El nombramiento de Maribel Vilaplana como directora de À Punt que confesó Mazón podría ser ilegal
La ubicación de Mazón durante las horas más críticas del 29 de octubre ha sido objeto de gran debate político y mediático. Además de sus responsabilidades durante la DANA que ha sacudido l’Horta Sud, sus explicaciones sobre este trance han dejado varias derivadas también polémicas. Carlos Mazón aseguró haber estado ofreciendo la dirección de À Punt a la periodista de Levante-EMV, Maribel Vilaplana, en una comida privada; sin embargo, este nombramiento podría desprender elementos de un presunto nepotismo y prevaricación. Según la legislación del organismo, la dirección general de la televisión pública valenciana debe ser elegida mediante concurso público.
La coartada de Mazón
El affaire de Mazón durante las horas críticas de la DANA y su revelación de que se encontraba, según él mismo, ofreciendo la dirección de la televisión valenciana a la periodista Maribel Vilaplana ha desatado una nueva polémica en la gestión de crisis del president. Fuentes no verificadas han apuntado a una posible relación personal entre ambos, generando aún más preguntas sobre sus prioridades en un momento de emergencia.
La DANA dejó inundaciones, más de doscientas víctimas mortales, daños materiales y desplazamientos masivos en Valencia. En medio de este desastre, Mazón no llegó a la reunión del CECOPI (Centro de Coordinación Operativa Integrada) hasta dos horas más tarde de lo programado. Justificó su tardanza diciendo que tenía «problemas de cobertura», aunque fuentes cercanas confirmaron que estaba en una comida privada con Maribel Vilaplana, la cual se prolongó hasta las 18:00 horas.
Las redes sociales y las plataformas de información dieron seguimiento a esta versión, pues el propio Mazón había asegurado que estaba en contacto en «tiempo real» con Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, para informarle de la situación. No obstante, este argumento entra en contradicción con las declaraciones de la ministra Teresa Ribera, quien afirma que intentó comunicarse con él hasta en cuatro ocasiones sin éxito. Además, documentos públicos revelaron que la Confederación Hidrográfica emitió avisos desde mediodía sobre el aumento del caudal de los ríos, mientras Mazón, según se supo, estaba aparentemente desconectado de la emergencia.
La legislación de À Punt, otro punto polémico de la coartada
Un aspecto relevante de esta controversia poco comentado por la magnitud de la crisis de la DANA es el posible incumplimiento de la ley en la oferta que Mazón asegura que hizo a Maribel Vilaplana. La anterior ley, la Ley 6/2016, del Servicio Público de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, establecía claramente que la dirección de À Punt debe ser asignada por un proceso de selección riguroso, donde el Consejo Rector convoca un concurso público. Esta fue modificada por la Ley 2/2024, de 27 de junio, de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, que establece claramente que la dirección de À Punt debe ser asignada por un proceso de selección riguroso, donde el Consejo de Administración convoca un concurso público y designa una candidatura para que el Consell lo nombre. Así, aunque el PP y Vox modificaron la ley para aumentar el control político, sigue siendo el consejo de Administración quien tiene que deliberar, por lo que un ofrecimiento como tal es posiblemente ilegal.
Este proceso permite que profesionales de la comunicación con méritos suficientes puedan presentar sus candidaturas. La selección final debe contar con el apoyo de tres quintos del Consejo, quienes posteriormente remiten su propuesta a la comisión parlamentaria competente en Les Corts para que se valore la idoneidad del candidato. Si esta comisión no concede la idoneidad, el Consejo Rector debe proponer otra candidatura hasta cumplir con los requisitos. Además, el director de À Punt tiene la obligación de dedicación exclusiva, con retribuciones y condiciones establecidas en el contrato programa, siguiendo el régimen de incompatibilidades de los miembros del Consejo Rector.
Este procedimiento garantiza transparencia e imparcialidad, evitando que el cargo sea asignado por relaciones personales o influencias políticas. En este caso, la oferta de Carlos Mazón a Maribel Vilaplana parece haber omitido estos pasos, dado que el proceso formal ni siquiera había iniciado, lo que podría considerarse una infracción a la legislación vigente, lo que podría constituir un delito de prevaricación administrativa y nepotismo.
Maribel Vilaplana ¿Un posible intento de nepotismo de Mazón?
La reunión de Mazón con Vilaplana durante uno de los momentos más críticos de la DANA ha generado suspicacias sobre las intenciones detrás de su oferta. El propio Mazón justificó su ausencia en la reunión del CECOPI argumentando que estaba comprometido en esta oferta laboral, pero lo que en principio podría parecer una simple cita profesional se ha complicado al ser interpretado como un posible caso de nepotismo o, en su defecto, prevaricación si se llegase a concretar sin cumplir con el proceso de concurso público. Este episodio no solo cuestiona la gestión de Mazón frente a una emergencia de gran magnitud, sino también su compromiso con las normas de transparencia que rigen las instituciones públicas valencianas y su intención de colonizar políticamente la televisión pública valenciana, justo mientras esta estaba haciendo un servicio público esencial para informal y coordinar a la ciudadanía en ausencia de las instituciones que deberían haber estado haciéndolo. Durante las horas más críticas la única institución valenciana que estuvo pendiente de esta catástrofe fue la propia televisión valenciana.
Las insinuaciones sobre una posible relación sentimental entre ambos no han sido confirmadas y Al Descubierto no pretende profundizar en esos rumores; sin embargo, si esta relación existiera, el hecho podría revestir mayor gravedad. En caso de haber intentado otorgarle el cargo a su amante Mazón estaría traspasando las barreras de la ética pública al poner el interés personal por encima del bienestar y la transparencia en una institución de titularidad pública. Además la falta de transparencia y las contradicciones en sus explicaciones han generado una creciente presión social y mediática para que se den explicaciones claras sobre su papel y su gestión en esta crisis.
Articulista. Estudiante de Ciencias Políticas. Activista y cofundador en varias organizaciones sociales y sindicales de izquierda valencianista. Primer coordinador de BEA en la UMH y ex-rider sindicado. Analizar al adversario es la única forma de no perder la perspectiva de lo que se hace y es un deber moral cuando de ello dependen las vidas de las personas más vulnerables.
