Cómo responder a tu cuñado de Vox en las Navidades de 2023
El año 2023 está a punto de irse. Atrás han quedado la pandemia, las conspiraciones sobre el 5G, la histeria antivacunas… incluso muchos de los grupúsculos de extrema derecha que emergieron o se visibilizaron durante los peores momentos de la crisis sanitaria han quedado reducidos a cuatro gritos y rezos frente a la sede del PSOE en Ferraz. Hasta parece que Vox, fiel a su descalabro lento pero seguro desde que Macarena Olona abandonó el barco, cada vez tiene menos apoyo en general, como se comprobó tras la pérdida de 19 escaños en las últimas elecciones. Sin embargo, el cuñado de Vox de turno va a continuar al acecho estas Navidades, probablemente animado por la nueva desfachatez de Pedro Sánchez de conseguir los apoyos suficientes para renovar su gobierno para una legislatura más.
Y es que, a Vox, el partido de extrema derecha por excelencia de España, lo votaron exactamente 3.057.000 personas en las elecciones de mayo de 2023, el 12.38% de los sufragios. Sobre el censo electoral, esto constituye el 8.15%, con lo que sigue siendo muy probable que, en tus reuniones familiares, alguien haya apoyado a la ultraderecha. Por supuesto, no tiene por qué ser necesariamente tu cuñado, ya se sabe que esto no es más que una licencia artística basada en una cuestión humorística.
Votar a Vox no convierte a nadie en una persona de extrema derecha, mucho menos nazi o fascista. La decisión de votar a la ultraderecha es bastante más compleja que asumir que tres millones de personas en España son fascistas, por poner un ejemplo. Pero sí que es probable que tu cuñado de Vox haya asumido algunos de los aspectos y elementos de su discurso o de sus posturas políticas, incluyendo bulos, falacias, mentiras o teorías de la conspiración. Si es así, puede que decida dejar la política a un lado y centrarse en otros temas, o que si se anima a debatir, lo haga con una actitud de escucha activa, calma y de consenso.
Si no tienes suerte, el conflicto será otro de los platos fuertes del menú navideño. Discutir con alguien que se apoya en las falacias del discurso ultraderechista tiene el mismo problema que discutir con terraplanistas: repiten eslóganes y los datos que conocen, pero sin hacer un análisis profundo del conjunto. Se quedan en el detalle y no en la totalidad. Las personas que ven el mundo en blanco y negro, en amigos o enemigos, en correcto o incorrecto, en ellos y nosotros… no son las mejores para sostener un debate, sea o no político.
A menudo desafían afirmaciones que, de tan obvias que parecen, a la hora de argumentar te pueden coger con el pie cambiado. El simple titubeo ya es una victoria para alguien que seguramente no te deje ni hablar.
Aunque resultaría muy complicado abordar todas las falacias que escupirá tu cuñado de Vox en la cena o en la comida familiar, aquí van las que seguramente sean las más repetidas y comunes en este año 2023.
Pedro Sánchez es un dictador y un tirano
Vox (e incluso parte de la derecha conservadora tradicional) ha intentado convencer a la población española de que el presidente del Gobierno de España, cuya investidura se celebró el pasado 15 de noviembre, es poco menos que una versión española de Josef Stalin: un dictador totalitario, un tirano al que, además, calificarán de sediento de poder, riquezas y la sangre de los primogénitos del primero de enero. Y al que hay que «colgar de los pies».
En general, el principal argumento que va sostener tu cuñado de Vox es que Pedro Sánchez no ha ganado las elecciones. Es decir, que quedó en segundo lugar tanto en escaños como en votos. Y esto es verdad: en las últimas elecciones generales, el PSOE pasó de 120 a 121 asientos en el Congreso de los Diputados con el 31.68% de los sufragios y 7.821.718 votos, mientras que el Partido Popular (PP) pasó de 89 a 137 escaños con el 33.06% de los sufragios y 8.160.837 votos.
Sin embargo, ganar las elecciones (es decir, quedar en primer lugar) en España no da acceso directo a la capacidad de constituir un gobierno efectivo.
Según el artículo 99 de la Constitución Española, “el Rey, previa consulta con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno”.
Tradicionalmente, para evitar que el Rey sea acusado de sesgo político, encarga la formación del Gobierno al ganador de las elecciones. Y Felipe VI, actual monarca de España, así lo hizo: encargó a Alberto Núñez Feijóo, candidato por el PP, la formación de gobierno el 23 de agosto a pesar de no contar con los apoyos suficientes.
Y es que, el artículo 99 continúa así en el punto 3: “Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple.”
Por lo tanto, en la propia Constitución Española vigente desde el año 1978 se establece que España se rige por un sistema político parlamentario, donde el poder ejecutivo es elegido por el poder legislativo, representado en este caso en el Congreso, cuyos miembros son elegidos por sufragio universal.
A pesar de que lo intentó, Feijóo no obtuvo los votos suficientes, ni por mayoría absoluta ni por mayoría simple. Únicamente logró 172 favorables y 177 en contra, estando la mayoría absoluta en España en 176 votos. Los partidos políticos que apoyaron a Feijóo fueron, además del PP, Vox, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Coalición Canaria (CC).
