Un informe policial da la razón a Mónica Oltra: no eliminó correos para encubrir a su ex marido
La investigación sobre el presunto encubrimiento de Mónica Oltra a su ex marido por la agresión sexual a una menor tutelada da un vuelco: un informe policial concluye que la ex vicepresidenta de la Generalitat Valenciana no manipuló ni eliminó los correos electrónicos entre Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y ella durante la redacción del informe interno sobre la denuncia de dicha menor que se realizó para investigar los hechos.
Así lo ha concluido un auto dictado por el titular del Juzgado de Instrucción nº15 de València que se encarga de la investigación del caso. Durante el proceso judicial mediante el cual se imputaba a Oltra, la cofundadora de Vox Cristina Seguí, a través de su asociación Gobierna-te, como parte de la acusación popular junto al líder del partido neofascista España 2000 José Luis Roberto Navarro, pidió el análisis de dichos correos, lo cual fue aceptado por el juez instructor.
Esta conclusión ratifica la versión de Mónica Oltra y acaba con la tesis de la acusación popular acerca de que podría haber eliminado correos electrónicos que la incriminen a su ex marido o a ella por encubrimiento. Es más, el informe de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia ha analizado un correo electrónico relacionado con la causa de Miquel Real, ex jefe de gabinete, y ocho del ex asesor Enric Juan, concluyendo que no existen correos electrónicos que se hubieran intercambiado con la ex vicepresidenta. Cristina Seguí asegura en su petición que se borraron los pertenecientes al dominio cv.gva.es, pero ese no es el dominio oficial que emplea el gobierno valenciano, sino que se creó para un servicio ciudadano.
Por lo tanto, Mónica Oltra sí ordenó a su equipo investigar lo sucedido con respecto a la agresión sexual de su ex marido a partir del 4 de agosto de 2017, cuando ella declara ser conocedora de la denuncia a su ex marido, a pesar de que la Fiscalía ya estaba en ello (una cuestión que el juez instructor mantiene que no debió hacerse), pero no tuvo intención alguna de encubrirlos, sino precisamente de esclarecerlos. De hecho, el intercambio de correos con su equipo para dicha investigación empiezan el 8 de agosto.
Y tampoco se queda ahí: el informe asegura que hay un correo donde se indica a la funcionaria Amparo Nogués, del Servicio de Infancia e Igualdad, que deben colaborar con el Ministerio Fiscal. “Importante que no se os olvide contestar a Fiscalía a TODAS las cuestiones que plantea”.
Un informe que, además, estaba dos semanas antes de las elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo, pero que no se ha revelado hasta ahora, cuando se ha dictado el levantamiento parcial del secreto de la pieza separada del caso que el instructor acordó el 25 de octubre de 2022 que fuera parcialmente secreta.
El caso Mónica Oltra: ‘lawfare’ de la extrema derecha
En junio de 2022, la investigación a Mónica Oltra llevaron a su dimisión como vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y el fin de su carrera política, tras lo cual desapareció de la escena pública. Activistas, periodistas, personalidades políticas… apoyan la tesis defendida de Oltra y su equipo de que el proceso judicial en su contra forma parte de una operación de ‘lawfare’ de la extrema derecha para acabar con ella.
Y es que, como parte de la acusación popular, figuran José Luís Roberto Navarro (quien llegó a decir «me la voy a follar sin tocarle un pelo») y Cristina Seguí, así como letrados afines a Vox. Uno de los investigadores del caso, el periodista Tomás Casas, llevó a Fiscalía la filtración de unas supuestas conversaciones donde Seguí presionaba a la víctima de la agresión sexual del ex marido de Oltra para denunciar a la ex vicepresidenta tras la denuncia de una amiga cercana de que, tras la dimisión de Oltra, la habían utilizado y dejado tirada.
Además, quienes defienden a Oltra denuncian también cómo diferentes medios de comunicación afines a la extrema derecha la atacaron de manera incesante durante el proceso judicial hasta su dimisión y como muy buena parte de los grandes medios, o bien silenciaron el caso, o bien no señalaron de donde procedía parte de la acusación.
Así, con este informe policial, se refuerza la tesis de hubo un plan premeditado y apoyado por diferentes medios y personalidades de la derecha y de la extrema derecha para acabar con Oltra y, por extensión, el gobierno progresista valenciano. Y que, por las razones que fueran, los apoyos que ella tenía hasta entonces prefirieron apartarse de su lado.
Extrema derecha y ‘lawfare’: un aliado común
El lawfare es un término que procede de las palabras en inglés ‘law’ (ley) y ‘warfare’ (espacio de guerra), y que se refiere al intento de desestabilizar los sistemas políticos o de perjudicar a dirigentes a través del uso de la ley y de las herramientas judiciales. En este sentido, se puede considerar una guerra jurídica e incluso un ‘golpe de estado blando’, en tanto que el objetivo de los que la realizan, en muchos de los casos, es alejar a determinados sectores del poder político mediante una perversión del sistema judicial donde se aprovecha el hecho de que una de las partes tiene contactos, recursos, conocimientos, experiencia… mayor que la otra hasta el punto de doblegar los procesos a su favor.
En el marco de las democracias liberales del siglo XXI, el lawfare es un método más acorde a los tiempos que el golpe de Estado tradicional que se sigue produciendo en otros lugares del mundo, ya que los sistemas políticos representativos y la cultura política que se ha desarrollado en ellos se orienta a la búsqueda de la legitimidad democrática para poder ejercer libremente el poder político.
Entendiendo esto, no es extraño que en los últimos años hayan proliferado los procesos de persecución judicial por parte de la ultraderecha a gobiernos y dirigentes progresistas, dado que es una operación de derrocamiento mucho más sutil y aparentemente legal que sacar a los militares a las calles con los tanques. Por tanto, sería un error pensar que el ejército es el único que puede atentar contra el sistema democrático, ya que los medios de comunicación o, en este caso, los jueces, también pueden, y en ocasiones contando con la connivencia de la ciudadanía.
El poder judicial, al igual que el resto de poderes, está travesado por la contradicción que supone su uso privativo para el beneficio de unos pocos frente a su uso virtuoso o legítimo en aras del interés de las clases populares. Así, jamás se puede dar un uso armonioso de la ley y de los aparatos judiciales, dado que siempre plasman la relación de confrontación de intereses contrapuestos, ya sea en la legislación concreta o en el uso indebido de determinadas potestades, como en el caso del lawfare.
No obstante, el lawfare no es efectivo únicamente en aquellos casos en los que consigue la inhabilitación de su enemigo político, ya que en cualquier caso consigue manchar la reputación del dirigente político víctima de la operación, que puede terminar cediendo por la presión mediática y presentando su dimisión. Incluso cuando finalmente el proceso judicial acaba en nada, se ha aprovechado el mismo para desprestigiar a la persona en todos los ámbitos.
Dos de los ejemplos más mundialmente conocidos de lawfare fueron los sufridos por Dilma Rousseff y Luis Inácio Lula da Silva, ambos dirigentes izquierdistas de Brasil, y que acabó apartándoles del poder, dando paso a la legislatura de Jair Bolsonaro.
Ahora, en el caso de Mónica Oltra, queda esperar la reacción de todos aquellos agentes políticos y mediáticos que decidieron, o bien cargar contra ella, o bien dejar de apoyarla.
Jefe de Redacción de Al Descubierto. Psicólogo especializado en neuropsicología infantil, recursos humanos, educador social y activista, participando en movimientos sociales y abogando por un mundo igualitario, con justicia social y ambiental. Luchando por utopías.
