podemos, Más País, Compromís, ERC, EH Bildu, CUP, BNG, Junts y PDeCAT, siendo rechazada poco después.
El argumento más común emitido por las formaciones que rechazan estas comisiones son los informes, no vinculantes, del equipo jurídico del Congreso que, nombrando el artículo 56.3 de la Constitución, establecen la inviolabilidad del rey en todo su reinado: «no está sujeta a responsabilidad». No obstante, los grupos políticos que firman estas peticiones argumentan que, a partir de 2014, cuando dejó de ser rey, ya no se encuentra bajo el paraguas constitucional.
Director de Al Descubierto. Estudiante de Ciencias Políticas y máster en Política Mediática. Apasionado del estudio y análisis del hecho político, con especial interés en el fenómeno de la extrema derecha, sobre la que llevo formándome desde 2012. Firme defensor de que en política no todo es opinable y los datos, fuentes y teorías de la ciencia social y política deben acompañar cualquier análisis.
Tiene tela que aun conociendo los hechos rechacen investigarlo por su inviolabilidad como rey cuando ya no lo es, es que es de traca que nos robe como quiere y encima se vaya de rositas como si nada. Vaya chiste de país.