Y no fue porque no lo intentara. En apenas semanas, Junts per Catalunya (JxC), el partido del ex presidente de la Generalitat de Catalunya y una de las cabezas visibles del movimiento soberanista catalán Carles Puigdemont, pasó de ser un partido que daba cobijo a un fugitivo a ser un partido democrático con el que sentarse a hablar, con vaivenes. Sin embargo, estas conversaciones, al igual que las sostenidas con el Partido Nacionalista Vasco (PNV), no prosperaron. El principal escollo fue Vox, que ha pedido en reiteradas ocasiones incluso en sede parlamentaria la ilegalización y disolución de los partidos nacionalistas periféricos. Después de esto, Junts volvió a ser condenable… para luego volver a ser un mediador válido.
Pero la Constitución Española ya ha pensado en todo. En su punto 4, el artículo 99 continúa: “Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores”.
Esto significa que el Rey vuelve a hablar con los candidatos o candidatas a formar gobierno y propone a otro diferente. En este caso, fiel a la tradición, trasladó este encargo a Pedro Sánchez, quien no solo consiguió los apoyos suficientes, sino que lo hizo con más votos (179) que en la pasada legislatura (176), quedando inaugurada una presidida por éste, la tercera si se considera la primera la de 2018, a la que accedió gracias a una moción de censura promovida por PSOE y Unidas Podemos y que puso fin al ejecutivo de Mariano Rajoy, del PP.
Expuesto este argumento, es probable que tu cuñado de Vox diga que es injusto que quien gane las elecciones no gobierne, diciendo que debería ganar la candidatura más votada, como sucede en los sistemas presidencialistas, como Estados Unidos o Reino Unido. Es más, desde parte de la extrema derecha incluso se criticó que Felipe VI designara a Pedro Sánchez para formar gobierno, por lo visto porque esperaban una actuación diferente, probablemente sin entender su figura como Jefe de Estado, casi meramente simbólica.
Sin embargo, pasa y resulta que este sistema, que a quien se define como “constitucionalista” hay que recordar que es el que defiende la Constitución Española, a beneficiado a partidos y candidatos diferentes según el contexto.
De hecho, no solo se aplica en muchos otros países, como Países Bajos, Alemania, Italia o Grecia, sino que también se utiliza en las cámaras legislativas de otras instancias territoriales, como los parlamentos regionales y locales. Es decir, los gobiernos autonómicos y municipales son también elegidos por el parlamento. Esto ha permitido gobernar al PP, en buena medida gracias a Vox, en múltiples ciudades, como Valladolid, Burgos, Gijón, Elche, Jaén o Toledo. De hecho, el PP tiene más de 200 alcaldías donde no es primera fuerza, bastante más que el PSOE.
En las elecciones municipales de Madrid en 2019, de hecho, la candidatura de José Luis Martínez-Almeida quedó en segundo lugar por detrás de la de Manuela Carmena (Más Madrid), pero la alcaldía del popular fue aceptada gracias a un pacto con Ciudadanos.
En 2019, Isabel Díaz Ayuso, actual presidenta de la Comunidad de Madrid, tampoco obtuvo la mayoría de los votos, quedando en segundo lugar por detrás del PSOE. El PP tuvo que pactar con Ciudadanos y con Vox para ser investida en aquella ocasión.
¿Qué otro argumento podría sacar ahora tu cuñado de Vox? Seguramente, que el pacto al que ha llegado el PSOE con Junts y con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que incluye la aprobación de una ley de amnistía para los procesados judicialmente por los actos relacionados con el llamado procés catalán, va en contra de la Constitución, en contra de la legislación y/o en contra de lo que quiere la mayoría de los españoles.
O, en todo caso, que el PSOE ha engañado a la gente, en primer lugar, porque varios pesos pesados del partido dijeron en el pasado que la amnistía no tenía encaje legal o, en segundo lugar, porque no se dijo en campaña que aceptarían una amnistía en caso de necesitar los votos de las fuerzas soberanistas catalanas, de la misma forma que se argumentó que el anterior gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos tampoco era legítimo, entre otras cuestiones, porque Pedro Sánchez dijo en su momento que nunca pactaría con Podemos.
Con respecto a esto último, aunque es cierto, cae en el terreno de lo subjetivo argumentar que un gobierno es tiránico o dictatorial únicamente por mentir. De ser así, ningún gobierno sería democrático. De hecho, el gobierno de Mariano Rajoy, por poner un ejemplo, basó parte de su campaña electoral en 2011 en el rechazo a la subida del IVA, y una de sus medidas fue, precisamente, subirlo del 18% al 21%. Es decir, si cada presidente tiene que repetir las elecciones por contradecirse, todos los países del mundo estarían inmersos en procesos electorales continuos, por no hablar de que hay una línea muy delgada entre mentir y cambiar de opinión.
Hablando de mentir, además, estaría bien recordar a tu cuñado de Vox cómo, después de prometer una y otra vez recortes en gastos políticos y “chiringuitos ideológicos”, Vox ha apoyado la subida del salario de sus representantes políticos en decenas municipios donde ha accedido al poder y ha desviado a la fundación Disenso, su think tank, 7 millones de euros. También ha apoyado subvencionar asociaciones afines ideológicamente, como Red Madre.
