Una jueza afín al PP exige que revelen a los Franco la fuente que filtró la lista de objetos del Pazo de Meirás

María Cristina Díaz, magistrada madrileña que ha ejercido distintos cargos bajo el ala del Partido Popular, ha exigido a elDiario.es que revele a la Familia Franco el nombre de la persona que filtró los bienes del Pazo de Meirás. Esta disputa se encuentra en relativo a la información que el periódico de Ignacio Escolar desveló sobre cómo la familia pensaba llevarse los tesoros del edificio tras la orden que volvía de titularidad pública al mismo.

Este edificio originalmente construido por orden de la escritora Emilia Pardo Bazán en 1893 fue utilizado posteriormente por el sangriento dictador y, en su totalidad, llevaba ocupado por la familia Franco 82 años, que lo utilizaba como estancia vacacional. Actualmente el edificio ya ha abierto sus puertas a la ciudadanía.

En su interior se encontraban decenas de objetos y tesoros que los Franco reclamaban como suyos y de los que dispusieron un pequeño ejército de entre 30 y 50 camiones para su traslado.

Entre estos objetos, como denunciaba Patrimonio Nacional, se encontraban objetos que pertenecen al patrimonio de España, tales como platos, tazas, tapices y demás objetos que habían pertenecido a reyes y notables personajes públicos y que el dictador Francisco Franco había incorporado a su menaje personal.

La Familia Franco pensaba llevarse con cierto secretismo los objetos hasta que la filtración de los tesoros del Pazo a través de ElDiario.es se hizo pública, desvelando un extenso catálogo con 697 bienes realizado por Patrimonio Nacional.

A tenor de esto, los Franco, que acumulan un rosario de denuncias judiciales en relación a sus posesiones, se querellaron con la funcionaria que realizó la lista, la jefa del servicio de conservación de la Dirección de las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional Pilar Benito García, a la que los Franco acusan de un delito de revelación de secretos.

Este pasado mes de septiembre, la fiscalía pidió al juzgado número 29 de Madrid donde actúa la magistrada Cristina Díaz el archivo de la causa. Pese a esta petición, la magistrada ha seguido con la investigación de la causa del Pazo de Meirás.

El derecho fundamental de protección de las fuentes y el secreto profesional

«Indique el día que tuvo acceso ese medio de comunicación al informe sobre la titularidad de los bienes muebles conservados en el Pazo de Meirás (…), la persona que se lo proporcionó y el procedimiento o medio por el que recibió dicho informe».

Este ha sido parte del escrito publicado por elDiario.es sobre el requerimiento de la jueza María Cristina Díaz para la revelación de las fuentes a los Franco sobre un supuesto delito de revelación de secretos en relación a los objetos del Pazo de Meirás.

Sobre el citado escrito enviado a finales de septiembre, se daba 10 días al citado medio para dar la información. Información que ha sido denegada y que posiblemente desencadene una batalla jurídica. Así lo ha asegurado Ignacio Escolar, directo de elDiario.es que se ha negado a revelar el nombre de la fuente o dato alguno que pueda revelar a la persona que filtró la información: «El secreto profesional a no revelar nuestras fuentes no es un capricho o un privilegio de los periodistas en general o de los redactores de elDiario.es en particular: es la base de un derecho fundamental para una sociedad democrática».

Y es que el derecho a la libertad de información esta circunscrito en lo más alto de nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución de 1978 y en su artículo 20.1 donde se reconocen y protegen varios derechos sobre la libertad de información y de producción de la información.

Junto a estos derechos, distintos tribunales han desarrollado sentencias y jurisprudencia relativa a la protección de las fuentes periodísticas y el secreto profesional. Y es que una sociedad democrática necesita medios que puedan actuar como contrapeso al poder y tengan un fin social. Y sobre ello, el secreto periodístico es clave para ofrecer información que si no sería inaccesible.

No solo el Pazo de Meirás: María Cristina Díaz, una jueza polivalente del Partido Popular

Y es que la llamativa exigencia de la magistrada posiblemente no se entienda sin la gran labor al servicio de entidades conservadoras que han marcado su carrera. La jueza ha ejercido como Portavoz en la Asociación Profesional de la Magistratura de Madrid, de carácter fuertemente conservador. Esto posiblemente facilitó una carrera entre la política y la función pública.

Así, durante la última legislatura de José María Aznar, ejerció como asesora en la Secretaría de Estado de Justicia, ocupada por el popular Rafael Catalá Po.

Años después, ya de vuelta en su juzgado tras la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero, caía en su mano la causa por el masivo borrado de archivos informáticos en la Moncloa tras la derrota del PP. La juez no veía indicios de “delito alguno”.

Su recompensa vino poco después, en 2011, tras la toma del poder del PP. En ese momento el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz (ahora procesado por el caso Kitchen), la nombra el 12 de febrero Directora General de Política Interior. Sus andanzas en el ministerio no duraron mucho y se puede decir que tuvo ciertos errores comunicativos.

En 2015 fue cesada por el ministro Jorge Fernández Díaz. Pero no estuvo mucho tiempo sin un puesto político.

Su función como Directora General de Política Interior la hizo estar en contacto con la Delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, la entonces Cristina Cifuentes, que al ser elegida recientemente como Presidenta de la Comunidad de Madrid, la nombró Directora General de Justicia y Seguridad del Gobierno madrileño.

Sus andanzas políticas acaban cuando decide dimitir de su puesto en el gobierno madrileño en 2017, para volver a ocupar el puesto de Directora General de Política Interior, ahora bajo la dirección de Juan Ignacio Zoido Álvarez. Solo un año después llega la moción de censura contra Mariano Rajoy, que la devuelve a su juzgado.

Actualmente, María Cristina Díaz sigue metida en causas cercanas al PP: ella es el artífice de la aceptación a trámite de la querella de Vox contra José Félix Tezanos, presidente del CIS, por un supuesto caso de Malversación de caudales públicos sin pruebas que lo avalen y que ya fue rechazado por el Tribunal de Cuentas.

Un caso que posiblemente otro juez hubiera rechazado por su cercanía política con el Partido Popular y que esta jueza conservadora ha decidido seguir llevando adelante.