Junts une sus votos a PP y Vox para tumbar la propuesta de regulación de alquileres estacionales

En una sesión parlamentaria que prometía ser decisiva, Junts, PP, Vox y UPN se han unido para tumbar la tramitación de una proposición de ley presentada por los grupos a la izquierda del PSOE. La medida, que buscaba modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos, tenía como objetivo poner freno a los abusos en el mercado de alquiler temporal y de habitaciones, sectores que, según los promotores, estaban siendo explotados de manera fraudulenta para evitar la regulación de la Ley de Vivienda.

La propuesta de reforma incluía varias medidas claves. Entre ellas, la equiparación de los contratos temporales a los de vivienda habitual, con la finalidad de evitar que estos sean utilizados para subir los precios de manera continua. Además, la iniciativa proponía que los contratos de temporada no pudieran exceder los seis meses, y en caso de encadenarse dos contratos consecutivos, estos pasarían a considerarse como alquileres de vivienda habitual, sujetos a las mismas protecciones. También se establecía la posibilidad de que el inquilino desistiera del contrato tras un mes, avisando con diez días de antelación, sin penalización.

A pesar de que Junts había anunciado previamente su intención de abstenerse, la formación catalana sorprendió al votar en contra junto a PP y Vox. La votación final se saldó con 178 votos en contra y 172 a favor, una diferencia que dejó fuera de juego a los partidos que respaldaban la medida. Esta inesperada alianza entre las fuerzas de la derecha estatal y la derecha independentistas ha bloqueado una iniciativa que, según sus defensores, era crucial para proteger a los inquilinos frente a la especulación y los abusos en el mercado del alquiler.

El giro inesperado en la votación

El cambio de postura de Junts, que pasó de la abstención a votar en contra de la propuesta, resultó decisivo para el fracaso de la iniciativa. El secretario general de la formación, Jordi Turull, había anunciado previamente que su partido se abstendría. Posteriormente tras conocerse el resultado, Turull argumentó que el PSOE les había asegurado que la ley no prosperaría, quedando «en un cajón». Sin embargo, durante el pleno, la portavoz de Junts, Marta Madrenas, arremetió duramente contra la propuesta, criticando que no abordaba las verdaderas causas de la crisis de alquiler en Cataluña.

Según Madrenas, la normativa similar a muchas que se están aprobando en Europa, no haría más que empeorar la situación del alquiler en su comunidad. Madrenas argumentó que las propuestas como la presentada ese día solo añadirían más frustración y reducirían aún más la oferta, agravando el problema en lugar de solucionarlo. La diputada también destacó que la ley supuestamente, invadía competencias autonómicas

Esta decisión de última hora generó un gran revuelo en el Congreso, con críticas de los partidos que apoyaban la medida. Íñigo Errejón, portavoz de Sumar, lamentó que Junts hubiera cambiado su voto en el último momento, lo que, a su juicio, era una muestra de falta de palabra. «En la vida y en el parlamentarismo hay que tener palabra», expresó Errejón, quien consideró inexplicable que Junts impidiera que la ley se discutiera. Para el portavoz de Sumar, la iniciativa buscaba simplemente frenar los abusos en el mercado de alquiler temporal, un sector donde, según él, se especula de manera descontrolada con los precios.

Junts, PP y Vox: una aritmética endiablada

El rechazo a esta propuesta legislativa pone en evidencia las dificultades del Gobierno y sus aliados para sacar adelante medidas clave en un contexto de aritmética parlamentaria endiablada. Si bien los apoyos del PSOE son mayoría, la derecha en total es mayoritaria, lo que es una muestra de lo complicado que será para el Ejecutivo impulsar cualquier reforma sin el respaldo de todos sus socios. La necesidad de acuerdos puntuales con Junts y el PNV se hace evidente, pero estos partidos no siempre estarán dispuestos a apoyar las iniciativas del Gobierno y si a votar junto a la derecha estatal.

Por su parte, el PNV, que también había mostrado su descontento con la Ley de Vivienda en su momento, decidió apoyar críticamente la propuesta, aunque con reservas. Desde el partido vasco argumentaron que los contratos temporales se usan de manera fraudulenta debido a la «pésima regulación» que ya existe en la ley actual, lo que justificaba su apoyo con la esperanza de introducir enmiendas que mejoren el texto final.

A nivel político, este episodio deja al Gobierno en una situación aún más delicada, ya que la derrota se suma a otras recientes donde los votos de sus socios han resultado determinantes. Con la tensión creciente en torno al tema del alquiler en España, se espera que el debate siga candente en los próximos meses. La regulación del mercado de alquiler, especialmente en las zonas turísticas y costeras, seguirá siendo un tema de gran interés para los partidos, los propietarios y los inquilinos, en un contexto donde los precios del alquiler siguen al alza. De hecho, el futuro de este gobierno es posible que pase por encontrar una solución al alquiler o al menos, demostrar que son sus oponentes los culpables de que la situación no mejore.

PSOE se une a PP, Vox y Junts votando contra la multirreincidencia

El PSOE se ha alineado con PP, Vox y Junts en el Congreso para apoyar una propuesta que endurece las penas por multirreincidencia en delitos leves, como el robo de dispositivos electrónicos, independientemente de su valor. La medida, presentada por Junts, busca modificar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, incrementando penas de hasta tres años de prisión. Este apoyo socialista ha causado sorpresa, ya que es el único partido de izquierdas que respalda la iniciativa, mientras que Sumar, Podemos, EH Bildu y el BNG se oponen, y ERC y José Luis Ábalos se abstuvieron.

El PSOE justifica su apoyo por la presión de alcaldes del PSC en Cataluña, quienes han señalado un aumento de la multirreincidencia como un problema creciente. También destaca la necesidad de abrir un debate parlamentario sobre el tema, aunque aclara que este respaldo no garantiza su apoyo definitivo a la propuesta final.

El respaldo a esta iniciativa ha generado críticas desde sus socios de gobierno. Podemos y Sumar acusan al PSOE de caer en un enfoque «punitivista», señalando que la solución a estos problemas debe centrarse en mejorar las condiciones sociales, no en endurecer las penas. Vox, por su parte, utilizó el debate para atacar a Junts, vinculándolos con la «reincidencia delictiva» por su papel en el proceso independentista catalán. Este movimiento del PSOE también ha sido visto como un intento de fortalecer relaciones con Junts, cuyo apoyo es crucial para la aprobación de futuras leyes, incluyendo los presupuestos.