Por lo demás, la Constitución Española, define en su artículo 1, a España como “un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político” y que “la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”.
Esto se traduce en que España goza, sobre el papel al menos, de lo que se denomina separación de poderes: el poder ejecutivo, que está en manos del gobierno; el poder legislativo, que reside en el parlamento; y el poder judicial, depositado sobre los tribunales y los jueces.
Más allá de consideraciones sobre la calidad democrática de un país como España, al que obviamente se le pueden ejercer multitud de críticas, Pedro Sánchez ha necesitado el apoyo de hasta siete formaciones políticas distintas, desde la derecha hasta la izquierda política, y tanto partidos unionistas como independentistas. Un apoyo que sigue necesitando para sacar adelante normas legales, incluyendo la propia ley de amnistía. No parece precisamente la definición de dictador totalitario.
Tampoco estaría de más recordar que los pactos con partidos políticos soberanistas se han dado en otras legislaturas. Uno de los grandes ejemplos es el llamado Pacto del Majestic, en el cual Convergencia i Unió (CiU), liderado entonces por Jordi Pujol, apoyó la investidura de José María Aznar del PP en 1996. Otros partidos que apoyaron esta investidura fueron el PNV y CC.
El Majestic se tradujo en multitud de acuerdos, entre ellos, la finalización del traspaso de multitud de competencias autonómicas a Catalunya, la cesión del 30% del IRPF a las autonomías, el desarrollo de un modelo policial catalán o el traspaso de otras competencias, entre ellas, la gestión del tráfico, las políticas de empleo o la gestión de los centros sanitarios.
Por lo tanto, sostener que Pedro Sánchez es un dictador no tiene ningún sentido.
La ley de amnistía va en contra de la Constitución y contra la separación de poderes
Es muy probable que tu cuñado de Vox saque a la palestra, especialmente a raíz del punto anterior, la Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, registrada el 24 de noviembre por el PSOE en el Congreso de los Diputados y tramitada con número de expediente 122/00019, más conocida simplemente como “ley de amnistía”.
En esta ley, se amnistía “los actos que hayan sido declarados o estuvieran tipificados como delitos o como conductas determinantes de responsabilidad administrativa o contable, vinculados a la consulta celebrada en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y al referéndum de 1 de octubre de 2017” entre “el 1 de enero de 2012, año en el que comenzaron a desarrollarse los hechos del proceso independentista, y el 13 de noviembre de 2023”, tal y como se desprende de la exposición de motivos de la proposición de ley orgánica, párrafo II, y del artículo 1 de la misma.
Es importante aclarar que el debate acerca de si la ley de amnistía es o no apropiada es totalmente legítimo y válido, tanto en su contenido y en su desarrollo como en la existencia misma de la ley, e incluso si es adecuado o no emplearla como parte de un pacto de investidura. Aquí, tu cuñado de Vox entraría dentro de los márgenes del debate y no hay absolutamente ningún problema al respecto.
Seguramente, de hecho, valore la protección de “la unidad de España”. Aunque se puede argumentar que la ley de amnistía se encuadra dentro de un proceso de diálogo que busca, precisamente, la reconciliación entre las sociedades catalana y española, y que esto precisamente ayuda a esa “unidad”, sigue siendo un elemento teñido de controversia, polémica y subjetividad.
Lo que sin embargo tu cuñado de Vox puede argumentar es que la ley de amnistía atenta contra los propios principios de la Constitución, la democracia y la separación de poderes.
En cuanto a la constitucionalidad de la medida, existe jurisprudencia al respecto. El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo ya han aceptado amnistías y se ha pronunciado sobre estas en varias ocasiones, la última en 1986 en referencia a, probablemente, la ley de amnistía más importante de la historia de España: la de 1977, sobre la que, de hecho, se asienta la construcción del Estado democrático y de derecho español. La Unión Europea y el Consejo de Europea también han aceptado amnistías en otros países, como la aprobada en Portugal por la visita del Papa en julio de este año y que entró en vigor el 1 de septiembre.
La Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, perdonó todos los delitos de naturaleza política previos a 1977, incluyendo “Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley”, lo que incluye todos los crímenes cometidos por la dictadura de Francisco Franco. Y todo ello se aprobó porque se entendía que se obraba en favor del interés general.
Con respecto a la propia ley de amnistía presentada por el PSOE de Pedro Sánchez, Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y referente en la materia, ha admitido a RTVE públicamente que la norma “dibuja unos objetivos que caben muy bien en la Constitución” y que está “muy bien trabada”. Otros muchos expertos y expertas en Derecho Penal y Constitucional han admitido que la ley tiene encaje en el ordenamiento jurídico español y que se está tramitando correctamente.
Por otro lado, es cierto que hay algunos puntos polémicos donde hay expertos que cuestionan esta legitimidad. Por ejemplo, se ha señalado a la Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa formado por expertos en Derecho Constitucional que entienden que si una amnistía busca el interés general, debería aprobarse por amplia mayoría y con el apoyo de al menos parte de la oposición, por lo que la ley debería haber incidido más en este punto. No obstante, no se especifica en ningún lugar del ordenamiento jurídico español que el interés general de una norma implique sí o sí el apoyo de las fuerzas opositoras, por lo que este argumento no tendría alcance legal.
