“Necesito fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas”: la Fiscalía investiga a Alvise por financiación ilegal
La Fiscalía General del Estado ha denunciado ante el Tribunal Supremo al eurodiputado de extrema derecha Alvise Pérez por su vinculación con Madeira Invest Club, una plataforma de inversión sospechosa de operar como una estafa piramidal. El caso ha desatado una investigación por presunta financiación ilegal a través de un esquema de donaciones irregulares durante la campaña electoral.
Una denuncia por 100.000 euros en efectivo en el marco de la campaña europea
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha comenzado a investigar a Alvise, líder del partido ultraderechista Se Acabó la Fiesta y eurodiputado tras la denuncia presentada por Álvaro Romillo, conocido como CryptoSpain y fundador de Madeira Invest Club. Según la documentación aportada, Romillo habría entregado 100.000 euros en efectivo a Alvise Pérez el 27 de mayo de este año, pocas semanas antes de las elecciones europeas en las que Se Acabó la Fiesta obtuvo más de 800.000 votos y tres escaños en el Parlamento Europeo.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General del Estado el 19 de septiembre y posteriormente remitida al Tribunal Supremo, competente para investigar a Pérez debido a su condición de aforado. La denuncia también está respaldada por audios y documentos en los que Alvise, en plena campaña electoral, manifestaba su intención de recaudar fondos sin el control del Tribunal de Cuentas (el órgano encargado de supervisar la financiación de los partidos políticos).
Madeira Invest Club ha sido descrito como un “chiringuito financiero” por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Cerró de manera repentina el 16 de septiembre, días antes de que la denuncia contra Pérez se hiciera pública. El cierre abrupto incluyó la desactivación de su canal de Telegram, el cierre de oficinas y la desconexión de sus teléfonos de atención al cliente, dejando a cientos de inversores en la incertidumbre.
Madeira Invest Club: una presunta estafa piramidal que afecta a miles de inversores
Madeira Invest Club prometía a sus clientes rendimientos de hasta un 53% en inversiones ligadas a criptomonedas y arte digital sin estar autorizado por la CNMV para operar como intermediario financiero. Según las investigaciones iniciales, el esquema piramidal consistía en utilizar los fondos de nuevos inversores para pagar las rentabilidades prometidas a los más antiguos, un sistema insostenible conocido en el mundo de las finanzas como “esquema Ponzi” que colapsó cuando dejaron de llegar nuevos depósitos.
Se calcula que más de 3.000 personas invirtieron en Madeira Invest Club, muchas de ellas con cantidades superiores a los 100.000 euros. Las víctimas, provenientes de sectores diversos, pagaban una cuota anual de 2.000 euros para formar parte del club y acceder a estas supuestas oportunidades de inversión. El colapso del proyecto ha dejado a muchos enfrentando pérdidas financieras significativas estimadas en más de 600 millones de euros en total.
Las denuncias por estafa contra Madeira Invest han sido acumuladas en la Audiencia Nacional, donde se ha solicitado un informe a la Fiscalía para determinar si deben admitirse a trámite. El despacho de abogados Aránguez ha pedido que el caso se eleve al Tribunal Supremo, argumentando que el vínculo financiero entre Romillo y Pérez justifica la competencia del Alto Tribunal. Por su parte, otro bufete de abogados que representa a los afectados, Zaballos Abogados, considera prematuro implicar a Pérez directamente sin mayores certezas sobre su papel en la operación.
La Fiscalía contra Alvise: las implicaciones legales para Se Acabó la Fiesta
Alvise Pérez ha negado en varias ocasiones cualquier implicación ilegal, alegando que su relación con Madeira Invest Club se limitó a promocionar un proyecto en el que creía. No obstante, las evidencias presentadas por Romillo incluyen registros de pagos, audios incriminatorios y mensajes de agradecimiento en los que Pérez expresaba su gratitud por los 100.000 euros recibidos y han intensificado la presión sobre el eurodiputado. La coartada publicada por el Eurodiputado acusa a Romillo de haber pactado con la fiscalía del Supremo a cambio de acusar a Alvise.
En estos audios Alvise llega a ofrecer de forma clientelar una relación de tráfico de influencias con la empresa, en la conversación en la que se acuerdan estos 100.000 euros afirma: «Las encuestas me encaminan cada vez más cerca de ser llave de Gobierno con Feijóo y con Abascal y esto significa que yo, en un posible acuerdo de Gobierno, puedo poner como ‘sine qua non’ una serie de legislación relativa a Bitcoin. O sea, que esto es un pulso en realidad entre lo que es el Estado-nación y lo que es la libertad financiera. Por eso estoy intentando ver cómo afronto ese asunto, porque quiero defender… Bueno, no sabía si defender tu negocio, defender Bitcoin… No sé cómo hacerlo y, digo, lo voy a hablar antes contigo». También han trascendido cincuenta folios de capturas de mensajes de WhatsApp de ambos implicados muy incriminatorios como “Con un buen acuerdo de colaboración, tus proyectos podrían llegar a muchísima más gente y yo financiar con seguridad y holgura mi campaña sin la problemática de la persecución estatal. (…) Necesito fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas”
Romillo ayudó además a Alvise a gestionar las donaciones recibidas a través de carteras digitales (wallets) que el eurodiputado promovió en redes sociales durante la campaña electoral europea tal y como acordaron en las conversaciones publicadas. Estas prácticas han levantado sospechas sobre la transparencia y legalidad de la financiación de Se Acabó la Fiesta, un partido que ha defendido abiertamente la elusión fiscal y que se ha posicionado en contra de las regulaciones tradicionales del sistema financiero. Cómo parte de esta promoción, Pérez participó en el certamen organizado por Madeira “III Evento Anual”.
La ley de financiación de partidos prohíbe las donaciones anónimas y limita las aportaciones a un máximo de 50.000 euros por persona y año. Si se demuestra que Pérez utilizó los fondos de Madeira Invest para financiar su campaña, podría enfrentarse a cargos por financiación ilegal, blanqueo de capitales y otros delitos económicos. La investigación de la fiscalía sobre Alvise también plantea interrogantes sobre su responsabilidad en el control de sus otras posibles fuentes de ingresos y la supervisión de los mecanismos de financiación digital, que en este caso habrían facilitado eludir la normativa vigente.
Articulista. Estudiante de Ciencias Políticas. Activista y cofundador en varias organizaciones sociales y sindicales de izquierda valencianista. Primer coordinador de BEA en la UMH y ex-rider sindicado. Analizar al adversario es la única forma de no perder la perspectiva de lo que se hace y es un deber moral cuando de ello dependen las vidas de las personas más vulnerables.
