Vox utiliza las instituciones para celebrar un congreso antiabortista con candidatos de ultraderecha
Las Cortes de Castilla y León acogieron el pasado lunes día 16 y martes día 17 un congreso denominado “Desafíos constitucionales para el tiempo presente”, cita anunciada como una jornada de reflexión sobre problemáticas actuales a la luz de la “Carta Magna” española que se convirtió en un congreso antiabortista.
El acto, que congregaba a trece ponentes universitarios, hubiera pasado desapercibido si no fuera por el tono que le dieron sus ponentes: fue utilizado por Vox para alimentar campañas contra el aborto y los derechos de las mujeres.
El congreso fue organizado por la Universidad Católica de Valencia, la Fundación de Castilla y León y las Cortes autonómicas, quienes cedieron el espacio y ofrecieron medios técnicos para su normal desarrollo, según confirman fuentes del partido al diario Público.
De los treces ponentes, tres forman parte activa del partido de ultraderecha (José María Llanos Pitarch, José María Sánchez García y Carlos Flores Juberías) y otro fue un exministro del Partido Popular, Jaime Mayor Oreja. Cada uno de ellos se encargó en sus ponencias de lanzar comentarios más acordes a un congreso antiabortista y contra el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo que el que teóricamente se celebraba.
Llanos Pitarch, presidente de Vox Valencia y portavoz adjunto del partido en las Cortes Valencianas, fue el encargado de moderar la tertulia “La ruptura institucional del Estado”; Sánchez García, diputado en el Congreso de Alacant, conocido por comparar el pasado años a Pedro Sánchez y a Félix Bolaños con Goebbels, participó en las ponencias “Actualidad nacional e internacional sobre la libertad religiosa” y “El ser histórico de España”; y finalmente, Flores Juberías, actual candidato de Vox a la Generalitat Valenciana, condenado en el año 2002 por “violencia psíquica” contra su exmujer y candidato en los años 80 del partido de extrema derecha Fuerza Nueva, participó en las tertulias “Las políticas de memoria como amenaza a las libertades públicas” y “Pensamiento único y cultura de la cancelación”.
Este último, por ejemplo, durante una de sus tertulias, y en relación al aborto, llegó a afirmar que las mujeres “no son conscientes de lo que significa, ni de las consecuencias sobre la vida del nasciturus y de la suya propias”, añadiendo posteriormente que las mujeres hablan del aborto “con palabras como me lo voy a hacer quitar, de manera tan neutral y aséptica como quien se quita una mancha de la malo o de la frente”. Su alegato misógino no se detuvo, y añadió lo siguiente: “olvidamos que cualquier norma jurídica normaliza ese comportamiento y multiplica su incidencia”, refiriéndose a las consecuencias de la legalización del aborto.
Otro de los ponentes, Vicente Bellver Capella, catedrático de Filosofía del Derecho y miembro del Comité de Bioética de España (organización antiaborto, antieutanasia y contraria a medidas de control de la natalidad, como la píldora antireproductiva), también participó en la tertulia y expresó sus pensamientos sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
En su opinión, la familia debe tener capacidad de decisión sobre la decisión de la mujer embarazada: “integrar a la familia es lo mínimo (…) el contexto de opresión familiar es erróneo”; defendió la figura discursiva del “niño muerto”, que, a su parecer, “ahora resultada ofensiva, heteropatriarcal y machista”, pero que siempre ha sido utilizada; y considera correcta la obligatoriedad de medidas como las adoptadas por el Gobierno de Castilla y León o la jornada de reflexión de tres días previos a la interrupción.
Durante las dos jornadas del accidental congreso antiabortista comentarios en esta línea no pararon de sucederse, transformándose de facto las jornadas en una campaña de difusión del discurso reaccionario de Vox, financiada por dinero público.
Un congreso antiabortista durante una semana marcada por el debate en torno al aborto
La celebración de este congreso antiabortista no es casual. El debate político nacional ha estado marcado esta última semana por el anuncio del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, quién el pasado jueves 12 de enero afirmaba junto al portavoz del gobierno castellano y leones que se modificarían los protocolos autonómicos en materia de aborto, modificando una serie de medidas propuestas por Vox y recogidas en el pacto de coalición con el Partido Popular.
Dichas medidas incluían el regreso de conocido “latido fetal”, que las mujeres que quisieran realizar un aborto tendrían previamente que escuchar; la obligatoriedad de realizar una ecografía 4D del feto; garantizar en todo momento asistencia psicológica clínica a las mujeres, cuestión que de hecho ya se garantiza; y finalmente, asegurar el respeto a la objeción de conciencia del personal sanitario que se niegue a realizar el aborto.
Tras su anuncio, un aluvión de críticas y dudas no tardaron en llegar, produciendo una crisis dentro del Gobierno autonómico tras alejarse y desautorizar el Partido Popular a su socio de coalición, en un intento de salvar su imagen tras el escándalo nacional que comenzaba a forjarse.
El PP, a través de su líder nacional y de su presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, negaba modificación alguna de los protocolos de actuación, considerando las medidas de su socio de ultraderecha una “coacción a las mujeres”. Vox por su parte, divagaba entre si las medidas serían obligatorias o no, mientras que ratificaban que acabarían aprobándose, exigiendo al Partido Popular una revisión del pacto de coalición en caso contrario con una posible ruptura del gobierno si no.
La reacción de la oposición progresista fue unísona a nivel nacional, posicionándose frontalmente en contra de las modificaciones y enviando el Gobierno Central un requerimiento formal a la Comunidad Autónoma exigiéndole explicaciones y el cese de cualquier acción que fueran a implementar.
En definitiva, esta última semana ha clarificado el futuro próximo en caso de un Gobierno de coalición nacional entre el Partido Popular y Vox, donde múltiples derechos, como en este caso, el derecho al aborto y la autonomía de las mujeres, sufrirían tremendos déficits, tal y como ocurre en países homólogos como Hungría o Polonia.
Articulista. Estudiante de cuarto de Ciencias Políticas y apasionado de la investigación. Experiencia en movimientos estudiantiles y sociales. En mis artículos intento ofrecer un enfoque analítico más orientado a las ideologías y teoría política.