En cuanto a la Unión Europea, el Tribunal de la UE en una sentencia en 2021 confió la decisión sobre la procedencia de una ley de amnistía a la soberanía normativa de los Estados miembros. Sobre esto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estableció que deberían ponerse límites estrictos para su aprobación en el marco legislativo europeo, remitiendo al Convenio Europeo de Derechos Humanos, que en su artículo 3 establece que “las conductas que comprometen la integridad física o moral de los ciudadanos no pueden ser amnistiadas”, lo que, según el TEDH, comprende “todas las facetas de la personalidad, incluyendo la identidad individual, la autoestima o el respeto” y “provocar sentimientos de inferioridad, para quebrantar la resistencia moral de los ciudadanos”
Sin embargo, pese a todo lo anterior, la ley de amnistía de 1977, aunque España entró en la UE en 1985, habría vulnerado entonces todos estos supuestos y podría ser revocable, pues impide juzgar los crímenes de la dictadura franquista, algunos de los cuales se califican de lesa humanidad. Por otro lado, la ley de amnistía, en su artículo 2, establece precisamente las exclusiones de la ley de amnistía, donde se encuentran actos que impliquen delitos tipificados como “dolosos”, “torturas, tratos inhumanos o degradantes”, “terrorismo”, “traición” y “contra la paz y la independencia del Estado” o delitos de odio. Es más, se cita precisamente al artículo 3 de la Convenio Europeo de Derechos Humanos, concretamente en el apartado b) del citado artículo. Considerar en sí mismo el proceso independentista o la organización de un referéndum de autodeterminación dentro de este artículo entra dentro del terreno de lo subjetivo y carece jurisprudencia.
Otros hacen referencia al artículo 14 de la Constitución sobre la igualdad de españoles ante la ley, si bien técnicamente, la ley de amnistía de 1977 también hubiera vulnerado este supuesto; o a que vulnera la separación de poderes al quitar, supuestamente, la potestad de los jueces para juzgar los delitos amnistiados, ya que muchos están en proceso judicial todavía, especialmente en lo que se refiere al artículo 24 de la Constitución sobre el derecho a la tutela judicial efectiva.
Sin embargo, la propia ley de amnistía ley recoge que serán los magistrados los encargados de aplicarla caso por caso, y en caso de que tengan dudas sobre un caso concreto, pueden elevar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
También se ha hablado del artículo el artículo 4, en el que se lee que se alzarán las «medidas cautelares incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad», un punto redactado para impedir que, ante una denuncia ante el Tribunal Constitucional sobre esta norma, no se puedan aplicar suspensiones cautelares.
No obstante, este punto no entra en el fondo de la cuestión de la propia ley de amnistía e incluso podría eliminarse y continuar tramitándose sin problema.
Se ha comentado también el artículo 62 de la Constitución, donde se establece en su apartado i) que le corresponde al Rey “ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales” o que la Constitución no regula ni menciona la figura de la amnistía, como sí sucede en Italia en su artículo 79.
Pero es que las figuras de la amnistía y del indulto no son, en modo alguno, equiparables, y que no se mencione directamente en la Constitución también significa, precisamente, que no existe tampoco obstáculo para aprobarse. Es decir, si no se prohíbe explícitamente, es que no está prohibido. Además, ese mismo texto indica que este derecho se hace “con arreglo a la ley”, y la ley establece que esta facultad la ejerce el poder ejecutivo aunque sea sancionado por el monarca. La propia sentencia del Tribunal Supremo del 20 de noviembre de 2013 establece que los indultos particulares como la amnistía están fuera del artículo 62.
Por último, es el propio Tribunal Constitucional el que deberá decidir si la norma legal se ajusta o no a la Constitución en el ejercicio de sus atribuciones. Y, por el momento, parece que hay una mayoría de expertos y de juristas que, pese a los puntos más controvertidos, opinan que se aprobará sin mayor problema.
Más allá de todo lo anterior, es poco probable que tu cuñado de Vox tenga más argumentos en contra de la ley de amnistía que se ciñan a cuestiones jurídicas o legales y se limite a decir que Pedro Sánchez la ha puesto sobre la mesa porque la necesita para gobernar, que es un escándalo y que hará que “se rompa España”.
Sobre estas cuestiones, conviene recordar que el apoyo a la independencia de Catalunya era aproximadamente del 18% en 2010, cuando José Luís Rodríguez Zapatero (PSOE) dejó el gobierno. Para 2013, ya era del 49% y en 2020 llegó a superar el 50%. Sin embargo, en 2022, un de opinión de 2022 del Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) de la Universitat Autònoma de Barcelona establece este apoyo en un 39%. Es decir, durante el gobierno de Mariano Rajoy se dio la mayor subida al apoyo al independentismo, mientras que es precisamente desde que gobierna PSOE y Unidas Podemos/Sumar cuando parece que se ha retomado una senda más consensuada.
No es descabellado, por lo tanto, afirmar que la única senda posible para que España no se “rompa” es precisamente el diálogo, la diplomacia y el consenso, y no aplicar el artículo 155 de la Constitución, ordenar cargas policiales contra la población que organiza un referéndum o encarcelar a las cabezas visibles del movimiento soberanista. Y la ley de amnistía permite, incluso aunque Pedro Sánchez la haya aceptado para poder gobernar, retomar este diálogo. No en vano, la población civil es la másbeneficiada: se calcula que la amnistía afectará a unas 382 personas, de los cuales unas 309 son personas de a pie y unas 73 son policías.
No estaría de más señalar a tu cuñado de Vox que varias de las medidas del programa electoral de su partido político preferido son, de hecho, contrarias a la Constitución, como la prohibición de partidos nacionalistas periféricos e independentistas o la eliminación de los parlamentos autonómicos.
Bildu es ETA o filoetarra y pactar con ellos es antidemocrático
La coalición de la izquierda arbetzale Euskal Herria Bildu se ha convertido en el fetiche por excelencia de la derecha y de la extrema derecha españolas. Llegar a un acuerdo con esta formación política o incluso sentarse a dialogar con esta es poco menos que compadrear con asesinos para partidos como Vox. Y, por lo tanto, probablemente también para tu cuñado de Vox.
La premisa de Vox (y de parte del PP, aunque haya alcanzado algún que otro acuerdo con Bildu) es que EH Bildu es etarra o filoetarra, por acción u omisión. Es decir, que la coalición simpatiza con la banda terrorista ETA y sus métodos violentos y que, por lo tanto, es ofensivo cualquier acto de diálogo con esta formación, que debería ser ilegalizada.
Pero, ¿tiene razón? Para empezar, la banda terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA) desapareció definitivamente el 3 de mayo de 2018, siendo desarmada en abril de 2017, habiendo anunciado su cese el 20 de octubre 2011. Su último atentado es, de hecho, del 2009, y su último asesinato de 2010, durante un tiroteo en una persecución policial. Por lo tanto, hablar de ETA es hablar, de forma inequívoca, de un pasado cada vez más lejano, así que cada vez tiene menos sentido hablar de simpatía por el terrorismo o de connivencia con sus métodos.
Seguidamente, es importante entender qué es exactamente EH Bildu y si realmente tiene sentido tildar a esta coalición de filoterrorista.
Bildu es una coalición de partidos políticos que se fundó el 10 de junio de 2012 por hasta cuatro formaciones políticas: Sortu, Eusko Alkartasuna, Alternatiba y Aralar.
Aralar fue una formación política fundada por Patxi Zabaleta en 2001. Militante, concejal y cargo importante del partido independentista vasco Herri Batasuna (HB), criticó en diversas ocasiones la violencia de ETA en un momento en el que, además, la el terrorismo formaba parte de la cotidianidad. Así, como dentro del sector más crítico de HB, condenó públicamente el asesinato de Miguel Ángel Blanco (1997), el de Tomás Caballero (1998) y el de José Javier Mújica (2001).
Tras la ruptura en 1999 de una tregua apoyada por ETA, Zabaleta y otros militantes de HB conformaron Aralar como corriente interna dentro del partido. En 2001, cuando HB se refundó en Batasuna, Aralar decidió separarse y consagrar su ideario político en la defensa de los derechos humanos, el fin del terrorismo etarra y en que la izquierda arbetzale encauzase a través de medios políticos y sociales y no violentos. Dentro de Bildu, pugnó por el desarrollo de un proyecto político pacífico y unitario de la izquierda independentista vasca y de la democracia interna entre todas las fuerzas políticas que formasen parte. El 2 de diciembre de 2017, Aralar se disolvió al considerar que había cumplido todos sus objetivos, meses después del desarme definitivo de ETA.
Por su lado, Alternatiba es un partido constituido en 2009 como una escisión de Izquierda Unida del País Vasco y de aproximadamente un 15% de su militancia, es decir, que ni siquiera procede en sus orígenes de la izquierda independentista vasca. Alternatiba coincidía con Aralar en su objetivo de trabajar por el soberanismo del País Vasco desde la izquierda y el fin de la violencia terrorista, como se puede ver en la firma en 2011 del acuerdo «Euskal Herria desde la izquierda» donde se explicitaba que se buscaba trabajar “de manera conjunta y prioritaria” en la “defensa de la soberanía de Euskal Herria” desde el rechazo a las “estrategias y expresiones violentas”.
En 2012 entraron en EH Bildu. Su líder y fundador, Óskar Matute, es bastante conocido y diputado en el Congreso, quien además ha rechazado y condenado la violencia de ETA en reiteradas ocasiones.
Seguidamente, Eusko Alkartasuna (EA) es un partido político fundado en 1986 como una escisión del Partido Nacionalista Vasco más moderada, calificada de centro izquierda y socialdemócrata. Desde el minuto uno, EA puso sobre la mesa el fin de la violencia terrorista de ETA y, cuando se acercó a Alternatiba en 2009 para conformar la unidad de la izquierda arbetzale, el fin de la lucha armada fue una condición ineludible. Una prueba de esto es que también llegó a pactos de gobierno con el PNV, su partido político madre.
Su fundador fue Carlos Garaikoetxea, el que fuera lehendakari del País Vasco por el PNV entre 1980 y 1985 y que fue amenazado por ETA en 1995. Ya apartado de la política, Garaikoetxea declaró en prensa en 2021 que le dolía profundamente que relacionasen a EH Bildu con ETA y defendió a la coalición públicamente.
Finalmente, Sortu es un partido político fundado en 2011, considerado heredero de Batasuna y la formación más importante de la coalición EH Bildu. Su historia tiene su antecedente más próximo en el acuerdo de bases Lortu Arte del 20 de junio de 2010, donde EA y ex miembros de Batasuna acordaban perseguir la independencia del País Vasco en base a los llamados Principios de Mitchell, seis puntos logrados en el proceso de pazo de Irlanda del Norte y que tienen como núcleo el rechazo a la lucha armada y el empleo de la violencia.
Si bien Sortu fue ilegalizado inicialmente tras el voto favorable de 9 de 16 miembros del Tribunal Supremo por considerarlo vinculado a ETA, el 20 de junio de 2012 esta ilegalización fue revocada por el Tribunal Constitucional.
Antes de esto, tanto EH Bildu como Sortu habían mostrado su rechazo a la violencia de ETA, específicamente del tiroteo entre miembros de la banda y agentes de la gendarmería francesa el 9 de abril de 2011 y que se saldó con un policía herido.
A partir de entonces, tanto los partidos políticos que constituyen la coalición como EH Bildu en sí mismo, cumplen con lo dispuesto en Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, una legislación aprobada durante el Gobierno de José María Aznar que, de hecho, buscaba ilegalizar aquellas formaciones políticas vinculadas al terrorismo, como se deduce de su exposición de motivos: “El objetivo es garantizar el funcionamiento del sistema democrático y las libertades esenciales de los ciudadanos, impidiendo que un partido político pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra ese régimen democrático de libertades, justificar el racismo y la xenofobia o apoyar políticamente la violencia y las actividades de bandas terroristas”.
Y es que desde EH Bildu, incluyendo a su líder Arnaldo Otegui, ha habido un rechazo explícito a la violencia y a las actividades delictivas de ETA, lo que se desprende de sus programas políticos, sus estatutos, sus declaraciones, sus acuerdos, sus exigencias… Y no solo la violencia: Otegui ha rechazado los recibimientos públicos de la salida de los presos de ETA y que han suscitado diversas polémicas, así como su apoyo a las víctimas expresando su pesar por el sufrimiento causado.
Por lo tanto, hablar de relación entre terrorismo, violencia y EH Bildu no tiene sentido ni sobre el papel ni desde el punto de vista legal.
Sin embargo, tu cuñado de Vox podría sacar a relucir que la coalición de izquierda arbetzale sí está a favor del acercamiento de presos etarras. Lo cual es cierto.
Pues bien, Aznar hizo el mayor acercamiento de presos de ETA de toda la Historia reciente, acercando un total de 426 presos, casi el doble que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que acercó a 237. Además, Aznar lo hizo en un periodo donde la banda estaba muy activa.
Por otro lado, ¿qué supone el acercamiento de presos? Además de haber sido una herramienta utilizada para negociar, no se imponía como un castigo, sino para evitar el contacto entre presos etarras y dificultar así la organización de la banda terrorista. Una vez disuelta, no tiene absolutamente ningún sentido. Y, de hecho, atenta contra los derechos de los familiares de los presos, generando un agravio comparativo, pues es un derecho que tienen familiares de criminales de cualquier tipo de delito.
No hay que olvidar que todas (o casi todas) las bandas terroristas persiguen objetivos políticos, en este caso, la independencia del Euskal Herria. Otros grupos como las FARC de Colombia o el IRA de Irlanda también abogaban por el uso de la violencia para conseguir sus propios objetivos políticos.
Sin embargo, normalmente, los acuerdos de paz y de disolución en estos casos tienen como premisa que, si un grupo abandona la vía de las armas, esto se transforme en un proyecto político legal. Así ha pasado tanto en el caso de Colombia como en el caso del IRA.
En España, la Audiencia Nacional, tras la reforma de la Ley de Partidos de Aznar de 2002, inició un proceso sistemático de ilegalización de todos los partidos políticos abertzales argumentando vínculos con ETA, como pasó con Herri Batasuna. Sin embargo, como se ha indicado anteriormente, la Justicia española no ha encontrado ningún motivo para ilegalizar a EH Bildu.
A partir de aquí, EH Bildu tiene el mismo derecho a llegar a acuerdos con otras formaciones que el resto de partidos. A EH Bildu lo votaron 333.362 personas en las pasadas elecciones y esas personas tienen su derecho a ser representadas en base al amparo de la Constitución. Además, se convirtió en la fuerza más votada en el País Vasco.
Por último, durante su existencia, los Gobiernos de PP y PSOE negociaron con ETA. José María Aznar, presidente del gobierno entre 1996 y 2004 por el Partido Popular (PP), donde Santiago Abascal y parte de los fundadores de Vox militaban entonces, llegó a acuerdos con la banda terrorista. Aznar llegó a evitar refereirse a ETA por su nombre, llamándolo «Movimiento Vasco de Liberación».
En resumen, acusar de asesinos y terroristas a una formación política, en democracia, solo cabe en la sala de un juzgado. De hecho, que EH Bildu exista y llegue a acuerdos con formaciones políticas es, precisamente, un signo de normalidad democrática. Por no señalar de que parece que los actos son mejores o peores según quién los haga.
Apoyar la causa Palestina es apoyar a Hamás
El conflicto entre el Estado de Israel y Palestina ha vuelto a ocupar portadas desde el asalto de Hamás el 7 de octubre de 2023, más concretamente, su brazo armado, las Brigadas de Ezzeldin Al-Qassam, a la población civil de Israel que, en colaboración con otros grupos armados como Yihad Islámica Palestina, provocaron la muerte de alrededor de 1.300 personas y secuestraron a unas 150 personas, en lo que Human Rights Watch califica como crímenes de guerra según el derecho internacional.
Y es que, a raíz de dicho ataque, las Fuerzas de Defensa Israelí (el ejército) ha llevado a cabo un ataque hacia la Franja de Gaza, controlada por Hamás desde 2007, que ha incluido un asedio a sus fronteras y una ofensiva que ha afectado profundamente a la población civil que ya se ha saldado con miles de víctimas, más de la mitad de ellas menores de edad, así como decenas de miles de personas desplazadas.
Las imágenes y las grabaciones de las víctimas gazatíes han conmocionado al mundo y provocado una condena cada vez más firme contra Israel, lo que se ha reflejado en multitud de protestas, algunas de ellas muy numerosas, en favor de la paz y por el fin de las hostilidades.
Sin embargo, tu cuñado de Vox podría ser fiel a un discurso que se ha extendido por buena parte de la extrema derecha europea, que se ha puesto del lado del Estado de Israel: que defender la causa de Palestina, que actualmente pugna por su reconocimiento como Estado de Derecho, y abogar por el fin de los crímenes de Israel, equivale a apoyar a Hamás.
En realidad, esto no tiene ningún sentido, de la misma forma que apoyar la independencia del País Vasco no significa ser simpatizante de ETA o apoyar la independencia de Catalunya no te hace afín al grupo terrorista Terra Lliure. De hecho, incluso se puede apoyar la existencia del Estado de Israel y no apoyar las acciones de su gobierno o de su ejército.
Por otro lado, es cuestionable que la mejor forma de acabar con un grupo armado sea bombardear el territorio en el que se ubica de forma indiscriminada, de la misma forma que sería cuestionable bombardear el País Vasco para intentar acabar con ETA.
El Gobierno del Estado de Israel, de hecho, ha llevado ataques contra la población palestina residente en la Franja de Gaza, que incluyen bombardeos indiscriminados que han afectado a viviendas y estructuras críticas como centros de salud, colegios o carreteras, que se han saldado con más de 12.000 personas fallecidas y más de 20.000 heridas, incluyendo periodistas o personal sanitario que habían acudido al conflicto.
Seguidamente, la decisión del Gobierno del Estado de Israel de aislar la Franja de Gaza, bloqueando la ayuda humanitaria y cortando los suministros de electricidad, agua y combustibles que, desde el anuncio de lo que desde el gobierno israelí calificó como “asedio total”, ha dejado sin recursos a más de 2 millones de personas, de las cuales alrededor del 40% son menores de edad, provocando una catástrofe humanitaria (que puede empeorar), en lo que la agencia de refugiados de las Naciones Unidas ha calificado también de crimen contra la humanidad, así como Amnistía Internacional, que lo califica de «castigo colectivo». Un bloqueo que, no obstante, lleva produciéndose desde el año 2007.
El Gobierno del Estado de Israel también ordenó el desplazamiento de alrededor de un millón de personas al sur de la Franja de Gaza en menos de 24 horas, dejando un único corredor seguro hacia Egipto que, además, fue también bombardeado, tal y como denunció Amnistía Internacional e informaron diversos medios, un hecho que ha sido finalmente corroborado y constatado. Es decir, Israel bombardeó los corredores habilitados para el desplazamiento de refugiados.
Israel también utilizó fósforo blanco para bombardear a la población civil en Gaza y en Líbano, un arma que provoca quemaduras y malformaciones permanentes, que ya empleó en 2014 y que cuyo uso está prohibido por el derecho internacional desde 1997.
Pero la población civil de Gaza no es la única afectada. El Gobierno de Israel a presionado, retenido y amenazado a periodistas que acuden a realizar su trabajo a la zona del conflicto, tal y como han denunciado grandes medios como la BBC, así como empleado la violencia y armas de fuego real contra las protestas que se han dado en Cisjordania en favor de la población Palestina y que se ha saldado con 16 personas muertas y varias heridas. Un abuso de los derechos fundamentales que, además, ha alcanzado a zonas donde Hamás no tiene presencia.
Hasta aquí, el principal argumento contra tu cuñado de Vox es que la respuesta de Israel es enormemente desproporcionada, denunciada por multitud de organismos internacionales, ONGs independientes, gobiernos, países y partidos de casi todo signo político, y que es totalmente compatible el rechazo a los modos de Hamás como a los del Estado de Israel.
Sin embargo, también puede ser útil que tu cuñado de Vox entienda que este conflicto no viene de ahora y que Hamás surge, precisamente, como consecuencia de un conflicto que se remonta a hace cien años, como mínimo, y donde los crímenes y abusos de Israel llevan repitiéndose desde hace décadas.
El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificó de “apartheid” para definir la situación en la que vive la población palestina, donde sus derechos se ven seriamente limitados y sufren grandes discriminaciones con respecto al resto de la población ya que, por ejemplo, no se admite que la población palestina sea ciudadana de pleno derecho del Estado de Israel al mismo tiempo que no se acepta la existencia del Estado de Palestina, todavía con reconocimiento limitado. Como consecuencia de esta situación, las personas palestinas no puedan circular libremente por el país, ni votar, ni decidir sobre asuntos que les afectan a nivel general. Situación denunciada también por Amnistía Internacional, Human Rights Watch e incluso políticos y grupos israelíes, críticos con esta situación.
La población palestina en este sentido, que se encuentra confinada, con alguna excepción, en zonas concretas con dificultades o la imposibilidad de circular libremente, o bien ha sido desplazada de sus hogares perdiendo sus propiedades, es una situación también denunciada por las Naciones Unidas. Una situación que se observa no solo en la Franja de Gaza, sino también en Cisjordania, donde el territorio está dividido en asentamientos israelíes que controlan y/o impiden la movilidad de la población palestina. El Tribunal de la Haya declaró que el muro de Cisjordania era contrario al derecho internacional en 2004 porque impedía la capacidad de autogobierno del pueblo palestino. En 2021, abrió una investigación por los asentamientos israelíes y posibles crímenes de guerra en Gaza.
Además de estas violaciones y abusos de los derechos humanos, existen otras señaladas por asociaciones como Amnistía Internacional, que denunció que la población palestina había sido objeto de asesinatos extrajudiciales, torturas y otros crímenes, que en 2022 documentó en un informe de 280 páginas en lo que calificaron de crímenes de lesa humanidad.
A todo lo demás se añade las actitudes racistas, xenófobas, supremacistas y fundamentalistas que han caracterizado al conflicto, tales como tildar a la población palestina de “animales” por parte del Gobierno del Estado de Israel.
Así, las protestas en apoyo de la población palestina cobran especial sentido. Muchas de ellas se centran, de hecho, en algo tan simple como que se ponga fin inmediato a las hostilidades y en que el Estado de Israel cumpla con el derecho internacional y, al menos, con las resoluciones de las Naciones Unidas, que estipuló en su resolución n.º 1397 (2002) que “dos Estados, Israel y Palestina, vivan uno junto al otro dentro de fronteras seguras y reconocidas”, lo que implicaría también poner fin al estado de ocupación del Estado de Israel de territorios palestinos y de las limitaciones de derechos de la población palestina residente. Consideramos que la ocupación actual de Gaza y Cisjordania en 1967, por lo tanto, es contraria al derecho internacional. Una resolución aceptada por Hamás en 2017.
Así pues, es un reduccionismo absurdo asumir que buscar la paz y que no bombardeen hospitales, centros de refugiados y viviendas donde hay civiles o permitir que llegue ayuda humanitaria sin poner en peligro a voluntarios o periodistas implique apoyar a Hamás.
Si después de todo lo anterior no has conseguido convencer a tu cuñado de Vox, es probable que al menos consigas que no te moleste mucho, que cambie de tema o que suelte alguna sentencia tipo “pues esto es así y ya está”, que normalmente lo dejarán en evidencia.
En el peor de los casos, intentará ridiculizarte y hacer ver que tú eres la persona equivocada y la que no tiene ni idea de lo que dice. El discurso ultraderechista está pensado para ser recitado de forma enérgica y con mucha convicción, priorizando lo emocional por encima de lo racional, por lo que muchas veces, ante tu exposición de datos, tu cuñado de Vox dirá algo como “pero con esa risa de psicópata cómo quieres que el perro sanxe gobierne bien un país” o «los nazis y fascistas sois los progres que queréis acabar con todo».
Sin embargo, el consejo es mantener la calma y no caer ante las provocaciones ni renunciar a un diálogo sosegado. No se trata de una conversación ajena en redes sociales, sino de tu familia, por lo que probablemente nadie más que tú vaya a tener esa capacidad de influencia sobre tu cuñado de Vox, además de otros familiares o alguna amistad muy íntima.
Por último, recuerda que no es habitual que alguien reconozca en un debate político que su interlocutor tiene razón. En muchas ocasiones, las reflexiones y los cambios de parecer se fraguan horas más tarde, durante la noche o incluso con el paso de los días.
Aunque el tono del artículo ha sido más distendido e informal de lo habitual, más allá del fondo humorístico o sarcástico, ya sea tu cuñado de Vox o tu tío o tu sobrina, la gente puede cambiar y, con humildad, sinceridad y diálogo, es posible lograrlo. De hecho, frente al radicalismo o el fanatismo, la mejor medicina es la comprensión, la humildad y la conexión afectiva.
No en vano, la extrema derecha hace todo lo posible por rehuir las conversaciones constructivas y utilizar estrategias enrevesadas para que sus ideas calen evitando la confrontación ideológica y recurriendo a falacias constantes. Así que es necesario armarse de paciencia.
Ten esto siempre presente cuando quieras dejar su discurso Al Descubierto.
Jefe de Redacción de Al Descubierto. Psicólogo especializado en neuropsicología infantil, recursos humanos, educador social y activista, participando en movimientos sociales y abogando por un mundo igualitario, con justicia social y ambiental. Luchando por utopías.
